César Rodríguez Rivera

Expediente 93/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
93/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • César Rodríguez Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y en atención al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de seis de marzo del dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demandad de amparo, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Orden de archivo. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por. Integración. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico -, se llevara a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Análisis de procedencia del amparo. Por ser una cuestión orden público y estudio preferente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza en principio, si en el caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pues de acontecer esto, la demanda se desechará de plano. El mencionado precepto dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Ahora bien, en el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, analizada como un todo, se aprecia que la parte quejosa señala como actos reclamados: La determinación contenida en el oficio .de ocho de febrero de dos mil veintitrés, emitida por la Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el que negó al quejoso permiso económico sin goce de sueldo, para ausentarse de sus labores durante el periodo comprendido del siete de febrero al siete de agosto de dos mil veintitrés; así como el cumplimiento y notificación de tal resolución. Cabe destacar que de los antecedentes que el quejoso narra, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda, se advierte que tiene una relación laboral con el Ayuntamiento de esta ciudad y que a efecto de atender asuntos personales jurídicos, solicitó seis meses de permiso económico, los cuales le fueron negados por conducto de la Directora de Recursos Humanos. Pues bien, esta juzgadora advierte que respecto de los aludidos actos reclamados se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, dado que los actos que por esta vía pretende combatir no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues tienen su origen en la relación laboral que une al promovente con el Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, la cual es de coordinación y no de supra a subordinación, siendo esta última la que caracteriza a los actos de autoridad. . Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición de la parte quejosa frente al Ayuntamiento no es la de un gobernado, aunque en su solicitud de amparo invoque las referidas normas constitucionales, pues esto no cambia la naturaleza de los actos ni la relación jurídica existente de coordinación, que no emerge del imperio que corresponde a las autoridades que señala como responsables, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a determinadas prestaciones, conforme al contrato colectivo que rige este tipo de relaciones laborales, lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo. En consecuencia, dado que la relación que existe entre la parte promovente y las autoridades a las que señala como responsables, es de coordinación y no de supra a subordinación, que es la que caracteriza a un gobernado frente a una autoridad, es claro que no se cumplen los elementos que determinan si alguna autoridad le reviste el carácter de responsable para los efectos del juicio de amparo. En virtud de lo expuesto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia descrita, respecto de los actos reclamados de referencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la mencionada ley, a los profesionistas que señala, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos, por así haberlo solicitarlo expresamente. Exhortación a tramitar asuntos "en línea" y datos de contacto. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. Notifíquese; personalmente al quejoso.

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