César Ramón Manuel González Bermudez y Otros.

Expediente 445/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
445/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • César Ramón Manuel González Bermudez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, en contra del auto de veinte de octubre de dos mil veinte, mediante el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara firme dicho proveído. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que se carezca con el acuse de recibo del oficio con el que se le notificó la determinación referida a la autoridad responsable, a fin de computar si le trascurrió o no el plazo para interponer el recurso de revisión, toda vez que ésta carece de legitimación para interponerlo, toda vez que esa determinación no le depara perjuicio en razón que se sobreseyó respecto del acto que se le reclamó. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por los quejosos ***********************; en atención a su contenido, dígaseles que la ampliación de demanda que promueven es improcedente, toda vez que el veinte de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia constitucional.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, específicamente las constancias que como justificación a su informe remitió el Presidente Municipal de Acámbaro, Guanajuato, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y de las mismas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica la detención definitiva del acto de autoridad, así como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que carece de efectos, ni los tendrá, y que dejó insubsistente afectación alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que la parte quejosa reclama: Del Presidente Municipal de Acámbaro, Guanajuato, la omisión de dar respuesta a su solicitud para transitar libremente en dicha ciudad, presentada el ********************. Por tanto, de acuerdo con las documentales que adjuntó la parte quejosa, así como a las constancias que remitió el Presidente Municipal de Acámbaro, Guanajuato, se desprende que: Mediante oficio ******************** de ********************, dio contestación a la solicitud de presentaron los quejosos el ********************. Dicho oficio se notificó a la parte quejosa el trece de octubre de dos mil veinte. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que es imposible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que se carece del objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable emitió el oficio ******************** de ********************, y les notificó a éstos dicho oficio, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión del oficio ******************** de ********************, en el que se dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa en su escrito presentado el ********************, así como con la notificación a la parte quejosa de su emisión, cesó la omisión que reclamó, dado que desaparecieron los efectos de la falta de respuesta a su petición y su notificación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada en esta data para la celebración de la citada audiencia. Sin que sea obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Presidente Municipal de Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención las que se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional.

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