Cesar Ulises Cruz Haran
Expediente 130/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Cesar Ulises Cruz Haran
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
- Principal
feneció el término legal sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo intentada; se declara que dicha resolución causó estado. Archívese el expediente como totalmente concluido y désele el tratamiento correspondiente según la normativa aplicable.
- Principal
Agréguese a los autos la copia del oficio de cuenta, firmado por el agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, a través del cual, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que en atención a la vista que le fue otorgada en proveído de veintiuno de febrero del año en curso, giró dicha comunicación al titular de la ventanilla única de atención de esta ciudad, a fin de que se investigue la veracidad de lo manifestado por el quejoso en el sentido de que fue objeto de tortura y tratos crueles. De lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes.
- Principal
A sus autos, el escrito signado por el quejoso *************, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de quince de febrero del presente año y manifiesta, entre otras cosas, que sí estuvo presente en la audiencia inicial de vinculación a proceso de quince de diciembre de dos mil veintidós, en la que aduce omitieron llevar a cabo la audiencia de control de detención; con lo cual se tiene por cumplida la prevención formulada en autos; por tanto, se provee: Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita establecido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, del estudio integral de la demanda constitucional, como se precisó en el auto inicial, se desprende que el acto reclamado consiste en los actos y determinaciones asumidas en la audiencia inicial de quince de diciembre de dos mil veintidós, relativas a la omisión de llevar a cabo el control de detención, de corroborar que estaba en condiciones físicas para intervenir en esa audiencia, y de considerar la acumulación de dos carpetas de investigación seguidas por delitos diversos, así como la emisión del auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso, dentro de la causa penal ************* En ese sentido, en acatamiento al artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado determina que debe desecharse la demanda de cuenta, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Del artículo trascrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos señalados para ello en la ley de la materia, esto es, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surte efecto la notificación del acto reclamado, o de que se tenga el conocimiento de él. Al respecto, la parte quejosa en su demanda de amparo y escrito aclaratorio manifiesta que el quince de diciembre de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia inicial, donde se le vinculó a proceso, en la cual estuvo presente, asistido de un defensor de oficio. Tales manifestaciones merecen eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por involucrar hechos propios del agraviado, expresados en el ocurso de demanda. En esas condiciones, en términos de los artículos 63 y 82, fracción I, inciso a), y párrafo último, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del acto reclamado; esto es, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós y feneció el cinco de enero de dos mil veintitrés, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, así como uno de enero de dos mil veintitrés, por ser sábados y domingos, inhábiles para la promoción del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis III.2o.P.137 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible a página 3475, libro 52, marzo de 2018, tomo IV, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, LAS DETERMINACIONES QUE SE TOMEN EN LAS AUDIENCIAS ORALES SE TIENEN POR NOTIFICADAS EN ESE ACTO Y SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE. De los artículos 63, 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, así como 84, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que las partes que asistan a las audiencias orales, así como quienes estaban obligados a acudir a ellas formalmente, deben tenerse por notificados en ese acto, de las determinaciones que ahí se tomen, sin necesidad de formalidad alguna, atento a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente, los de inmediación, continuidad y concentración, y dichas notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas, por lo que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, debe computarse a partir del día posterior al en que surte efectos esa notificación, conforme a la ley del acto, como lo establece el numeral 18 de la Ley de Amparo." Luego, si la demanda fue presentada hasta el trece de febrero de la presente anualidad, tal promoción resulta extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, reputándose por tanto, consentidos tácitamente los actos reclamados. Al caso resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto a la letra indican: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Sin que obste a lo anterior que el quejoso reclame la omisión de calificar su detención en la audiencia en la que se emitió el auto de vinculación reclamado, así como la omisión del juzgador responsable de cerciorarse de que se encontraba golpeado, pues es claro que tales argumentos serían susceptibles de analizarse si la demanda de amparo resultara oportuna en contra del auto de vinculación a proceso que se emitió en contra del inconforme. En efecto, como los plazos establecidos para resolver sobre la vinculación son breves, al examinar esa determinación en amparo indirecto, en su caso, si son impugnadas diversas omisiones, como ocurre en el caso, deben también analizarse las incidencias ocurridas durante el desahogo de toda la etapa inicial, verbigracia, la calificación de la detención, medidas cautelares y el plazo que se otorga para la investigación complementaria. Luego, al resultar extemporánea la presentación de la demanda en contra del auto de vinculación a proceso es evidente que no se puede hacer el estudio de las supuestas omisiones ocurridas durante el desahogo de dicha audiencia impugnada. Tampoco pasa inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo diecisiete, que dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo, no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso el acto reclamado por el quejoso que se analiza (la audiencia inicial en la que se decretó el auto de vinculación a proceso), no constituye un ataque a la libertad fuera de procedimiento, pues este fue dictado dentro de la causa penal ************** esto es, dentro de un procedimiento judicial; de ahí que, en el caso, no se surte la excepción al plazo de quince días para promover juicio de amparo, prevista en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 12/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo, por los actos reclamados por el quejoso. Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Vista a Ministerio Público Independientemente del sentido de la presente resolución, tomando en consideración que el quejoso afirma que fue objeto de tortura y tratos crueles, y demás de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, por parte de los oficiales que participaron en su detención, procede dar vista de forma personal al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado federal, para que virtud a la naturaleza de los actos referidos, se proceda a la investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito. Sustenta lo anterior, la tesis P.XXI/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla." Así como, la tesis 1ª. CXCII/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación."
- Principal
Por recibida la demanda de amparo a nombre de **********, en contra de actos de la juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región de esta ciudad, por violaciones a los artículos 14, 16, 17 y 22 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 130/2023-1. Del análisis integral de la demanda de amparo, preliminarmente se avizora que el accionante reclama ************ Bajo ese contexto, para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o no de la demanda, en su caso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracciones III, IV y V y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que, dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, precise lo siguiente: Si estuvo presente durante el desahogo de la audiencia inicial de quince de diciembre de dos mil veintidós, donde le fue dictado el auto de vinculación a proceso materia de reclamo constitucional, y emanan, según refiere todos los actos reclamados; o en su caso, la fecha que le fueron notificadas esas determinaciones. Señale los hechos con apariencia de delito por los cuales fue vinculado a proceso, el plazo de cierre de investigación y la medida cautelar que le fue impuesta. Si en contra de lo determinado en esa audiencia interpuso algún medio ordinario de defensa, y de ser el caso, su estado procesal y la autoridad que conoce de este. Si su detención por cuanto a la causa penal de que emanan los actos reclamados, derivó del cumplimiento de una orden de aprehensión, o bien, por una detención en flagrancia; y, Si interpuso alguna diversa demanda de amparo derivada del proceso penal ********************y de ser afirmativa su respuesta, el número que le fue asignada, su estado procesal y ante qué Juzgado de Distrito se tramita. Lo anterior, con el propósito de que esta juzgadora pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión o desechamiento de la demanda; así como, en su caso, lo conducente a la suspensión solicitada. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio quejoso, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006. En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III, y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017. En el entendido de que, de ser posible, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para el traslado a las partes; en la proporción establecida en el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, novena época, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibida la parte quejosa que, en caso de incumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio del parte quejosa para recibir notificaciones de índole personal el lugar en el que se encuentra privado de su libertad, es decir, en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de esta ciudad, por así haberlo solicitado. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, ya que de la certificación de cuenta se advierte que tienen inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a ******************** por no contar con el aludido registro, hasta en tanto se salve dicha situación. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este juzgado. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Finalmente, con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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