Cesar Geovanny May Centeno

Expediente 608/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
608/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Cesar Geovanny May Centeno

Actuaciones

  1. Principal

    ELECT.Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio signado por la Directora de Asuntos Contenciosos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con sede en la Ciudad de México. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones a las que se contrae en su oficio de cuenta, mismas que se reservan para ser tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    NOT. ELECT V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2497/2021-VI-A, promovido por AHMAD ALÍ YOUSSEF MIOUHAYCH, contra el acto que reclama del Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el veinte siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció AHMAD ALÍ YOUSSEF MIOUHAYCH, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama al Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia Administrativa y del Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda de que se trata con el número 2497/2021-VI-A, y se previno a la parte quejosa a fin de que proporcionara el nombre y domicilio donde pudiera ser emplazada la parte tercero interesada; a lo que dio cumplimiento por escrito presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el siete de enero de dos mil veintidós. En consecuencia, mediante proveído de diez de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, haciéndose la aclaración de que no se tendría como autoridad responsable al Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en esta ciudad, pues el carácter que le recae en el presente juicio, lo es el de parte tercero interesada. Asimismo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa AHMAD ALÍ YOUSSEF MIOUHAYCH, fundamentalmente, en: El acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos del juicio 1081/18-16-01-4, pues refiere, no se ha dado cumplimiento a los efectos establecidos en la resolución en cita. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por conducto de su Presidente; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, la autoridad responsable Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, refiere que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. Ello, pues señala que la parte quejosa no agotó el medio ordinario previsto en la ley que regula el juicio de origen, esto es, que tenía expedito su derecho para interponer el recurso de queja en términos del artículo 58, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es infundado lo anterior. El artículo 58, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: [.] II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia.". De la transcripción anterior, se advierte que en contra de las resoluciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia en un juicio contencioso administrativo federal, se podrá promover el recurso de queja siempre y cuando sea en contra de las siguientes resoluciones: a. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. b. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de esa propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. c. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia y, d. Contra las resoluciones emitidas por una autoridad que no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Por ende, del numeral 58, fracción II, de la de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no se advierte que sea procedente el recurso de queja en contra de la resolución que declara cumplida una sentencia en un juicio de nulidad (acto reclamado en el presente asunto), y por tanto, en su contra sí es procedente el amparo biinstancial. Máxime, que el recurso de queja en la invocada ley es optativo para el particular antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de que se cuente con un recurso efectivo para la ejecución de una sentencia estimatoria dictada en un juicio contencioso administrativo federal por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia con registro digital 2023272, del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, Undécima Época, Materia Común, Administrativa, Tesis: PC.I.A. J/168 A (10a.), de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 4520, que dice: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU INTERPOSICIÓN ES OPTATIVA ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En México el juicio contencioso administrativo federal se encuentra severamente afectado en su eficacia, pues es sistemático el incumplimiento a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por parte de las autoridades administrativas, a pesar de que se agote el procedimiento para su ejecución, previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que carece de verdaderos mecanismos coercitivos para hacer cumplir las sentencias de nulidad. Esto es, una sentencia estimatoria, que ya constituyó en definitiva un derecho subjetivo en favor del actor en un juicio contencioso administrativo federal, reviste el carácter de cosa juzgada que debe ser acatada a la brevedad, pues de lo contrario, se revictimiza al actor en el juicio contencioso administrativo federal. Entonces, una interpretación garantista del artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva a concluir que el recurso de queja previsto en la citada ley es optativo para el particular antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de que se cuente con un recurso efectivo para la ejecución de una sentencia estimatoria dictada en un juicio contencioso administrativo federal por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa". De ahí que sea infundada la causa de improcedencia en estudio. QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar en materia, es menester señalar que el auto reclamado será analizado bajo la suplencia de la queja, toda vez que, como quedará establecido en párrafos posteriores, hubo en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo dejó sin defensa, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Lo que encuentra sustento en la tesis P1a. LXXIII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa." Previamente, es importante destacar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1.- Auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual, la Sala responsable admitió a trámite el juicio contencioso administrativo promovido por AHMAD ALÍ YOUSSEF MIOUHAYCH, en contra de la resolución definitiva emitida por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, través del cual se le privó de la nacionalidad mexicana (fojas 11-13 anexo). 2.- Diverso proveído de nueve de agosto de dos mil dieciocho, en el que la autoridad responsable tuvo a la autoridad demandada dando contestación a la demanda instaurada en su contra (foja 101-102 anexo). 3.- Auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, con el que se tuvo a la parte actora, aquí quejosa, ampliando la demanda, por lo que se ordenó dar vista a la autoridad demanda, la que se tuvo por recibida en acuerdo de nueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 140 y 157 anexo). 4.- Sentencia de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en la que la responsable declaró fundada la causal de improcedencia hecha valer por la parte demandada y sobreseyó en el juicio contencioso administrativo de origen (fojas 178-193 anexo). 5.- Inconforme con la anterior determinación, la parte actora, aquí quejosa, promovió juicio de amparo directo en su contra, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el que por ejecutoria de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada; por los motivos expuestos, considerara infundada la causal de improcedencia planteada por la parte demandada; y, de no advertir una diversa causal de improcedencia, examinara la validez de la resolución impugnada, con plenitud de jurisdicción (fojas 197-217 anexo). 6.- Sentencia de dos de diciembre de dos mil diecinueve, en la que la Sala responsable, declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y reconoció el derecho subjetivo de la parte actora, aquí quejosa, para ser restituida en todos y cada uno de los derechos de los que hubiera sido privada con motivo de los efectos que se produjeron en su perjuicio con la resolución impugnada; asimismo, condenó a la autoridad demandada a proceder a dicha restitución en un plazo de cuatro meses (fojas 228-247 anexo). 7.- Por oficio de cinco de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad demandada informó el cumplimiento dado a la sentencia de que se trata (fojas 312- 315 anexo). 8.- Mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil dieciocho, la Sala responsable, por los motivos ahí expuestos, determinó el cumplimiento total de la sentencia de mérito, por lo que ordenó el archivo del expediente de origen como asunto total y definitivamente concluido (foja 316 anexo). Proveído que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Establecido lo anterior, en el presente caso, el quejoso señaló como acto reclamado el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos del juicio 1081/18-16-01-4, pues refiere, no se ha dado cumplimiento a los efectos establecidos en la resolución en cita. Sin embargo, el Magistrado Instructor de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para resolver lo relativo a tener por cumplida la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. El artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece: "Artículo 36. Los Magistrados instructores de las Salas Regionales con carácter de ordinarias, tendrán las siguientes atribuciones: I. Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación, si no se ajustan a la ley; II. Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o de su ampliación o, en su caso, desecharlas; III. Admitir o rechazar la intervención del tercero; IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas; V. Sobreseer los juicios antes de que se cierre la instrucción, cuando el demandante se desista de la acción o se revoque la resolución impugnada, así como en los demás casos que establezcan las disposiciones aplicables; VI. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la Sala; VII. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma; VIII. Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en su caso, de cumplimiento de ejecutorias; IX. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente; X. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal; XI. Proponer a la Sala Regional la designación de perito tercero, para que se proceda en los términos de la fracción V del artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; XII. Tramitar y resolver los juicios en la vía sumaria que por turno le correspondan, atendiendo a las disposiciones legales que regulan dicho procedimiento; XIII. Resolver sobre el otorgamiento de medidas cautelares que correspondan; XIV. Formular el proyecto de resolución correspondiente y en caso de determinar la comisión de una falta administrativa grave, preverá la sanción correspondiente, la cual incluirá el pago de las indemnizaciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y XV. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables". Del contenido del artículo anterior, se advierte que el Magistrado Instructor del Tribunal, podrá admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que le competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la Sala, así como formular el proyecto de cumplimiento de ejecutorias, de lo que se advierte que el Magistrado Instructor podrá realizar únicamente aquellas funciones que le competan, es decir, su atribución se encuentra condicionada a que se trate de cuestiones respecto de las cuales la ley le otorgue facultades para conocer y resolver exclusivamente con ese carácter. Precisado lo anterior, es necesario imponerse del contenido del artículo 58, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que en seguida se transcribe: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor. En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días. Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico. También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja IV. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución administrativa definitiva, se le impondrá una multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y seiscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y, en caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará este hecho como agravante para graduar la sanción que en definitiva se imponga. Existiendo resolución administrativa definitiva, si el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, porque se plantean cuestiones novedosas que no fueron materia de la sentencia, prevendrán al promovente para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, reuniendo los requisitos legales, en la vía correspondiente, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja. No deberá ordenarse el trámite de un juicio nuevo si la queja es improcedente por la falta de un requisito procesal para su interposición. Del artículo anterior se advierte que tratándose del cumplimiento de las resoluciones del Tribunal, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia; concluido el cual con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia o bien, en caso de estar cumplida, lo determinará así. En ese sentido, deviene inconcuso que dentro de las facultades del Magistrado Instructor, no está la de poder emitir de forma unitaria, autos o resoluciones que determinen que una sentencia emitida por el Tribunal se encuentra debidamente cumplida, sino sólo formular el proyecto respectivo, el cual tendría que ser sometido a la consideración de la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia pues tales cuestiones les competen únicamente a éstas. Por lo tanto, al emitir el auto tres de noviembre de dos mil veintiuno, en el que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de origen, violó en perjuicio de la aquí parte quejosa sus derechos fundamentales de legalidad y efectivo acceso a la justicia. En el auto que constituye el acto reclamado, el Magistrado Instructor determinó lo siguiente: ".Mérida, Yucatán, a tres de noviembre de dos mil veintiuno. Se da cuenta con el oficio recibido el 5 de octubre de 2021 en la Oficialía de Partes Común den Línea de este Tribunal, mediante el cual el Director de lo Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, exhibe el oficio ASJ-38527 y su constancia de notificación electrónica, mediante el cual se nulificó la resolución de 19 de febrero de 2018, emitida dentro del Procedimiento de Pérdida de la Nacionalidad Mexicana por Naturalización; asimismo, informa que con dicha anulación se reconoce el derecho subjetivo del actor a la nacionalidad mexicana. Al respecto, téngase por recibido el oficio de cuenta y anexos, y por informado de su contenido; por lo que, se considera que se tiene por cumplida la sentencia. Asimismo, y advirtiéndose que no existe cuestión ni diligencia pendiente de desahogar, se ordena el archivo del juicio de nulidad en que se actúa como asunto total y definitivamente concluido. Finalmente, se previene a las partes para que en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezcan a recoger las pruebas exhibidas en el presente juicio, apercibidas que una vez transcurrido dicho plazo, se procederá a su destrucción. Todo lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; y, 36, fracción VII, y 59, fracción I de la Ley Orgánica de este Tribunal.". Del contenido del acuerdo anterior, se advierte que la autoridad responsable, Magistrado Instructor responsable, declaró cumplida la sentencia definitiva, de forma unitaria y sin dar cumplimiento a las disposiciones establecidas para ello, de donde se concluye que vulneró los derechos fundamentales de la quejosa; virtud a que las resoluciones relativas al cumplimiento de una sentencia que ha decretado la nulidad de un acto administrativo, deben ser emitidas por la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, y no de forma unitaria por el Magistrado Instructor, ya que tales cuestiones no se encuentran dentro de sus facultades. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable fundó su actuar en los numerales 57 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; 36, fracción VII y 59, fracción I de la Ley Orgánica de Contencioso Administrativo que señalan: "ARTÍCULO 57.- Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente: I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana. b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tampoco se contará dentro del plazo de cuatro meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho párrafo, según corresponda. Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada. Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana. c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada. Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. d) Cuando prospere el desvío de poder, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52 de esta Ley. Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. Artículo 36. Los Magistrados instructores de las Salas Regionales con carácter de ordinarias, tendrán las siguientes atribuciones: . VI. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la Sala" "Artículo 59. Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de Sala Regional: I. Proyectar los autos y las resoluciones que les indique el Magistrado instructor". De la lectura de los artículos en comento no se advierte la facultad del Magistrado Instructor de dictar los autos en que se tenga por cumplida una sentencia dictada en el juicio administrativo contencioso federal; de ahí que no se advierta la competencia de la autoridad para emitir tales actos. En ese contexto, resulta contrario a derecho el auto de dieciocho de noviembre pasado, emitido por el Magistrado instructor responsable, en el que tuvo por cumplida la sentencia definitiva del juicio contencioso administrativo de origen, pues la determinación sobre el cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal, debe hacerse por la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, previamente agotados los trámites para ello. Por ende, se concluye que existe violación evidente de la ley que dejó sin defensa a la parte quejosa y que afectó sus derechos humanos previstos en los artículos 8.1 de la Convención Americana, 14 y 16 de la Constitución, en materia de fundamentación y motivación adecuada del acto jurisdiccional, en vista de que el Magistrado Instructor no tiene competencia legal para tener por cumplida una sentencia pronunciada en un juicio de nulidad, conforme a la interpretación de los artículos 57, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y 36, fracción VII y 59, fracción I de la Ley Orgánica de Contencioso Administrativo, que señaló como fundamento en el acuerdo reclamado. Lo que se traduce en que este Juzgado Federal se encuentre legalmente impedido para realizar pronunciamiento alguno respecto al fondo del asunto, esto es, si efectivamente, con las constancias remitidas por la autoridad demandada, aquí tercero interesada, Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se dio cumplimiento a la sentencia pronunciada en el procedimiento de origen. Ello, pues se reitera, es a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a quien le corresponde analizar los elementos que integran el expediente administrativo de origen a fin de determinar el cumplimiento, o no, de la sentencia de que se trata. Por lo que aun cuando a consideración del Magistrado de su adscripción se dio cumplimiento a la misma, no existe certeza alguna de que dicha determinación sea avalada por la Sala responsable, al realizar el análisis correspondiente. Aunado a que de la lectura del acuerdo reclamado se advierte que adolece de fundamentación y motivación, pues no se estableció parámetro, base de medición o elementos que tomó en consideración para emitirlo. En efecto, del acuerdo reclamado se advierte que el Magistrado responsable, en primer término, tuvo por recibidas las constancias con las que la autoridad demandada refirió haber dado cumplimiento a la sentencia de que se trata y posteriormente, de manera dogmática señaló que se tenía por cumplida la misma. Sin embargo, no realizó un análisis respecto a los lineamientos que fueron fijados en la sentencia y las actuaciones remitidas por la autoridad demandada, para así determinar que efectivamente esta última se ciñó adecuadamente a las directrices establecidas en la resolución en cita. Lo que indudablemente abona a la ilegalidad de la resolución que constituye el acto reclamado, al carecer de fundamentación y motivación. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado Instructor de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el plazo de tres días previsto en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de tres de noviembre dos mil veintiuno, emitido en los autos del juicio contencioso administrativo 1081/18-16-01-4 en el que tuvo por cumplida la sentencia definitiva dictada en el citado juicio. Emita otro en los que proceda en estricto cumplimiento al contenido del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respecto del oficio que remitió la autoridad demandada en cumplimiento a la sentencia definitiva y tomando en cuenta que los únicos facultados para determinar si la misma se encuentra cumplida es la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la pronunció, de cuenta a la misma. Finalmente, es pertinente establecer que, al resultar esencialmente fundado y suficiente el concepto de violación analizado, resulta innecesario abordar el estudio de los restantes que hace valer la parte impetrante en la demanda constitucional, ya que ello en nada cambiaría el sentido de esta sentencia. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 99, del tomo IX, enero de 1992, Octava Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción." SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que, a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a AHMAD ALÍ YOUSSEF MOUHAYCH, en contra del acto que reclama del Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad; por los motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el catorce de febrero del año en curso, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del citado numeral. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

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