César Pérez Campos

Expediente 1392/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1392/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • César Pérez Campos

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase al Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS MICHOACÁN", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, informando el cumplimiento a la suspensión de plano, no obstante, requiérasele para que en el término de veinticuatro horas, informe los actos ejecutados para brindar la atención médica que se haya proporcionado al quejoso y el resultado de las gestiones realizadas de las instrucciones giradas al área correspondiente, para brindarle de manera inmediata la atención médica al quejoso de que se trata. Asimismo, se le hace de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en auto de catorce de diciembre pasado. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. 1. Registro. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán, con sede en Buena Vista, Tomatlán, Michoacán, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1392/2022. 2. Suspensión. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de amparo, este órgano de control constitucional, procede a resolver de oficio y de plano sobre la suspensión del acto reclamado por el quejoso en su demanda, a saber la falta de atención médica. En consecuencia, con apoyo en los artículos, 15, 109, 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que las autoridades responsables, de manera enunciativa y no limitativa, bajo su más estricta responsabilidad lleven a cabo lo siguiente: 2.1. El Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán, así como el Titular del Área Médica del citado Centro de Readaptación, de forma inmediata, deberán tomar las medidas necesarias a fin de que brinden el tratamiento adecuado que requiere el quejoso, esto es, que sea atendido por un médico y se provea respecto del tratamiento que requiera, en el entendido de que si dicho centro penitenciario no cuenta con atención médica especializada, realice las gestiones que se encuentren dentro de su ámbito de competencia, a fin de que un especialista de las dependencias de salud más cercanas, proporcionen dicha atención; lo que tendrán que informar y acreditar a este órgano jurisdiccional con las constancias correspondientes. Por tanto, requiérase a las responsables para que informen de inmediato sobre el cumplimiento dado a la presente determinación y remitan las constancias que así lo acrediten, apercibidas que, de no hacerlo, podrán ser puestos a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. Ahora bien, dado que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán, con sede en Buena Vista, Tomatlán, Michoacán, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 y 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, así como del diverso 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la manera más atenta y respetuosa gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional y de no existir inconveniente alguno, comisione al actuario de su adscripción, para que se constituya en las instalaciones del centro de reclusión anteriormente señalado y le notifique el contenido del presente proveído. Con apoyo en el precepto 21 de la ley de la materia, se autoriza llevar a cabo dicha diligencia en días y horas inhábiles, o cualquier otra relacionada con la notificación de cuenta. Ahora bien, respecto a las comunicaciones giradas a las autoridades responsables, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que de inmediato las remita vía correo electrónico, a fin de que estén en condiciones de rendir su informe en relación a la suspensión de plano de forma inmediata. 3. Incompetencia. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, carece de competencia legal para conocer del asunto planteado, en virtud que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán, con sede en Buena Vista, Tomatlán, Michoacán. De tal manera, en la especie se surte la hipótesis contenida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que en los casos de competencia de los Jueces de Distrito, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; además si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y reclama la falta de atención médica, acto que es de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre su salud, pues lo que pretende es recibir ese cuidado profesional de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiaran o perjudicaran su salud, lo que se producirá invariablemente en el lugar en que se encuentre interno, por tanto, es un acto que tiene ejecución en aquél centro de reclusión y corresponde conocer sobre ese asunto al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se encuentre interno. Tiene aplicación la jurisprudencia número 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Junio de 1995, página 107, de rubro siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES." Así como el contenido de la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 2093, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, con el rubro siguiente: ".COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO.". De lo hasta aquí expuesto, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema de la omisión, ha afirmado que la diferencia entre ellas es que los estados de inacción no están conectados con ninguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones si lo están. Así muchas de las cosas que no hacemos pertenecen simplemente a la dimensión de no hacer, la cual no tiene ninguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquéllas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de haberlas hecho, constituyen las llamadas omisiones. Es el caso, que el no proveer sobre la atención médica del quejoso por parte de las autoridades responsables administrativas penitenciarias no es una simple inactivad, un no hacer, sino un acto negativo que tiene ejecución material, por cuanto a los padecimientos o síntomas que esté resistiendo el quejoso, de ahí que demande su diagnóstico y el abastecimiento de medicamentos para aliviarlo; de suerte que, en tanto no se suministren su integridad, estará siendo perturbada por la omisión de que se trata, evidenciándose con ello la ejecución material que tiene lugar; entonces, el efecto positivo se traduce en la prolongación de esa afectación en su salud. De lo que en tales términos se explica, ha de entenderse que para que la omisión de que se habla se actualice, es indispensable que aquellos a quienes se atribuye tengan una específica condición: ser custodio, guardián de un determinado bien, los que, en consecuencia, están jurídicamente obligados a preservar, para lo que han de desplegar todas las acciones que materialmente estén a su cargo para apartar de quienes son garantes todo daño o peligro que se les pueda propinar, no estando frente a una simple falta de deberes, sino ya ante una causa eficiente para la producción de un resultado. En abono a lo anterior, para que se configure una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que se haya incumplido con dicha obligación, factor de índole sustancial, previsto en el artículo 1o. Constitucional, en el sentido de que todas las autoridades tienen el deber de proteger los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, entre los que se encuentran previstos, el acceso a la salud en el artículo 4 de la Carta Fundamental, recayendo ésta obligación en todas las autoridades, máxime en quienes tienen a cargo la guarda de una persona, las que habrán de tomar medidas concretas para lograrlo, por lo que, en el caso, la falta u omisión de suministrar atención médica y medicamentos es un acto omiso con efectos positivos en cuanto a la afectación en la que se le obliga que permanezca la persona, la que pueda sobrevenir o agravar su estado por desatención. Asimismo, es de considerarse que al encontrase recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán, con sede en Buena Vista, Tomatlán, Michoacán, posibilita a quien se estima corresponda conocer del presente juicio, para que, en su caso, extienda todas las acciones que materialmente estén a su alcance para apartar prontamente del daño o peligro que trate de menoscabar o vulnerar al quejoso; esto es, se provocaría un perjuicio mayor al obligarlo a litigar su asunto ante un juzgado federal ubicado en sitio distinto al lugar en donde aquel se encuentra recluido, lo que dificultaría o retardaría el trámite y las comunicaciones generadas durante el juicio; siendo estos los peculiares factores que singularizan la hipótesis de incompetencia que se sostiene, la que viabiliza, que no se dificulte o retarde el trámite o las comunicaciones generadas durante el juicio y el incidente; además, que permite que se adviertan todos los pormenores y detalles que en su momento permitan motivar la sentencia. Entonces, al estimarse que dicha omisión está teniendo ejecución material en Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán, con sede en Buena Vista, Tomatlán, Michoacán, debe atenderse al artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el competente es el órgano del lugar donde el acto u omisión que se combata deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; por lo que a criterio de este órgano jurisdiccional, quien debe conocer del asunto es el juez con jurisdicción en la demarcación geográfica donde se sitúa el centro de reclusión; lo cual además abona a la cercanía del quejoso con el tribunal que resuelva lo concerniente a su derecho a la salud. Otro tanto ha de decirse respecto de la suspensión, que en el caso tuvo lugar la de plano, la que no sería procedente, sino por razón de que, de continuar con la omisión del acto que la motiva, éste hubiese continuado produciendo efectos positivos, es más, prohibitivos, como lo es la afectación a la salud, importando el riesgo de privársele, incluso, de la vida, proscripción prescrita en el artículo 15 de la Ley de Amparo; de suerte que, precisamente a través de la medida suspensional se impida la consumación irreparable de un acontecimiento futuro y probable, que no obedece a que se le suministren o no medicamentos, sino al efecto materialmente producido por no proveérsele de ellos, que es en detrimento de su salud. Por tanto, conforme a lo anterior se considera que los efectos de dicha omisión son positivos y se están ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido el quejoso y, por tanto, es competente para conocer del juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario. En esa tesitura, este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer del libelo constitucional que nos ocupa, ya que no ejerce jurisdicción en la circunscripción territorial donde tendrá ejecución, en su caso, el acto que en esta vía constitucional se combate, por lo que se estima que el trámite y resolución del juicio de amparo corresponde a un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, atenta la regla competencial dispuesta en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por lo antes expuesto, y ante la evidente incompetencia legal por razón de territorio para que este Juzgado de Distrito pueda avocarse al conocimiento y resolución del presente asunto iniciado a raíz de la demanda de amparo promovida por ********************, remítase la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que sea turnada al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esa ciudad. Así, envíense los presentes autos, solicitando el acuse de recibo respectivo así como el informe de si acepta o no la competencia planteada; y, a fin de tener precedente en caso de una eventual contienda competencial, déjese testimonio con copia de la demanda de amparo y demás constancias relacionadas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa mediante exhorto, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.

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