César Ernesto Estrella Ruíz

Expediente 735/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
735/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • César Ernesto Estrella Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de dos de junio de dos mil veintiuno, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, a los que se deberá agregar copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del referido Acuerdo. Así mismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar definitiva; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del referido Acuerdo General. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses de a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 735/2021-I-B, que promovió ********************. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado al día siguiente a este Juzgado, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado y Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, ambos con residencia en esta capital. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó emplazar a los terceros interesados y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. Así mismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de fijar un monto económico o una medida cautelar para obtener el beneficio de libertad provisional bajo caución en las causas penales ********************y ********************. TERCERO. Inexistencia de los actos. No es cierto el acto que se reclama de la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin prueba que la desvirtúe, por cuanto no obra en autos escrito mediante el cual se acredite que el quejoso solicitó a la Juez de la causa su libertad bajo caución. Tampoco es cierto el acto atribuido al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, pues aunque en su informe expresara que sí lo era, debe tenerse como negado, atentas las funciones que tiene encomendadas, además de derivar de otro inexistente, como se advierte del informe justificado que rindió la Juez responsable. Cobra aplicación, en sentido contrario, la jurisprudencia 457, consultable en la página 394, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro en el "Ius Intranet" 917,991, que dice: "ACTOS INMINENTES, NEGATIVA DE LOS. NO SE NECESITA PRUEBA DIRECTA EN CONTRARIO. Para la determinación de la existencia de un acto que reviste el carácter de inminente, no se requiere la aportación de prueba directa, puesto que deriva simplemente de la apreciación del juzgador, basada en la preexistencia de otros actos." En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el que no se hubiera emplazado a juicio a la tercero interesada ********************, toda vez que, al haberse decretado el sobreseimiento, la presente determinación no les depararía agravio alguno. Por el contrario, resulta desfavorable a los intereses del promovente de la acción constitucional, quien, en cuyo caso, tiene la posibilidad de promover el recurso de revisión. Ello es así, en tanto que el principio de agravio personal y directo permea en todo el juicio de amparo desde el acto reclamado en la demanda, así como en todas sus instancias, lo que es posible corroborar con una simple lectura de los requisitos de procedencia del recurso de revisión en los que se observa dicho principio. Sin que ello pudiera afectar su derecho de acceso a la justicia, en tanto tendría a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte -quejoso- interponga la revisión principal. Lo anterior, encuentra sustento, en la jurisprudencia 2a./J. 6/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, Tomo I, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 556 y registro: 2013630, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." CUARTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos de la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado y del Director del Centro de Reinserción Social de Mérida; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar el escrito firmado por el quejoso César ***; en atención a su contenido, se tiene por revocada la autorización que previamente otorgó a la persona que precisó en su escrito de demanda; y, en su lugar, se tiene como su nuevo autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Egidio ***. De igual forma, a las demás personas que menciona, pero con las limitaciones que establece el referido numeral, hasta que acrediten estar debidamente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Así mismo, se tiene como NUEVO DOMICILIO de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su escrito. En cuanto a los correos electrónicos y números telefónicos que se señalan, se tienen por proporcionados, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias; en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el similar 25/2020 y 37/2020, en relación con el periodo de vigencia. Por otra parte, también se ordena agregar el alegato ministerial 392/2021, firmado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; el que será tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Y, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, expídase la copia que se solicita, debiendo recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por la encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, con anexo, mediante el cual informa esencialmente la asistencia e inasistencia de los beneficiarios para la entrega de los títulos de propiedad respectivos Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes; información que se tomará en consideración al momento de calificar el cumplimiento de la sentencia; no obstante ello, se le solicita a la autoridad oficiante que una vez que concluyan las citas programadas de primera ocasión, haga saber dicha circunstancia a este juzgado a fin de estar en aptitud de acordar lo legalmente procedente. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) que equivale a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

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