Christian Carlo Valero Arizmendi
Expediente 680/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/06/2019
Partes del expediente
- Christian Carlo Valero Arizmendi
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Christian Carlo Valero Arizmendi contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de registro 680/2019-IV. Improcedencia de la demanda. Con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisión de acto reclamado. Ahora bien, en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que el quejoso reclama por esta vía la orden que pretende emitir el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para que sea privado de su libertad dentro de la carpeta administrativa 92/2019, así como su ejecución, con motivo del apercibimiento decretado en auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la falta de pago de la cantidad de $264,180.69 (doscientos sesenta y cuatro ciento ochenta pesos 69/100 M.N), por concepto de alimentos, pues se le fijó como fecha límite de pago diez días posteriores al veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, esto es, el cuatro de junio, donde en caso de incumplimiento se le podrá privar de su libertad. Luego, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el artículo 217, todos de la Ley de Amparo que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Apoya lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 917550, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." De los preceptos y jurisprudencias antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos en que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, el acto reclamado en este juicio de amparo, lo constituye la orden que pretende emitir el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para que sea privado de su libertad dentro de la carpeta administrativa 92/2019, así como su ejecución. Luego, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del quejoso, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por tanto, debe probar de manera inminente que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que se llevará a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en el que se ejecuta el acto reclamado y que debe ser en forma personal y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto, toda vez que el quejoso en el capítulos de antecedentes del acto reclamado refirió lo siguiente: ". 4.- es el caso que en la referida audiencia la contra parte del hoy quejoso que es la representación Social solicito del juez del conocimiento de los autos, que se me aplicara la preicion (sic) preventiva oficiosa en virtud de que según este no se ha deporsitado (sic) la garantía que me fue fijada por el juzgador como lo manifese (sic) en el antecedente marcado con el numero 2. en virtud de lo anterior se le reitero al juez señalado como responsable que en primer lugar no se daban los supuestos de la pricion (sic) preventiva oficiosa en virtud de que se encontraba en trámite un juicio de amparo en contra de la medida cautelar que fijo la garantía ya referida así como en contra del auto de vinculación a proceso y en los cuales se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados por lo tanto no se me podría privar de mi libertad. no obstante de lo anterior el juzgador responsable fijo el día 04 de junio del corriente año para resolver sobre la aplicación de la prisión preventiva, sin embargo le hizo saber al hoy quejoso en forma verbal que fuere preparado por que seguramente lo privaría de su libertad tan es así que dio instrucción a la policía en ese momento que ya no me dejara salir de la sala de audiencia, solo que la defensa le hizo la observación de que estaba pendiente la resolución de los juicios de amparo que he promovido y ya mencionados con antelación, razón por la cual determinó no hacerlo en ese momento de librar la orden de privación de la libertad, motivo por el cual demando el AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA DE LA UNION." Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio. Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis aprobada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Ahora bien, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos previos que en modo alguno informan que las autoridades van a llevar a cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al referir el quejoso que se de manera verbal el juez responsable le manifestó que fuera preparado porque seguramente lo privaría de su libertad, la anterior se considera que dicho suceso aún no existe, pues no es un acto cierto e inminente contra el quejoso. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que el quejoso no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo en lo atinente al acto reclamado ya precisado, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1°, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis aislada aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, que señala: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías." Resaltando el hecho de que la supuesta orden que pueda emitir el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para que sea privado de su libertad dentro de la carpeta administrativa 92/2019, no constituye un hecho real, sino únicamente es probable que acontezca, por lo cual al día de la fecha no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues de las manifestaciones del quejoso se advierte que se fijó para el cuatro de junio de este año la audiencia para resolver sobre la prisión preventiva oficiosa en caso de incumplimiento de pago, se considera que dicho suceso aún no existe, pues no es un acto cierto e inminente contra el quejoso, dado que en la audiencia se puede dar un resultado favorable en su contra, como el hecho de que no sea privado de su libertad, además, todo dependerá de la conducta procesal que adopte en relación con el cumplimiento del pago por la cantidad de $264,180.69 (doscientos sesenta y cuatro ciento ochenta pesos 69/100 M.N), por concepto de alimentos. En este contexto, quien ahora resuelve considera que dicha privación de libertad a que hace referencia, aún no se ha llevado a cabo y hasta el momento sólo existen perjuicios futuros y de realización incierta, por ende, se concluye que el acto reclamado no puede impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que el promovente del amparo tenga la certeza de que existe algún acto tendente de ejecución, determinaciones que en su momento le cause perjuicio al quejoso en su esfera de derechos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo y con apoyo en el precepto legal 113 del ordenamiento legal antes invocado, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida. Domicilio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Sergio Ruiz Ríos, Sergio Ruiz Gómez, Francisco Javier Ruiz Gómez, Regina Cerro Rico e Ileana Estefanny Valero Arizmendi, por contar con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por cuanto hace a las personas restantes se tienen por autorizados en términos restringidos del precepto legal antes citado, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones y documentos, limitación que se establece hasta en tanto realicen el registro en el sistema referido, circunstancia que deberán comunicar mediante nueva promoción. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
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