César Javier García Paez

Expediente 747/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 30 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
747/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
03/12/2021

Partes del expediente

  • César Javier García Paez
  • Juez Mixto de Primera Instancia de Acaponeta, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, las partes no realizaron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por las autoridades responsables, no obstante que mediante acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, se les apercibió que se resolvería conforme a las constancias que obran en autos. Calificación del cumplimiento. En el caso concreto, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa, para que las autoridades responsables: No apliquen a la parte quejosa ni en lo presente ni en lo futuro, el párrafo segundo del artículo 263 del Código Civil para el Estado de Nayarit, declarado inconstitucional. Se dejara insubsistente el auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve, pronunciado en el juicio civil ordinario 530/2018, del índice del juez de instancia responsable; y, Se emitiera uno diverso donde decrete la disolución definitiva del vínculo matrimonial y ordene la continuación del procedimiento respecto de los demás aspectos inherentes al divorcio, sobres los cuales hubo discrepancia en el convenio que adjuntó el actor a su demanda. Dicha concesión de amparo se encuentra contenida en la ejecutoria emitida por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado del centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, al revocar la sentencia emitida por este juzgado federal. Ahora bien, del análisis de los comunicados y anexos recibidos en este juzgado federal el veintiséis de noviembre y uno de diciembre de dos mil veinte, por los representantes del Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, éstos acataron el fallo protector, pues manifestaron así hacerlo y apegarse al principio de relatividad de la sentencia. Por su parte, mediante oficios 1392/2020 y 1032/2021, de quince de diciembre de dos mil veinte y veinte de mayo del año en curso, suscritos por la Juez Mixto de Primera Instancia de Acaponeta, Nayarit, manifestó la imposibilidad que se tenía para acatar los efectos concesorios del amparo, pues acompañó copia certificada del acta de defunción de Consuelo Viera Albarrán, demandada en el juicio de origen, así como copia certificada del proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, del que se desprende que con motivo del fallecimiento de la citada parte procesal, decretó el sobreseimiento del juicio 530/2018, de su índice, determinación que fue notificada a la parte quejosa el dieciocho siguiente, según se aprecia del anexo que se acompañó a los oficios de referencia. En ese orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados, motivo por el cual debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado sin materia. Archivo. Con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Luego, toda vez que resultan innecesarias las constancias que obran por separado en un legajo, devuélvanse a la autoridad responsable De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Vista cambio titular. Comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes que en cumplimiento al oficio SEADS/1148/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre del año en cita la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes funge como Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por tanto, se hace del conocimiento de las partes dicha circunstancia, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, las partes no realizaron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por las autoridades responsables, no obstante que mediante acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, se les apercibió que se resolvería conforme a las constancias que obran en autos. Calificación del cumplimiento. En el caso concreto, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa, para que las autoridades responsables: No apliquen a la parte quejosa ni en lo presente ni en lo futuro, el párrafo segundo del artículo 263 del Código Civil para el Estado de Nayarit, declarado inconstitucional. Se dejara insubsistente el auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve, pronunciado en el juicio civil ordinario 530/2018, del índice del juez de instancia responsable; y, Se emitiera uno diverso donde decrete la disolución definitiva del vínculo matrimonial y ordene la continuación del procedimiento respecto de los demás aspectos inherentes al divorcio, sobres los cuales hubo discrepancia en el convenio que adjuntó el actor a su demanda. Dicha concesión de amparo se encuentra contenida en la ejecutoria emitida por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado del centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, al revocar la sentencia emitida por este juzgado federal. Ahora bien, del análisis de los comunicados y anexos recibidos en este juzgado federal el veintiséis de noviembre y uno de diciembre de dos mil veinte, por los representantes del Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, éstos acataron el fallo protector, pues manifestaron así hacerlo y apegarse al principio de relatividad de la sentencia. Por su parte, mediante oficios 1392/2020 y 1032/2021, de quince de diciembre de dos mil veinte y veinte de mayo del año en curso, suscritos por la Juez Mixto de Primera Instancia de Acaponeta, Nayarit, manifestó la imposibilidad que se tenía para acatar los efectos concesorios del amparo, pues acompañó copia certificada del acta de defunción de Consuelo Viera Albarrán, demandada en el juicio de origen, así como copia certificada del proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, del que se desprende que con motivo del fallecimiento de la citada parte procesal, decretó el sobreseimiento del juicio 530/2018, de su índice, determinación que fue notificada a la parte quejosa el dieciocho siguiente, según se aprecia del anexo que se acompañó a los oficios de referencia. En ese orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados, motivo por el cual debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado sin materia. Archivo. Con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Luego, toda vez que resultan innecesarias las constancias que obran por separado en un legajo, devuélvanse a la autoridad responsable De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Vista cambio titular. Comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes que en cumplimiento al oficio SEADS/1148/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre del año en cita la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes funge como Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por tanto, se hace del conocimiento de las partes dicha circunstancia, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, en cumplimiento al oficio SEADS/1148/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre del año en cita la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes funge como Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por tanto, se hace del conocimiento de las partes dicha circunstancia, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en la circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. De conformidad con las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en las que se determinó el regreso al esquema de contingencia del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 a partir del uno al nueve de febrero y del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, se suspendieron los plazos en esas fechas y en base a la circular SECNO/10/2021 en que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Es oportuno precisar que, la aplicación del citado acuerdo general se prorrogó al treinta de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el diverso Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de marzo de dos mil veintiuno. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. ESTADO PROCESAL. Este expediente se encuentra en etapa de ejecución. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. SE ACUERDA OFICIO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por la Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Acaponeta, Nayarit, a través del cual manifiesta la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento al fallo protector. Lo que acredita con la documental que adjunta al comunicado de mérito, consistente en el acta de defunción de la tercera interesada **. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, en particular el acuerdo de dieciocho de diciembre previamente aludido, se advierte que se tuvo a la responsable de referencia informando dicha circunstancia. Asimismo, de dicho proveído se desprende que se dio vista dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado auto, manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidos que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciaría en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hicieran en forma extemporánea. Sin embargo, no se aprecia que se hubiere pronunciado respecto al fallecimiento de la tercerea interesada de referencia. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en su arábigo 2°, se ordena regularizar el procedimiento, con el objeto de dejar sin efectos la determinación de dieciocho de diciembre de dos mil veinte y proveer lo relativo a dicha circunstancia. Al respecto, este juzgado federal estima innecesario conceder a la sucesión de la finada de mérito, intervención en el presente sumario constitucional. Asimismo, se considera infructuoso suspender el procedimiento, debido a que la citada parte procesal no tiene representante legal, tal como lo establece el artículo 16 de la Ley de Amparo. Esto, en base a las siguientes consideraciones. En efecto, el arábigo 16 de la ley de la materia establece lo siguiente; "Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión. Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión, el juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate. Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto." Del citado dispositivo, se advierte en lo que interesa que, en caso de fallecimiento del tercero interesado, siempre y cuando lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, su representante legal continuará el juicio hasta en tanto comparece la sucesión. Además, en el supuesto que no tenga representante legal, se deberá suspender la secuela procesal. Y, si la sucesión no interviniere dentro del plazo sesenta días siguientes al en que se decretó la suspensión, el juez deberá ordenar lo conducente según el caso de que se tratase. No obstante, de una interpretación en sentido contrario del citado numeral, se concluye que, si la materia sobre la cual versa el juicio de amparo afecta únicamente los derechos exclusivamente personales de la finada parte procesal, entonces resulta innecesario atender a los lineamientos ahí preestablecidos. En el caso en concreto, la materia de la litis planteada en la presente instancia constitucional consistía en la terminación del vínculo matrimonial entre el quejoso **y la tercera interesada **; incluso, la concesión en el presente juicio se otorgó para que llevara a cabo la disolución de dicho vínculo, sin perjuicio de que las demás consecuencias jurídicas de esto continuaran por su trámite respectivo en el juicio de origen. Sin embargo, se reitera, la materia de estudio en el juicio biintancial en que se actúa es lo relativo la disolución del vínculo matrimonial entre el quejoso y la tercero interesada. En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado en la presente instancia constitucional afectaba derechos de exclusivamente personales de la tercera interesada **; de ahí que, ante el fallecimiento de ésta, se estima innecesario llamar a su sucesión a deducir derechos. Apoya lo razonamientos previamente expuestos, la tesis 1a. CLXXI/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento noventa, Tomo XXIV, noviembre de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN FALLECE EL QUEJOSO, SI LA MATERIA DEL MISMO VERSA RESPECTO DE SUS DERECHOS PATRIMONIALES Y NO SOBRE LOS ESTRICTAMENTE PERSONALES. Conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de garantías por la sola circunstancia de que el quejoso fallezca durante su tramitación, si los actos reclamados no son de índole meramente personal y, por consiguiente, existe la posibilidad de que se afecten sus intereses económicos. Lo anterior es así, porque si bien el artículo 74, fracción II de la referida Ley sostiene que procede el sobreseimiento cuando el agraviado muera durante el juicio si la garantía reclamada sólo afecta a su persona, dicha disposición coincide con el citado artículo 15, al señalar con claridad que esto sólo es posible cuando se afecten derechos estrictamente personales. En consecuencia, cuando el acto reclamado proviene de un juicio en el que se vean afectados derechos patrimoniales del quejoso, es incuestionable que la garantía reclamada no sólo afecta a su persona y, por tanto, en la referida hipótesis no procede sobreseer en el juicio de amparo." Consecuentemente, toda vez que a la muerte de la tercera interesada se extinguió la designación de la persona que había señalado como su autorizado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta; así como, con los diversos comunicados y documentales signados ante este juzgado federal el veintiséis de noviembre, uno y diecisiete de diciembre, todos de dos mil veinte, respectivamente, dése vista únicamente a la parte quejosa efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con el cumplimiento a la sentencia concesora, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector. Sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable en lo conducente la tesis V.2o.C.T.5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, visible en la página dos mil doscientos ochenta y uno, Tomo III, septiembre de dos mil dieciocho, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE FACULTADES PARA CONTINUAR EL JUICIO AL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO QUE LO DESIGNÓ, PUES ESTA ENCOMIENDA RECAE EN EL REPRESENTANTE LEGAL HASTA EN TANTO INTERVIENE LA SUCESIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 16 DE LA PROPIA LEY. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 105/2015 (10a.), de título y subtítulo: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO.", determinó que el apoderado en los términos indicados está facultado para accionar el juicio de amparo y designar autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; además, distinguió entre ambas figuras, y estableció que el primero es un mandatario o representante legal que interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado es sólo un representante procesal encargado de llevar a cabo todos los actos de esa naturaleza que correspondan a la parte que lo designó dentro del juicio, mas no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado. Por otra parte, la Primera Sala del propio Tribunal, en la diversa jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), cuyos título y subtítulo son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.", estableció, entre otras cuestiones, que los derechos y obligaciones del autorizado no pueden equipararse a un mandato judicial. En este sentido, si el artículo 16 de la propia ley dispone expresamente que en caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado (siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte derechos estrictamente personales), es el "representante legal" del fallecido el que continuará la sustanciación hasta en tanto interviene la sucesión; entonces, cuando no exista esa designación, el autorizado en términos amplios del artículo 12 referido, carece de facultades para intervenir en el juicio. Esta conclusión se corrobora en tanto el artículo citado únicamente hace referencia a que tal encomienda corresponde al representante legal y, en ese sentido, el Máximo Tribunal del País ha determinado que ambas figuras son de naturaleza diversa porque, precisamente, de acuerdo con esa distinción, debe concluirse que el ejercicio de la acción constitucional y, por ende, su prosecución, es un derecho que corresponde únicamente al interesado o a sus representantes legales, no así al autorizado designado por uno u otros, por lo que es dable afirmar que a la muerte del quejoso, se extingue dicha designación." (subrayado añadido). 6. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 6.1. Por oficio a la autoridad responsable. 6.2. Personalmente a la parte quejosa. 6.3 Por lista al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, que deberá publicarse en la entrada de este juzgado. Notifíquese en los términos indicados.

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