César Henríquez Zavala

Expediente 2013/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2013/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • César Henríquez Zavala
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veinticuatro de enero del año en curso, la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo veintisiete de enero de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa, con el referido oficio y anexo que acompañó, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó de manera personal a la parte quejosa el veintiocho de enero del año en curso, sin que posterior a ello se hubiere realizado manifestaciones al respecto. Luego, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia 2ª./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así pues, mediante resolución de terminada de engrosar el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados a la parte quejosa, en los términos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica del quejoso lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad; asimismo, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y el Director de Administración y Desarrollo de Personal, dependiente de la Secretaría citada en primer término, así como en el respectivo ámbito de sus funciones, realicen las gestiones necesarias y devuelvan al peticionario de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 504", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales; debiendo abarcar desde el uno de mayo de dos mil dieciocho, toda vez que desde esa fecha y hasta la de la presentación de la demanda (veintiuno de agosto de dos mil diecinueve) aun no transcurría el término de tres años que establece el arábigo 18 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para la prescripción de las aportaciones pensionarias en favor del Fondo." De lo antes transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, para cumplir con dicho fallo protector, eran los siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito. Devolver al quejoso el importe relativo a las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 504", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales; debiendo abarcar desde el uno de mayo de dos mil dieciocho. Ante ello, a través del oficio sin número, recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el diez de enero de la presente anualidad, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó que, en cumplimiento al fallo protector, con fecha ocho de enero del año en curso, notificó al agraviado el comunicado FP/012/2019, por el que se desincorporó de su esfera jurídica lo previsto por los artículos 11, 13 y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, tal como se advierte de la constancia que adjuntó la responsable a su comunicado de mérito. Asimismo, mediante comunicado recibido en este Juzgado Federal el veinticuatro de enero del año actual, el Director General del Fondo de referencia, exhibió copia certificada del comprobante de operación de la transferencia electrónica efectuada a favor del quejoso por un monto de $10,710.06 (diez mil setecientos diez pesos 06/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, conforme al transitorio tercero de la ley citada; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del tres de agosto del año en curso se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio, los cuales se encontraban suspendidos en virtud de los diversos acuerdos generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del propio cuerpo colegiado. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. Este expediente se encuentra en ejecución. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones de harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.2.3. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. NOTIFICACIÒN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 5.1 Por medio de lista a las partes, la que deberá publicarse en la entrada de este juzgado. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 59 a 85); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida determinación HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit y Director de Administración y Desarrollo de Personal, dependiente de la citada Secretaría, residentes en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de legislación de la materia, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit y Director de Administración y Desarrollo de Personal, dependiente de la citada Secretaría, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los dispositivos 193 y 258 de la Legislación invocada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Notifíquese.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo presentado vía electrónica por ***, directa quejosa y evidencia criptográfica del archivo magnético del escrito en cuestión, a través del cual, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós del mes y año actual, refiere que es voluntad de su representada ofrecer como prueba de su intención la pericial contable; ello, con independencia de la documental privada ofertada en su oportunidad, consistente en el ocurso presentado por el contador público Víctor Hugo Miranda Ponce; y, manifiesta que dicha probanza se deberá desahogar al tenor del cuestionario que adjunta al libelo de mérito. Por otra parte, precisa que para evitar que dicho especialista se pronuncie nuevamente sobre el mismo asunto, propone su sustitución y señala como experto de su parte a Felizardo Verdugo Flores. Ahora bien, visto el estado de autos, se aprecia que mediante proveído de cinco de noviembre de la presente anualidad, este juzgado se reservó a proveer sobre la admisión de la prueba pericial ofrecida por Adolfo Dueñas Canales, representante legal de la parte agraviada, hasta en tanto se encontraran debidamente notificados la totalidad de las partes de la denuncia de repetición del acto reclamado, lo que en la especie aconteció. Es oportuno aclarar que, en el capítulo relativo a la repetición del acto reclamado, la Ley de Amparo no establece una etapa probatoria ni cuáles medios de convicción pueden ser ofrecidos; sin embargo, no es razón suficiente para que, mediante una interpretación meramente literal, de los preceptos que componen ese capítulo, se estime que en el incidente de repetición no procede el ofrecimiento y desahogo de pruebas. En ese tenor, al encontrarse colmado el requerimiento de que fue objeto la quejosa mediante acuerdo de veintidós de noviembre del año actual, este juzgado DESECHA la prueba pericial en materia de contabilidad. Esto es así, ya que al ofrecer esa probanza por escrito presentado en este juzgado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, no exhibió el interrogatorio original sobre el cual versaría dicho medio de convicción, acorde a lo establecido en el numeral 119 de la Ley de Amparo, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba pericial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desechar la prueba aludida. Cobra aplicación, la Jurisprudencia P./J. 18/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página catorce, Libro 55, Junio de dos mil dieciocho, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que versa: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL CUESTIONARIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). ...." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis aislada 2a.CXI/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos seis, Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. EN EL INCIDENTE RELATIVO SON APLICABLES, SUPLETORIAMENTE, LAS NORMAS DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, RELATIVAS AL OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE PRUEBAS EN INCIDENTES....." Asimismo, la tesis aislada II, 1º.A.28 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página mil novecientos ochenta y nueve, Tomo XXII, Agosto de dos mil cinco, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que cita: "PRUEBAS. SU ADMISIBILIDAD EN EL INCIDENTE DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO SE REGULA POR EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO. ...." Ello, no obstante de que en sus libelos presentados el veintitrés de octubre y el veintiocho de noviembre de este año, refirió acompañar el interrogatorio respectivo; sin embargo, del sello de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional correspondiente, se aprecia que no lo presentó. Finalmente, con relación a su solicitud de que se deje sin efecto el apercibimiento de no tener por ofrecida la prueba en comento, deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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