César Espinoza Gutiérrez

Expediente 988/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
988/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • César Espinoza Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promoverte no recurrió en queja, el auto de uno de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Además, se advierte que la parte promoverte no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Asimismo, visto el contenido del escrito signado por la parte quejosa; atento a su contenido devuélvanse el documento ofrecido como anexo, previa toma de razón y recibo que de ello se otorgue en autos, a satisfacción de este juzgado, y a las personas que indica. Sin perjuicio a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a disposición de la parte quejosa dicho documento por el término de noventa días naturales, a fin de que lo recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de éste se depuren. Para tal efecto, se le informa que podrá acudir al juzgado a fin de que le sean expedidas y devueltas las constancias que solicita, previa cita que realice en términos de lo establecido en el artículo 6, fracción I, inciso d) en relación al párrafo II, y último párrafo del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, cita generada por el propio órgano jurisdiccional, hipótesis en la que estarán sujetas a la disponibilidad que arroje el sistema mediante la expedición del respectivo Código QR, el cual le permitirá el ingreso al local del juzgado. Es importante destacar, que el acceso podrá restringirse si acude fuera del horario previsto y si no cumple los requisitos establecidos por los filtros sanitarios.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 18 DE AGOSTO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE MPARO. "Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promoverte no recurrió en queja, el auto de uno de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Además, se advierte que la parte promoverte no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Asimismo, visto el contenido del escrito signado por la parte quejosa; atento a su contenido devuélvanse el documento ofrecido como anexo, previa toma de razón y recibo que de ello se otorgue en autos, a satisfacción de este juzgado, y a las personas que indica. Sin perjuicio a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a disposición de la parte quejosa dicho documento por el término de noventa días naturales, a fin de que lo recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de éste se depuren. Para tal efecto, se le informa que podrá acudir al juzgado a fin de que le sean expedidas y devueltas las constancias que solicita, previa cita que realice en términos de lo establecido en el artículo 6, fracción I, inciso d) en relación al párrafo II, y último párrafo del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, cita generada por el propio órgano jurisdiccional, hipótesis en la que estarán sujetas a la disponibilidad que arroje el sistema mediante la expedición del respectivo Código QR, el cual le permitirá el ingreso al local del juzgado. Es importante destacar, que el acceso podrá restringirse si acude fuera del horario previsto y si no cumple los requisitos establecidos por los filtros sanitarios.

  3. Principal

    221 doce de abril de dos mil veintidós 8062 y 8063 ocho de abril de dos mil veintidós 7488 treinta de marzo de dos mil veintidós CUENTA. El uno de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con: La demanda de amparo promovida por Cesar Esponisa Medina y anexos, registrada bajo el folio 14597. Que Rosa Isela Murillo Acosta tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Cesar Esponisa Medina, contra actos del Fiscal del Ministerio público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra el Orden la Familia y la Libertad Sexual de las Personas de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 988/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En el presente asunto es procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de imposible reparación; como se explicará a continuación. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se llega a la conclusión de que se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación (de acuerdo al inciso b) de la fracción III, del artículo 107 constitucional), o que cuyos efectos sean de imposible reparación (en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo). En tales condiciones, para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Luego, el alcance de tales disposiciones, obliga a precisar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sobre la base de datos previamente referida, se tiene que en la especie, de un atento análisis de la demanda que se provee, se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu. Como se precisó, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando, por sí o a través de sus consecuencias, se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no en los casos en que sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene su pretensión en el fondo. Por lo que hace al concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la jurisprudencia número 189, publicada en el del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 154, de Registro 205651 , con el epígrafe y sinopsis siguientes: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia número V.2o. J/68, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 66, Junio de 1993, página 46, de Registro 216131, que establece lo siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 114, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito". Ahora bien, al advertir los elementos de esta definición de "ejecución irreparable", y aplicarlos al acto reclamado consistente en la negativa de proporcionarle copia simple de la carpeta de investigación 7575/2019, tramitada en contra del quejoso, resulta evidente que dicho acto solo es susceptible de afectar derechos adjetivos o procesales del impetrante, que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, esto es, los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de las garantías individuales, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Lo anterior, porque si bien la autoridad responsable determinó no entregar copia de la carpeta de investigación, dicha actuación no puede considerarse como de imposible reparación, pues sólo produce efectos formales dentro del procedimiento. Además, el artículo 20, apartado B, fracción VI, constitucional, establece entre otros derechos del imputado, el que le serán facilitados todos los datos de investigación que requiera para su defensa, ello siempre y cuando: a) se encuentre detenido; b) cuando pretenda rendir su declaración o entrevista; y c) antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control; sin embargo, en el caso concreto la parte quejosa no refiere estar en alguno de los supuestos mencionados. Por su parte, los artículos 113 y 114, con relación al diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen derechos del imputado para ejercerse en la etapa de investigación inicial, entre los cuales, está el derecho a que se le informe, ya sea en el momento de su detención o al momento de su comparecencia ante el Ministerio Público los hechos que se le imputan, así como derechos que le asisten; también dicho cuerpo legal, establece el derecho del imputado a declarar en cualquier etapa del procedimiento, ya sea ante el Ministerio Público o ante juez respectivo, ello con estricto apego y respeto a sus derechos, siempre que se cumpla alguna de las condiciones a que se refiere la fracción VI del apartado B del artículo 20 antes invocado -detenido o citado ministerialmente para que declare o sea entrevistado o se le haya formulado imputación ante la autoridad judicial-, para lo cual, oportunamente se le dará acceso, junto con su defensor, a los registros de la investigación. A su vez, el artículo 218 de esa codificación adjetiva, se establece que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en el referido Código y demás disposiciones aplicables; es decir, el imputado y su defensor podrán tener acceso cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, pues a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Por tanto, a partir del momento en el que el imputado se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor, ello con la finalidad de no afectar su derecho de defensa y salvaguardar el derecho a la igualdad procesal, pues la legislación citada impone la obligación del Ministerio Público a facilitar y permitir al imputado el acceso a los registros de investigación, para que tenga la posibilidad de conocerlos y confrontarlos (principio de contradicción), así como a oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, además de solicitar se indague el esclarecimiento de los hechos que se le imputan, en operatividad de su derecho de defensa. Todo lo cual no acontece en el presente asunto, pues de la lectura de la demanda se advierte que la quejosa solo menciona tener una sospecha o temor de ser investigada por el órgano investigador, sin que de su demanda se advierta la existencia de un acto de molestia concreto, como lo sería una orden de detención u orden de comparecencia, o en su caso, una citación para recabarle una entrevista. Se invoca como hecho notorio, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 2/2022, pendiente de engrose, cuya versión taquigráfica puede consultarse en la dirección: https://www.scjn.gob.mx/multimedia/versiones-taquigraficas?fecha=All&field_vsts_instancia_target_id_1=All&page=3; en la que se determinó: "ES IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR QUIEN SOSPECHA SER INVESTIGADO POR UN HECHO CONSIDERADO COMO DELITO Y LE NIEGAN EL ACCESO A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, PUES SOLO TIENE ESE DERECHO HASTA QUE SEA PRIVADO DE SU LIBERTAD, CITADO A COMPARECER O AFECTADO POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO." De ahí que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, la consecuencia es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Cesar Esponisa Medina, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Rosa Isela Murillo Acosta toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; además, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan García Trejo secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, licenciado Rodolfo García Camacho, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y autorizado por el oficio CCJ/ST/2327/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión del secretario Jesús Romero Hernández, que autoriza y da fe. Nes

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