Cesar Humberto Leyva Orduño

Expediente 37/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
37/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Cesar Humberto Leyva Orduño
  • CESAR HUMBERTO LEYVA ORDUÑO y Otros.
  • MAGISTRADO DEL H. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO NÚMERO 27, con domicilio en la esquina conformada por las calles Francisco I. Madero y Doctor de la torre de la colonia centro de la ciudad de Guasave, Estado de Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de seis de junio de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Ahora, por lo que respecta al incidente de suspensión derivado del presente asunto, de conformidad con de conformidad con el Capítulo 7, Apartado 7.1.1, Punto 2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión a la quejosa, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, la resolución interlocutoria, así como diversas determinaciones que se consideren necesarias y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a su depuración y solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "1. Dejar insubsistente la determinación reclamada de catorce diciembre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del juicio agrario 261/2020. 2. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emitir una diversa en la que de manera fundada y motivada determine lo que en derecho corresponda sobre la medida de apremio impuesta a la parte quejosa.". Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, mediante oficio 1418/2022, comunicó que deja sin efecto el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, de lo que se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por el Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, con el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede de los que se advierte a la fecha ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión que señala el diverso 81, fracción I, inciso e) de la Ley de la materia contra la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, y toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos; 1. Dejar insubsistente la determinación reclamada de catorce diciembre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del juicio agrario 261/2020. 2. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emitir una diversa en la que de manera fundada y motivada determine lo que en derecho corresponda sobre la medida de apremio impuesta a la parte quejosa. En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto. Lo anterior, apercibida que de no hacerlo en un plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que reciba este oficio, se procederá en términos de los numerales 192 y 193 de la ley de la materia que establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. .". "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.". .Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria.".

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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