César Ávila Navarrete
Expediente 1084/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1084/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- César Ávila Navarrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, firmado por ************, en su carácter de autorizada de la parte tercera interesada; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, hágasele la devolución de los documentos que indica, mismos que se encuentran agregados al expediente en que se actúa; debiéndose dejar en su lugar copias cotejadas para constancia legal, autorizando para recogerlas a la persona que señala.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de doce de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 39 a 40), mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, ha causado estado. Por ello, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, este expediente transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica.
- Principal
Visto el oficio y anexos enviados por el Presidente, Representante del Gobierno, Representante de los Trabajadores y Secretaria General de Acuerdos, todos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado que le corresponde a dicha autoridad, al cual se adjuntó copia certificada del auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral ***, y que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se aprecia que la parte quejosa destacó como acto reclamado: IV.- ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE RECLAMA.- LA INACTIVIDAD PROCESAL EN EL EXPEDIENTE NUM.***, ya que a más de seis de distancia la responsable no acuerda la promoción de fecha 18 de enero del año 2019, presentada por mi apoderada legal ****, en donde solicita se haga efectivos los apercibimientos a la parte demandada y al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco. Mientras que en los antecedentes narró: 3.- Como lo hago constar con la documental que en copia simple agrego, el día dieciocho (18) de enero del año dos mil diecinueve (2019), mi apoderada legal la C. LIC. DULCE MARGARITA BARRERA SALINAS, por escrito debidamente firmado, solicita que haga efectivo el requerimiento hecho a la parte demanda (sic), pide se le declare desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte demanda, así como también solicita se le haga efectivo el apercibimiento al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco. Sucede que ha transcurrido más de seis meses y a la fecha el Tribunal Obrero, no se toma la molestia de dictar un acuerdo sobre lo que se pide en el escrito de mérito. Por lo cual, el acto reclamado consiste en: Omisión del Presidente de Conciliación y Arbitraje del Estado, de atender la promoción de dieciocho de enero del año en curso, a través de la cual solicitó toralmente hacer efectivo el apercibimiento decretado a la parte demandada y declararle desierta la prueba testimonial que ofrecieron en el juicio laboral ***. Entonces, concerniente al acto reclamado, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Porque, de las constancias que como apoyo remitió la autoridad responsable laboral de cuenta a su informe justificado, se aprecia que por auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve (foja 38), atendió la promoción que el dieciocho de enero del año en curso, le presentó la apoderada de la parte actora aquí quejosa, al acordar hacer efectivo el apercibimiento decretado a la parte demandada, esto es, le declaró desierta la prueba testimonial que ofreció y por lo que respecta a la prueba de inspección ofrecida por su parte (actora) la dio por desahogada por cuanto refiere a los incisos a), b), c), d) y e). Consecuentemente, procedió a certificar que no existen pruebas pendientes que desahogar, por lo que prosiguió al periodo de alegatos, concediendo un término de tres días a las partes para la formulación de sus alegatos, en el expediente laboral de origen ****. Con lo anterior, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado. La actuación antes relatada, evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la aquí agraviado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como resultado de lo anterior, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes analizada, ello obliga desde este momento a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito y anexo signado por la Síndico Procurador del Ayuntamiento Constitucional de Tecoanapa, Guerrero; de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocida su personalidad con la constancia que anexa y con apoyo en el arábigo artículo Ley de Amparo, téngasele por apersonada al presente juicio de amparo. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, el que señala en el escrito que se provee, lo anterior no obstante de que si bien el artículo 26, inciso I, fracción II de la Ley de Amparo, señala que las notificaciones a las autoridades responsables o las que tengan el carácter de terceros interesados deberán realizarse por medio oficio que se gire a su residencia oficial; sin embargo, a efecto de dar celeridad a las notificaciones que en su caso lleguen a efectuarse a dicha parte procesal y para no contrariar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene el que señala en la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante, en caso de revocar el domicilio señalado sin designar nuevo, las notificaciones se realizarán a través de oficio enviado a su sede oficial. Gírese oficio de notificación del presente proveído al mencionado ayuntamiento tercero interesado, mismo que deberá ser entregado por conducto del actuario judicial adscrito a este juzgado federal en el domicilio procesal ubicado en esta ciudad, debiendo levantar la razón correspondiente a efecto de que sea agregada el juicio en que se actúa. Luego, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriel Alonso Márquez, César Alonso Navor, Hegel Mariano Ramírez, José Santos Alonso Márquez, Juana Mendoza Urbano, Rosa Linda Martínez Oliveros, Irving Antonio Zurita, Lenin Ramírez López, José Alberto Jaimes Saldaña y Lizbeth Oliveros Martínez, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a Delfino Camilo Ramírez y Melina Anahy Carrillo Adame, porque no consta que se encuentren registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales atendiendo a la certificación de cuenta; por ende no se cumplió con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, penal tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." Así se tiene a Delfino Camilo Ramírez, Melina Anahy Carrillo Adame, Diana Laura Irra Urban, Miguel Ángel Oliveros Martínez, Leticia Antaño Vázquez y Miguel Ángel Román Ramírez, sólo por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las demás facultades que tienen los autorizados en términos amplios. Luego, con relación a su solicitud de devolución de las documentales que indica, dígasele que por el momento no ha lugar a devolvérselas, ya que si bien el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prevé que no objetados en su oportunidad los documentos que se presentaren en el juicio, pueden las partes pedir en todo tiempo que se les devuelvan los originales que hubieren presentado, dejando en su lugar copia certificada, también lo es que ello implica que debe otorgarse a la contraparte un tiempo prudente para objetarlos. Entonces, notificadas las partes, de no objetarse la personalidad ni los documentos, sin mayor trámite, transcurrido el plazo de tres días, devuélvanse los documentos, previa razón que de su recibo deje en autos. Finalmente, téngasele informando que el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, recibió el oficio 22859/2019, para los efectos legales conducentes.
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