César Gilberto Alcalá Inda
Expediente 615/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 615/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/04/2019
Partes del expediente
- César Gilberto Alcalá Inda
Actuaciones
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el ocurso firmado por el quejoso **, a través del cual en cumplimiento a lo requerido informa que su domicilio particular lo es en calle Juárez, número treinta y siete de la colonia Centro de Santa María del Oro, Nayarit; en consecuencia, agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previo a acordar respecto a la prueba testimonial ofrecida, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ante la facultad de ejercicio potestativo que tiene este Juzgado de Distrito para recabar de oficio nuevos medios de prueba, como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para determinar la condición económica del quejoso para realizar el pago de la publicación de los multicitados edictos; solicítesele al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nayarit), con sede en Santa María del Oro, Nayarit, designe a un trabajador social, para que realice un estudio socioeconómico al quejoso J. Jesús Arjona Flores, quien tiene su domicilio en calle Juárez, número treinta y siete de la colonia Centro de Santa María del Oro, Nayarit y valore su situación pecuniaria, lo que conlleva a analizar el entorno social, familiar o laboral del solicitante del amparo y que el trabajador social, a través de sus sentidos, corrobore dónde, cómo, en qué condiciones vive, a qué se dedica, qué bienes tiene, así como el lugar en que se haya y el estatus económico de la zona, entre otras particularidades, de igual forma, cuántos y quiénes son sus dependientes económicos. Es aplicable, la tesis 1a. CXXIII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página mil ciento diez, Libro dieciséis, de Marzo de dos mil quince, Tomo II, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso. De igual manera, la tesis I.3o.C.973 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página mil nueve, Tomo XXXIV, de Julio de dos mil once, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: **
- Principal
Tepic, Nayarit, once de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000. En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la cual concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados el quejoso Carlos Marcelo Becerra Contreras, respecto de la omisión reclamada a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, concesión que fue para los efectos siguientes: ".La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, en forma inmediata, se pronuncie sobre la admisión de las pruebas ofrecidas en la audiencia de siete de junio de dos mil dieciocho, en el expediente 345/2017..." En esa línea, mediante diverso proveído dieciséis de enero de la presente anualidad causó ejecutoria dicha resolución, y en consiguiente, se requirió a la referida autoridad responsable, para que dentro del término de diez días acatara la sentencia referida y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio registrado con número de folio 3496, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por el que remitió copia certificada del proveído de treinta y uno de enero del presente año, en el que señaló las diez horas con treinta del veinte de febrero de dos mil diecinueve a fin de llevar a cabo la admisión de pruebas en el juicio laboral 345/2017, de su índice. Posteriormente, el veintidós de febrero del año en curso, dicha responsable informó que el veinte de febrero del año que cursa, llevo a cabo la admisión de las probanzas ofrecidas en la audiencia de siete de junio de dos mil dieciocho en el contradictorio laboral 345/2017 y para acreditarlo remitió copia certificada de dicho proveído. Ahora bien, atendiendo a que la ejecutoria de amparo se concedió para el efecto de que: Se pronuncie sobre la admisión de las pruebas ofrecidas en la audiencia de siete de junio de dos mil dieciocho, en el expediente 345/2017. Luego, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató la concesión en los términos precisados en los párrafos que anteceden, dado que, realizó lo ordenado, pues, se reitera, en auto de veinte de febrero del año que cursa, calificó y, en consecuencia, admitió los medios de convicción ofrecidos en el contradictorio laboral 345/2017. En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit DECLARA CUMPLIMENTADA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del referido punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Además, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, visto el oficio de cuenta suscrito por el Presidente de la Junta Especial número Uno, dependiente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo certificado que acompaña, mediante los cuales informa sobre el cumplimiento al fallo protector; sin embargo, agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda, sin realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en párrafos que anteceden se tuvo por cumplido el fallo protector emitido en autos.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no ha informado el trámite realizado a fin de dar cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. En consecuencia, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a dicho ente, a fin de que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito, o bien, informe el impedimento que tenga para realizarlo. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.
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