César González Mejía
Expediente 827/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- César González Mejía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA 5 A PRAL. 827/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a diecisiete de julio de dos mil quince. Vistos los autos de este juicio de amparo, por cuanto que ha transcurrido el término que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de junio de esta anualidad (fojas 14 a 16); con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar, por lo que, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Finalmente, advirtiéndose de autos, que en este asunto por resolución de treinta de junio de esta anualidad, se sobreseyó en el juicio (fojas 14 a 16), misma que con esta fecha causó ejecutoria; por lo que no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos mas de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
mesa 2 a pral. 1603/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a diecisiete de junio de dos mil quince. Agréguese el escrito del quejoso OSWALDO CRUZ CARRASCO; visto su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo conducente, expídasele copia certificada de la constancia que indica, teniéndose por autorizadas para recibirla a las personas que al efecto faculta. Por otra parte, vista la razón de la secretaría y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dieciocho de mayo de dos mil quince (fojas 83 a 124), en la que se sobreseyó y concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales consiguientes. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables 1) Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y 2) visitadora General dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, cumplan con la sentencia de mérito. Con apercibimiento a dichas autoridades, que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se les impondrá, en su perjuicio, una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 del mismo ordenamiento. Apoya lo anterior, la tesis aislada del rubro y texto siguientes: "APERCIBIMIENTO DE MULTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO. EL DECRETADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR EL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE CUMPLA LA SENTENCIA DE AMPARO, DEBE PRECISARSE DESDE ESE MOMENTO Y NO SER GENERAL, VAGO O IMPRECISO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la autoridad responsable para que cumpla con una ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, se le apercibirá de que, en caso de no cumplir sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que "se determinará desde luego". Ahora bien, cuando en el acuerdo dictado por el Juez de Distrito, donde se requiere a la autoridad responsable para que informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo, únicamente se indica el hecho que, de no cumplir en los términos establecidos, se procederá conforme al artículo 193 de la citada ley, debe decirse que un apercibimiento realizado de esa forma es ilegal, porque no debe ser general, vago o impreciso, sino preciso y determinado, para así dar seguridad de que esa multa que "se determinará desde luego", no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio, sino también como cosa, elemento, entidad, tema o materia plenamente particularizado (certidumbre de lo que se impone)". Por lo que, deberá remitir copias certificadas de las determinaciones y medidas que haya adoptado al efecto. En otro orden, devuélvase al presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, las constancias que remitió como justificación de su informe que rindió en este juicio, consistentes en: 1). Toca RR-006/2014, de su índice. 2). Instructivo de responsabilidad 61/2013, en dos tomos. 3). Una bolsa transparente que contiene una caja de cartón, color café con la leyenda "objetos afectos al instructivo de responsabilidad V.I./61/2013, papel manila con datos de identificación y una bolsa negra y fajillas 20/02/2013". 4). Un sobre abierto color amarillo tamaño carta que se dice contiene dos exposiciones fotográficas del Instructivo de Responsabilidad V.I./61/2013. 4. Un sobre abierto color amarillo tamaño carta que se dice contiene dos exposiciones fotográficas del Instructivo de Responsabilidad V.I./61/2014 (sic). 5. Un sobre abierto color amarillo tamaño media carta que se dice contiene disco óptico con la leyenda "DVD con careos". 6). Un sobre cerrado color amarillo tamaño media carta que contiene la leyenda "IR61/2013 DVD, que se dicte contiene fotografías. 7). Un sobre cerrado color amarillo con la leyenda "contiene una cámara fotográfica Canon Power Shot A2300HP, con número de inventario PJ1-21203-048.0152/12, anexa a la investigación de la Dirección del Fondo para la Administración de Justicia del Estado". 8). Un sobre cerrado color amarillo tamaño oficio con la leyenda "CONTENIDO: nueve sobres amarillos tamaño media carta". 9). Un sobre cerrado color amarillo, tamaño media carta con la leyenda "sobre que contiene cintas adhesivas que envolvían las fajillas compuestas por tarjetas cartulinas color blanco". 10). Nueve sobres cerrados color amarillo tamaño carta con la leyenda "tipos de indicio: paquetes afectos de cartulina de color blanco", los cuales se encuentran seriados del uno al nueve; y, 11) Tres sobres cerrados color blanco, tamaño carta que se encuentran seriados como indicio del uno al tres. Solicitándole el acuse de recibo respectivo. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . NOTIFÍQUESE.
- Incidental
*PRAL. 1610/2014 MESA AMP. 5-B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a diecisiete de junio de dos mil quince. Vistos los autos y la certificación de la secretaría, se desprende que el término de tres días, concedido a la parte quejosa, en acuerdo de fecha once de mayo del año en curso (foja 139), y notificado el cuatro de junio en curso (foja 156 vta.), transcurrió sin que hubiese hecho alguna manifestación al respecto, en relación al cumplimiento que dieron las autoridades responsables: 1) encargado del despacho de la dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA"; y, 2) el secretario Técnico y Representante legal del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social mencionado, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En tales condiciones, este Juzgado, en términos del artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, procede a declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, atendiendo a lo que oficiosamente se advierta de autos. Apoya lo anterior, conforme al artículo 6° transitorio de la citada Ley de Amparo, la Tesis número 2ª.XXXVIII/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 315, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1999, Novena Época, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." A fin de analizar el cumplimiento dado por parte de las autoridades responsables aludidas y anexos que acompañaron, resulta oportuno precisar que: Mediante escrito presentado ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el veinte de noviembre de dos mil catorce, presentado ese mismo día, por razón de turno, a este juzgado, RAFAEL LOZANO RIVERA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes (foja 2): "III). Autoridad Responsable: Director General e integrantes del consejo técnico interdisciplinario. IV. Acto reclamado: Se reclama la sanción impuesta consistente en 76 días de castigo en el área de segregación, impuesta al quejoso por la responsable, sin derecho a estímulos y actividades.." La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Federal. En sentencia engrosada el trece de marzo de dos mil quince (fojas 78 a 88) se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, en los términos siguientes (foja 86 vta. y 87 fte.): ".En consecuencia, procede CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, "CPS OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca: I. Deje insubsistente la determinación reclamada, lo que implica la restitución en los estímulos suspendidos, consistentes en restricción de tránsito a los límites de su estancia, suspensión total de estímulos, por un periodo de setenta y seis días. II. En el entendido que el efecto del amparo no obliga a las autoridades responsables a volver a instaurar el procedimiento sancionador en contra del quejoso, pues la imposición del correctivo disciplinario derivó de un procedimiento iniciado de oficio, por lo cual, basta con dejar sin efectos dicho acto, sin perjuicio que, de estimar oportuno ejercer sus facultades sancionadoras, lo hagan en los términos precisados, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, pero brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades destacadas en este considerando de esta resolución.". En proveído de veintiuno de abril de dos mil quince (fojas 121 a 123) se requirió a la responsable cumpliera con el fallo protector, en los términos apuntados con anterioridad. En acuerdo de fecha once de mayo último (foja 139) se agregó el oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS13/DG/10248/2015, suscrito por el encargado del despacho de la dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA" y por el secretario Técnico y Representante legal del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social mencionado, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y anexo que acompañaron, mediante el cual informaron las medidas que adoptaron para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, dándose vista a la parte quejosa en auto de esa misma fecha (foja 139); apercibiéndola que, de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, en forma oficiosa, resolvería sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por las responsables; auto que se le notificó el cuatro de junio del año en curso por lista de acuerdos (foja 156 vta.), sin que hubiera hecho manifestación alguna. Ahora, del examen practicado al oficio mencionado y anexo que acompañaron las autoridades de referencia (fojas 132 a 136), mismos que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, como lo establece su artículo 2º, se advierte que la ejecutoria de amparo se encuentra CUMPLIDA, porque las autoridades responsables el treinta de abril de dos mil quince (foja 135) dejaron sin efecto el acta administrativa de imposición de corrección disciplinaria de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, en donde le fue impuesta una sanción consistente en setenta y seis días de suspensión total de estímulos con restricción de tránsito a los límites de su estancia, al quejoso RAFAEL LOZANO RIVERA. Motivo por el cual la parte quejosa ha sido restituida en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor; sin que se advierta defecto o exceso en tal cumplimiento, pues seguidos los lineamientos de la ejecutoria se dejó insubsistente la determinación reclamada e instauraron el procedimiento sancionador aplicado al quejoso; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el invocado precepto, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, y toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto, este expediente es DEPURABLE una vez transcurrido más de cinco años, a partir de este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo (tres años), se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa se encuentra privado de su libertad personal en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mismo que señala para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal; con fundamento en el artículo 116 de la Ley de Amparo en vigor, gírese atento despacho al juez Mixto de Primera Instancia, EN TURNO, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Diaz, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este Tribunal, comisione a quien corresponda, se haga presente con las formalidades de ley, en el Centro Federal de Readaptación Social referido, y notifique este acuerdo al quejoso RAFAEL LOZANO RIVERA, entregándole copia de este acuerdo; y, hecho lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible. Se hace saber al juez despacho que en este juicio de amparo son aplicables las reglas relativas a la notificación, previstas en los artículos 24, 26, fracción I y 27, fracción I, inciso a), de la ley de la materia en vigor, por lo que se anexa copia autorizada del proveído relativo, a fin de que sea entregado a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
mesa 4 a pral. 1695/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a diecisiete de junio de dos mil catorce. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el veintitrés de febrero del año que transcurre, engrosada el veintidós de mayo del año dos mil quince (fojas 58 a 80), en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso RENÉ HERNÁNDEZ CASTELLANOS; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicho fallo. Por otra parte, como se advierte de la certificación de cuenta, que en la Secretaría de este Juzgado obran dos tomos anexos, el primero contiene los autos originales del toca penal 676/2014, del índice de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mismo que acompañaron a su informe justificado los integrantes de dicho órgano judicial (foja 19), y el segundo, los autos del expediente 47/2014 del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca (foja 37 vta.); por tanto, devuélvanse dichas documentales, toda vez que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Destino: Con apoyo en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Archivo reciente Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. NOTIFÍQUESE.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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