César Fredy Sánchez Villanueva

Expediente 182/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
182/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • César Fredy Sánchez Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha quedado firme. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se dictó un proveído que sin decidirlo en lo principal, concluyó el presente juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por César ******************, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de los Bravo y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 182/2021 y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone la facultad de los juzgadores para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sentado lo anterior, es de precisar que la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de los Bravo, Agente del Ministerio Público Especializado en Robo y Recuperación de Vehículos y Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y Jurisdicción y Competencia en los Distrito Judiciales del los Bravo, Álvarez y Guerrero, lo siguiente: En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". Los preceptos transcritos establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la vida, a la salud, etcétera; lo cual se distingue de una violación formal, pues sus efectos no producen una afectación material y pueden desaparecer si la parte quejosa obtuviera sentencia favorable, caso contrario, estará en aptitud de promover lo que en derecho corresponda. Ahora bien, si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación actúa como autoridad, en atención a que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, así como la emisión de la resolución que dé lugar a la judicialización de dicha carpeta, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado, a menos que se emitiera una determinación por la autoridad ministerial que ordenara se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que en la especie no acontece. Apoya lo anterior la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.), consultable en la página 2601, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en materias Común y Penal, libro 47, octubre de 2017, tomo IV, Décima Época, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 2601, con número registro 2015368, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Lo anterior patentiza que el acto reclamado por el quejoso César Fredy Sánchez Villanueva, consistente en la existencia de un procedimiento iniciado en su contra, no afecta los derechos humanos del promovente, ya que el inicio de una carpeta de investigación con motivo de una denuncia, de haberse iniciado (dado que el quejoso no lo precisa), así como los actos de investigación, en sí mismos, no constituyen acciones que invadan o vulneren su esfera jurídica, ya que encuentran su justificación, en el artículo 21 Constitucional, además de que sus consecuencias quedarán supeditadas a la decisión del Juzgador que llegue a conocer de la carpeta de investigación; de manera que, como se ha establecido, tales actos no les causa un daño o perjuicio de modo irreparable, al ser el inicio de una carpeta de investigación, así como propiamente los actos tendentes a la averiguación de los delitos, entre otras, cuestiones de orden público, que en su caso, quedan sometidas a la calificación de procedencia del Juez de Control. En ese orden, es indudable que los actos relativos al trámite de la investigación inicial y, aun a la resolución sobre judicialización o ejercicio de la acción penal a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque no irrogan perjuicio al gobernado pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse ante el Juez de Control. Al respecto, en lo conducente y por las razones que la conforman, resulta aplicable la tesis 1a. CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, Tomo XX, Diciembre de 2004, en Materia Penal, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 180028, que a la letra dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Igualmente, resulta aplicable la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), consultable en la página 1947, Tercer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito, Libro 48, Noviembre de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2015500, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 84/2019 (10a.), con número de registro 2021264, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABSTENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la posibilidad de que se conceda la suspensión del acto reclamado para mantener viva la materia del amparo, evitando al quejoso los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle durante la sustanciación del juicio. En ese sentido, el artículo 150 de la Ley de Amparo establece que la suspensión deberá concederse de tal forma que no impida la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado hasta dictarse resolución firme en él; sin embargo, como excepción a dicha regla, para determinar si la suspensión puede tener como efecto paralizar el procedimiento, debe analizarse si el daño que pueda causar la violación al quejoso es irreparable. Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos u omisiones del fiscal en la investigación inicial que atenten contra el derecho de defensa del investigado y éste solicite la suspensión provisional, no procede conceder dicha medida cautelar, toda vez que su concesión obstaculizaría la continuación del proceso penal sin estar justificado el daño irreparable al quejoso, aunado a que no se ocasiona un perjuicio irreparable a sus derechos fundamentales, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza el derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando, convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa. Máxime que, en la etapa de investigación inicial del proceso penal, en la que se desarrollan tales actos, el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que, con la judicialización de la carpeta, transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez sea quien tutele, entre otros, el referido derecho fundamental. Además, una eventual paralización del inicio del proceso penal puede incidir negativamente en el derecho de reparación de las víctimas de delito, debido a que esa medida evita que continúe el proceso y retarda la posibilidad de que les sea reparado el daño ocasionado y que conozcan la verdad de lo sucedido desde la perspectiva de una "reparación integral". Finalmente, resulta aplicable a lo antes precisado, la diversa tesis XXVII.3o.47 P (10a.), que aparece publica en la página 1959, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48. Noviembre de 2017, Tomo III, Materia Común y Penal, Décima Época, con número de registro 2015501, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." Ello es así, pues es un acto tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de Derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. No pasa inadvertido que la parte quejosa haya señalado lo siguiente: De lo anterior se advierte que el quejoso reclama de igual forma el citatorio para comparecer a la audiencia de formulación de imputación; sin embargo, es innecesario el estudio respecto de ese acto, ya que se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 217, ambos de la ley de la materia, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Por tanto, resulta conveniente precisar que este órgano de control constitucional resolverá por lo que hace al citado acto con base en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, diciembre de 2018, del tenor siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Bajo esos lineamientos, es indudable que el acto que se precisó, es idéntico al analizado en la jurisprudencia en cita, esto es, determinar si el auto que ordena la citación del justiciable a la audiencia inicial de formulación de imputación le causa perjuicio en su esfera jurídica, y en el caso se estableció que contra dicha citación es improcedente el juicio de amparo indirecto, es decir, no causa perjuicio alguno. En ese sentido, contra el auto por el que la autoridad judicial responsable citó al justiciable a la audiencia de formulación de imputación, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la parte quejosa, al tratarse de una comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de requerir la presencia del amparista para el desarrollo de una audiencia en que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso, o en su caso, otorgarle una medida cautelar. Con base en lo expuesto, este juzgado hace suyos los razonamientos que sustentan el criterio obligatorio en cita, de modo que no está obligado a exponer mayores motivos para sustentar la determinación que se emite, ello con apoyo en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, cuyo rubro y texto son del literal siguiente: "JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO. Las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y las que dictan los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de sus respectivas competencias, son el resultado de la interpretación de las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, leyes federales, locales y disposiciones reglamentarias y, al mismo tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales o jurisdiccionales, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como el artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a fundar y motivar sus resoluciones, debe estimarse que la sola transcripción de las tesis jurisprudenciales no es suficiente para cumplir con la exigencia constitucional, sino que es necesario que el órgano jurisdiccional asiente las consideraciones lógicas que demuestren, cuando menos, su aplicabilidad al caso concreto independientemente de que, de ser necesario, el juzgador complemente la aplicación de los criterios jurisprudenciales en que se apoye, con razonamientos adicionales que aseguren el cumplimiento de la referida garantía constitucional". Por tales motivos, al actualizarse la causa de improcedencia invocada respecto del acto reclamado referido, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos mencionados. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia al invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que promueve César Fredy Sánchez Villanueva. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo. AUTORIZADOS. Ténganse como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Fierro Salgado y Ernesto Romero Pastor, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que señala en su escrito de cuenta, por no contar con el registro de cedula profesional en el aludido sistema y por así haberlo solicitado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. *

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