César Guadalupe Cota Cota

Expediente 20/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
20/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
25/01/2019

Partes del expediente

  • César Guadalupe Cota Cota

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del acuerdo de once de enero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de garantías interpuesta por Cesar Guadalupe Cota Cota; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y la fracción I, del Ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el diez de enero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta, promovida por César Guadalupe Cota Cota contra actos del Titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en Topolobampo, Ahome, Sinaloa, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 20/2019-6A. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Administración Portuaria Integral de Topolobampo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Titular del Área de quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública. ACTOS RECLAMADOS: AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V., se le atribuyen los siguientes: El acto reclamado consistente en la resolución de fecha 20 de febrero de 2017, que puso fin al procedimiento administrativo de responsabilidades número 003/2016, la cual en ningún momento me fue notificada, por lo que dicha resolución viola directamente mis garantías individuales consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con la garantía de audiencia y debido proceso y legalidad jurídica así como viola y vulnera en mi perjuicio los Derechos Humanos consagrados en los artículos 1, 8, 11, 24, 25, de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José), artículos 7, 8, y demás relativos de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, artículo 26 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. (se anexa copia simple impresa de la resolución de fecha 20 de febrero de 2017 del expediente 003/2016 como anexo número 1). La autoridad demandada, fue omisa en realizar la notificación personal a que alude el numeral 21 fracción III, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos tal y como se señala en el resolutivo CUARTO de la resolución de fecha 20 de febrero de 2017 mismo que se transcriben a continuación: (.) La ejecución de la sanción consistente en la INHABILITACION TEMPORAL POR UN AÑO, PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGO O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO, descrita en el resolutivo TERCERO de la resolución de fecha 20 de febrero de 2017. (se anexa copia simple de las impresiones de pantallas de fecha 17 de septiembre de 2018 y 10 de enero de 2019 del Sistema de Portales de Obligaciones y Transparencia, como anexo número 2) (.) La inscripción en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la sanción impuesta, señalada en el resolutivo QUINTO de la citada resolución. (se anexa copia simple de las impresiones de pantallas de fecha 17 de septiembre de 2018 y 10 de enero de 2019 del Sistema de Portales de Obligaciones y Transparencia, como anexo número 2). (.) A LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V., se le atribuyen los siguientes: La ejecución de la sanción mediante la publicación de esta en el Sistema del Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la propia administración, el cual se encuentra en la página www.puertotopolobampo.com.mx. (se anexa copia simple de las impresiones de pantallas de fecha 17 de septiembre de 2018 y 10 de enero de 2019 del Sistema de Portales de Obligaciones y Transparencia, como anexo número 2). (.) La posible ejecución de la AMONESTACIÓN PRIVADA señalada en el resolutivo TERCERO de la resolución de fecha 20 de febrero de 2017. (.) AL TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, se le atribuyen los siguientes: La declaratoria de incompetencia que mediante oficio número 112.OIC.AQ/9059-VHV/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, es emitida sobre la queja con número de folio 65602/2018, interpuesta por el hoy quejoso en fecha 15 de septiembre de 2018 en contra del Titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC). (se anexa copia simple impresa del oficio 112.OIC.AQ/9059-VHV/2018, como anexo número 3). (.).". Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifestó: "CUARTO: (.) La imagen siguiente corresponde a la impresión de pantalla del día 17 de septiembre de 2018, fecha en que me di por enterado de la resolución de fecha 20 de febrero de 2017, la cual NO me fue notificada. Dicha resolución fue publicada en el Sistema del Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S. A. de C. V., posterior a la fecha del 20 de junio de 2018 derivado del oficio DGT/121/DA/0157/2018, de fecha 20 de junio del 2018 respectivamente (.) Acto continuo procedí a descargar copia simple de la resolución de fecha 20 de febrero de 2017, relativo al expediente administrativo de responsabilidades número 003/2016, mediante el cual el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., me impone una sanción administrativa consistente en AMONESTACIÓN PRIVADA, ASÍ COMO LA INHABILITACIÓN TEMPORAL POR UN AÑO PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO, por haber presentado mi declaración de conclusión de manera extemporánea (.) QUINTO. En fecha 15 de septiembre de 2018 y al haber analizado la resolución de fecha 20 de febrero de 2017, interpuse denuncia en contra del Titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S. A. de C. V., mediante el Sistema Integral de Denuncias (SIDEC), asignándosele número de folio 65602/2018 respectivamente (.) En consecuencia, a la interposición de dicha queja, el suscrito fui notificado vía correo electrónico en fecha 28 de noviembre de 2018 del oficio número 112.OIC.AQ/9059-VHV/2018, de fecha 31 de octubre de 2018 emitido por la Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública la C. LIC. VELIA HERNÁNDEZ VAZQUEZ, oficio en el cual en su segundo párrafo comunica al hoy quejoso lo siguiente: que se dictó Acuerdo de inicio e incompetencia, a través del cual se ordeno tener por recibida la documentación señalada, registrarla en el índice de expedientes de esa Área de Quejas con el número QD/963/2018 y, llevar a cabo las diligencias necesarias tendientes a esclarecer los hechos atribuidos al servidor público señalado (.) Asimismo, en el párrafo quinto del oficio número 112.OIC.AQ/9059-VHV/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, menciona la Titular del Área de Quejas que: se abstendrá de pronunciarse sobre la legalidad de la resolución dictada en el expediente 003/2016, situación ajena en todo momento para el hoy quejoso toda vez que el mismo en ningún momento solicito dicho pronunciamiento, sino más bien se detallaron hechos que debieron haber sido tomados en consideración por esa autoridad investigadora para realizar el procedimiento de investigación descrito en el capítulo II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tales como lo constituyen la falta de notificación de la resolución de fecha 20 de febrero de 2017 y la no ejecución de la amonestación privada señalada en la misma (.).". Luego, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la resolución pronunciada el veinte de febrero de dos mil diecisiete por el Titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S. A. de C. V. en el procedimiento administrativo de responsabilidades 003/2016 y su ejecución; y en el oficio número 112.OIC.AQ/9059-VHV/2018 emitido el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho por la Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública con motivo de la queja que interpuso contra la aludida resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, este órgano de control constitucional advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, ya que los actos reclamados por el solicitante de amparo se encuentran consentidos tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados, los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos..." Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija, o bien al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", la que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española Larousse, Ediciones Larousse, Primera Edición, página 465, significa "exclusión, alternativa o contraposición", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte en el apartado de hechos que el quejoso manifestó lo siguiente: "CUARTO: (.) La imagen siguiente corresponde a la impresión de pantalla del día 17 de septiembre de 2018, fecha en que me di por enterado de la resolución de fecha 20 de febrero de 2017, la cual NO me fue notificada. Dicha resolución fue publicada en el Sistema del Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S. A. de C. V. (.) Acto continuo procedí a descargar copia simple de la resolución de fecha 20 de febrero de 2017, relativo al expediente administrativo de responsabilidades número 003/2016, mediante el cual el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., me impone una sanción administrativa consistente en AMONESTACIÓN PRIVADA, ASÍ COMO LA INHABILITACIÓN TEMPORAL POR UN AÑO PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO, por haber presentado mi declaración de conclusión de manera extemporánea (.) QUINTO. En fecha 15 de septiembre de 2018 y al haber analizado la resolución de fecha 20 de febrero de 2017, interpuse denuncia en contra del Titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S. A. de C. V., mediante el Sistema Integral de Denuncias (SIDEC), asignándosele número de folio 65602/2018 respectivamente (.) En consecuencia, a la interposición de dicha queja, el suscrito fui notificado vía correo electrónico en fecha 28 de noviembre de 2018 del oficio número 112.OIC.AQ/9059-VHV/2018, de fecha 31 de octubre de 2018 emitido por la Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública la C. LIC. VELIA HERNÁNDEZ VAZQUEZ, oficio en el cual en su segundo párrafo comunica al hoy quejoso lo siguiente: que se dictó Acuerdo de inicio e incompetencia, a través del cual se ordeno tener por recibida la documentación señalada, registrarla en el índice de expedientes de esa Área de Quejas con el número QD/963/2018 y, llevar a cabo las diligencias necesarias tendientes a esclarecer los hechos atribuidos al servidor público señalado (.) Asimismo, en el párrafo quinto del oficio número 112.OIC.AQ/9059-VHV/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, menciona la Titular del Área de Quejas que: se abstendrá de pronunciarse sobre la legalidad de la resolución dictada en el expediente 003/2016, situación ajena en todo momento para el hoy quejoso toda vez que el mismo en ningún momento solicito dicho pronunciamiento, sino más bien se detallaron hechos que debieron haber sido tomados en consideración por esa autoridad investigadora para realizar el procedimiento de investigación descrito en el capítulo II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tales como lo constituyen la falta de notificación de la resolución de fecha 20 de febrero de 2017 y la no ejecución de la amonestación privada señalada en la misma (.).". Manifestación que debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." También es aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 652, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado.". En ese sentido, es dable considerar que el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el peticionario de amparo tuvo conocimiento del acto que ahora reclama; lo cual evidencia que se actualiza la hipótesis normativa establecida en el segundo supuesto que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo; es decir, el plazo de quince días debe computarse a partir del siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Entonces, si el promovente de amparo conoció del acto reclamado consistente en la resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete pronunciada por el Titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S. A. de C. V. en el procedimiento administrativo de responsabilidades 003/2016, desde el diecisiete de septiembre dos mil dieciocho, y respecto del diverso consistente en el oficio 112.OIC.AQ/9059-VHV/2018 de treinta y un de octubre de dos mil dieciocho, emitido por la Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública con motivo de la queja que interpuso contra la aludida resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, desde el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo se computó, respecto del acto reclamado señalado en primer término, del diecinueve de septiembre al nueve de octubre de dos mil dieciocho, descontando los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre y seis y siete, por haber sido sábados y domingos, y en cuanto al acto señalado indicado en último lugar, del treinta de noviembre al veinte de diciembre de dos mil dieciocho, descontando los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, por haber sido sábados y domingos. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que la parte quejosa acude a esta vía constitucional para reclamar la notificación de la resolución pronunciada el veinte de febrero de dos mil diecisiete en el procedimiento administrativo de responsabilidades 003/2016, y su ejecución; así como el oficio 112.OIC.AQ/9059-VHV/2018 de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, con motivo de la queja que interpuso contra la aludida resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete. Se adopta tal postura, en principio, porque resulta innegable que los actos de autoridad tildados de inconstitucionales, como se ha precisado, no se ubican en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; además, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. A su vez, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir los actos reclamados precisados con anterioridad transcurrió en exceso, dado que el peticionario de amparo como se dijo en párrafos precedentes tuvo conocimiento de los actos que reclama, en cuanto a la resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete dictada por el Titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S. A. de C. V. en el procedimiento administrativo de responsabilidades 003/2016, el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, y respecto del oficio 112.OIC.AQ/9059-VHV/2018 emitido el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, emitido por la Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública con motivo de la queja que interpuso contra la aludida resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. En esas condiciones, si la demanda de amparo de cuenta fue presentada hasta el diez de enero de dos mil diecinueve (foja 01), resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, aquélla se promovió en forma extemporánea respecto de los referidos actos reclamados; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, toda vez que dicho término como se dijo transcurrió, respecto del acto reclamado consistente en la resolución dictada el veinte de febrero de dos mil diecisiete en el procedimiento administrativo de responsabilidades 003/2016, del diecinueve de septiembre al nueve de octubre de dos mil dieciocho; y en cuando el diverso acto reclamado consistente en el oficio 112.OIC.AQ/9059-VHV/2018 emitido el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho con motivo de la queja que interpuso contra la aludida resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, del treinta de noviembre al veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; procede desechar de plano la demanda formulada por César Guadalupe Cota Cota, por notoriamente improcedente en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por otra parte, el quejoso refiere que atendiendo a lo previsto en los artículos 3, 5, fracción I, 6, de la Ley de Amparo, 90, y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativo a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, solicita que se le autorice para poder consultar a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para realizar la consulta del expediente electrónico que se integró del presente juicio; asimismo, manifiesta que el nombre de usuario con el que ingresó al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y al que deberá asociarse el otorgamiento de acceso es: "Cesanty2923". Por tanto, con fundamento en los artículos del 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se concede al quejoso César Guadalupe Cota Cota, con usuario "Cesanty2923", permiso para consultar el presente juicio por la vía electrónica. Por otro lado, con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo de la misma ley, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

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