César Ramón Manuel González Bermúdez
Expediente 592/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- César Ramón Manuel González Bermúdez
- Gerardo Rico Pozos
- Mistral Sandoval Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al que adjunta testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja administrativa 194/2020 de la estadística de dicho órgano colegiado, cuyo puntos resolutivos son los siguiente: "Primero. Es infundado el presente recurso de queja. Segundo. Se confirma, aunque por diversa causal de improcedencia, el acuerdo pronunciado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 592/2020-III promovido por *****, *****, *****, *****, *****,******, *****, **** y **, en contra de los actos y la autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución. Lo anterior, por los razonamientos jurídicos vertidos en el considerando cuarto de esta ejecutoria." Acúsese recibo vía interconexión; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que, además, existan documentos originales por devolver.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente asunto, el cual se registró con el número 194/2020 de la estadística del citado tribunal. Agréguese el oficio signado por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente asunto, el cual se registró con el número 194/2020 de la estadística del citado tribunal.
- Principal
Visto el ocurso signado por los quejosos, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101 de la Ley en cita, ríndase por separado el informe justificado y remítase el escrito de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno. Adjúntese copia certificada de las constancias que sirvieron de base para la emisión del acuerdo que se recurre.
- Principal
Cumple prevención. Por recibido el escrito que suscriben los quejosos, ********************Téngaseles cumpliendo sendas prevenciones de cinco y diez de los corrientes. Desechamiento de demanda. Del análisis integral de la demanda, así como de los escritos aclaratorios, se advierte la actualización de una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, al ser una cuestión de orden pública y obligatoria. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda, a los escritos aclaratorios y a las constancias que se adjuntan, se desecha de plano la demanda. A fin de evidenciarlo, es necesario conocer los antecedentes respectivos: Mediante escrito dirigido al presidente del municipio de Acámbaro, Guanajuato, recibido el uno de julio de dos mil veinte, los quejosos solicitaron: "Por medio del presente, venimos a solicitar que se nos dé garantía de libre tránsito vehicular a través de todas y cada una de las calles de nuestro municipio y poder hacerlo en el tipo de vehículo que sea o necesitemos a la hora y día que sea, mientras sea de manera legal y lícita. Nuestra solicitud es procedente y motivada en que a partir del 1 de junio las autoridades que conformaban el Consejo de Salubridad determinaron el levantamiento de la contingencia y consecuentemente se extinguió el estado de emergencia. Estas autoridades solo se han pronunciado a tomar medidas simples como la sana distancia; que los locales comerciales y de servicios cuenten con productos desinfectantes y con un número limitado de personas dentro de establecimientos; que en las plazas y vías públicas tengan el menor grado de aglomeración, y demás medida que no son coercitivas a los gobernados y consecuentemente no es necesario el uso de la fuerza pública. Por lo anterior, pido se nos respete y garantice el libre tránsito o tránsito universal pues el suspenderlo y condicionarlo está trayendo consigo molestias (económicas al usar mayor combustible, personales al llegar tarde por no usar libremente las vías y el congestionamiento y demás) que lesionan nuestra libertad persona y el estado de derecho." A dicha petición recayó el oficio PM/342/2020 de nueve de octubre de dos mil veinte que, en lo que interesa, dice: "Por medio del presente ocurso vengo a dar contestación al oficio con fecha 1 de julio de 2020. En cuanto a su petición de que se les dé garantía de libre tránsito vehicular a través de todas y cada una de las calles de nuestro municipio y poder hacerlo en el tipo de vehículo que sea y necesitemos, a la hora y día que sea mientras sea de manera legal y lícita. En ese sentido, quiero manifestarle que la garantía de libre tránsito vehicular ha permanecido en nuestro municipio y si se tuvieron que cerrar algunas calles, fue en atención a salvaguardar el interés general y no el interés particular, esto en atención a las disposiciones de salud que a nivel Federal y Estatal que se observaron, pero sin embargo se dejaron abiertas vías alternas para garantizar el libre tránsito vehicular, por lo que su derecho de garantía de libre tránsito está garantizado, ya que a la fecha se encuentran abiertas las calles para que circule libremente el tránsito vehicular." En el escrito de cuenta y acorde con la prevención formulada en autos (que manifiesten si, acorde con la respuesta que constituye el acto reclamado, los peticionarios ya cuentan con libre tránsito en el municipio de Acámbaro), los aquí quejosos informaron: "ya contamos con libre tránsito". Ahora bien, en el mismo escrito aclaratorio, los quejosos advierten a este Tribunal que "no confunda el acto que se está reclamando que es la falta de fundamentación de la respuesta"; sin embargo, parten de una premisa inexacta, en tanto que no debe confundirse el acto de autoridad con los conceptos de violación. En efecto, el numeral 108 establece los requisitos que debe contener la demanda y, en lo que interesa, prevé de forma destacada, la fracción V que dice: "V. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame" Además, en un apartado distinto, exige que también se contengan: "VIII. Los conceptos de violación" En principio, la sola posición autónoma en el numeral, permite diferenciarlos, pero además, obedecen a naturaleza distinta y no deben confundirse. Los primeros, se entienden como la conducta de autoridad que puede ser de naturaleza comisiva u omisiva (hacer, actuar; en oposición a no hacer, guardar silencio). Además de la naturaleza, pueden tener un sentido positivo o negativo. En lo que interesa, un acto comisivo puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará ese sentido positivo o negativo. Sirve de orientación, la tesis emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo CXXV, quinta época, página 1755, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Por que el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." Luego, si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá únicamente en señalarla. Los calificativos o vicios que se expongan, no participan de la naturaleza propia del acto sino que son la materia para el análisis de la constitucionalidad de la conducta. Así se desprende del criterio jurisprudencial visible en el Apéndice 1995, tomo VI, parte TCC, tesis 555, página 369, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que esta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." En esa misma línea de reflexión, lo que tanto la Ley de Amparo como la doctrina tanto académica como jurisprudencial denominan concepto de violación, debe entenderse como la lesión o el agravio que les causa la conducta de autoridad, la cual debe ser expresada a manera de argumento que pueda ser contrastado con el acto de autoridad, a fin de analizar la constitucionalidad de este, tal como lo hizo ver el Pleno del Màximo Tribunal en la parte conducente de la jurisprudencia visible en el Apèndice de 2011, tomo II. procesal constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección, página 1503, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. Así, por ejemplo, en el caso, el concepto de violación es la falta de fundamentación de la conducta de autoridad; empero, contrariamente a lo que expone la quejosa, no puede considerarse el acto a que alude el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo que, en su caso, debe ser materia de análisis de constitucionalidad. De forma ejemplificativa, se transcribe el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 60, tercera parte, página 40: "CONCEPTOS DE VIOLACION POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO EN CITA). Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo." Bajo esa perspectiva, es dable considerar que el acto reclamado es: El oficio PM/342/2020 de nueve de octubre de dos mil veinte emitido por el presidente municipal de Acàmbaro, Guanajuato. Ahora bien, respecto del acto anteriormente precisado, se actualiza de forma notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En este supuesto, la improcedencia deviene de la presencia de un hecho extraordinario que no necesariamente depende de la autoridad responsable, que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es dable que el acto lesione al quejoso. La razón legal de la causa de improcedencia en estudio estriba en que el efecto y finalidad del juicio de amparo es conseguir la restitución en el goce de la garantía individual violada, a favor del quejoso, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó el acto reclamado deja de existir, no podrá restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada. En la obra, "Ley de Amparo Comentada", emitida por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación", se establece que "si el acto reclamado produce una violación, es evidente que ésta menoscaba o afecta algo; un ejemplo de ello, sería un acto privativo de libertad, pues además de que puede violar las garantías individuales correspondientes, recae en una persona y afecta la libertad de ésta, la persona y la libertad son, en el ejemplo aducido, la materia y el objeto real del acto impugnado; por ende, resulta incuestionable que cuando estos elementos dejan de existir, el acto reclamado ya no puede seguir teniendo repercusión en ellos, por lo que el juicio de amparo que en contra de él se haya hecho valer sería improcedente en los términos de la fracción sujeta a análisis". Por su parte, el Máximo Tribunal ha sido categórico en expresar que si los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado -ni se concretarán- en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado, esto impide que el fallo protector y sus efectos trasciendan a este último y, por ende, que el fallo protector cumpla con su finalidad, lo que actualiza la causal invocada. Así se advierte del siguiente criterio emitido por la Segunda Sala, 2ª./J. 181/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, página 189, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Cabe resaltar que la premisa normativa anteriormente descrita, alude a la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, el texto de la causal de improcedencia en aquélla (73, fracción XVII) es sustancialmente igual al actual (61, fracción XXII). Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de los antecedentes narrados se desprende que los quejosos acudieron ante la autoridad responsable a solicitar que les fuera permitido el libre tránsito en las vialidades del municipio de Acámbaro, a lo que este les respondió en el acto reclamado que "su derecho de garantía de libre tránsito está garantizado, ya que a la fecha se encuentran abiertas las calles para que circule libremente el tránsito vehicular", lo que se corrobora con la propia manifestación de los promoventes en su escrito aclaratorio. Luego, si el objeto de la violación se corresponde con la libertad de tránsito, lo que ya dejó de tener efectos, es inconcuso que el oficio reclamado, aun subsistiendo, en su contenido ha dejado de existir aquel objeto o material. De esa manera, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de ello, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé el principio de instancia de parte agraviada. Lo anterior, en la medida en que para estar en aptitud de instar la justicia constitucional, es necesario resentir una afectación real y actual a la esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo que en el caso no ocurre, dado que, como ya se vio, la situación jurídica de los promoventes es de libertad deambulatoria y de tránsito, sin que se resienta agravio alguno. En suma, al actualizarse de forma notoria e indudable las improcedencias explicitadas en este auto, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda.
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