César Héctor Salas Torres

Expediente 1015/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 22 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1015/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • César Héctor Salas Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de cuatro de mayo del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se ordenó su archivo y se determinó que su valoración se efectuaría con posterioridad. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se negó y se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...

  2. Principal

    El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para el quejoso del dieciséis al veintisiete de abril del año en curso, sin que haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro del propio mes y año, dentro del juicio de amparo número 1015/2017; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales por devolver a las partes; En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, se negó y se concedió la suspensión definitiva solicitada por el amparista; asimismo no se exhibió un billete de depósito; No existe en el incidente de suspensión recurso alguno pendiente de resolver. Sí existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de mayo de dos mil dieciocho Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de abril del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, agréguese al juicio de amparo en que se actúa el original del incidente de suspensión relativo; en el entendido de que la valoración de ambos expedientes se efectuará con posterioridad. Por otra parte, guárdese por separado el duplicado del cuaderno incidental, hasta en tanto se determine su destino final. Devuélvase a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad, el toca penal 146/2017 y once DVD'S que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese.

  3. Principal

    El once de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con la razón actuarial de nueve del mes y año en curso. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de abril de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, asentada por el actuario judicial adscrito, quien manifestó el hecho de que no fue posible notificar al tercero interesado Roberto Domínguez Robles, la sentencia de cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla; toda vez que no obra domicilio señalado en esta ciudad de Zacatecas, para oír y recibir notificaciones, no obstante haber sido emplazado y requerido para ello; por tanto, notifíquese por medio de lista el proveído en mención, así como las subsecuentes, hasta en tanto señalen domicilio en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    "El seis de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio registrado con el folio 7181 con anexo que se acompaña. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva, del toca 146/2017 y once dvd; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE." "San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de abril de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1015/2017, promovido por César Héctor Salas Torres, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete [foja 2], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, César Héctor Salas Torres solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: Autoridad responsable ordenadora: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Ejecutora: Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Actos reclamados: La resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en el toca de apelación oral 146/2017, derivado de la causa penal 03/2016 y el cumplimiento de dicha resolución. La parte quejosa señaló como preceptos constitucionales vulnerados, los artículos 1, 4, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Admisión de la demanda]. Previo cumplimiento al requerimiento formulado a la parte quejosa, por auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete [fojas 32 a 33], el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, admitió a trámite la demanda de garantías; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó el seis de febrero de dos mil dieciocho conforme al acta que obra a foja 117. TERCERO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 22/2018 de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 1015/2017, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. CUARTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 137/2018-III, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar la demanda de garantías en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que los actos reclamados en el presente asunto son: La resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en el toca de apelación penal oral 146/2017, en el que se decretó la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento de Sombrerete, Zacatecas, de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, por hechos que la ley señala como el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de la víctima menor de edad de identidad resguardada [hijo del quejoso], en la causa 03/2016, y se ordenó la reposición del procedimiento a partir del auto de apertura a juicio, y su ejecución [fojas 185 a 199 del anexo]. Actos que atribuye a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. Son ciertos los actos que se reclaman a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, consistentes en la resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en el toca 146/2017, y su ejecución, por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados el Magistrado Presidente de dicha Sala y la Juez responsable [fojas 39 y 43]. Certeza que además se corrobora con las copias certificadas del toca de apelación penal oral número 146/2017 [en un tomo], y con los once discos compactos remitidos por el aludido Magistrado, a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO [Improcedencia del juicio]. De oficio, este órgano jurisdiccional estima que contra la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, que ordenó reponer el procedimiento en la causa penal 03/2016, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este último, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.); XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.); V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En la resolución reclamada se revocó la sentencia condenatoria dictada contra el procesado, como probable responsable del hecho que la ley prevé como delito de homicidio calificado y, ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que se realizara nuevo juicio con un tribunal con integrantes distintos a los que dictaron la sentencia definitiva, así como se dejara parcialmente sin efecto el auto de apertura para que se fijara nueva fecha para la celebración del juicio [foja 198 vuelta]. Al respecto, resulta oportuno establecer que por actos de imposible reparación, dentro de juicio, se entienden aquéllos que afectan de manera cierta y directa alguno de los derechos humanos que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como: la vida, la libertad personal, la libertad de tránsito, la libre disposición de los bienes, la propiedad, la inviolabilidad del domicilio, entre otros, cuya afectación es de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor y que es impugnable en la vía indirecta, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Existen actos procesales que también tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan en grado predominante o superior el derecho fundamental de algunas de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 180415 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. LVII/2004 Página: 9 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. En tanto los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por lo tanto, la resolución reclamada que ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que se realizara nuevo juicio con un tribunal con integrantes distintos a los que dictaron la sentencia definitiva, así como se dejara parcialmente sin efecto el auto de apertura para que se fijara nueva fecha para la celebración del juicio, no se ubica dentro del supuesto de los actos que producen una ejecución irreparable, es decir, no es de aquellos actos que tengan sobre las cosas o las personas una ejecución de imposible reparación. Ello es así, porque con el dictado de la resolución reclamada, no se afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, esto es, la libertad, la vida, la propiedad, las posesiones, papeles o derechos, ni siquiera su derecho humano de conocer la verdad, menos aún la reparación del daño, al encontrarse estos temas todavía sin decisión (subjudice), pues por el efecto natural del sentido del fallo impugnado en amparo, su finalidad se encuentra limitada a reponer el procedimiento, únicamente para que se deje sin efectos el auto de apertura, se señale nueva fecha y hora para la audiencia de juicio y se dicte el fallo correspondiente con integrantes distintos a los que emitieron el primer fallo. De ahí, que la resolución de segunda instancia no priva al aquí inconforme de algún derecho sustantivo o humano, pues si bien la sentencia de primera instancia fue condenatoria, en la cual se impuso la pena de veinte años de prisión y el pago de la cantidad de $382,355.00 (trescientos ochenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco mil pesos) por concepto de reparación del daño [foja 172 vuelta el anexo], ello es insuficiente para considerar que la reposición del procedimiento produce la afectación a algún derecho sustantivo de la parte ofendida, pues esa condena no implicó la transmisión de algún bien a su esfera jurídica, sino únicamente un derecho personal que para hacerlo efectivo habría dependido del proceso de ejecución. Además, la reposición del procedimiento únicamente fue para los efectos de que la sentencia de primer grado la emitan integrantes distintos de quienes dictaron la primera resolución, al advertir la Sala responsable deficiencias y falta de profesionalismo de los primeros juzgadores [fojas 190 a 199 del anexo]. De este modo, se colige que la sala responsable no pronunció un fallo en el cual hubiera decidido una cuestión que trajera consigo un acto de ejecución irreparable que trascienda a la defensa de la parte quejosa y que con ello se le causara un gravamen que afectara sus derechos sustantivos, que ya no pudiera repararse, pues no debe olvidarse que la finalidad del amparo indirecto es la de velar por el respeto de los derechos humanos vulnerados directamente con el acto reclamado y, en la especie, la resolución combatida en la cual se ordenó la reposición del procedimiento, para el efecto de que se fijara fecha y hora para la audiencia de juicio y la decisión final la emitan juzgadores diferentes a los que dictaron el primer fallo, no afecta ninguno de ellos, es decir, no afecta en grado predominante o superior a las partes, ya que no existen consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta; por lo tanto, tal acto reclamado no tiene el carácter de imposible reparación, si se toma en cuenta, que aún existe la posibilidad jurídica de que tal situación no trascienda al resultado de la sentencia, es decir, podría dictarse sentencia condenatoria en la que se determine que sí se acredita el delito de homicidio calificado, la plena responsabilidad del procesado y, por vía de consecuencia, se podría también condenar a la reparación del daño. En lo conducente, se cita la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006332 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: VII.4o.P.T.10 P (10a.) Página: 1709 VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMER GRADO Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO EL MOTIVO DE ÉSTA, IMPLIQUE UNA AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 40/2013 (10a.)]. La jurisprudencia 1a./J. 40/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 123, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO CUANDO SE IMPUGNAN APARTADOS JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", por su esencia, debe aplicarse cuando se reclama una sentencia de segunda instancia que revoca la de primer grado y ordena reponer el procedimiento, pues conforme al artículo 5o., fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, la víctima u ofendido del delito tiene legitimación para acudir al amparo, a fin de que la autoridad responsable entre al estudio del fondo del asunto y se decrete que existen elementos suficientes que demuestran el ilícito y la plena responsabilidad del acusado, al constituir estos aspectos el presupuesto lógico para que se determine la procedencia de la reparación del daño; lo anterior, siempre y cuando el motivo de la reposición del procedimiento implique una afectación de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Tampoco es óbice a lo anterior, la dilación en impartición de justicia, esto es, que la reposición del procedimiento afecte en perjuicio del ahora quejoso, la garantía para la protección de sus derechos humanos, prevista en el artículo 17 constitucional, en virtud que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas, implica necesariamente una dilación del juicio penal en mayor o menor medida, sin que ello implique violación a la garantía de justicia pronta. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63, de dicha legislación. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto atribuido a la autoridad ejecutora, al no combatirlo por vicios propios sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 103, fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78, 107 fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por César Héctor Salas Torres, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase."

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano