César Hernández Bermúdez
Expediente 209/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- César Hernández Bermúdez
- Honorable Ayuntamiento Constitucional de Santa María Huatulco, Oaxaca.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, en contra del auto dictado el veintidós de marzo de esta anualidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes, el escrito signado por el quejoso César Hernández Bermúdez, visto su contenido, téngasele cumpliendo con el requerimiento formulado en proveído dictado el siete de marzo en curso; y al efecto refiere que mediante escrito de once de diciembre de dos mil catorce, solicitó al Presidente Ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, requiriera de nueva cuenta a la parte demandada para que solicitara a la Legislatura del Estado la expedición de un decreto especial para el pago del laudo dictado en el expediente de origen; asimismo, aduce que dicho ocurso fue recibido el siete de enero de dos mil quince. Análisis de la demanda y desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del contenido de dichos artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Precisado lo anterior, cabe destacar que de la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que la promovente señala como acto reclamado el siguiente: ".el abstenerse de proveer lo necesario para efectuar el pago de la cantidad a que fue condenado el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, Oaxaca, en el Laudo dictado con fecha 8 de febrero del 2013 en el expediente laboral *****." Luego, se estima oportuno citar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de los antecedentes y de las constancias que adjuntó a su demanda de amparo: 1. El ocho de febrero de dos mil trece, se dictó laudo dentro del juicio laboral *****, promovido por ******, en el que se condenó al Ayuntamiento de Santa María Huatulco a la reinstalación y al pago de las cantidades ahí señaladas. 2. Con fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación, en la cual el quejoso fue reinstalado física y jurídicamente en el puesto en que se desempeñaba. 3. Por escrito fechado el once de octubre de dos mil catorce y con sello de recepción de siete de enero de do mil quince, el actor aquí quejoso solicitó al Presidente Ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, requiriera de nueva cuenta a la parte demandada para que solicitara a la Legislatura del Estado la expedición de un decreto especial para el pago del laudo dictado en el expediente de origen. 4. En auto de veintitrés de febrero de dos mil quince, la Junta responsable tuvo a la parte demandada dando cumplimiento parcial al laudo de referencia; asimismo, ordenó al actuario de su adscripción para que en compañía de la parte actora, se constituyera en el domicilio de la demandada y la requiriera por conducto del síndico municipal, para que diera cumplimiento total al laudo, apercibiéndola que de no cumplir, se le impondría una multa; y, por otra parte, en atención al escrito de la parte actora, indicó que no había lugar a requerir al Ayuntamiento demandado en los términos solicitados, en virtud de que tal circunstancia no estaba contemplada en la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Ahora, se tiene que los artículos 939, 940, 945, 946, 954, 955, 957 y 965 de la Ley Federal del Trabajo (de aplicación supletoria al caso concreto), establecen: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." "Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo." "Artículo 954. El Actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización." "Artículo 955. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el Actuario se trasladará al local donde manifieste la parte que obtuvo que (sic) se encuentran y previa identificación de los bienes, practicará el embargo." "Artículo 957. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo. El depositario debe informar al Presidente ejecutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario." "Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo: I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y II. Cuando se promueva una tercería. El Presidente Ejecutor podrá decretar la ampliación si a su juicio concurren las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado." Como puede advertirse, la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos permite conocer que para proceder a la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en un primer momento, el Presidente de la Junta debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa, pues en esta etapa, el legislador no dispuso que debiera existir un petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Etapa que se agota una vez transcurridas las setenta y dos horas ya mencionadas, pues si el Presidente de la Junta no actúa de manera oficiosa, según se desprende del contenido del numeral 950 ya transcrito, el cual dispone que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el Presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo. Ello significa que, agotadas las medidas que hubiere adoptado el Presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado, para la continuación del procedimiento de ejecución. Ahora bien, un segundo momento se presenta cuando se está frente a la etapa de ejecución forzosa. En este sentido, la interpretación sistemática de los artículos 953, 954, 957 y 965 de la Ley Federal del Trabajo, que regulan el embargo, la figura del depositario y su remoción, se desprende que el actuario debe tomar en consideración lo que le expongan las partes, para determinar qué bienes deben ser objeto del embargo, así como la carga del ejecutante de designar al depositario y su facultad para removerlo. De tal manera que las normas aludidas, conducen a concluir que para llevar a cabo la segunda etapa de procedimiento de ejecución de un laudo (lato sensu), es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante; de quien depende que inicie o reinicie el término establecido por el legislador para la prescripción del derecho para solicitar la ejecución del laudo. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), publicada en la página 2771, del Libro III, diciembre de 2011, tomo 4, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2000011, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Por tanto, es posible concluir que en la etapa de ejecución del laudo, corre a cargo de la parte que obtuvo laudo favorable solicitar la ejecución de aquél, lo que no se agota con la petición de ejecución forzosa, sino que ante la inactividad del presidente de la Junta, el accionante debe instar cada vez que sea necesario, a efecto de que no opere la figura de la prescripción. De ahí que no exista obligación legal del presidente de la Junta para actuar oficiosamente para procurar la ejecución del laudo, sino que es necesaria la petición del interesado. Así se corrobora con el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 9/2000, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 130, del tomo XI, febrero de 2000, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 192369, de epígrafe y texto siguientes: "LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN. De lo dispuesto por los artículos 519, fracción III y 521 de la Ley Federal del Trabajo deriva que prescriben en dos años, contados a partir del día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo, las acciones para solicitar su ejecución y que la prescripción se interrumpe por la sola presentación de cualquier promoción ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Por su parte, los diversos preceptos 945 y 950 de la invocada ley disponen que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación y que, transcurrido este término, el presidente de la Junta, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. De estos preceptos legales se advierte que es requisito indispensable para dictar auto de requerimiento y embargo o de ejecución de laudo, el que la parte que obtuvo lo solicite expresamente, lo cual debe hacer dentro del término de dos años que señala el citado artículo 519, fracción III, de la ley en comento, so pena de que su acción se declare prescrita en atención a que dicha promoción, solicitando la ejecución del laudo o el dictado del auto de requerimiento y embargo, únicamente tiene por efecto interrumpir la prescripción, inutilizando el tiempo transcurrido antes de la interrupción, pero en forma alguna puede tenerlo en el sentido de que con su dictado la prescripción no vuelva nuevamente a correr a partir de éste o después del acto interruptivo; por tanto, es necesario solicitar, antes de que transcurra el término fatal, auto de ejecución, lo cual debe hacerse cada vez que sea necesario, pues, de no interpretarse en ese sentido se contravendría la garantía de certeza jurídica tutelada por el artículo 14 de la Carta Magna, la cual debe prevalecer sobre el interés particular". Ahora, de los antecedentes previamente narrados se advierte que el actor, aquí quejoso, impulsó la ejecución del laudo por última vez el siete de enero de dos mil quince, (fecha en que la Junta responsable recibió su ocurso suscrito el once de diciembre de dos mil catorce). Por tanto, contrario a lo señalado por el quejoso, no puede considerarse que la Junta responsable haya incurrido en una omisión de ejecutar el laudo, pues como quedó establecido en líneas precedentes no existe tal omisión, porque forzosamente se necesitaba el impulso del actor ejecutante, aquí quejoso, lo que en la especie no sucedió. Estimar lo contrario, esto es, que el presidente de la Junta tuviera la obligación de actuar de manera oficiosa, haría nugatoria la figura de prescripción de la ejecución del laudo. Por ello, resulta indispensable que el actor solicite al presidente ejecutor que continúe la ejecución del laudo, pues como se explicó en líneas anteriores no puede actuar de forma oficiosa y al no existir alguna disposición legal que obligue a la autoridad responsable a actuar de esa forma (oficiosa), en el sentido que pretende la quejosa, esto es, que emitiera actos dirigidos a la ejecución del laudo; resulta que no existe la omisión reclamada. En esas condiciones, como a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no existía petición alguna de la parte quejosa, dirigida al presidente de la junta, en el sentido de que ejecutara el laudo; es inconcuso que no existe la omisión reclamada. Por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por César Hernández Bermúdez, por actualizarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XII del numeral 61 del propio ordenamiento. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA" Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el escrito firmado por ******, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por conducto del cual, pretende desahogar la prevención realizada al quejoso ******, en auto de siete de marzo del año en curso. Lo anterior, sin tenerle por desahogada la prevención al quejoso, toda vez que quien comparece carece de facultades legales para cumplir con lo prevenido en el auto inicial, ya que ese requerimiento se fundamentó en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, que refiere al requisito referente al señalamiento de los antecedentes del acto reclamado, en una demanda de amparo; además, la prevención inicial se hizo para que se realizaran manifestaciones "bajo protesta de decir verdad". Por tanto, el autorizado en término amplios de la Ley de Amparo, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Al respecto resulta aplicable, el siguiente criterio jurisprudencial: Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2007285; Instancia: Primera Sala; Décima Época; Materias(s): Común; Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210; Tipo: Jurisprudencia. "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." [Énfasis añadido] No obstante lo anterior, dígase a la parte quejosa que el plazo faltante para cumplir la prevención inicial continua transcurriendo a partir de la notificación de este auto, sin contar el de la presentación del escrito de cuenta. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.
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