Christian Isaac Guardian Díaz
Expediente 1527/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1527/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/12/2019
Partes del expediente
- Christian Isaac Guardian Díaz
Actuaciones
- Principal
V) Toluca, Estado de México a diez de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cual admitió a trámite y se registró con el número de recurso de queja 252/2019; por tanto, se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
V) Toluca, Estado de México a tres de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo vigente, téngase por recibido el escrito signado por Christian Isaac Guardián Díaz, por propio derecho (sin firma) y presentado vía electrónica por Pedro García Córdoba, quien se ostenta como su defensor particular, mediante el cual interponen recurso de queja contra el proveído de veintiséis de noviembre pasado, en el que se desechó la demanda de amparo. De conformidad con los numerales 97, fracción I, inciso a), 98 a 100, de la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se tiene por interpuesto el medio de impugnación hecho valer. Ahora, ya que la demanda de amparo se desechó a través del auto ahora recurrido; por ende, no existen partes para notificar la interposición del recurso; por lo que es improcedente otorgar el plazo que prevé el primer párrafo del artículo 101 de la ley de la materia; consecuentemente, con apoyo en el numeral citado, remítase el original del escrito de expresión de agravios, copia de traslado y copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EN TURNO y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, se rinde el informe respectivo en los siguientes términos: ES CIERTO EL ACTO QUE SE RECLAMA en cuanto a que este Juzgado de Distrito emitió el acuerdo ahora recurrido por la parte quejosa. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo, promovida por Christian Isaac Guardián Díaz, por propio derecho (sin firma) y presentada vía electrónica por Pedro García Córdoba, quien se ostenta como su defensor particular, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 1527/2019-V. Precisión del acto reclamado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso, señala medularmente, como actos reclamados: - Los medios de prueba admitidos en la audiencia intermedia de veintinueve de octubre del presente año, en la carpeta administrativa 467/2018 y su ejecución, materializada en el auto de apertura a juicio oral. A este respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Desechamiento. De conformidad con el artículo 62 de la vigente Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, además de que de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, procederá desecharse de plano la demanda de amparo. ...Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." De la interpretación del artículo transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, por tanto, se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o mecanismo previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Ahora bien, de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el peticionario resulta ser la parte imputada en la carpeta administrativa 467/2018. En esta tesitura, si la parte quejosa reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, los medios de prueba admitidos en la audiencia intermedia de veintinueve de octubre del presente año, en la carpeta administrativa 467/2018 y su ejecución, dicho acto no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues se estima que el acto reclamado puede ser modificado, revocado o confirmado a través del recurso de revocación establecido en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Sobre este tenor, se colige que el acto reclamado, debió combatirse a través del recurso de revocación, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo; por lo que antes de acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar dicho medio de defensa ordinario, a través del cual se puede revocar, modificar o invalidar los autos contra los cuales no procede la apelación, de ahí que debió interponer el medio de impugnación de referencia. Lo anterior evidencia que, el medio de defensa legal idóneo para combatir el acto reclamado es el recurso de revocación; pero como la parte agraviada no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de .... Asimismo, este juzgador advierte que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. En efecto, los citados preceptos son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los que -de acuerdo con el propio texto legal- son aquéllos que afectan materialmente los derechos sustantivos del quejoso, reconocidos en la Constitución General y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. De este modo, la Ley de Amparo prevé condiciones específicas para que el juicio constitucional en la vía indirecta sea procedente contra un acto intraprocesal, toda vez que es necesario que el acto emitido dentro de juicio afecte materialmente los derechos sustantivos del quejoso, quedando excluidos los perjuicios a derechos adjetivos o procesales. Lo anterior, en el entendido de que los derechos sustantivos se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, será necesario que se impugnen junto con dicha resolución a través del medio de defensa establecido para tal efecto. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª), razonó que el artículo 107 de la Ley de Amparo proporciona mayor seguridad jurídica en cuanto a los actos irreparables, toda vez que mediante una fórmula legal se definió con precisión, que son aquéllos que generan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que producen consecuencias de tal entidad que impiden de manera actual el ejercicio de un derecho reconocido en la Norma Fundamental o en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. En ese entendido, la condición para afirmar que se está en presencia de un acto de imposible reparación es que la afectación se produzca materialmente, lo que -en consideración del Alto Tribunal- significa que el acto reclamado debe impedir el ejercicio de algún derecho en forma presente y actual, lo que puede suscitarse incluso antes del dictado del fallo definitivo. Asimismo, como segunda condición los actos irreparables deben producir una lesión a derechos netamente sustantivos, lo que se trata de una expresión que resulta antagónica con el concepto de derechos adjetivos o formales, los cuales se refieren a normas procesales y cuya inobservancia no produce necesariamente una lesión de modo actual y presente, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento respectivo. Los razonamientos anteriores se corroboran en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, página 39, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". En ese orden de ideas, el requisito para reclamar actos intraprocesales en amparo indirecto es que se afecten bienes jurídicos cuya fuente no provenga de leyes adjetivas, toda vez que el legislador fue categórico al disponer que los actos irreparables únicamente son los que lesionan derechos sustantivos (derechos fundamentales) reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, con lo que dejó fuera la posibilidad de que en esta vía se reclamen actos que afecten derechos adjetivos o procesales. En el caso concreto, la promovente reclama los medios de prueba admitidos en la audiencia intermedia de veintinueve de octubre del presente año, en la carpeta administrativa 467/2018 y su ejecución, materializada en el auto de apertura a juicio oral, consistentes en diversas testimoniales, documentales y diversas pruebas identificadas como materiales (teléfonos celulares y memorias externas ahí precisadas) ofertados por el Agente del Ministerio Público; lo que -en consideración de este juzgador- es un acto que no reviste la naturaleza de imposible reparación. Así es, aun cuando la promovente aduce violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, la decisión del citado órgano jurisdiccional no produce como efecto vedar el ejercicio de los derechos consignados en favor del quejoso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; por el contrario, repercute únicamente en su caso, en derechos procesales, al admitirse en la etapa intermedia los medios de prueba ofertados por el Agente del Ministerio Público. En efecto, el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y una oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el auto de apertura a juicio, luego en dicha etapa, únicamente se producen consecuencias en el procedimiento, que pueden llegar a ser reparables cuando sean valoradas por la autoridad judicial correspondiente. De este modo, la decisión del juez responsable decanta en aspectos procesales o adjetivos referentes a la admisión de los medios de prueba ofrecidos por la Agente del Ministerio Público, lo que en modo alguno repercute en el ejercicio de algún derecho sustantivo reconocido en la norma fundamental o en los tratados internacionales. Aunado a lo anterior, este juzgador estima que la determinación reclamada no compromete en modo alguno el sentido de la decisión del juicio de origen. Lo anterior, toda vez que es una determinación cuyo perjuicio está supeditado a que llegue o no a trascender al sentido del fallo, lo que elimina la posibilidad de que el acto reclamado se considere como irreparable. Por ello, el solo hecho de que se admitan los medios de prueba ofrecidos por la Agente del Ministerio Público, no supone necesariamente que se emita una decisión final contraria a los intereses del promovente, toda vez que si tal resolución resulta serle favorable, los efectos de la violación adjetiva habrían desaparecido; de lo contrario, tales perjuicios podrían ser impugnados en segunda instancia o en amparo directo junto con la sentencia que decida el juicio en definitiva, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. En ese tenor, este juez considera que los actos reclamados en el presente juicio no participan de la naturaleza de los actos de imposible reparación que justifique la procedencia inmediata del juicio de amparo indirecto, pues -como se razonó- dicha decisión repercute en una cuestión netamente procesal, consistente en la admisión de los medios de prueba ofrecidos por el Agente del Ministerio Público, lo que tampoco guarda un nexo inmediato con la emisión de un fallo adverso a los intereses de la promovente; esto es, no produce una afectación material y directa a un derecho sustantivo, entendido éste, como un derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, y por tanto, materialice el supuesto de "imposible reparación" que da lugar a la procedencia del juicio de amparo en la biinsancial bajo la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia; así es, pues nos encontramos ante una posible afectación a un derecho de naturaleza procesal contemplado en la ley adjetiva, mismo que en su caso se materializa hasta el momento de emitirse la sentencia definitiva, y de ser así, la quejosa tendrá la posibilidad de reclamarla junto con dicha determinación, en segunda instancia, o en su caso, en el amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley invocada. Por lo que anterior, se concluye que los medios de prueba admitidos y que el promovente estima ilegales, aún no repercuten negativamente en su esfera jurídica, pues su valoración, una vez desahogados, se encuentra supeditada a la apreciación que realice el juez oral en la audiencia de juicio, quien evidentemente en uso de su arbitrio judicial puede determinar su eficacia probatoria; máxime que, como se adelantó, dicho acto puede ser resarcido al dictar resolución definitiva y, en caso de resultar desfavorable, se podrán agotar los medios legales para ese efecto, e incluso invocarlo como violación procesal en amparo directo. .... Pues como de su contenido se advierte y en atención a que el acto reclamado se materializó, según lo expone el quejoso, en el auto de apertura de juicio oral, se estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral, por lo que si resulta evidente que el desahogo de dichos medios de convicción no son de imposible reparación, pues n le causan un perjuicio de modo irreparable, inclusive estos pueden ser favorable al momento de emitirse la resolución final en el juicio. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Pedro García Córdoba, quien se ostenta como defensor particular de Christian Isaac Guardián Díaz, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. No pasa desapercibido que no obre firma electrónica del quejoso al promover su demanda, pues al ostentarse Pedro García Córdoba como defensor particular del quejoso, sus derechos se ven protegidos por este, y a su vez, deberá estarse a lo acordado en el presente auto. Domicilio. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se comisiona al Secretario del juzgado para que previo cercioramiento del registro, autorice el nombre del usuario "PedroGC", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de realizar las notificaciones por este medio por así solicitarlo el quejoso. Autorizados. En atención al contenido de la certificación de cuenta y por no encontrarse registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Monserrat Ramírez Gutiérrez, es decir, para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto registre su patente para ejercer la profesión de Abogado en el sistema adoptado. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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