Cesar Javier Ruiz Benitez

Expediente 335/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
335/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Cesar Javier Ruiz Benitez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno (notificado el cuatro de marzo siguiente por lista electrónica), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el treinta de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos y con la vista que se le hizo al quejoso por auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniese, y con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se le notificó al agraviado por el portal de servicios en línea el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento al fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del treinta de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado por César Javier Ruiz Benítez y se fijaron los siguientes efectos: "Por tanto, al hacerse patente la violación reclamada, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que una vez que cause ejecutoria el juicio de garantías de que se trata, las autoridades responsables Ayuntamiento, Presidente Municipal, Sindica Procuradora, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos todos del Ayuntamiento de Ahome o, en su caso, la que legalmente sea la competente para ello, conteste la petición de la parte quejosa, presentada el trece de agosto de dos mil veinte, conforme a derecho proceda, de manera fundada y motivada, pues así lo exige el artículo 16 constitucional. ." La citada sentencia de amparo causó estado por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, y se requirió el cumplimiento del fallo constitucional. En cumplimiento a lo anterior, las responsables allegaron al sumario de amparo el oficio 653/11/2020, de veinte de noviembre de dos mil veinte, y por auto del cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se determinó que con éste solo se cumplía parcialmente con la sentencia de amparo, requiriendo de nueva cuenta a las autoridades municipales lo correspondiente. Finalmente, mediante oficio presentado el nueve de febrero de dos mil veintiuno, el delegado de las autoridades responsables Ayuntamiento, Presidente Municipal, Síndico Procurador, Cuerpo de Regidores y Directo de Asuntos Jurídicos, todos del Municipio de Ahome, allegó el oficio 04/2021, de nueve de enero del presente año, mediante el cual fue emitido el dictamen por el que se determinó legalmente procedente el beneficio de pensión por retiro por años de servicio y grado inmediato superior. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que las responsables otorgaran respuesta completa a la petición del quejoso contenida en el escrito de trece de agosto de dos mil veinte (tendente a la solicitud del ascenso del grado inmediato y, posteriormente, la jubilación por años de servicio), haciendo de su conocimiento la respuesta que recayera a la misma, lo cual ya aconteció; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el oficio sin número, mediante el cual el Delegado de las autoridades responsables Ayuntamiento, Presidente Municipal, Síndico Procurador, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del municipio de Ahome, Sinaloa, sede en esta ciudad, remite el oficio número 04/2021 de fecha doce de enero de dos mil veintiuno, con el cual informa que en sesión ordinaria de cabildo celebrada con fecha ocho de enero del año en curso, acta número 76, derivado del Tercer Punto del Orden del Día, se aprobó por unanimidad de votos el dictamen, emitido por la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con el cual determinó que era legalmente procedente otorgar el beneficio de pensión por retiro anticipado al quejoso César Javier Ruiz Benítez, y determinó que era procedente otorgar el beneficio del grado inmediato superior, mismo documento que le fue debidamente notificado al quejoso por conducto de su autorizado legal. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar; dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que las autoridades señaladas como responsables no han cumplido con todos los actos a los que fueron condenados. Por sentencia del treinta de octubre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito dictó sentencia en el sentido de conceder el amparo solicitado para el efecto siguiente: ". Por tanto, al hacerse patente la violación reclamada, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria el juicio de garantías de que se trata, las autoridades responsables . o, en su caso, la que legalmente sea la competente para ello, conteste la petición de la parte quejosa, presentada el trece de agosto de dos mil veinte, conforme a derecho proceda, de manera fundada y motivada, pues así lo exige el artículo 16 constitucional. ." La anterior determinación judicial no fue impugnada por ninguna de las partes, por tanto, por auto del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, causó estado y se requirió su cumplimiento. Del estudio de la sentencia de amparo, se advierte que sus efectos se hicieron consistir, para que las responsables respondieran la petición que se les hizo llegar el trece de agosto de dos mil veinte. Ahora, en esa petición se solicitó de las responsables, se le otorgara al quejoso jubilación por años de servicio y el otorgamiento del grado superior inmediato. En acatamiento a lo anterior, el delegado de las autoridades señaladas como responsables, allegó al sumario de amparo el oficio sin número, del mes de diciembre de dos mil veinte, en el que se apuntó lo siguiente: ". De lo vertido en párrafos anteriores, con apoyo y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 36 y 38 y demás relativos y aplicables de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y 162 del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, 42 bis 5 fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa, LEGALMENTE PROCEDENTE otorgar el beneficio de JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN POR RETIRO POR AÑOS DE SERVICIO al C. CÉSAR JAVIER RUIZ BENÍTEZ por cumplir con los requisitos y disposiciones legales correspondientes. Sin embargo, el otorgamiento de grado a los elementos de Policía antes de ser jubilados, es una facultad discrecional del H. Ayuntamiento de Ahome, de??????????????? conformidad con la fracción I del artículo 162 del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome; por lo que, dicha petición deberá ser valorada en sesión de cabildo, y de resultar procedente se otorgará la jubilación al C. César Javier Ruiz Benítez, con el grado inmediato superior de Policía Primero, y de no ser así, la jubilación del peticionario se otorgará con su grado actual de Policía Segundo, y en ese sentido al encontrarse tal facultad a favor del cabildo, esta Dirección de Asuntos carece de facultades y/o atribuciones para obsequiar en algún sentido la solicitud de lo peticionario. ." De la citada transcripción, se advierte que las autoridades responsables han cumplido de forma parcial con el fallo constitucional, porque solo se han pronunciado respecto de la procedencia de la pensión por retiro anticipado, no así del otorgamiento de grado inmediato superior al ostentado en activo; incluso, la autoridad firmante del citado oficio, señala que el Cabildo del Ayuntamiento de Ahome, es el facultado para resolver este punto jurídico. En ese sentido, requiérase nuevamente a la autoridad responsable (Ayuntamiento de Ahome), a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se haría acreedor a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, subsiste el diverso relativo a remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.3o.T.18 L (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1380 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, con número de Registro: 2005830, cuyo rubro y texto señalan (énfasis añadido): "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN???? SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." No obstante el diverso requerimiento realizado, hasta la fecha ha sido imposible lograr el cumplimiento a la sentencia ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. En la especie, es pertinente destacar que el suscrito Juzgador ha advertido un retardo, omisión e incumplimiento en diverso auto emitido por este Juzgado de Distrito en el que se requirió a las autoridades responsables de que se trata que cumplimentaran la ejecutoria de amparo; por ende, se les reiteró que, en caso de persistir en la omisión, retardo o evasivas se harán acreedores a una multa que en su momento se determinará; sin que en la especie, fuera dable justificar su actuar dado que no han acreditado encontrarse realizando los actos tendentes y las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa. Cierto, el Tribunal en Pleno fue preciso en establecer las hipótesis para imponer las multas, las cuales consisten en la omisión de dar cumplimiento y en el retardo injustificado, ambos aspectos que el suscrito juzgador considera se actualizan en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece:?? "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de??????????????? Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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