César Manuel Noriega Flores

Expediente 368/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
368/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/05/2018

Partes del expediente

  • César Manuel Noriega Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio remitido electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado, por el que se le remitió el juicio de amparo promovido por *************, e informa que se avocó a su conocimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente cuaderno, será susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, específicamente las constancias que como justificación a su informe remitió la Presidenta de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, de las que se advierte que el domicilio particular del quejoso es el ubicado en calle ********** número **********, colonia **********, ********** de Tijuana, Baja California; al respecto, se acuerda: Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de las constancias que remitió la responsable se advierte que: - ********** interpuso ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, demanda de nulidad de la resolución de negativa ficta, recaída a la solicitud de incremento de cuota diaria de pensión y diferencias retroactivas, que presentó el nueve de mayo de dos mil catorce, ante el Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Baja California del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. - La demanda en comento se radicó bajo el número de expediente 1378/15-10-01-5-OT. - Seguido el juicio en su cauce legal, el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia respectiva, y se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución negativa ficta impugnada. - En cumplimiento a la resolución anterior la autoridad demandada en el juicio de origen, emitió el oficio el 002.300.302.004/4921/2017 de diez de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual desglosó el incremento y pago de las cuotas de pensiones otorgadas a **********, desde el dieciséis de febrero de dos mil cinco, hasta el treinta de noviembre de dos mil diecisiete. - Inconforme con dicha resolución **********, interpuso recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia emitida en dicho controvertido. - Mediante resolución de uno de marzo de dos mil dieciocho los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, declararon infundada la queja interpuesta. -acto reclamado- Bajo ese contexto legal, si el aquí quejoso ********** tiene su domicilio particular en calle ********** número **********, colonia ********** de Tijuana, Baja California, y esencialmente reclama la indebida cuantificación de pensión por no aplicarse correctamente los aumentos que refiere tiene derecho, este Juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, porque como el acto reclamado por el quejoso implica la privación de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, y el pago de la pensión jubilatoria esta intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar donde la cobra y la disfruta, es inconcuso que el domicilio en el que se desenvuelve el quejoso será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. Entonces, si el domicilio del solicitante del amparo se localiza en Tijuana, Baja California, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues los actos de que se duele tiene ejecución en la referida localidad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Luego, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ejercen jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado, entre otros, por el municipio Tijuana. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido al Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo. d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente; y, e. Dejar sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Presidenta de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, se le tiene ofertando como prueba la documental que anexa, la cual se admite y se tiene por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al celebrarse la audiencia. Dado lo voluminoso de las constancias recibidas, se ordena formar un tomo de prueba para mejor manejo del expediente, en la inteligencia que se seguirá actuando en el presente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de esta ciudad; con fundamento en los artículos 103 -fracción I-, 107 -fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 48 y 52 -fracción III- de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1 -fracción I-, 33 - fracción IV-, 35, 37, 107 -fracción II-, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 368/2018-II. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, al que deberá adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibiéndole que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 258 de la ley reglamentaria en cita, en relación con el diverso 238 de la misma ley, conforme Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De igual forma, con apoyo en el numeral 117 -cuarto párrafo- del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se le atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se le podrá imponer una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 258 de la ley reglamentaria en cita, en relación con el diverso 238 de la misma ley, conforme Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. No se forme incidente de suspensión porque no fue solicitado por la parte quejosa ni existe capítulo expreso en la demanda. Por otra parte, respecto al llamamiento de la parte tercera interesada, se reserva proveer lo conducente a su señalamiento y emplazamiento, hasta que obre en autos el informe justificado solicitado a la autoridad responsable. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26 -fracción II- de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Guadalupe Jiménez Dávila, María del Carmen Rico Torres y José Jesús García Rodríguez, en virtud de que obran sus cédulas 2474060, 7076533 y 8317655 registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado precepto a las diversas personas que indica, por no encontrarse en este supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y primero y segundo, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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