César García Ureño

Expediente 1203/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1203/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • César García Ureño

Actuaciones

  1. Principal

    El veinticinco de junio de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del dieciocho al veintidós de junio del año en curso; contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Por último, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificada y en horas hábiles a recoger el documento en original que anexó a su escrito de demanda; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dicho documento seguirá la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    El trece de junio de dos mil dieciocho, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que el término de cinco días que le fue concedido al promovente para que aclarara su demanda de amparo, transcurrió del seis al doce de junio del año en curso, con exclusión de los días nueve y diez del citado mes y año, por ser inhábiles, lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el lapso concedido al promovente para que diera cumplimiento a las prevenciones formuladas sin que lo haya hecho; luego, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de uno de junio del presente año y con fundamento en el penúltimo párrafo del mencionado numeral 114 de la ley de la materia en consulta, se tiene por no presentada la demanda de derechos promovida. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CUENTA. El uno de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por César García Ureño, registrada con el número de folio 11627, con cuatro copias de ésta y anexo que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de junio de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por César García Ureño, contra actos de la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 31, fracción IV constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1203/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] Hubiera alguna irregularidad en el escrito de demanda; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y [.]" Por su parte, el numeral 108, fracción IV, de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" De los numerales en cita se desprende, que es motivo de prevención alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; asimismo entre los requisitos que establece la ley de la materia, entre los que destacan el precisar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Ahora bien, en el caso concreto, del análisis acucioso de la demanda de amparo, este juzgado federal advierte irregularidad en ésta que provoca prevenir al promovente, en términos del numeral 114 referido, en relación con el diverso 108, fracción I, citados de la ley de la materia. Ello, en razón de que del ocurso de demanda se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables y como actos reclamados los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: La LXII Legislatura del Estado de Zacatecas. El Gobernador del Estado de Zacatecas. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Todos Con Sede En Esta Ciudad Capital. V. ACTOS RECLAMADOS. A) DE LA LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, RECLAMO LO SIGUIENTE: 1.- La aprobación y expedición del decreto legislativo número 109, publicado en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2016, mediante el cual se expidió la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, específicamente por lo que se refieren los artículos 110 y 86. B) DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, RECLAMO LO SIGUIENTE: 1.- La expedición de las Reformas, Adiciones y Derogaciones a la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2016, con relación a los artículos 110 y 86. DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. De dichas autoridades reclamo lo siguiente: 1.- Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, en especial, reclamo el pago del derecho de inscripción de documentos con relación a bines inmuebles." Luego, en su apartado de capítulo de antecedentes el amparista refiere "Es el caso que el suscrito considera que el cobro de la tenencia es INCONSTITUCIONAL." Posteriormente, en sus conceptos de violación el quejoso tilda de inconstitucional el artículo 101 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que al decir del promovente es del contenido siguiente: "ARTICULO 101 Los servicios que presten por concepto de: I. Calificación Registral, por testimonio o documento. $38.00 II. Inscripción de documentos relativos a bienes inmuebles: Tratándose de inmuebles con valor de hasta $186,983.00, se cubrirá la tarifa mínima general por Inmueble equivalente a: 821.00 Tratándose de Inmuebles cuyo valor se sitúe entre los $185,983.00 y $371,965.00 se cubrirá la tarifa base por Inmueble de: $2,163.00. Para inscripciones cuyo monto rebase el rango de valor establecido en el párrafo anterior, se aplicará la tarifa adicional del 1.0% al monto excedente. En ningún caso, los derechos por inscripción de documentos relativos a bienes Inmuebles; excederán el equivalente de $36,396.00 para cada predio en particular. La base gravable será el valor que resulte mayor entre el avalúo practicado por la Dirección de Catastro y Registro Público, el o en el documento o el avalúo bancario. Registro de instrumentos notariales celebrados, ante fedatarios públicos de otras  entidades federativas, con consecuencias jurídicas en el Estado, adicionalmente el monto de derechos que cause el acto. $2,238.00" Sin embargo, el contenido del artículo 101 de Ley de Hacienda del estado de Zacatecas vigente, hace alusión a los conceptos aplicados por servicios de catastro que se pudiesen prestar; de ahí, que exista incertidumbre respecto de lo que el justiciable reclama. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días contados a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Precise cual es el precepto legal que tilda de inconstitucional. Manifieste si señala como acto reclamado el diverso impuesto que señala en su demanda como "tenencia". Asimismo, se le requiere para que exhiba cuatro copias de su escrito de demanda a efecto de correr traslado a cada una de las partes, por corresponder una para cada una de las autoridades señaladas como responsables que en este caso son tres, y la última para darle la intervención de su competencia a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5°, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, ya que forma parte de la demanda de amparo. Además, se hace del conocimiento del quejoso que es él quien debe de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden en razón de que es el promovente quien bajo protesta de decir verdad, debe expresar los actos que reclame de la autoridad responsable, por ser el afectado con estos, lo anterior, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de derechos, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la promovente, se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Miroslava Dorado Fernández, Rubén Martínez Juárez, Erik Omar García Castro, Juan de Jesús Luna Celaya y Celina Sánchez Hernández y como domicilio para tal fin el ubicado en Calle San Isidro número doscientos tres (203), Fraccionamiento San Fernando de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano