Christian Alexander Espinosa Valdez
Expediente 497/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Christian Alexander Espinosa Valdez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve . DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA Téngase recibido el oficio suscrito por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí y anexo que acompaña, consistente en los autos del juicio de amparo 1223/2019, promovido por ************** en razón de que mediante determinación de cuatro de diciembre del año en curso, declaró carecer de competencia legal para resolver el asunto y la declinó en favor del Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en turno; acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, toda vez que en la especie el acto reclamado lo constituye la retención y/o suspensión de pago que como sueldo percibía el quejoso por su desempeño laboral como empleado del Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis Potosí, Municipio en el que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal; con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Plenario 3/2013 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se acepta la competencia planteada. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por ************** contra actos del Presidente Municipal de El Naranjo, San Luis Potosí y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 5, 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 497/2019-I-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que como autoridades responsables señaló al Presidente Municipal, Ayuntamiento, Integrantes del Cabildo, Sindicatura, Contralor Interno y Director del Departamento de Recursos Humanos y/o de Nómina, Oficial y Secretario General, todos del Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí y como acto reclamado la retención y/o suspensión de pago que como sueldo percibía el promovente por su trabajo como contralor interno del citado Ayuntamiento. Asimismo, el promovente señala en su demanda que el catorce de noviembre del presente año, el Secretario General y el Síndico del citado Ayuntamiento, le informaron de manera verbal que estaba dado de "baja y cesado" como contralor interno, por no contar con la edad de treinta años requerida para desempeñar el cargo. Bien, en la especie, este órgano de control constitucional advierte opera de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los citados numerales la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí, que no todos los actos que el gobernado estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplan las características precisadas, esto es, aquellos que afecten directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, e impuestos contra y sobre su voluntad y que, por su naturaleza, puede exigirse su cumplimiento. Apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia número 479, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 520, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. ************** En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado la retención y/o suspensión de pago que como sueldo percibía por su trabajo como contralor interno del Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis Potosí; lo que aduce deriva de que el catorce de noviembre del año en curso, le informaron que a partir de esa fecha estaba dado de baja y cesado del cargo que desempeñaba. De lo anterior, se advierte que el acto de que se duele el impetrante no deriva de una relación de supra a subordinación jurídica establecida entre el gobernado y las autoridades que señala como responsables, pues no se trata de una actuación investida de imperio, sino que surge en un plano de igualdad. Ello, porque la retención o suspensión del pago que percibía como contralor interno, deriva de la relación laboral sostenida con el Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis Potosí, pues la posición de la parte quejosa frente a ese ente de la administración pública no es la de un gobernado, dado que en su ocurso de demanda refirió que se desempeñaba como contralor interno de ese Municipio, lo que se corrobora con la copia certificada que adjuntó a su demanda, relativa al nombramiento que le fue otorgado por el Presidente del citado Ayuntamiento, de fecha catorce de junio del presente año. Por lo que, la falta de pago del salario que percibía y que en esta vía impugna, no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efecto del amparo, pues las autoridades responsables señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. De ahí que los actos que reclama el promovente, no constituyen actos de autoridad para efecto del juicio de amparo, por lo que es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia número 415, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 437, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", ************** No impide la anterior conclusión lo dispuesto en los artículos 1, último párrafo, en correlación con el numeral 5, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los que se dispone que el juicio de garantíasprocede contra actos de particulares, pues la procedencia de dicha hipótesis está condicionada a que éstos actúen como autoridades, lo que no ocurre en la especie, dado que como se precisó, la retención o suspensión del sueldo que percibía el impetrante por parte del Ayuntamiento de El Naranjo, no es realizada en su carácter de ente público. Tampoco es óbice a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 829, bajo la voz: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." ************** NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, el quejoso en su escrito de demanda señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Ignacio Comonfort, número 520, zona centro en la ciudad de San Luis Potosí; de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a fin de que genere la boleta respectiva y lo envíe al órgano jurisdiccional que por turno corresponda. Se solicita a dicha autoridad, que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente a dicho quejoso el presente proveído, así también, con apoyo en el numeral 297, fracción ll, del código en cita, le requiera para que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Ciudad Valles, San Luis Potosí; apercibido que en caso de no hacerlo dentro del referido término, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le harán por medio de la lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane tal omisión. AUTORIZADO Téngase como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley a Nicolás González Segura, José Felipe González Pérez y Arturo Valdez Rodríguez y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese.
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