César Magaña Madrigal

Expediente 41/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
41/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • César Magaña Madrigal
  • Director del Hospital Regional de Puruandiro, perteneciente a la Secretaría de salud del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. 1. Parte quejosa realiza manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado ********************, en cuanto autorizado del quejoso, mediante el cual solicita se requiera a la autoridad responsable a efecto de que cumpla con la ejecutoria de amparo, en los términos que lo solicita, por las razones que ahí expone. 2. Estado de autos. Ahora bien, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que de la certificación de cuenta, se desprende que por auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se declaró cumplida la sentencia sin exceso o defecto, ordenándose su archivo definitivo. 2.1. Por ello, no ha lugar a proveer de conformidad su petición, precisando que se encuentra expedito su derecho para promover los medios legales que considere pertinentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por licencia del titular, que le fue autorizada a éste en el punto quinto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se determina la lista de personas participantes que pasan a la segunda etapa, en el Segundo Concurso Interno de Posición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito conforme a la Reforma Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De los autos se desprende que mediante sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a César Magaña Madrigal, para los efectos siguientes: a) Prestar servicios de salud a César Magaña Madrigal, para sus padecimientos. b) La atención médica proporcionada deberá garantizarse de acuerdo a los parámetros de calidad que en su totalidad se cumplan, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana 003-SSA3-2010. Y para asegurar que dicho mandato asegurador se cumpla, a fin de garantizar la no repetición de una práctica violatoria de derechos humanos, como cumplimiento al efecto protector de amparo, el Director del Hospital Regional de Puruándiro y la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, deberán dictar un acuerdo administrativo en el que: Ordenen proporcionar de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente, así como los medicamentos necesarios derivado de los padecimientos del quejoso, lo cual debe ser acorde a los parámetros de calidad contenidos en la Norma Oficial Mexicana 003-SSA3-2010. Dispongan vigilar que el hospital o unidad independiente cumplan con los requisitos establecidos en la citada norma. Misma que causó ejecutoria el veintitrés de febrero de este año. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento del fallo protector. En proveído de dos de marzo de este año, se tuvo a la parte quejosa informando que el médico tratante de la clínica particular "YAAR", de Puruándiro, Michoacán, le recomendó realizarse tres sesiones de hemodiálisis aplicadas semanalmente, anexando la constancia médica que lo acreditaba; sin embargo, como las responsables solo le otorgaban dos sesiones a la semana, se les requirió para que informaran respecto a las manifestaciones del quejoso, y otorgaran de manera individualizada la atención médica completa al mismo, debiendo acreditar el costo de las sesiones de hemodiálisis que requería, y las que se le habían proporcionado y le seguirían suministrando de manera subrogada en la clínica correspondiente, al menos por un periodo que comprendiera tres meses del presente año; asimismo, continuara realizando lo necesario para que al quejoso se le otorgara en el presente y en lo futuro de manera constante y oportuna el tratamiento completo de hemodiálisis, debiendo adjuntar las constancias que así lo acreditaran, con el apercibimiento de no hacerlo, se les impondría una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo. En auto de veinticuatro de marzo de este año, se tuvo de nueva cuenta a la quejosa manifestando que las responsables no le habían otorgado de manera completa la atención médica, puesto que no le realizaban las tres sesiones semanales que requería; por ello, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, consistente en la multa establecida en el párrafo anterior; no obstante, se les requirió nuevamente sobre la ampliación de tres sesiones semanales de hemodiálisis al quejoso, y a efecto de continuar otorgándole de manera individualizada la atención médica completa y realizar lo necesario en el presente y en lo futuro de manera constante y oportuna el tratamiento completo de hemodiálisis, sin faltarle los medicamentos necesarios para el mismo. En acuerdo de doce de abril del año en curso, se tuvo al apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en representación del Director del Hospital Regional de Puruándiro, Michoacán, informando que el quejoso recibirá las tres sesiones de hemodiálisis que requiere los días lunes, miércoles y viernes a las siete horas en la clínica particular antes descrita, sin adjuntar constancias que acreditara lo anterior; por lo cual, se les requirió nuevamente que cumplieran con el fallo protector, y entre otras determinaciones para que remitieran el expediente clínico de la parte quejosa, a efecto de acreditar que se le ha proporcionado y continuaran las sesiones de hemodiálisis de manera subrogada, en la clínica correspondiente, al menos en un periodo que comprenda tres meses, debiendo informar -se dijo- de manera calendarizada, las horas y fechas que se habían programado y cubierto para las sesiones de hemodiálisis a la parte quejosa, así como la prescripción y entrega de manera puntual del medicamento que requiere para su padecimiento. En proveído de veintiuno de abril del presente año, se tuvo al apoderado jurídico de las responsables, adjuntando las constancias del expediente clínico de la parte quejosa, del que se advirtió que la atención médica había sido otorgada de manera oportuna y continua desde el treinta y uno de enero al veintiocho de febrero de este año; por lo que se les requirió nuevamente en los mismos términos del acuerdo de doce de abril. Luego, el veinticinco de mayo anterior, se retomó el estado de autos, reiterándose en términos esenciales los requerimientos de doce y veintiuno de abril ya mencionados. Finalmente, en auto de cinco de junio de este año, se tuvo al apoderado jurídico de las responsables señalando que el quejoso estaba recibiendo el tratamiento necesario para su padecimiento; asimismo, que se habían realizado las gestiones financieras y administrativas con la persona moral, a fin de brindarle el tratamiento que requiere de manera subrogada, anexando las constancias para acreditar su dicho; con lo anterior, se ordenó darle vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que su interés convenga, sin haberlo hecho, estando debidamente notificado el siete de junio de este año, como se advierte de la constancia de notificación electrónica. 3. Conclusión. En tales circunstancias, por lo anteriormente señalado, queda evidenciado que las autoridades responsables, cada una en sus respectivas esferas de competencia, restituyeron al solicitante del amparo en el pleno goce de su derecho fundamental violado; toda vez que de las constancias anexas es posible advertir la atención médica que se le realiza al quejoso hasta el mes de abril de este año. Sin que obste, la circunstancia de que las responsables no hayan dictado el acuerdo administrativo ordenado, dado con las gestiones informadas y antes precisadas, se advierte proporcionada la atención médica en los términos ordenados. Asimismo, que en la clínica "YAAR", de Puruándiro, Michoacán, se le otorgará su tratamiento como unidad independiente que por haberla designado la autoridad responsable, se estima cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al margen de lo anterior, se determina que el pronunciamiento que en este momento se realiza de ninguna manera significa que las autoridades responsables queden eximidas en lo subsecuente de continuar salvaguardando en favor del quejoso el derecho de recibir la atención médica gratuita adecuada para contrarrestar los padecimientos que tiene, así como de continuar entregándole los medicamentos que le sean prescritos. Es así, ya que el deber impuesto a las responsables de restituir en el pleno goce de los derechos fundamentales al peticionario del amparo, no se extingue por el hecho de que se termine la supervisión de la ejecutoria por parte de este órgano jurisdiccional, pues la observancia de tal prerrogativa no depende de que se declare cumplida la ejecutoria, ya que las autoridades quedan sujetas al cumplimiento de la sentencia amparadora a pesar de que se declare cumplida; por tanto, quedan obligadas a continuar proporcionando a la impetrante de garantías, dicho tratamiento de manera ininterrumpida. Además, el quejoso tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorada y se le proporcione el tratamiento médico correspondiente de forma gratuita. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Se deja sin efectos la multa. En ese contexto, del estado que guardan los autos, se desprende que en proveído de veinticuatro de marzo del presente año, se hizo efectivo el apercibimiento a las responsables, consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo las consideraciones expuestas en el citado proveído; por lo que se ordenó girar el oficio 7979/2023 a la Administración Desconcentrada de Recaudación Michoacán "1", con sede en esta ciudad, con la finalidad de realizar el cobro del crédito fiscal. Luego, mediante escrito presentado el diez de abril de este año, el apoderado de las responsables solicitó se dejara sin efectos la multa impuesta; en ese sentido, toda vez que en el presente auto se declaró cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional determina dejar sin efectos el oficio 7979/2023 de veinticuatro de marzo de este año, dirigido a la Administración Desconcentrada de Recaudación Michoacán "1", con sede en esta ciudad, a fin de que cancele el cobro del crédito fiscal que en su caso hubiera determinado. Lo anterior, hágase del conocimiento tanto a la autoridad recaudadora, como de las responsables Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y Director del Hospital Regional de Puruándiro, Michoacán, para los efectos legales siguientes. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES CONSERVABLE. 7. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 8. Incidente de suspensión, valoración. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 9. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 10. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de junio de dos mil veintitrés. 1. Responsable informa. Agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de Puruándiro, Michoacán, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veinticinco de mayo del presente año, manifiesta que el quejoso ha estado recibiendo el tratamiento necesario para su padecimiento, asimismo se han realizado gestiones financieras y administrativas con persona moral, a fin de brindarle el tratamiento que requiere de manera subrogada; para lo cual anexa constancias para acreditarlo. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, con ello dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Del estado que guardan los autos se desprende que por escritos presentados el uno, veintitrés y treinta de marzo de este año, el autorizado de la parte quejosa informó que las responsables han otorgado la atención médica de manera parcial, toda vez que por recomendación del médico tratante, adscrito a la clínica particular que brinda de manera subrogada la atención médica, que lo es YAAR, de Puruándiro, Michoacán, era necesario que le fueran aplicadas semanalmente, tres sesiones de hemodiálisis. Asimismo, en acuerdo de doce de abril de este año, la responsable informó que el quejoso recibirá las tres sesiones de hemodiálisis que requiere los días lunes, miércoles y viernes a las siete horas en la clínica particular YAAR, como se desprende de la captura de pantalla inserto al ocurso de cuenta, reitera que continuará brindado el tratamiento dialítico a la quejosa, por lo que solicita dejar sin efectos las multas impuestas. Posteriormente, en acuerdo de veintiuno de abril de este año, la responsable adjuntó el expediente clínico de las que se advierte que del treinta y uno de enero al veintiocho de febrero de este año se le ha brindado la atención médica al quejoso; sin embargo, no se advierte constancia que justifique la atención médica otorgada en los meses de marzo y abril de dos mil veintitrés. Por ello, como se advierte de la certificación de cuenta, en esa data se requirió a las responsables, a fin de que en tres días remitieran el expediente clínico de la parte quejosa, a efecto de acreditar que se le ha proporcionado y se le seguirán proporcionando las sesiones de hemodiálisis de manera subrogada en la clínica correspondiente, al menos por un periodo que comprenda tres meses del presente año dos mil veintitrés, es decir, de los meses de marzo y abril de este año, sin que la fecha lo hayan hecho estando debidamente notificadas el pasado veinticinco de abril, como se advierte de los acuses de recepción. Con lo anterior, es evidente que desde que causó ejecutoria la sentencia dictada en autos -el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés- las responsables no han justificado que la atención médica se ha otorgado de forma oportuna y continua al quejoso por un mínimo de tres meses, pues no remiten las constancias que así lo acrediten. 2. Nuevo requerimiento. Por tanto, en términos de los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las responsables para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia. En ese sentido, se instruye a las autoridades responsables que, con el propósito de que se les tenga cumpliendo en sus términos el fallo protector deben realizar los actos concretos siguientes: a) Remitan el expediente clínico, a efecto de acreditar que se ha proporcionado y se le seguirán proporcionando a la parte quejosa, las sesiones de hemodiálisis de manera subrogada en la clínica correspondiente, al menos por un periodo que comprenda tres meses del presente año dos mil veintitrés, es decir, de los meses de marzo, abril y mayo de este año; haciéndose la aclaración en el sentido que, no por el hecho de solicitarse dichas constancias por el periodo aludido, ello las exime a que en un futuro continúen cumpliendo los efectos del fallo protector, en virtud que el padecimiento de la quejosa es crónico degenerativo. b) Informen de manera calendarizada, las horas y fechas que se han programado y cubierto para las sesiones de hemodiálisis a la parte quejosa, por un periodo de por lo menos tres meses, debiendo adjuntar las constancias que así lo acrediten. c) Realicen lo necesario para que a la parte quejosa se le otorgue en el presente y lo futuro de forma constante y oportuna el tratamiento completo de hemodiálisis sin que falten los medicamentos necesarios para el mismo, a efecto de salvaguardar su derecho humano a la salud y a la vida, debiendo adjuntar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Estas precisiones se realizan con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 2.1. Apercibimiento. Apercibidas que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta a cada una, multa de doscientas unidades de medida y actualización equivalente a $ 20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

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