Cesar Perez Moreno
Expediente 1351/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1351/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/10/2023
Partes del expediente
- Cesar Perez Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, el auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no fue recurrido por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Cuaderno incidental (negó la provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno físico del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Devuélvase al Juez de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, el anexo que remitió en apoyo a su informe justificado, lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que existe en autos documento original exhibido por la parte quejosa, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio con anexo remitido por la Secretaria del juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual informa que en audiencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, fue aprobado legalmente el convenio celebrado por las partes con efectos jurídicos inherentes a una sentencia ejecutoriada y declarando como asunto concluido la carpeta digital ********************, de su índice, relativa al juicio oral sumarísimo de alimentos. Ahora bien, vistas las constancias recibidas se provee lo siguiente: Litis constitucional. Quejoso.**** Tercero interesado. **** Autoridad responsable: Jueza de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Acto reclamado: La audiencia del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, efectuada en el juicio oral sumarísimo de alimentos ********************, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en la parte en que se fijó pensión provisional en favor de los menores de ********************y********************. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia en el juicio tal como se procede a explicar. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Al respecto, este juzgado federal encuentra que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. En principio, es preciso recordar que la parte quejosa reclamó la audiencia del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, efectuada en el juicio oral sumarísimo de alimentos ********************, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en la parte en que se fijó pensión provisional en favor de los menores de ********************y********************. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la audiencia del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, efectuada en el juicio oral sumarísimo de alimentos ********************, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en la parte en que se fijó pensión provisional en favor de los menores, esto es, los actos reclamados son derivados de un procedimiento jurisdiccional. En relación con el supuesto previsto en el inciso b), del informe justificado rendido por el Juez de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, se advierte que a la fecha de presentación de demanda, en el juicio de origen únicamente se había celebrado la audiencia inicial; no obstante, mediante audiencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés fue aprobado legalmente el convenio celebrado por las partes -guarda y custodia en favor de la madre, visitas y convivencias abierta, alimentos por el 50% del salario del padre, gastos de educación equitativamente, ropa, vestido y calzado proporcionados cada año-, con efectos jurídicos inherentes a una sentencia ejecutoriada y declarando como asunto concluido la carpeta digital ********************, de su índice, relativa al juicio oral sumarísimo de alimentos. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que en la audiencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, desahogada en la carpeta digital ********************, de origen, es de pleno conocimiento de las partes porque comparecieron a ratificar el convenio en esa misma fecha y se hizo constar por la autoridad que son notificados los comparecientes. De lo anterior, se advierte que en el juicio de alimentos en mención, el Juez de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en audiencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés fue aprobado legalmente el convenio celebrado por las partes con efectos jurídicos inherentes a una sentencia ejecutoriada y declarando como asunto concluido la carpeta digital ********************, de su índice, relativa al juicio oral sumarísimo de alimentos; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la diversa audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, efectuada en el juicio oral sumarísimo de alimentos ********************, del índice, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, el convenio celebrado por las partes con efectos jurídicos inherentes a una sentencia ejecutoriada por el Juez responsable. Finalmente, el requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la audiencia del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, efectuada en el juicio oral sumarísimo de alimentos ********************, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en la parte en que se fijó como pensión provisional en favor de los menores de ********************y********************. y la nueva situación jurídica que rige el juicio de alimentos de origen, que consiste en la audiencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés fue aprobado legalmente el convenio celebrado por las partes con efectos jurídicos inherentes a una sentencia ejecutoriada y declarando como asunto concluido la carpeta digital ********************, de su índice. En efecto, dentro de un procedimiento se emiten una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre los actos que se reclamaron en el juicio de amparo y la nueva situación jurídica, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda. En conclusión, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; personalmente a las partes y por oficio al coadyuvante de los menores.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Enviar constancias por correo electrónico. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ********************, mediante el cual atiene el requerimiento de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés y proporciona el correo electrónico abg.giselamariluperezmoreno@gmail.com a fin de enviarse copia certificada de la constancia que le fue autorizada en dicho auto, En consecuencia, de conformidad con lo indicado en el refreído acuerdo, se instruye al Secretario encargado del trámite del presente asunto enviar vía correo electrónico institucional la copia certificada de la resolución interlocutoria emitida en el presente incidente de suspensión, debiendo levantar razón pormenorizada del envío que se realice, solicitando al quejoso el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Quejoso solicita copias de la sentencia interlocutoria. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso ****, a través del cual solicita copia certificada de la sentencia interlocutoria emitida en el presente asunto. En el caso, la referida sentencia interlocutoria obra de manera digital, de conformidad con el Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Ahora, previo a dar contestación a la petición elevada por la parte quejosa, resulta indispensable traer a colación las consideraciones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 3/2022, en sesión de uno de junio de dos mil veintidós, en el que se pronunció respecto a la expedición de copias certificadas de las constancias que integran los juicios de amparo y precisó en la parte conducente, lo siguiente: "(.) Este alto tribunal ha sustentado que el derecho de acceso a la jurisdicción previsto en el artículo 17 constitucional comprende, entre otros, el subprincipio del derecho a la tutela jurisdiccional, consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, el derecho de acceso a la jurisdicción es gradual, sucesivo y se va perfeccionando través de las diversas etapas que lo integran, cuyo contenido es complejo y múltiple, precisamente por su carácter gradual y se encuentra relacionado con otros derechos fundamentales, especialmente con los previstos en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política del país: el derecho de audiencia y el debido proceso. Además, el derecho de acceso a la jurisdicción se encuentra reconocido en sede internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y como todo derecho humano, se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por disposición expresa del artículo 1° de la Constitución Política del país. (.) En ese sentido, en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, se establece el derecho de las partes para pedir, en cualquier asunto judicial, en todo tiempo y a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos y la correlativa obligación del órgano jurisdiccional de expedírselas, sin audiencia previa de las demás partes. Asimismo, se prevé que la autorización de las copias certificadas de constancias judiciales corresponde a los secretarios. Por otra parte, dada su relevancia para la resolución del presente asunto, conviene transcribir los artículos 22, 36 y 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales establecen lo siguiente: (.) En síntesis, esta Primera Sala considera que la expedición de copias certificadas de forma electrónica, autorizadas mediante el uso de la FIREL de la secretaria o secretario del órgano jurisdiccional correspondiente sí es procedente, pues tiene sustento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en relación con los artículos 22 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, su envío desde el correo electrónico institucional del órgano jurisdiccional y/o del funcionario correspondiente a un correo electrónico proporcionado bajo la más estricta responsabilidad de la parte solicitante, constituye una actuación que sólo varía el medio de entrega a una persona legitimada para ello, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación en beneficio del derecho de acceso a una justicia más pronta y expedita, conforme a los artículos 6, párrafo tercero y apartado B, fracción I y 17 de la Constitución Política del país. (.)." En ese sentido, con fundamento en los artículos 278, 279 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, expídase la copia de la constancia que precisa, en la inteligencia que deberán atenderse los lineamientos que para tal efecto precisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de mérito. Cabe mencionar que el personal adscrito que, en su momento, remita la copia certificada de la documental que requiere el peticionario de amparo, deberá levantar razón pormenorizada del envío que se realice, solicitando al quejoso el acuse de recibo correspondiente. Sin embargo, para que dicha expedición pueda materializarse, atendiendo a lo indicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria referida, el quejoso deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, al cual el que personal de este órgano jurisdiccional pueda hacerle llegar la copia digitalizada de la constancia que solicita. *** Al margen de lo anterior, se exhorta a la parte quejosa a fin de que de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifieste si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: 1. Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". 2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. 3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En caso de existir dudas respecto la creación del usuario para el acceso al expediente electrónico, se deja para referencia la liga del Manual de Operación del Poder Judicial de la Federación, el cual podrá consultarlo siguiendo el enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Content/documentos/v3_GUIA_RAPIDA_DEL_PORTAL_DE_SERVICIOS_EN_LINEA%20_DEL%20_PJF_VF.pdf Dicha exhortación se realiza a fin de que el quejoso tenga acceso al expediente electrónico y, en su caso pueda obtener desde cualquier equipo de cómputo las constancias que considere le son necesarias. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes
- César Jonathan Ramírez Maldonado1812/2021
- Cesar Jonathan Ramirez Maldonado1738/2023
- César Luis Muñiz Nolasco1416/2019
- Cesar Michell Garcia Juarez1576/2023
- César Pereyra Figueroa2070/2019
- César Pereyra Figueroa1934/2019
- Cesar Pineda Zarate88/2022
- Cesar Pineda Zarate2184/2022
- Cesar Pineda Zarate1435/2022
- Cesar Pineda Zarate85/2022
- Cesar Pineda Zarate1434/2022
- Cesar Pineda Zarate2257/2022