Cesar Ernesto Pavon Pech

Expediente 2212/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2212/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Cesar Ernesto Pavon Pech

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el tres de marzo de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en su contra. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo número 2212/2021-IV-A, promovido por *************+; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció CÉSAR ERNESTO ESTRELLA RUÍZ, por conducto de su defensora particular Leticia Guadalupe Pavón Pech, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, el cual rindió oportunamente; asimismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se emplazó a la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así las cosas, se tiene que en el presente sumario, el acto reclamado al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, consiste en: La medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en contra del quejoso en la carpeta administrativa 100/2015, del índice de la autoridad responsable. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez responsable, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran la carpeta administrativa 100/2015, del índice de la autoridad responsable, y el disco óptico "DVD", que contiene la grabación de la audiencia de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, que remitió en apoyo a su informe; constancias que tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la diversa jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, toda vez que se estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, preceptos normativos que disponen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "ARTÍCULO 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "ARTÍCULO 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, en contra de aquéllos que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que prevé la ley; siendo que el término general para la promoción del juicio es de quince días contados a partir de que surta efectos, conforme a la ley del acto la notificación del acto o resolución, de que se haya tenido conocimiento de éstos o de que la parte quejosa se haya notificado de los mismos, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el caso, la parte quejosa combate en el presente controvertido la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro de la carpeta administrativa o causa penal 100/2015, del índice de la autoridad responsable, que se le sigue por la probable comisión del delito de LESIONES agravadas y calificadas, cometidas en contra de la aquí tercero interesada, ilícito previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 357, en relación con el 358 (segunda hipótesis), 365, párrafo primero, 378, 380, fracción I, 381 y 382, estos dos últimos relacionados también con el 367, todos del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos. Precisado lo anterior, debe decirse que el término para promover juicio de amparo en contra de dicho acto reclamado, es el genérico de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque no se encuentra en alguno de los casos de excepción que señala el citado precepto, en virtud de que no se trata de: Una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; No se impugna la sentencia definitiva en un proceso penal, que imponga pena de prisión; No se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, Tampoco, se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Así, tomando en consideración que el artículo 18 de la Ley de Amparo, dispone que el plazo para la promoción del juicio de amparo empieza a correr, entre otros supuestos, a partir de que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado, en consecuencia, procede analizar desde qué fecha ocurrió ello en la especie, para así estar en aptitud de saber si la interposición de la demanda fue en tiempo. En el caso particular, de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que el quejoso reclama la determinación de prisión preventiva justificada, emitida en la carpeta judicial 100/2015, la cual le fue impuesta al quejoso en audiencia pública de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en términos de los artículos 154, fracción I, 157 y 158, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Medida cautelar que operó a partir de esa data, inicialmente con una vigencia hasta el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, fecha en la cual se resolvería su situación jurídica. Posteriormente, el veintitrés de abril siguiente se dictó auto de vinculación en contra del aquí amparista César Ernesto Estrella Ruíz, y a petición de la fiscalía, se impuso a dicho implicado la referida medida cautelar de prisión preventiva justificada, por todo el tiempo que dure el proceso. Asimismo, precisó la autoridad judicial, que dicha medida empezó a computarse el propio veintitrés de abril de dos mil veintiuno y que no podría exceder del plazo de dos años a que se refiere la fracción IX, del apartado B, del artículo 20 Constitucional. Cabe precisar que en las dos audiencias en mención, tanto en la de diecinueve como en la de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, estuvieron presentes el aquí justiciable y su defensa; por lo que, tomando en consideración la data en la cual se le vinculó a proceso y se le fincó la medida cautelar para fines del proceso, es decir, veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se observa que el quejoso y su defensa fueron notificados de dicha determinación de prisión preventiva justificada conforme al artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Lo cual se corrobora de las grabaciones de las audiencias relativas contenidas en el disco versátil digital (DVD) enviado por el Juez responsable, a los cuales se les reitera valor probatorio pleno, así como a las constancias en copia certificada que adjuntó a su informe justificado deducidas de la carpeta administrativa 100/2015 de su índice. Es aplicable, en lo que interesa, la tesis siguiente con Registro digital 2020131, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época, Materias Común-Penal, Tesis II.2o.P.83 P, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5288, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES REALIZADAS EN LA AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. SURTEN EFECTOS EN ESE PROPIO ACTO, POR LO QUE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, DEBE PARTIRSE DE ESA FECHA Y NO DE AQUELLA EN LA QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO EN VIRTUD DE LA EXPEDICIÓN DE LA COPIA AUTORIZADA DE DICHA DILIGENCIA, O LA EMISIÓN DE SU VERSIÓN ESCRITA. Para los efectos del juicio de amparo, si se trata de la notificación realizada en la audiencia dentro del proceso penal acusatorio, debe partirse de la efectuada en esa fecha para realizar el cómputo de los plazos a los que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, y no de aquella cuando se aduzca que se tuvo conocimiento del acto hasta la expedición de la copia autorizada de la señalada diligencia, o bien, cuando se emita su versión escrita. Ello es así, ya que en el sistema penal de corte acusatorio, conforme a los principios de publicidad e inmediación, la audiencia, en sí misma, implica una participación real en el acto jurídico con el involucramiento de las partes en el desarrollo de las diligencias que conforman el proceso penal. De manera que, conforme al artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la notificación de las resoluciones dictadas en forma oral, tanto a los intervinientes en aquélla, como a quienes se encontraban obligados a asistir, quedan formalmente realizadas; por tanto, para la presentación de la demanda de amparo, la notificación de la resolución oral surte efectos en la misma audiencia, dado que se reconoce el efecto contundente de que el interesado participa en ella; por ello, no puede alegarse que no tuvo conocimiento de la emisión del acto, cuando éste se realizó en su presencia material y formalizada." En esa tesitura, cabe concluir que la parte quejosa, tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, pues fue notificado el implicado y su defensa al estar presentes en la audiencia oral relativa; aclarando que se parte de esa data y no del diecinueve de abril del mismo año, ya que la determinación que sujeta actualmente al quejoso a la prisión preventiva es precisamente la dictada el veintitrés del abril del año en cita, que en revisión de la medida cautelar, al dictarse el auto de vinculación a proceso, el juez natural decidió que quedara vigente durante todo el procedimiento. Así, se tiene que la notificación de esta determinación emitida en la audiencia oral, surtió efectos al día siguiente hábil, que fue el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, conforme a lo que señala el precepto 82, fracción I, inciso a), y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de contenido siguiente: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; [.] Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación". En esa guisa, el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, inició a partir del día siguiente hábil, que corresponde al veintisiete de abril consecuente, y feneció el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, descontando los días uno, dos, tres, cinco, ocho nueve, quince y dieciséis de mayo de ese año, por ser inhábiles; mientras que el quejoso presentó su demanda de amparo hasta el once de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que resulta ser notoriamente extemporánea. Es aplicable, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia IV.3o. J/44, sustentada por Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 49 del Semanario Judicial de la Federación número 86-2, Febrero de 1995, octava época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 1ª J30/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 286, del tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Lo anterior, sin soslayar que al presentar su demanda de amparo, la parte justiciable afirmó bajo protesta de decir verdad que había tenido conocimiento del acto reclamado a través de la notificación que se le realizó el diez de noviembre de dos mil veintiuno respecto de la "vista" que se le dio del auto de ocho de noviembre del mismo año, dictado por la autoridad responsable. Sin embargo, no puede partirse de esa data para realizar el cómputo de la oportunidad de la demanda de amparo, en razón que las constancias a que se ha hecho referencia, enviadas por la autoridad responsable, a las cuales se les ha otorgado valor probatorio pleno, evidencian la fecha cierta en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, que como ya quedó asentado, fue desde la audiencia de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el que quedó firme la medida cautelar de prisión preventiva justificada en la carpeta judicial de origen, durante todo el tiempo que dure el proceso penal. Cabe precisar, que lo que se les notificó el diez de noviembre de dos mil veintiuno al imputado y a su defensora fue el acuerdo de nueve de noviembre de ese año, en el cual se determinó que les había fenecido el plazo para los efectos señalados en el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que hubiesen hecho manifestación al respecto; sin que dicho auto tenga relación alguna con la medida cautelar impugnada. Por tanto, se reitera, no es de tomarse en consideración la data señalada en la demanda de amparo, para efectos del conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 61, fracción XIV, relacionado con los diversos 17 y 18, en términos del numeral 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EN EL JUICIO, por actualizarse, de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia invocada. En tal virtud, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa en sus conceptos de violación, para demostrar la inconstitucionalidad del acto recurrido, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido del presente estudio (sobreseimiento). Lo cual es acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro IUS 232302, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por CÉSAR ERNESTO ESTRELLA RUÍZ, por conducto de su defensora Leticia Guadalupe Pavón Pech, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en la cuarta consideración de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    .Mérida, Yucatán, nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio del Juez en turno del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, con el que da cumplimiento a la prevención que se le hizo por auto de uno de los corrientes, y proporciona el domicilio donde puede ser emplazada la tercero interesada CINTHYA TRINIDAD VILLAMIL PECH, siendo el ubicado en calle Setenta y siete, número quinientos cuatro, por Sesenta y dos y Sesenta y cuatro, de la colonia Centro, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. En consecuencia, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional que corresponda, para que se constituya en dicho domicilio y previamente cerciorado de ser el que habita o en donde recibe notificaciones la mencionada tercero interesada, con entrega de copia autorizada del presente proveído, del acuerdo admisorio, así como copia simple de la demanda de amparo, la emplace y le haga saber que puede apersonarse a este juicio con su carácter de tercero interesada, si así conviniere a sus intereses, dándole vista con el informe justificado que obra en autos. Exhortándole a continuar el presente juicio, a través del esquema de "juicio en línea", en la forma y condiciones que se señalan en el presente acuerdo, a fin de poder continuar en todo momento con la tramitación del presente juicio. Asimismo, deberá informarle que la audiencia constitucional está señalada para las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese; personalmente a la parte tercero interesada; y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO...Mérida, Yucatán, nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio del Juez en turno del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, con el que da cumplimiento a la prevención que se le hizo por auto de uno de los corrientes, y proporciona el domicilio donde puede ser emplazada la tercero interesada CINTHYA TRINIDAD VILLAMIL PECH, siendo el ubicado en calle Setenta y siete, número quinientos cuatro, por Sesenta y dos y Sesenta y cuatro, de la colonia Centro, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. En consecuencia, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional que corresponda, para que se constituya en dicho domicilio y previamente cerciorado de ser el que habita o en donde recibe notificaciones la mencionada tercero interesada, con entrega de copia autorizada del presente proveído, del acuerdo admisorio, así como copia simple de la demanda de amparo, la emplace y le haga saber que puede apersonarse a este juicio con su carácter de tercero interesada, si así conviniere a sus intereses, dándole vista con el informe justificado que obra en autos. Exhortándole a continuar el presente juicio, a través del esquema de "juicio en línea", en la forma y condiciones que se señalan en el presente acuerdo, a fin de poder continuar en todo momento con la tramitación del presente juicio. Asimismo, deberá informarle que la audiencia constitucional está señalada para las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese; personalmente a la parte tercero interesada; y cúmplase

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