Cesár Torres Mendioza

Expediente 572/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
572/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Cesár Torres Mendioza

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos de Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al que anexa testimonio de la resolución dictada dentro del conflicto competencial 17/2022; acúsese el recibo de estilo correspondiente vía Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y estese a lo resuelto por la Superioridad mediante la resolución de que se trata, en la que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO.- Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO.- Se declara que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto de su índice 1043/2022, promovido por .... contra las autoridades y .por los actos señalados en el resultando primero de este fallo Notifíquese, ." ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. ORDEN DE ARCHIVO. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico -, se llevara a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de Noveno Circuito, por el cual informa a este Juzgado de Distrito que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mismo que se registró con el número de toca ********************; en tal virtud, agréguese a los presentes autos para que obre como constancia. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. INFORMA CONFLICTO. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales pertinentes, el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual insiste en la competencia planteada a este Juzgado para conocer del juicio de amparo 1043/2022VI de su índice, y en ese sentido, determinó remitir las actuaciones de ese sumario al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, a fin de que el Tribunal de Alzada determine a qué órgano jurisdiccional le corresponde sustanciar el mencionado juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN OFICIO Y DEMANDA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese para que obre como corresponda, el oficio de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, capital, y anexos que acompaña, derivados del juicio de amparo 1043/2022-VI de su índice, promovido por ... contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Noveno Circuito y otras autoridades; ello, en razón de que mediante acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós, declaró carecer de competencia legal para conocer del referido asunto; declinando dicha competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por , contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del noveno Circuito y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. REGISTRO. Fórmese el expediente relativo, anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo bajo el número 572/2022-II-G. PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN CON LA COMPETENCIA PLANTEADA. Ahora, de las constancias que integran el juicio de referencia, se desprende que mediante determinación de dos de agosto de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, capital, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por la que el quejoso reclama ".todos y cada una de las diligencias de embargo, los acuerdos, sentencias, orden de desalojo y entrega de bienes adjudicados dentro del Juicio Ejecutivo mercantil número 199/2020, que se tramito ante el Juzgado de Distrito en materia Mercantil Federal del Noveno Circuito con residencia en la ciudad de San Luis Potosí.", así como ".la ejecución de orden de desalojo en forma material y entrega de bienes adjudicados, a la parte actora."; competencia que declinó en favor de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, por el lugar de ejecución del acto reclamado, ello, al considerar que el acto reclamado tiene ejecución material en esta ciudad, toda vez que según lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, los bienes adjudicados se ubican en el Municipio de Tampacán, San Luis Potosí, del cual, conforme con el Acuerdo General 03/2013 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, ejercerán jurisdicción territorial. Sin embargo, respetuosamente, no se comparte el criterio que sostiene el Juzgador declinante y por ende, no se acepta la competencia planteada. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto, se desprenden tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio: La primera implica que será competente el Juzgado de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La segunda hipótesis establece que si el acto puede tener ejecución en más de un Distrito o ya comenzó a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. La tercera regla consiste en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la operancia de cada una de ellas. Así, las dos primeras reglas de competencia exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; además, lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito. Lo anterior revela que el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un procedimiento accesible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del procedimiento, como lo prevé el artículo 17 Constitucional. Ahora, en el caso, el quejoso reclama, todo lo actuado en el juicio de origen, asimismo, afirma, bajo protesta de decir verdad, ser persona extraña a juicio. Además, de lo narrado en sus antecedentes se obtienen los datos siguientes: En mil novecientos noventa y ocho, el quejoso, en nombre y representación de sus hijas compró diversos predios rústicos correspondientes al inmueble denominado El Charco, ubicado en el Municipio de Tampacán, San Luis Potosí. En dos mil catorce, celebró con sus hijas contrato de comodato respecto del referido inmueble. El veinticinco de julio de dos mil veintidós, en auxilio de las labores del Juzgado de Distrito Mercantil Federal en el Estado de San Luis Potosí, solicitado mediante exhorto, se presentó una persona que dijo ser Actuario del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, al rancho denominado Santa María del Charco, en Tampacán, San Luis Potosí, con el objeto de ejecutar una orden para desalojar y dar posesión material de bienes adjudicados dentro del juicio ejecutivo mercantil 199/2020 del índice del referido juzgado federal. El quejoso afirma ser tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil 199/2020, dado que forma parte de la controversia de origen que se suscita entre ... Los elementos anteriores informan que el quejoso se ostenta persona extraña a un juicio en el cual se dictó sentencia y se ordenó el desalojo respecto de un inmueble que aduce tener la posesión del cual; partiendo de ello, pretende se declare la nulidad de lo actuado en ese procedimiento y, como consecuencia busca evitar una eventual ejecución de la sentencia. Desde ese panorama, se reitera que la competencia se finca a favor del Juez de amparo, que previno de la demanda de garantías. Por tanto, si el quejoso en el amparo indirecto señaló como actos reclamados tanto la orden de desalojo que se ordenó ejecutar mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia condenatoria, resulta inconcuso que acorde con el artículo 37 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución de la diligencia de desalojo constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el tercer párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad. Ya que si bien existe un acto que debe ejecutarse en esta ciudad, también estamos ante la presencia de otros actos que son declarativos (todo lo actuado y sus consecuencias) y respectos de éstos aplica la tercera regla, prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, donde el competente es el juez que previene. Pues atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado una demanda de garantías ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, en términos del párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para la justiciable, respecto del otro juzgador de amparo involucrado, dado que el promovente optó por acudir ante un Juez de esa localidad y no al del otro territorio relacionado. Ante tal escenario, el quejoso puede optar válidamente por promover la demanda de garantías en contra de todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil (en el que según la información proporcionada en la demanda de amparo ya existe sentencia condenatoria) ante el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde reside la autoridad que lleva el juicio de origen, sin necesidad de tener que trasladarse a un lugar lejano. Cobra aplicación, la tesis Jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 293, registro 2003502, que es del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. ... Si bien este criterio hace referencia a la legislación vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, lo cierto es que la regla normativa que alude es sustancialmente idéntica a la prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, de manera que sigue siendo aplicable, con fundamento en el artículo sexto transitorio de la ley en cita, en el cual establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Ahora bien, en términos de la jurisprudencia transcrita, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto; y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen. Esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional. No obstante lo anterior, ante la falta de regulación expresa para definir qué juzgado debe avocarse a su conocimiento, el Alto Tribunal determinó jurisprudencialmente que la competencia se surte a favor del juez que previno (con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo) para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad. De esta índole, resulta que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, es el competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por ....contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Noveno Circuito y otras autoridades; al ser el juzgado que previno, pues la parte quejosa presentó la demanda de amparo ante ese juzgado federal. Así, del texto de la ejecutoria del criterio de referencia, la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País advirtió que eran los diversos actos reclamados que se llevan en el trámite del juicio de origen que al no tener ejecución material los que otorgaban competencia al juez de amparo del lugar del proceso, al establecer: "Por ello, resulta relevante para el caso considerar que acorde con las máximas de la experiencia, en la tramitación de un juicio ejecutivo mercantil en el cual se emplazó al demandado por medio de exhorto y ha culminado con el dictado de una sentencia ejecutoria de condena, necesariamente existen pronunciamientos judiciales y actuaciones que no requieren de ejecución material. En esa tesitura, no puede perderse de vista que el señalamiento de tales actos reclamados, constituye también un dato objetivo para fijar la competencia por territorio del juez que habrá de conocer de la demanda de garantías, ya que el supuesto en el que el acto reclamado no requiere de ejecución material, también se encuentra prevista por la Ley de Amparo como un dato que sirve para fijar la competencia del juez de Distrito que debe conocer del juicio de garantías promovido en contra de 'todo lo actuado en el juicio." De lo transcrito se advierte que en la tramitación de un juicio mercantil necesariamente existen pronunciamientos judiciales y actuaciones que no requieren de ejecución material como pueden ser, de manera enunciativa, el auto que tiene por contestada la demanda o declara que transcurrió el término para que fuera contestada; el auto que abre el juicio a prueba o decreta que no procede abrir tal período; el auto que cita para sentencia; etcétera. Así, lo importante es advertir que existen diversos actos reclamados (aparte de la orden de desalojo) que se llevan en el trámite del juicio de origen que al no tener ejecución material otorga competencia al juez de amparo del lugar del proceso, pues aun cuando la orden de desalojo deba tener ejecución en un lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción, esta no puede verse aislada del resto de los actos que también se señalaron como reclamados, como lo son todas las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil de origen, así como los actos de ejecución; por lo que es competente el juez que previno. Tiene aplicación por la idea que informa la jurisprudencia 2a./J. 110/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1204, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO POR VICIOS PROPIOS Y LOS ACTOS QUE PROSIGUIERON. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). ... En tales términos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este juzgado federal, no acepta la competencia planteada; en consecuencia, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto, al Juez Cuarto Distrito en Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con auto inserto de la presente determinación; solicitándose el acuse de recibo de estilo, y con la atenta súplica de informar a la suscrita, la determinación que recaiga al presente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese.

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