Cesar Pineda Zarate
Expediente 85/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/07/2022
Partes del expediente
- Cesar Pineda Zarate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de once de julio de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. La Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, rinde su informe justificado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que se mencionan y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que se indica. Correo electrónico y números telefónicos. Acorde a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo, ténganse por señalados el correo electrónico y números telefónicos que menciona la promovente. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de los actos reclamados consistentes en: 1. La boleta de rechazo definitivo 202200362 de siete de enero de dos mil veintidós; y, 2. La negativa de expedir un certificado de libertad de gravamen, respecto del inmueble ubicado en la fracción 04 que se segrega del predio urbano denominado "Coxcatla", el cual se encuentra ubicado en el pueblo de Santa María Tonantzintla, municipio de San Andrés Cholula Puebla. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De la lectura del precepto legal trascrito revela que el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan las hipótesis siguientes: Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo; Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 193, del tomo VI, de la Quinta Época, del Apéndice 2000, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Así, con el propósito de establecer si en el caso concreto se cumplen tales requisitos, es menester tener a la vista las constancias que obran en el juicio de amparo 88/2022-VII que se tramita ante este órgano jurisdiccional, las cuales se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se advierte que en esta data, se admitió a trámite el juicio de amparo de referencia. Ahora, del análisis comparativo de la demanda de amparo del presente asunto y el diverso juicio de amparo 88/2022-VII, se advierte que existe identidad de parte quejosa, autoridades responsables y actos reclamados, tal como a continuación se precisa: Expediente 88/2022-VII 85/2022-VII Parte quejosa *** Actos reclamados 1. La boleta de rechazo definitivo 202200362 de siete de enero de dos mil veintidós. 2. La negativa de expedir un certificado de libertad de gravamen, respecto del inmueble ubicado en la fracción 04 que se segrega del predio urbano denominado "Coxcatla", el cual se encuentra ubicado en el pueblo de Santa María Tonantzintla, municipio de San Andrés Cholula Puebla. 1. La boleta de rechazo definitivo 202200362 de siete de enero de dos mil veintidós. 2. La negativa de expedir un certificado de libertad de gravamen, respecto del inmueble ubicado en la fracción 04 que se segrega del predio urbano denominado "Coxcatla", el cual se encuentra ubicado en el pueblo de Santa María Tonantzintla, municipio de San Andrés Cholula Puebla. La información contenida en el citado cuadro comparativo pone de manifiesto que entre el presente juicio de amparo, así como en el diverso 88/2022-VII de este juzgado, efectivamente existe identidad de parte quejosa, autoridades responsables y actos reclamados. Al respecto, es preciso destacar que la porción normativa que prevé la causa de improcedencia objeto de estudio dispone expresamente que se actualiza cuando normas generales o actos sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Sin embargo, en el caso concreto, se reúnen todas las condiciones antes exigidas para actualizar la presente causa de improcedencia, dado que existe identidad de parte quejosa y autoridad responsable, aunado a que en ambos juicios de amparo se controvirtieron los mismos actos reclamados a las autoridades responsables respectivamente. En este orden de ideas, resulta evidente la improcedencia del presente juicio de amparo respecto de tales actos, ya que los quejosos pretenden controvertir actos que a la fecha en que se provee sobre la demanda de amparo ya son materia de otro juicio de amparo promovido por los mismos quejosos, contra las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, el cual se encuentra en trámite, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Fundamentan lo anterior, los siguientes criterios del tribunal constitucional del País: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado." Cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 24/2014 visible en la página 265, tomo I, libro 5, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2014, que dispone lo siguiente: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Tal como se advierte, al interpretar la causa de improcedencia objeto de estudio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que una de sus finalidades es evitar que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, por lo que tienen el deber de asegurarse de que al aplicarla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera tal que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. En el caso concreto, se considera que dichas exigencias se encuentran satisfechas, toda vez que el juicio de amparo 88/2022-VII se admitió a trámite respecto de los actos reclamados al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla; y otras autoridades, por lo que resultaría ocioso duplicar la resolución del mismo tema jurídico, pues se correría el riesgo de emitir sentencias contradictorias, que es uno de los efectos que la causa de improcedencia objeto de análisis pretende evitar. Lo anterior, pone de manifiesto que el quejoso tiene la posibilidad de defenderse del acto autoritario a través de la demanda de contenido coincidente, en el caso, la que dio origen al citado juicio de amparo 88/2022-VII. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo y en términos del diverso numeral 113 de la ley de la materia, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional. Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado resuelve recurso de queja. El Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, remite el juicio de amparo indirecto 85/2022-VII y el testimonio de la ejecutoria de nueve de junio de dos mil veintidós, en el recurso de queja 70/2022, y en cuyo único punto resolutivo establece lo siguiente: "ÚNICO: Se declara FUNDADO el recurso de queja interpuesto por César Pineda Zárate contra el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 85/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla." En consecuencia, acúsese recibo a la Superioridad, respecto de la ejecutoria de la queja, así como del expediente original del juicio de amparo 85/2022-VII. Por otra parte, respecto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos originales, tomando en consideración que se trata de una reproducción de las constancias que obran en el juicio principal, se determina que sólo se glosen las actuaciones originales. En estricto cumplimiento a la ejecutoria del tribunal de alzada, se provee respecto de la demanda de amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde." Admisión de demanda. En estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada por el tribunal de alzada, se provee lo siguiente: Litis constitucional Parte quejosa. César Pineda Zarate. Tercero interesado. No existe. Autoridad responsable. Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla y otras autoridades. Actos reclamados: 1. La boleta de rechazo definitivo 202200362 de siete de enero de dos mil veintidós. 2. La negativa de expedir un certificado de libertad de gravamen, respecto del inmueble ubicado en la fracción 04 que se segrega del predio urbano denominado "Coxcatla", el cual se encuentra ubicado en el pueblo de Santa María Tonantzintla, municipio de San Andrés Cholula Puebla. Admisión de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, de que se trata. Informe justificado. Pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo dentro del plazo de quince días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del(de los) acto(s) reclamado(s). Se solicitan constancias. Al respecto, se precisa que en el plazo señalado deberá(n) acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen el(los) acto(s) reclamado(s), anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas del expediente. Apercibimiento. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el(los) acto(s) que de ella(s) se reclame(n), cuando así corresponda, se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que podrá rendir su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o en su caso, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, siempre que el envío se realice mediante una cuenta de correo oficial; lo anterior, a fin de evitar el traslado del personal y privilegiar el trabajo a distancia, acorde con las medidas establecidas por el Consejo de la Judicatura, en el Acuerdo General 21/2020. En el entendido de que deberá rendir su respectivo informe justificado, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no respecto de los actos reclamados. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a la(s) autoridad(es) responsable(s) a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informe(n), apercibida(s) que en caso de no hacerlo se le(s) impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que al rendir su informe con justificación indique(n) si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe(n) las constancias respectivas Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de julio de dos mil veintidós. Incidente de suspensión. En otro aspecto, si bien la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, se estima innecesario aperturar la medida cautelar de mérito, en virtud de que està debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión solicitada en diverso juicio de amparo del índice de este Juzgado Federal, por lo que debe declararse sin materia la suspensión de los actos reclamados solicitada. Para demostrar tal aserto, en primer orden, es necesario puntualizar que el artículo 145 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión." Dicho artículo establece que cuando se pruebe que ya se resolvió sobre la suspensión del acto reclamado en otro juicio de amparo [promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades], se debe dejar sin materia el incidente de suspensión. Cabe destacar que el supuesto de hecho del mencionado artículo establece que el incidente se debe dejar sin materia cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo. Por lo tanto, de acuerdo a la Ley de Amparo, se debe dejar sin materia el incidente de suspensión en el momento en que se prueben los extremos ahí previstos, sin importar el momento procesal en el que esto suceda. Además, de esta forma, se desincentiva que las partes dolosamente promuevan diversos juicios de amparo contra el mismo acto con el fin de obtener la suspensión. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 227/2011 sostuvo que [respecto a la Ley de Amparo abrogada] el fin de declarar sin materia el incidente de suspensión en estos casos era evitar conductas dolosas por parte de los litigantes. Por lo tanto, se concluye que cuando se pruebe que ya se resolvió sobre la suspensión del acto reclamado en otro juicio de amparo [promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades], se debe declarar sin materia el incidente de suspensión. Sustenta lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial de la Primera Sala del Alto Tribunal: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE PRUEBE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE ESA MEDIDA CAUTELAR EN OTRO JUICIO DE AMPARO, SIN IMPORTAR EL MOMENTO PROCESAL EN QUE SUCEDA, INCLUSO DESPUÉS DE QUE SE HAYA RESUELTO SOBRE LA DEFINITIVA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, cuando se pruebe que ya se resolvió sobre la suspensión del acto reclamado en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión; lo cual sucederá sin importar el momento procesal en el que esto suceda, incluso después de que se haya emitido la interlocutoria que resuelve sobre la suspensión definitiva. Lo anterior es así, porque en la Ley de Amparo se eliminó la precisión de que sería en la audiencia incidental en la que debía probarse la existencia de un juicio de amparo previo en el que se hubiera resuelto sobre la suspensión, es decir, el legislador quiso dejar abierta la posibilidad de que se dejara sin materia el incidente, incluso después de que se hubiera resuelto sobre la suspensión definitiva, pues de esta forma se desincentiva que las partes dolosamente promuevan diversos juicios contra el mismo acto para obtener la medida cautelar." En el caso concreto, es necesario puntualizar que se actualiza formalmente el supuesto relativo a que se hubiera resuelto sobre la suspensión del acto reclamado en otro juicio de amparo promovido con anterioridad por el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades. En ese orden, es preciso destacar que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), es posible advertir que en este Juzgado Federal, se encuentra radicado el juicio de amparo 88/2022-VII. De las constancias antes precisadas, se revela que existe un pronunciamiento [definitivo] en torno a una medida cautelar decretada en otro juicio de amparo que versa respecto de la decisión judicial cuyos actos reclamados se cuestionan en este juicio, lo que conduce a estimar que se está en un supuesto análogo a cuando se decreta sin materia el incidente de suspensión pues, de no estimarlo así, se correría el grave riesgo de desconocer una decisión judicial previamente sustentada. Para justificar lo anterior, se precisa que de las constancias que obran en el referido juicio de amparo, que se traen a la vista como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. César Pineda Zarate. Tercero interesado. No existe. Autoridad responsable. Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla y otras autoridades. Actos reclamados: 1. La boleta de rechazo definitivo 202200362 de siete de enero de dos mil veintidós. 2. La negativa de expedir un certificado de libertad de gravamen, respecto del inmueble ubicado en la fracción 04 que se segrega del predio urbano denominado "Coxcatla", el cual se encuentra ubicado en el pueblo de Santa María Tonantzintla, municipio de San Andrés Cholula Puebla. Asimismo, se obtiene que en auto del nueve de junio del dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En ese contexto, es dable estimar que de las constancias que este órgano jurisdiccional tiene a la vista, se advierte que este Juzgado Federal emitió un pronunciamiento [definitivo] en torno a la suspensión de los actos reclamados con motivo de la demanda de amparo promovida por César Pineda Zarate, en el sentido de negar la medida cautelar. Ante tal circunstancia, no es dable pronunciarse respecto de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, pues se correría el riesgo de emitir una decisión contradictoria, aunado a que implicaría desconocer la resolución que se emitió al resolver la suspensión definitiva en el juicio de amparo 88/2022. De ahí que, este órgano jurisdiccional estime que ante tal circunstancia no existe materia para pronunciarse respecto de la medida cautelar solicitada y, en ese sentido, resulta innecesario aperturar el incidente de suspensión en este asunto. Intervención del Ministerio Público Adscrito. Dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención legal que le corresponde. Tercero interesado. No existe. Domicilio, autorizados y juicio en línea. En otro aspecto, en cuanto al domicilio, autorizados, correo electrónico que señaló el quejoso, así como su solicitud de tramitación de juicio en línea, dígasele que ya se proveyó lo conducente en el auto de veinte de enero de dos mil veintidós. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales públicas exhibidas por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda de amparo, así como la presuncional en su doble aspecto, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Cotejo de documentos. En términos de los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su numeral 2º, se ordena a la Secretaria proceda a efectuar el cotejo y compulsa de los documentos que exhibió la parte quejosa junto con su escrito de demanda de amparo, a fin de que obre como corresponda en los cuadernos incidentales. Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la autoridad responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la autoridad responsable que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrán por hechas las notificaciones, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrán por hechas; además de que se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo en el presente juicio; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer por una parte y negar por otra el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. En los Juzgados de Distrito: b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Cuaderno incidental (concedió provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Destrucción de constancias. Ahora, tomando en consideración que los anexos remitidos por la autoridad responsable Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se ordenó la devolución de las constancias originales previa copia certificada que se obtuviera de los mismos, se procede a su destrucción. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que la parte tercera interesada Bernardino Córdova Cruz exhibió documentos originales; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Parte tercero interesada solicita causar ejecutoria y devolución de documentos. Finalmente, el tercero interesado ***, solicita causar ejecutoria a la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil veintidós y pide la devolución de los documentos exhibidos en autos; en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en el presente auto. Notifíquese; personalmente al tercero interesado ***
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