César Ramón Manuel González Bermúdez
Expediente 860/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- César Ramón Manuel González Bermúdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de ocho de octubre del año en curso, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir en el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, se dejan a disposición de la parte quejosa, los documentos que adjuntó a su demanda de amparo, previa razón que por su recibo obre en autos.
- Principal
Recepción del escrito. A sus autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por el quejoso **********, mediante el cual desahoga la prevención que se le formuló el veinticuatro de septiembre del año en curso, y en tal sentido, precisa los actos que reclama de cada autoridad responsable, así como que el artículo 144 del Código de Civil para el Estado de Guanajuato, lo reclama por su sola entrada en vigor. Desechamiento de demanda. En principio, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En ese contexto cabe puntualizar que del escrito de demanda, se advierte que el quejoso, señala como actos reclamados: «[.] I.- La omisión en proponer iniciativas de Ley en materia de Equidad y Género. II.- La inconstitucionalidad del Artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. III.- La discriminación del Artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. [.]» Ahora bien, en cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso, el quejoso aclaro su demanda y precisó qué acto en concreto reclama de cada autoridad responsable, y de manera categórica manifestó que el artículo 144 del Código de Comercio para el Estado de Guanajuato, lo reclama en su carácter de autoaplicativo, es decir, con motivo de su sola entrada en vigor. De lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17, fracción I y 18 todos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, en su fracción XIV, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por otra parte, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos transcritos, se colige que al tratarse de un amparo contra leyes y que a partir de la vigencia de la ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, entonces, el término para la presentación de la demanda será de treinta días. En el caso concreto, se advierte que el Código Civil para el Estado de Guanajuato, fue publicado en el anexo al Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el catorce de mayo de mil novecientos sesenta y siete, en cuyo artículo primero transitorio se dispuso que dicho código entraría en vigor el día quince de julio de mil novecientos sesenta y siete. Al respecto cabe decir, que para que un juicio de amparo contra leyes resulte procedente los actos deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado que lo legitime para accionar el medio de control constitucional en comento; y dicho perjuicio bien puede provenir de la sola vigencia de la norma, o en su caso, de un acto en el que la misma se aplique. A fin de ilustrar la afirmación precedente debe tenerse en cuenta que los artículos 17, fracción I, 18, 61, fracción XIV y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida. En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así las cosas, una ley, decreto o reglamento son autoaplicativos cuando su publicación e iniciación de vigencia llevan en sí mismos un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley, decreto o reglamento, sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Por su sola expedición, y por los relativos a su promulgación y publicación, quedan señaladas las personas o entidades que en acatamiento de la ley, están obligadas a obrar en determinada forma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este orden, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica del que solicita protección federal, ya sea porque su entrada en vigor, tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, por que dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación que proviene (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede seguir de los actos de los propios particulares, si mediante conducta se vincula de modo necesario al solicitante de amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto es de tomar en cuenta el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas que se contiene en la tesis número P./J. 55/97, de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, del Tomo: VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". También robustece lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, visible en la página 167 del Tomo 103-108 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma". En consecuencia la distinción entre una norma heteroaplicativa y otra autoaplicativa no se basa en que al momento de expedirse el ordenamiento de observancia general existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento. En este tenor, y atendiendo a la forma en que se realizó el planteamiento del acto reclamado tanto en la demanda de amparo como en su aclaración, esto es, que se reclama la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, con motivo de su entrada en vigor, debe observarse para la presentación de la demanda lo preceptuado por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, que contiene en el artículo que el quejoso aduce es inconstitucional, entró en vigor el día quince de julio de mil novecientos sesenta y siete. Luego, de la demanda de amparo, se aprecia que el decreto reclamado, contiene disposiciones de observancia general que materialmente tienen el carácter de ley, esto es, están dirigidas a un número indeterminado e indeterminable de personas, son generales e impersonales. Así, conforme a la naturaleza que el promovente de amparo atribuye al decreto impugnado se colige que no hicieron valer la vía constitucional que ahora intentan, dentro del término que para el caso prevé el numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado que el término de treinta días que la Ley de Amparo concedió a la parte quejosa para impugnar mediante esta vía el referido Decreto, resulta evidente que transcurrió en exceso. No escapa a este órgano que el Código Civil para el Estado de Guanajuato, ha sufrido diversas reformas, entre las más reciente, el uno de agosto de dos mil diecinueve, y entró en vigor el dos de agosto siguiente; sin embargo, el precepto que se tilda de inconstitucional no ha sufrido reforma alguna. No obstante lo anterior, y aun cuando se tomara en cuenta la última reforma al citado código, debe decirse que está entró en vigor a las cero horas del día dos de agosto de dos mil diecinueve, por lo que el plazo de treinta días concluyó el doce de septiembre de dos mil diecinueve a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, descontando de dicho cómputo los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de agosto, así como el uno, siete y ocho de septiembre del año en curso, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto que la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, a las catorce horas con dos minutos del veintitrés de septiembre de la anualidad; es decir, cuando ya había transcurrido el término de treinta días, lo que significa que dicha demanda se interpuso de manera extemporánea. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 26/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 461, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación." Asimismo, sirven de sustento a lo anterior en lo conducente, las jurisprudencias números 206 y 207, visibles en las páginas 199 y 200, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo tenor es el siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA INTERPONERLO. De acuerdo con el sistema actual de la Ley de Amparo (artículos 22, fracción I y 73, fracciones VI y VII, párrafo 2o.), la oportunidad para impugnar leyes no se relaciona con la fecha en que son conocidas por el interesado, sino que cuando son autoaplicativas pueden ser impugnadas en los treinta días siguientes al en que entran en vigor; y, en todo caso, pueden ser combatidas en los quince días siguientes al del primer acto de aplicación en perjuicio de la quejosa." "LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley) y c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley "invocada." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en cita, se desecha por extemporánea la demanda de amparo promovida. Por los mismos motivos, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de los diversos actos consistentes en: "I.- La omisión en proponer iniciativas de Ley en materia de Equidad y Género. [.] III.- La discriminación del Artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato". Toda vez que tanto del escrito inicial de la demanda y escrito aclaratorio se desprende que el quejoso se duele en forma destacada de la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y derivado de esa cuestión es que señala que las autoridades responsables no han propuesto iniciativas en materia de matrimonio igualitario ya que tal precepto es discriminatorio para las personas, que como el quejoso, pretendieran casarse con una persona del mismo sexo. De lo que se sigue que tales actos no los reclama por vicios propios, sino que su impugnación la hace depender de la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, respecto del cual se determinó la extemporaneidad de la demanda; de ahí que ni siquiera determinarse si existe alguna normatividad que las obligue a actuar en ese sentido, es decir, en proponer iniciativas en materia de equidad y género. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis 1a. XX/2018 (10a.) de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 52, marzo de 2018, tomo I, registro 2016424, página 1100, de texto y rubro: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales".
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, mismo que a la letra dice: Recepción del escrito. A sus autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por el quejoso **********, mediante el cual desahoga la prevención que se le formuló el veinticuatro de septiembre del año en curso, y en tal sentido, precisa los actos que reclama de cada autoridad responsable, así como que el artículo 144 del Código de Civil para el Estado de Guanajuato, lo reclama por su sola entrada en vigor. Desechamiento de demanda. En principio, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En ese contexto cabe puntualizar que del escrito de demanda, se advierte que el quejoso, señala como actos reclamados: I.- La omisión en proponer iniciativas de Ley en materia de Equidad y Género. II.- La inconstitucionalidad del Artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. III.- La discriminación del Artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Ahora bien, en cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso, el quejoso aclaro su demanda y precisó qué acto en concreto reclama de cada autoridad responsable, y de manera categórica manifestó que el artículo 144 del Código de Comercio para el Estado de Guanajuato, lo reclama en su carácter de autoaplicativo, es decir, con motivo de su sola entrada en vigor. De lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17, fracción I y 18 todos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, en su fracción XIV, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por otra parte, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos transcritos, se colige que al tratarse de un amparo contra leyes y que a partir de la vigencia de la ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, entonces, el término para la presentación de la demanda será de treinta días. En el caso concreto, se advierte que el Código Civil para el Estado de Guanajuato, fue publicado en el anexo al Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el catorce de mayo de mil novecientos sesenta y siete, en cuyo artículo primero transitorio se dispuso que dicho código entraría en vigor el día quince de julio de mil novecientos sesenta y siete. Al respecto cabe decir, que para que un juicio de amparo contra leyes resulte procedente los actos deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado que lo legitime para accionar el medio de control constitucional en comento; y dicho perjuicio bien puede provenir de la sola vigencia de la norma, o en su caso, de un acto en el que la misma se aplique. A fin de ilustrar la afirmación precedente debe tenerse en cuenta que los artículos 17, fracción I, 18, 61, fracción XIV y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida. En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así las cosas, una ley, decreto o reglamento son autoaplicativos cuando su publicación e iniciación de vigencia llevan en sí mismos un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley, decreto o reglamento, sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Por su sola expedición, y por los relativos a su promulgación y publicación, quedan señaladas las personas o entidades que en acatamiento de la ley, están obligadas a obrar en determinada forma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este orden, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica del que solicita protección federal, ya sea porque su entrada en vigor, tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, por que dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación que proviene (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede seguir de los actos de los propios particulares, si mediante conducta se vincula de modo necesario al solicitante de amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto es de tomar en cuenta el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas que se contiene en la tesis número P./J. 55/97, de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, del Tomo: VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". También robustece lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, visible en la página 167 del Tomo 103-108 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma". En consecuencia la distinción entre una norma heteroaplicativa y otra autoaplicativa no se basa en que al momento de expedirse el ordenamiento de observancia general existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento. En este tenor, y atendiendo a la forma en que se realizó el planteamiento del acto reclamado tanto en la demanda de amparo como en su aclaración, esto es, que se reclama la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, con motivo de su entrada en vigor, debe observarse para la presentación de la demanda lo preceptuado por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, que contiene en el artículo que el quejoso aduce es inconstitucional, entró en vigor el día quince de julio de mil novecientos sesenta y siete. Luego, de la demanda de amparo, se aprecia que el decreto reclamado, contiene disposiciones de observancia general que materialmente tienen el carácter de ley, esto es, están dirigidas a un número indeterminado e indeterminable de personas, son generales e impersonales. Así, conforme a la naturaleza que el promovente de amparo atribuye al decreto impugnado se colige que no hicieron valer la vía constitucional que ahora intentan, dentro del término que para el caso prevé el numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado que el término de treinta días que la Ley de Amparo concedió a la parte quejosa para impugnar mediante esta vía el referido Decreto, resulta evidente que transcurrió en exceso. No escapa a este órgano que el Código Civil para el Estado de Guanajuato, ha sufrido diversas reformas, entre las más reciente, el uno de agosto de dos mil diecinueve, y entró en vigor el dos de agosto siguiente; sin embargo, el precepto que se tilda de inconstitucional no ha sufrido reforma alguna. No obstante lo anterior, y aun cuando se tomara en cuenta la última reforma al citado código, debe decirse que está entró en vigor a las cero horas del día dos de agosto de dos mil diecinueve, por lo que el plazo de treinta días concluyó el doce de septiembre de dos mil diecinueve a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, descontando de dicho cómputo los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de agosto, así como el uno, siete y ocho de septiembre del año en curso, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto que la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, a las catorce horas con dos minutos del veintitrés de septiembre de la anualidad; es decir, cuando ya había transcurrido el término de treinta días, lo que significa que dicha demanda se interpuso de manera extemporánea. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 26/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 461, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación." Asimismo, sirven de sustento a lo anterior en lo conducente, las jurisprudencias números 206 y 207, visibles en las páginas 199 y 200, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo tenor es el siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA INTERPONERLO. De acuerdo con el sistema actual de la Ley de Amparo (artículos 22, fracción I y 73, fracciones VI y VII, párrafo 2o.), la oportunidad para impugnar leyes no se relaciona con la fecha en que son conocidas por el interesado, sino que cuando son autoaplicativas pueden ser impugnadas en los treinta días siguientes al en que entran en vigor; y, en todo caso, pueden ser combatidas en los quince días siguientes al del primer acto de aplicación en perjuicio de la quejosa." "LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley) y c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley "invocada." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en cita, se desecha por extemporánea la demanda de amparo promovida. Por los mismos motivos, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de los diversos actos consistentes en: "I.- La omisión en proponer iniciativas de Ley en materia de Equidad y Género. [.] III.- La discriminación del Artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato". Toda vez que tanto del escrito inicial de la demanda y escrito aclaratorio se desprende que el quejoso se duele en forma destacada de la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y derivado de esa cuestión es que señala que las autoridades responsables no han propuesto iniciativas en materia de matrimonio igualitario ya que tal precepto es discriminatorio para las personas, que como el quejoso, pretendieran casarse con una persona del mismo sexo. De lo que se sigue que tales actos no los reclama por vicios propios, sino que su impugnación la hace depender de la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, respecto del cual se determinó la extemporaneidad de la demanda; de ahí que ni siquiera determinarse si existe alguna normatividad que las obligue a actuar en ese sentido, es decir, en proponer iniciativas en materia de equidad y género. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis 1a. XX/2018 (10a.) de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 52, marzo de 2018, tomo I, registro 2016424, página 1100, de texto y rubro: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales".
- Principal
Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por **********; en contra de actos del Congreso del Estado de Guanajuato y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 14 y 133 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 860/2019-II. Prevención. Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído aclare su demanda, la subsane y bajo protesta de decir verdad conteste los siguientes puntos: Qué actos en concreto reclama de cada autoridad responsable, ello pues del capítulo respectivo se advierte que de manera genérica enumera tres, de la siguiente manera: I.- La omisión en proponer iniciativas de Ley en materia de Equidad y Género; II.- La inconstitucionalidad del Artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. III.- La discriminación del Artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato Sin embargo, no se advierte qué acto en concreto le atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables, lo que en su momento podría impedir a estas la imputación que obra en su contra y estar en aptitud de rendir el informe con justificación correspondiente. Cabe destacar que al aclarar los actos reclamados, deberá satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, es decir, por cada acto deberá indicar a qué autoridad los atribuye, cuándo tuvo conocimiento de ellos, y proporcionar bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen sus antecedentes. Aclare si el artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, lo reclama con motivo de su primer acto de aplicación en su perjuicio, o por su sola entrada en vigor. En caso de ser con motivo de su primer acto de aplicación, precise cuándo se le aplicó y cuándo tuvo conocimiento del acto de aplicación. Puntos que necesitan ser aclarados para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo y fijar adecuadamente la litis constitucional. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio quejoso, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dado la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA De igual forma, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, en la proporción descrita en el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, una para cada autoridad responsable (2), una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (1), y dos para la cuadernos incidentales (2). Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Relativo a lo anterior, se aplica la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***de esta ciudad, y como autorizados en los términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- César Omar Loeza López819/2017
- Cesar Ramón Manuel González Bermúdes608/2020
- César Ramón Manuel González Bermúdez623/2019
- César Ramón Manuel González Bermúdez592/2020
- César Ramón Manuel González Bermúdez663/2018
- Cesar Ramon Manuel Gonzalez Bermudez812/2023
- César Rodríguez Oviedo708/2019
- César Sánchez Ramírez651/2018
- César Sánchez Ramírez1079/2019
- Cesar Ulises Cruz Haran130/2023
- Christel Alexandra Samperio Padilla51/2017
- Christian Alejandro Muñoz Andrade1150/2016