César Pereyra Figueroa
Expediente 2070/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2070/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/12/2019
Partes del expediente
- César Pereyra Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del quince de noviembre del dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Asimismo, dado que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada; por lo que se ubica en la hipótesis prevista en artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de noviembre de dos mil diecinueve. ? Diferimiento de audiencia incidental. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia incidental de daños y perjuicios está prevista para celebrarse en esta fecha; sin embargo, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes en proveído del siete de noviembre de dos diecinueve, a fin de que señalen las constancias que en copia certificada deban enviarse para resolver el recurso queja interpuesto por la parte quejosa dentro del presente incidente de daños y perjuicios. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior y no dejar en estado de indefensión a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Amparo , se difiere la audiencia incidental fijada en el presente asunto y se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. ? Parte quejosa ofrece pruebas. Agréguense a los autos los escritos de José Javier Rodríguez Molina, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de Marco Antonio Rodríguez Molina y Mónica Tepox Pérez -parte quejosa-, mediante los cuales, en el primero exhibe copia certificada del expediente principal del juicio de amparo 73/2019 del índice de este juzgado, y en el segundo ofrece diversas pruebas. ? Admisión de pruebas. *** ? Se desechan pruebas. *** ? Parte tercera interesada formula alegatos. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de ***, autorizado en términos amplios de la tercera interesada ***; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos, sin perjuicio de relacionarlos al momento de celebrar la audiencia incidental. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Estudio de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo ***; asimismo, se advierten los siguientes datos: *** Desechamiento de la demanda de amparo respecto de la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. *** Admisión respecto al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Vista la demanda de amparo, se admite a trámite. Informe justificado. Pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo dentro del plazo de quince días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del(de los) acto(s) reclamado(s). *** Apercibimiento. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el(los) acto(s) que de ella(s) se reclame(n), cuando así corresponda, se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. *** Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del dos de diciembre de dos mil diecinueve. Incidente de suspensión. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio de garantías. Intervención del Ministerio Público Adscrito. Dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención legal que le corresponde. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s). Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. *** Vista al quejoso para el caso de que la(s) autoridad(es) responsable(s) no exista(n) con la denominación indicada. En caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que se indica en la demanda no existan, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que precisa las obligaciones del quejoso, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de la autoridad responsable), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes y no se les dirigirá comunicación procesal alguna; y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables, lo anterior tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Obligación de recibir oficios. Se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está(n) obligada(s) a recibir los oficios que en relación con este juicio se le(s) dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la(s) autoridad(es), el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es), en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá(n) por hecha(s); además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Apertura del incidente. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo 2070/2019-III, con dos copias de la demanda de amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión promovido por César Pereyra Figueroa, por propio derecho, contra actos de la autoridad que señala como responsable. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su correspondiente informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, y en el que expresará si son o no ciertos los actos que se le atribuyen; de igual forma, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ella se reclame, cuando así corresponda, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. También se informa a la autoridad responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación; en la inteligencia de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia incidental. Precisión de actos reclamados. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados esencialmente el siguiente: La omisión de proveer respecto a la admisión de demanda presentada por el quejoso ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla dentro del juicio laboral D-3/977/2018. Ahora, la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados para los efectos siguientes: ".procede y pido de acuerdo por lo dispuesto en los artículos 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132 y demás relativos de la ley de amparo copia certificada de suspensión provisional del acto reclamado y en su oportunidad la definitiva, mandándose a formar el acuerdo correspondiente solicitando el informe previo y justificado a las autoridades señaladas como responsables de las omisiones ya mencionadas, hasta en tanto se resuelva de fondo el presente juicio de garantías, autorizo a los C.C. SAMUEL ARRIAGA RAMÍREZ y/o ANICETO PERALTA GARCÍA y/o XAVIER EDUARDO RUÍZ GARCÍA para recibir la suspensión provisional hoy solicitada..." ***En el caso, se tiene por acreditado el interés suspensional del quejoso toda vez que es parte actora en el juicio laboral D-3/977/2018 del índice de la responsable. Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, los cuales constituyen una confesión expresa. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DE LA QUEJOSA RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones de la quejosa hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que la quejosa da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. En el presente caso, el acto reclamado radica en la omisión de proveer respecto a la admisión de demanda presentada por el quejoso ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla dentro del juicio laboral D-3/977/2018. Como se puede advertir, al acto reclamado le reviste el carácter de negativo, respecto del que es improcedente el otorgamiento de la suspensión provisional que solicita; dado que la intención de tal medida cautelar es suspender los efectos del acto de autoridad. Lo anterior es así, toda vez que para los efectos de la suspensión dentro del juicio de amparo se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continua, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y, los actos negativos se clasifican como a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Además, dicho acto es de naturaleza omisiva por lo que no tiene ejecución alguna que pueda ser suspendida, por ello de concederse la medida cautelar en los términos solicitados, se obligaría a la Junta responsable a emitir el acuerdo correspondiente respecto de la admisión de la demanda dentro del juicio laboral D-3/977/2018, con lo que se dotaría a tal medida suspensiva de efectos restitutorios, los cuales sólo son propios de la sentencia que concede la protección constitucional. Para lo cual, resultan aplicables por su contenido, los siguientes criterios: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." "ACTOS NEGATIVOS. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión, porque ésta no puede extenderse a obligar a la autoridad responsable a que ejecute determinados actos, porque tal cosa sólo puede ser materia de la sentencia que concede el amparo." "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender." Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 en sesión privada de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dio origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Del citado criterio jurisprudencial sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el hecho de que se reclame una omisión por parte de la autoridad no hace, por sí solo, improcedente que se conceda su suspensión. No obstante, como afirmó, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar si la medida suspensiva debe consistir en el mantenimiento de las cosas en su estado actual o si debe restituirse provisionalmente en el goce del derecho violado, pero no para resolver su procedencia, pues lo importante para que la medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo; de ahí que de concederse la medida cautelar solicitada dejaría sin materia el juicio de amparo de donde deriva la presente incidencia. En mérito de lo anterior, no se realizará estudio alguno de los requisitos precisados en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que si bien la medida suspensional fue solicitada por la parte quejosa (fracción I del artículo 128 citado), lo cierto es que el análisis del perjuicio al interés social o la contravención de disposiciones de orden público a nada práctico conduciría dada la conclusión alcanzada. Por tanto, tampoco se precisa el estudio del requisito precisado en el primer párrafo del artículo 138 de la Ley de la Materia, relativo al examen ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, en atención a que, en este caso se trata de un acto omisivo, en donde como ha quedado precisado, es imposible conceder la medida cautelar solicitada. Autorizado. Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa a las personas señaladas en el escrito inicial de demanda. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la autoridad responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la autoridad responsable que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha además de que se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Daniel Herrera Cordero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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