Christian Aldo Cruz Vázquez

Expediente 231/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
231/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
08/08/2016

Partes del expediente

  • Christian Aldo Cruz Vázquez
  • Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de agosto de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de síes de julio de la presente anualidad (fojas 172 a 175), en el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Por otra parte, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El presente asunto es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante sentencia de veintitrés de mayo de la presente anualidad (fojas 115 a 127), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por tanto, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de julio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintisiete de junio pasado (foja 170), para desahogar la vista respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo; sin que realizara manifestación algún al respecto; en consecuencia, este Juzgado Federal procede a analizar el cumplimiento al fallo de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Ahora, para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: La parte agraviada señaló como acto reclamado: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Legislatura del Estado de México. Gobernador Constitucional del Estado de México. Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, como autoridad ejecutora. IV. LA LEY QUE SE IMPUGNA DE INCONSTITUCIONAL: Lo es el artículo 90 quarter, en su fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal de 2013. Dicho Artículo, en su fracción I, es del tenor literal siguiente: "Artículo 90 quarter.- Por inscripción de documentos o actos relativos a bienes inmuebles se pagarán los siguientes derechos: Por inscripciones relativas a la propiedad o posesión originaria de bienes inmuebles: (.) C) La declaración, reconocimiento, adquisición o de la transmisión de la propiedad o posesión de inmuebles o derechos sobre los mismos por cualquier título. (.) Por las inscripciones de los actos a que se refieren los incisos C), D), E) F) y H), se pagarán derechos, conforme a lo siguiente: TARIFA CONCEPTO 1.(.) 6. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $431,773. $14,548. Por las inscripciones a que se refiere el inciso C), D), E) y H) se tomará como valor el que resulte mayor entre el inserto o declarado en la operación, el catastral o el de avalúo, para la ubicación del rango correspondiente de la tarifa anterior.'. V. ACTOS RECLAMADOS: a) De la Legislatura del Estado de México, la aprobación del Decreto que dio vigencia al artículo 90 quarter, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, previsto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal 2013, por las razones que se harán valer en el capítulo correspondiente. b) Del Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, la promulgación del Decreto que dio vigencia al artículo 90 quarter, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, previsto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal 2013, por las razones que se harán valer en el capítulo correspondiente. c) Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, el cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, la compraventa contenida en la escritura que otorgué para adquirir un inmueble mediante pago en efectivo, mismo cobro que se realizó con base en el artículo 90 quarter, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, previsto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, por ser inconstitucional dicho artículo y las fracciones indicadas que son objeto de impugnación del mismo cuerpo normativo, vigentes para el ejercicio fiscal de 2013, como más adelante se demostrará". Mediante sentencia de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis (fojas 115 a 127), se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Christian Aldo Cruz Vázquez, contra el acto atribuido a las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero, para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia." En esa tesitura, la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "a) En lo sucesivo, no se aplique al quejoso el artículo 90 quarter, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, previsto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios del dos mil trece. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado al agraviado, por ende, se deberá devolver, actualizado, la cantidad que resulte de la diferencia entre lo que pagó el solicitante de garantías, y la cuota mínima establecida en el precepto impugnado. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera del quejoso la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata.". Mediante proveído de nueve de junio de dos mil dieciséis (fojas 136 y 137), causó ejecutoria la sentencia emitida, y se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable. Por auto de veintisiete de junio del año en curso (foja 170) se dio vista al quejoso con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera. Ahora, en los oficios registrados con los folios 13835 y 14549 (fojas 143 a 145 y 161 a 169, respectivamente), se tuvo a la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México remitiendo copia certificada del cheque correspondiente a la cantidad de $14,769.47 (catorce mil setecientos sesenta y nueve pesos 47/100 moneda nacional), que giró en favor del quejoso aplicando la tarifa mínima prevista por la fracción del artículo declarado inconstitucional, más el factor de actualización correspondiente, así como las constancias que acreditan fehacientemente que el impetrante por conducto de su apoderado legal recibió el cheque en comento. En consecuencia, después de realizar un análisis minucioso de la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Se hace del conocimiento de la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa por lista. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    V) Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México a través del cual remite copia certificada de las constancias que acreditan que la parte quejosa se presentó a recoger el cheque número 0004290, que ampara la cantidad de $14,769.47 (catorce mil setecientos sesenta y nueve pesos 47/100 moneda nacional); es decir, comunica la forma en la que dio cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento hecho a la autoridad responsable e insubsistente el apercibimiento decretado en auto de dieciséis de los cursantes (fojas 146 y 147). Atento a lo anterior, dése vista a la parte quejosa con el oficio de referencia de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de mérito, para el caso de omisión se resolverá con base en los elementos aportados por la autoridad responsable y las constancias de autos. Notifíquese, y por lista al quejoso.

  4. Principal

    V) Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito signado por el Director General Jurídico y Consultivo en representación de la Consejera Jurídica del Ejecutivo Estatal y Presidenta del Consejo Directivo del Instituto de la Función Registral del Estado de México, por medio del cual, atendiendo al proveído de nueve de los cursantes, informa las gestiones que realizó a fin de que la autoridad responsable Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual exhibe copia simple del oficio DGJC/DA/227041005/2343/2016; por tanto, se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales conducentes. Sin que sea necesario emitir mayor pronunciamiento al respecto, en razón de que el dieciséis del presente mes y año se tuvo a la autoridad citada en último término comunicando las acciones que realiza para acatar el fallo protector emitido en el presente juicio y se acordó lo procedente. Finalmente, como lo solicita el promovente, proceda la secretaría a realizar el cotejo, compulsa y certificación de la fotocopia que exhibe con la copia certificada del nombramiento respectivo, mismo que acompañó al oficio que se atiende; hecho que sea, agréguense dicha copia al juicio en que se actúa, para que surta los efectos legales procedentes y mediante oficio devuélvase la documental certificada a la autoridad en comento. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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