César Ojeda Pérez
Expediente 717/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- César Ojeda Pérez
- Gabriel García Jiménez
- Auditoría Superior del Estado de Michoacán, ciudad
- César Ojeda Pérez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 5. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 6. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 7. Devolución tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se ordena su devolución en cuatro tomos de pruebas, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. 8. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 717/2022, promovido por CÉSAR OJEDA PÉREZ, SERGIO ACEVEDO CASTRO, GABRIEL GARCÍA JIMÉNEZ, J. JESÚS DELGADO ALMANZA, OTILIA ALVARADO SORIA, MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y AURELIO ALBERTO VARGAS ZAMORA, por propio derecho y en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO, TESORERO, CONTRALOR Y REGIDORES del AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO, MICHOACÁN, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al titular de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: Del titular de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad: La falta de emplazamiento al procedimiento administrativo AMOP-89/2017, y como consecuencia de ello la, la omisión otorgarles el derecho de audiencia y defensa dentro del referido procedimiento. La resolución administrativa dictada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la que se les impuso una sanción pecuniaria sin que previo a ello pudieran hacer vale sus derechos. Del Ayuntamiento de Angamacutiro, Michoacán: La ejecución de la resolución dictada en el procedimiento administrativo AMOP-89/2017, al requerir el pago de la sanción impuesta. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades residentes dentro de la jurisdicción de este Distrito Judicial, y sus efectos tienen ejecución en el mismo. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables ya que los reconocieron al rendir el informe justificado. Además, se corrobora con las copias certificadas que allegó como complemento de su informe, con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de este último ordenamiento. CUARTO. Procedencia. Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el particular, de oficio advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes. El artículo 5º precisa las partes en el juicio de amparo, entre las cuales se encuentra la autoridad responsables, siendo la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, los quejosos reclaman, primeramente, la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo AMOP-89/2017, que conllevó con la omisión de otorgar el derecho de audiencia y defensa en dicho procedimiento; y como consecuencia de ello, la resolución administrativa dictada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la que se les impuso una sanción pecuniaria, actos que atribuye al titular de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y su ejecución al Ayuntamiento de Angamacutiro, Michoacán. Al rendir su informe justificado el titular de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, refirió que los quejosos fueron emplazados al juicio a través de su apoderado legal. Lo que así se advierte de las constancias remitidas en apoyo al informe justificado; en efecto, obra actuación de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, suscrita por el notificador comisionado de esa dependencia, José Alejandro Barriga Menchaca, de la que se advierte practicó notificación a los quejosos CÉSAR OJEDA PÉREZ, SERGIO ACEVEDO CASTRO, J. JESÚS DELGADO ALMANZA, OTILIA ALVARADO SORIA, MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y AURELIO ALBERTO VARGAS ZAMORA y personas diversas, mediante poder, a través del también quejoso GABRIEL GARCÍA JIMÉNEZ, éste en cuanto apoderado legal de Servicios Públicos del Honorable Ayuntamiento de Angamacutiro, Michoacán, de la Administración dos mil doce a dos mil quince; en dicha actuación se les informó el inicio del procedimiento instaurado en su contra y se les citó para que comparecieran a las doce horas con treinta minutos del cinco de junio de dos mil dieciocho, a la unidad jurídica de la Auditoría Superior de Michoacán, a efecto de hacer uso de su derecho de audiencia y defensa. Con base en ello, el notificador comisionado de esa dependencia, José Alejandro Barriga Menchaca, tiene el carácter de autoridad responsable, toda vez que ejecutó el acto encomendado; es decir, quien realizó materialmente el emplazamiento de los quejosos al procedimiento administrativo instaurado en su contra. Por lo cual, correspondía a dicho notificador defender el acto reclamado, porque ser quien conoce los pormenores de la diligencia que levantó. Atento a ello, al advertirse durante la tramitación del juicio de amparo que los quejosos no habían señalado como autoridad responsable a la persona que practicó el emplazamiento que dijo desconocer, mediante auto de veintinueve de agosto del año en curso, se les previno para que manifestaran si era su deseo señalar con ese carácter al notificador comisionado de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán; apercibiéndolos que de no hacerlo se continuaría el trámite del juicio, únicamente por los actos y autoridades que precisó en su demanda. No obstante dicho requerimiento, los quejosos no dieron cumplimiento a tal prevención; por lo que en auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se ordenó la continuación del trámite del juicio únicamente por lo que ve a los actos y autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda Cabe mencionar que l emplazamiento es un acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional destinado a hacer del conocimiento del gobernando la existencia de una demanda que se ha interpuesto en su contra y la posibilidad legal que tiene de contestarla; de tal suerte que esta figura jurídica ha sido considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Sin embargo, en el particular no es posible analizar la legalidad del emplazamiento practicado a los quejosos en el procedimiento administrativo AMOP-89/2017, ya que al no haber sido señalada como autoridad responsable a quien lo practicó, no fue llamado al presente juicio de garantías y no estuvo en condiciones de defender el acto que se le reclama. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de voz y contenido siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "ACTUARIO, HIPOTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno." En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia señalada, en razón de que los quejosos se ostentan terceros extraños al juicio natural y reclaman lo actuado en él, precisamente por la falta de emplazamiento; sin embargo, no puede analizarse la actuación que obra en el procedimiento administrativo AMOP-89/2017, conforme a la cual se les tuvo por emplazados al mismo, por no haber señalado como autoridad responsable al notificador comisionado de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, quien practicó tal diligencia. Lo que conlleva, que no puedan analizarse los demás actos que reclama, puesto que el emplazamiento es la base del procedimiento que culminó con la resolución que emitió el titular de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en la que se les impuso una sanción pecuniaria, cuya ejecución también reclama. Se aplica al particular la tesis de jurisprudencia del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, con el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." En las relatadas condiciones, al actualizarse la referida causa de improcedencia, con fundamento en el diverso numeral 63 fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por CÉSAR OJEDA PÉREZ, SERGIO ACEVEDO CASTRO, GABRIEL GARCÍA JIMÉNEZ, J. JESÚS DELGADO ALMANZA, OTILIA ALVARADO SORIA, MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y AURELIO ALBERTO VARGAS ZAMORA, por propio derecho y en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO, TESORERO, CONTRALOR Y REGIDORES del AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO, MICHOACÁN, respecto de los actos reclamados al titular de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución que se reclaman del Ayuntamiento de Angamacutiro, Michoacán, por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por CÉSAR OJEDA PÉREZ, SERGIO ACEVEDO CASTRO, GABRIEL GARCÍA JIMÉNEZ, J. JESÚS DELGADO ALMANZA, OTILIA ALVARADO SORIA, MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y AURELIO ALBERTO VARGAS ZAMORA, por propio derecho y en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO, TESORERO, CONTRALOR Y REGIDORES del AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO, MICHOACÁN, por los motivos dados en el considerando cuarto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. No amplió demanda de amparo. De la certificación secretarial que antecede, así como de una revisión al expediente físico y al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que la parte quejosa no cumplió con el requerimiento decretado en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual, se le dio vista a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda, sin que a la fecha obre escrito o manifestación alguna de la que se advierta su desahogo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se continúa el trámite del juicio únicamente por los actos reclamados y autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. 1. Se difiere audiencia constitucional. Visto el estado que guardan los autos, así como de una revisión del expediente físico y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales-, específicamente de la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que aún no transcurre el término de quince días, a fin de que la parte quejosa amplíe su demanda de amparo, conforme a la vista dada en auto de veintinueve de agosto de la presente anualidad. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Maira Flor López Valencia, quien da fe.
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