César Hugo Ayala Trujillo

Expediente 1220/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1220/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • César Hugo Ayala Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado determinación. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veintiuno de octubre de esta anualidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Publicación de datos personales. Por otro lado, como las partes en este juicio d amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo. Ahora, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, por tanto, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso b), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con la demanda que promovió * * * * * * *, en su carácter de apoderado legal del trabajador * * * * * *, contra actos de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1220/2022. Expediente Electrónico. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Análisis de la demanda y desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". En efecto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado contrario sensu, debido a que los actos que se combaten no son de aquellos que causen un perjuicio de imposible reparación, ya que no vulneran de forma irreparable algún derecho sustantivo en la esfera jurídica de la parte quejosa. A fin de sustentar la afirmación anterior, es oportuno destacar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía prever de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguna de las específicas que se prevén en el artículo 61 de la ley de la materia, como lo es la que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Así, del precepto transcrito, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V, de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendidos como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad. En relación con el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las llamadas garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, sólo por citar algunos. En tanto que los actos de ejecución reparable, no tocan por sí mismos tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P . / J . 24 / 92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número de registro 205651 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 56, Agosto de 1992, a pág. 11, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En efecto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En ese tenor, por regla general, deviene improcedente el juicio de amparo cuando el reclamo de un particular se hace consistir en la omisión de la autoridad de dar respuesta a una petición o en la dilación en la prosecución del procedimiento jurisdiccional, toda vez que aun cuando alegue violaciones a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tratan de actos meramente intraprocesales que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos y no pueden considerarse como de ejecución irreparable, porque no constituyen actos independientes al procedimiento, sino que se presentan justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de la audiencia inicial o de prosecución del trámite. Sin embargo, surge como excepción a lo expuesto, cuando el juzgador advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, situación que hará procedente del juicio de amparo. Así lo sustentó la Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver la Contradicción de tesis 325 / 2015, que dio origen a la jurisprudencia 48 / 2016, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, Materia(s): Constitucional, Común, con registro digital 2011580, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudiral juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ahora, a fin de determinar si se actualiza la excepción a que se hizo referencia y verificar si existe una dilación procesal trascendental que haga procedente el juicio de amparo, es necesario analizar los conceptos de "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", en atención al derecho fundamental de "plazo razonable", como parte del debido proceso. Y para determinar la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material. b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta. c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a las peticiones realizadas dentro del procedimiento, así como sus cargas de trabajo. d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Sobre el particular, cobra puntual aplicación la tesis jurisprudencial III . 3 o . T . J / 3 (10 a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1569, Materia(s): Común, con registro digital 2013301, de contenido siguiente: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DELA LEY DE LA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2 a . / J . 48 / 2016 (10 a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su análisis permite considerar que existe una dilación procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe admitirse." Bajo ese contexto, en la especie, * * * * * * * reclama de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, lo siguiente: ".a) Lo constituye la OMISION de la autoridad responsable Junta Especial Numero 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación ordenado en el resolutivo segundo del laudo firme de fecha 12 de abril de 2022." Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado, se advierte, en la parte conducente, lo siguiente: "5. Mediante escritos presentados ante la Junta Especial Numero 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con fechas 04 de julio del año 2022, 15 de julio de 2022 y 23 de septiembre de 2022, la parte actora solicitó la apertura del Incidente de Liquidación ordenado en el RESOLUTIVO SEGUNDO del LAUDO de fecha 12 de abril del año 2022, sin que a la fecha la autoridad responsable haya acordado dichas promociones." (Lo resaltado es propio del juzgado) De lo anterior, se advierte que bajo protesta de decir verdad, el quejoso señaló que el último escrito por el cual se solicitó señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación ordenado en el resolutivo segundo del laudo firme -acto reclamado-, fue el veintitrés de septiembre del año en año en curso. En ese sentido, para la actualización de una dilación excesiva de las juntas, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, contado desde la fecha en que feneció el plazo legal para emitir el pronunciamiento correspondiente. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte lo siguiente: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley. Una vez reproducida la porción normativa precedente, debe decirse que en el juicio ordinario laboral en general, una vez recibidas las promociones por las partes, el tribunal obrero patronal cuenta con un plazo de cuarenta y ocho horas para emitir un pronunciamiento al respecto. Bajo ese contexto, en caso específico, el promovente refiere que, el veintitrés de septiembre del año en año en curso presentó escrito -materia de la litis en este asunto- en el juicio laboral * * * * * * del índice de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por el cual solicita se señale fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación ordenado en el resolutivo segundo del laudo firme; por tanto, a partir de esa data comenzó a transcurrir el plazo legal de cuarenta y ocho horas con que cuenta el tribunal laboral para emitir la resolución respectiva, feneciendo el veintisiete de septiembre del mismo año. De ahí que a partir del veintiocho de septiembre del año actual, es cuando la junta empieza a incurrir en una dilación procesal; sin embargo, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto, deberán haber trascurrido cuarenta y cinco días sin que hubiera emitido la determinación respectiva, en ese supuesto se actualizaría una dilación presuntamente excesiva en la emisión de aquélla, que es a lo que refiere el criterio jurisprudencial citado en párrafos que anteceden. Por tanto, a la fecha de la promoción del presente juicio de amparo indirecto a la Oficina de Correspondencia Común (diecinueve de octubre del año en curso) ha transcurrido solamente veintidós días naturales. No debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa el pleno goce de la derecho fundamental violado y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción constitucional, sino que surgiera durante la tramitación del juicio, como acontece en el caso concreto, en que al momento en que la parte quejosa * * * * * * * * presentó su demanda de amparo [diecinueve de octubre del año en curso] aún no existe una excesiva dilación por parte de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, puesto que es precisamente ese periodo -cuarenta y cinco días naturales- el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Apoya las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia 2 a . / J . 33 / 2019 (10 a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIAR O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RELATIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2 a . / J . 48 / 2016 (10 a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o s paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil dejar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudo o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la jurisprudencia I . 13 o . A . J / 6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, página 1631, Materia(s): Común, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2 a . CLVII / 2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Domicilio y autorizados Se tiene como autorizados en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no encontrarse su cédula profesional en la página web registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acreditan como licenciados en derecho; y, al no haber señalado cédula profesional. Por lo que hace a su petición de que se autorice el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo al usuario "Alejandrozuniga" dentro de los Servicios de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se autoriza el acceso a este expediente electrónico, con el nombre de usuario antes mencionado, a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y del capítulo Sexto "De las notificaciones" del Acuerdo General mencionado, se autoriza se realicen las notificaciones personales de forma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haber solicitado expresamente la parte promovente en este juicio se tramite en línea. En consecuencia, se instruye al oficial judicial A, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Autorización de medios electrónicos y gratuidad de los servicios. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas se hará previa solicitud y autorización previa solicitud y autorización por acuerdo, que se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se considerara información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese vía electrónica al quejoso.

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