CÉSAR MANUEL ARELLANO DOMÍNGUEZ y Otros.

Expediente 407/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
407/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • CÉSAR MANUEL ARELLANO DOMÍNGUEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional no insiste en la competencia plateada a este Juzgado para conocer del juicio de amparo 850/2020, de su estadística y se avoca al dictado de la resolución correspondiente en dicho expediente, en atención a que ya se encontraba celebrada la audiencia constitucional. El titular de este Juzgado queda enterado de lo anterior y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por la Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual comunica que en resolución de catorce de mayo del año en curso, la secretaria de ese órgano jurisdiccional en funciones de Juez de Distrito, declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por *************, en su carácter de apoderado legal de la directa quejosa ************, por cuanto a uno de los actos reclamados, y remite el juicio de amparo 850/2020 de su índice; al respecto, se acuerda: Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 407/2021-VII. En términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Celaya, no acepta la competencia para conocer del citado juicio de amparo. A efecto de sustentar el anterior pronunciamiento, en principio tenemos que mediante escrito presentado en el buzón judicial y registrado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, el catorce de diciembre de dos mil veinte, **********, en su carácter de apoderado legal de *************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: Autoridades responsables Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Primera Región. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas de Investigaciones Especializadas en Delitos de Alto Impacto. Ambas con sede en Guanajuato, capital. Actos reclamados De la primera autoridad: La resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, emitida dentro del cuadernillo ***********, en la que se determinó que no era procedente la solicitud para resolver sobre la tutela de derechos respecto al aseguramiento y retención del vehículo que la aquí quejosa *********** aduce es de su propiedad. De la segunda autoridad: La retención ilegal de vehículo *************, con motivo del acuerdo de aseguramiento decretado a las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta **********. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia la ciudad del mismo nombre; en donde por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se registró con el número 850/2020, y se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio en sus trámites, el catorce de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria en funciones de Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional emitiendo en esa misma fecha la sentencia respectiva, en la que se declaró parcialmente incompetente para conocer de la demanda respecto de un acto reclamado y por otra parte negó el amparo y protección de la justicia federal respecto del otro. Las consideraciones que tomó en cuanta la responsables para declarar su incompetencia parcial fueron las siguientes: SEXTO. Análisis del diverso acto reclamado. Por lo que hace al diverso acto reclamado precisado en su demanda de amparo por la quejosa como la retención ilegal de vehículo ************, mediante el acuerdo de aseguramiento a las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta *************, de las constancias remitidas por la responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas de Investigaciones Especializadas en Delitos de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, se advierte que el aseguramiento del vehículo materia del acto reclamado en el presente juicio de amparo se llevó a cabo en Celaya, Guanajuato, como consecuencia de la diligencia de cateo autorizada en el cuadernillo 00619-129, por el juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, residente en Celaya, realizada en un inmueble en la comunidad de Santa Teresa, municipio de dicha ciudad, realizada en la propia fecha, motivo por el cual, este juzgado carece de competencia legal para resolver sobre dicho acto con base en las siguientes consideraciones. .. Asimismo, se desprende que al rendir su informe justificado la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas de Investigaciones Especializadas en Delitos de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, manifestó la certeza del acto que se le reclama, anexando para corroborar su dicho copia autenticada del aseguramiento del vehículo que ahora se reclama, el cual se dictó el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, lo cual es no es un acto meramente declarativo, pues llevó implícito la determinación de aseguramiento de un vehículo, el que afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues se sigue ejecutando con el paso del tiempo, mientras dure ese aseguramiento; por tanto, quien ahora resuelve considera carecer de competencia para seguir conociendo el presente juicio de amparo con apoyo en los artículos 10, 25, 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, establecen: .. De lo anterior, se puede concluir que el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas -autoridad señalada como responsable-, tiene competencia para efectuar sus labores en todo el Estado de Guanajuato, con independencia de su residencia, esto es, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; lo que implica que tanto válida como legalmente puede actuar en cualquier municipio de esta Entidad Federativa, entre los que se encuentra Celaya, Guanajuato. De tal suerte, la simple circunstancia de que esta responsable tenga su domicilio en la ciudad de Guanajuato, no es razón suficiente para que esta autoridad tenga competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, porque es indiscutible que el acto reclamado no es simplemente declarativo, sino que por su naturaleza, trae aparejado principio de ejecución material. ... En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48, primer párrafo1 de la ley reglamentaria en cita, y en consideración a lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado declara carecer de competencia para seguir conociendo el juicio de amparo en que se actúa, únicamente por el acto atribuido al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas de Investigaciones Especializadas en Delitos de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, y se ordena remitirlo, al Juzgado de Distrito en turno, con sede en Celaya, Guanajuato. Se ordena dar de baja en los libros de gobierno de este juzgado y formar el cuaderno de antecedentes correspondiente con copia certificada de las constancias que se estime pertinente. Se le solicita al Juzgador Federal que informe si acepta la competencia planteada y, en su caso, acuse recibo correspondiente." Determinación que causó estado a través del auto dictado el diez de junio del presente año, por la autoridad declinante. Con motivo de lo anterior, una vez que se remitieron los autos, por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya. Sin embargo, el suscrito estima que en el caso resulta aplicable la regla establecida en el segundo párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, según se verá. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) La primer regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Cabe anotar que esas hipótesis participan de una misma particularidad que consiste en que todas se sustentan en el acto reclamado en la demanda de amparo, toda vez que requieren que éste tenga ejecución (según las dos primeras hipótesis) o bien cuando el mismo no la requiera (de conformidad con el tercero de esos supuestos). Tales reglas tienen como propósito determinar la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como, evidentemente, a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso. Sin embargo, puede darse el caso de que se reclamen multicidad de actos y que algunos requieran de ejecución y otros no. En relación con esas reglas de competencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 389/2013 puntualizó que el artículo 37 de la Ley de Amparo debe aplicarse de manera literal . Por tanto, las cuestiones que deben analizarse para resolver un conflicto competencial por razón de territorio son: a) Si el acto reclamado tiene ejecución material; b) El lugar donde se ejecute, se haya ejecutado o deba tener ejecución el acto reclamado; c) El lugar en el que se haya empezado a ejecutar el acto y aquél en el cual se siga ejecutando; y, d) Si el acto reclamado no requiere ejecución, donde se presente la demanda de amparo. La competencia doctrinariamente se identifica como el límite de la jurisdicción y de esa forma se traduce en la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para ejercerla en determinados asuntos y dentro de cierto territorio. Así, un tribunal es competente para conocer del asunto cuando hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. El territorio y la materia constituyen factores determinantes de la competencia atendiendo al espacio en que el órgano jurisdiccional legalmente lo tiene asignado para desplegar su función de administrar justicia y a la naturaleza jurídica de las controversias, respectivamente, estas dos directrices, entre otras como son el fuero y el grado, son parámetros que identifican y responden a los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso pleno a la justicia, que como derechos fundamentales están reconocidos tanto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, como en los preceptos 8º y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. De esta forma, atendiendo a los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso pleno a la justicia, en el artículo 37 de la Ley de Amparo se prevén las tres reglas ya citadas para fijar la competencia de los jueces de distrito, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto. En el caso, tal como lo precisó la secretaria en funciones de Juez de Distrito, del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, los actos reclamados en la demanda de amparo son: La resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Primera Región con sede en Guanajuato capital, dentro del cuadernillo ***********, en la que se determinó que no era procedente la solicitud para resolver sobre la tutela de derechos respecto al aseguramiento y retención del vehículo que la aquí quejosa ************ aduce es de su propiedad. La retención del vehículo ***********, con motivo del acuerdo de aseguramiento dictado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas de Investigaciones Especializadas en Delitos de Alto Impacto dentro de la carpeta **********. En relación con lo reclamado, la autoridad declinante resolvió de fondo lo relativo al primer acto, negando la protección constitucional; mientras que respecto del segundo acto sostuvo que carecía de competencia legal para conocer del mismo, pues a su consideración, si bien se reclama la negativa de devolver un bien mueble presuntamente propiedad de la quejosa, eso implicaba la subsistencia de la medida de aseguramiento, lo que generaría que la afectación que sufre el promovente del amparo seguiría ejecutándose de forma material. En efecto, se estima que el acto reclamado emitido en la carpeta de investigación *************, en el que la autoridad responsable negó la devolución de un vehículo de motor, sí debe considerarse que tiene ejecución material. Ello es así, pues si bien se trata de un acto negativo, lo cierto es que sus efectos son positivos, ya que en tanto el bien mueble siga en el resguardo de la autoridad responsable, subsiste la afectación de la propiedad que pretende defender la quejosa, pues no puede disponer del objeto que refiere es de su propiedad, por lo que el acto tiene un principio de ejecución. Establecido lo anterior, tenemos que el acto reclamado cuya competencia se plantea a favor de este órgano jurisdiccional, consiste la retención del vehículo marca ****************, asegurado mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas de Investigaciones Especializadas en Delitos de Alto Impacto con sede en la ciudad de Guanajuato, dentro de la carpeta **************, ya que, no obstante que la parte quejosa, quien dice ser la propietaria del citado bien mueble, ha solicitado su devolución, dicha autoridad se la ha negado a través de los proveídos de treinta y uno de marzo y cuatro de julio de dos mil veinte. Lo que, de acuerdo al análisis previamente realizado, constituye un acto negativo, cuyos efectos son positivos. Luego, la razón por la que la autoridad declinante consideró carecer de competencia para conocer de dicho acto, la fijó en el hecho de que el aseguramiento del vehículo materia del acto reclamado en el presente juicio de amparo, se llevó a cabo en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, como consecuencia de la diligencia de cateo autorizada en el cuadernillo 00619-129, por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, residente en Celaya, realizada en un inmueble en la comunidad de Santa Teresa, municipio de esta ciudad, lo cual tuvo lugar el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Sin embargo, de las constancias que integran el expediente 850/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, se advierte que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante oficio 922/2021 le informó a la autoridad declinante que el vehículo de motor de la marca *************, asegurado dentro de la carpeta de investigación 124864/2019, se encuentra resguardado en el interior de los patios del estacionamiento con el que cuenta esa Fiscalía General del Estado de Guanajuato, los cuales están ubicados en Camino a ***************, anexando las constancias que acreditan lo anterior. En esas condiciones, se considera que en el particular, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, carece legalmente de competencia para conocer del presente asunto y ésta se surte en favor del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con sede en la ciudad de Guanajuato, al haber conocido a prevención de la demanda promovida por ****************, en su carácter de apoderado legal de la directa quejosa ***************, pues es quien ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial donde se continúa ejecutando el acto reclamado, esto es, en la ciudad de Guanajuato, capital, donde tiene su cede dicho órgano jurisdiccional, actualizándose con ello lo dispuesto en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y ordena devolver los autos y anexos respectivos al Juez Segundo de Distrito en el Estado con sede en la ciudad de Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar, previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente. Finalmente, comedidamente solicítese al homólogo federal acuse el recibo de estilo.

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