César Eduardo Ramírez Vázquez y Otros.

Expediente 137/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
137/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • César Eduardo Ramírez Vázquez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito; por medio del cual remite copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja civil 51/2023. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, toda vez que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, al haberse desechado la demanda de amparo. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Bianca Sayuri Mora Peralta, Secretaria encargada del despacho en términos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el quince de mayo de dos mil veintitrés, y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2245/2023, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito; por medio del cual remite copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja civil 51/2023. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, toda vez que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, al haberse desechado la demanda de amparo. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Bianca Sayuri Mora Peralta, Secretaria encargada del despacho en términos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el quince de mayo de dos mil veintitrés, y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2245/2023, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número******************** que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone la facultad de esta juzgadora para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. La parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: a).- Del C. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, Guerrero, autoridad responsable ordenadora, se reclama el auto de radicación de fecha 10 (diez) de enero de 2023 (dos mil veintitrés), específicamente respecto a la medida provisional señalada con el inciso B), respecto a la fijación de pensión alimenticia, derivado del escaso análisis realizado para la determinación de la misma. b).- Del C. Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, Guerrero, encargado de los números pares, autoridad responsable ejecutora ordenadora (sic) se reclama el cumplimiento o ejecución que pretende darle al auto de radicación de fecha 10 (diez) de enero de 2023 (dos mil veintitrés), específicamente la medida provisional señalada con el inciso B), respecto a la fijación de pensión alimenticia, dictada por la autoridad ordenadora en contra del suscrito quejoso." En esencia, la parte quejosa reclama el auto de radicación de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, en el cual se fijó una cantidad por concepto de pensión alimenticia en contra del quejoso. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de garantías que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la interpretación del precepto transcrito, se puede advertir que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107, de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado. Fundamenta dicha consideración, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio que debe observarse incluso ante actos de imposible reparación. Apoya dicho aserto, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, que se puede consultar en la página 729 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 1, Décima Época, del contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Así las cosas, es necesario tener presente el contenido de los artículos 375, 385 y 386 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que disponen: "Artículo 375. Recursos admisibles. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Reconsideración; II. Apelación; y III. Queja". "Artículo 385. Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." "Artículo 386. Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo." Por su parte, los artículos 238, fracción V, del invocado cuerpo de leyes, establece: "Artículo 238.- Admisión de la demanda y prevención. El juzgador examinará el escrito de demanda y los documentos anexos, para resolver de oficio: (.) V. Si la vía intentada es la procedente. Si el juzgador encontrare que la demanda fue oscura, irregular, debe por una sola vez, prevenir al actor que la aclare, corrija o complete dentro del término de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo, no se le dará curso a la misma. Para tal efecto, se le señalará en forma concreta el defecto o irregularidad que se encuentre. Si encontrare que está arreglada a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona o personas contra quienes se proponga; y se les emplace para que la contesten dentro del plazo de nueve días. En el mismo auto se resolverá sobre la exhibición de documentos en poder del demandado y sobre las medidas de conservación del bien litigioso solicitadas por el actor. El auto que de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo. El que la deseche es recurrible en queja." De la lectura de los preceptos legales transcritos se evidencia, en lo que interesa, que la codificación de referencia prevé tres recursos, el de reconsideración, apelación y queja, asimismo, que los autos sólo pueden ser objeto de apelación cuando expresamente lo establezca el aludido cuerpo normativo (lo que en el caso ocurre, pues existe disposición expresa al respecto). Ahora bien, en el presente caso, como ya se apuntó, la parte quejosa reclama en la presente vía, el proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Tercer de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, dentro del juicio de guarda, custodia y alimentos ********************, en el cual fijó de manera provisional una pensión alimenticia la cantidad de ********************, a favor de sus menores hijas acreedoras alimenticias, aquí terceras interesadas. Con lo anterior se pone de manifiesto que el impetrante de amparo tenía la obligación de agotar el recurso de apelación contra el proveído reclamado para controvertir su legalidad, ya que, como se apuntó, a través de ese medio de impugnación existe la posibilidad de modificar, revocar o nulificar el auto de mérito y sólo en caso de no haberse reparado la violación cometida, acudir al juicio de amparo; de manera que al no haberlo hecho así la parte quejosa, no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, razón por la cual, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo lo determinado, en la jurisprudencia PCXXL J/5 C (10 del Pleno de este Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo 11, página 1428, con registro 2010515, de contenido y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código." Además, es preciso indicar que en el caso no se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, puesto que en el caso, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se está en el supuesto de una persona extraña al procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible a página 3141, del Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución." Por todo lo anterior, es evidente que no procede examinar si el acto aquí reclamado es o no violatorio de los derechos fundamentales de la ahora quejosa, en tanto que, no agotó el principio de definitividad. En consecuencia, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; se impone desechar de plano la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el numeral 113, del ordenamiento legal en cita. Domicilio y Autorizados. Se tiene como su domicilio procesal el que indica en el escrito que se provee; como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciados en derecho, debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que relaciona, por no contar con cédula registrada en el sistema antes aludido. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

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