César Cruz Ochoa

Expediente 898/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 41 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
898/2019
Año
2019
Actuaciones
41
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República)
  • César Cruz Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    hago constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa la determinación de diez de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citada para tal efecto; lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo... ijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Glósese el escrito firmado por el autorizado legal del quejoso, mediante el cual se le tiene promoviendo incidente de inejecución de sentencia. Ahora, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede hacer el pronunciamiento respectivo. Al efecto, del estado de autos se advierte que la autoridad vinculada Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México, aún no ha dado debido cumplimiento con la ejecutoria de amparo. En ese tenor, cabe precisar que en el presente asunto, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] para efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de veinte de junio de dos mi siete, dictado en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIS/157/2007, en relación con el aseguramiento del bien inmueble ubicado en calle Privada de Flamingos número 06, colonia Chula Vista, delegación Rubí, en esta ciudad, que en su oportunidad identificó como lote 41, manzana 000, inscrito bajo partida 5427757, sección civil, de seis de julio de dos mil cinco; Ordene la cancelación de la inscripción marginal 6127754 de diecisiete de octubre de dos mil; dieciocho, referente al aseguramiento provisional del inmueble descrito, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California; y, Dicte otra determinación en la que subsane las deficiencias mencionadas, y determine lo que conforme a derecho proceda, en la inteligencia que deberá precisar de manera clara y concreta las razones y motivos que así lo sustenten, estableciendo los preceptos legales aplicables al caso concreto, así como la adecuación entre los fundamentos legales invocados y las razones expuestas." Por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 627 y 628), causó ejecutoria la sentencia y se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento con el fallo protector de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad vinculada emitió resolución de uno de noviembre de dos mil veintiuno, la cual una vez analizada por auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por no cumplida la sentencia de amparo y se requirió de nuevo el cumplimiento. En atención a lo solicitado, mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad informando el cumplimiento con la ejecutoria de amparo, y al efecto remitió la constancia atinente; documental pública a la que se le otorgó valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Luego, del examen de la citada constancia, en proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, se declaró de nueva cuenta no cumplida la ejecutoria de amparo (fojas 859 a 863), virtud que si bien la responsable dictó una nueva determinación en la que decretó de nuevo el aseguramiento del bien raíz de que se trata, por las consideraciones que en ella se sostuvieron, no se consideró que dicho pronunciamiento satisficiera los lineamientos fijados en el inciso iii), de los efectos de la concesión del amparo, pues no se subsana en su totalidad las deficiencias expuestas en la sentencia concesoria. Esto toda vez que en el acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, dictado en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIS/157/2007, en el que se reiteró el aseguramiento del bien raíz de mérito, el agente responsable omitió hacer un pronunciamiento adecuado sobre si contaba o no con facultades para emitir dicho acto, en atención a lo previsto en los numerales 29 y 30 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (vigentes en la época de los hechos), ya que únicamente se limitó a enunciar que el aseguramiento es una medida provisional y que por ese motivo puede ser decretado por el Ministerio Público, sin razonar y fundamentar debidamente tal premisa; menos aún estableció la necesidad de trabar el inmueble sin considerar que pertenecía a un tercero extraño a la indagatoria, pues sólo dispuso que debía descartarse la participación del aquí quejoso en la comisión del hecho delictivo; motivos por los que no cumplió con fijar de forma detallada y razonada, el por qué del aseguramiento. Por tanto, se requirió nuevamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, diera cumplimiento total con el fallo protector; asimismo, se le indicó que debería dejar sin efectos la resolución emitida el dos de enero de dos mil veintitrés, y sus consecuencias (oficio que se envió al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California), virtud que, como se apuntó, no atendió de manera íntegra lo ordenado en el inciso iii), del considerando sexto de la sentencia dictada por este juzgado. Ahora, del estado procesal se colige que por oficio de veintiséis de julio del año en curso, la autoridad solicitó una prórroga para dar cumplimiento, la cual le fue otorgada de conformidad, no obstante se insistió en requerirle el cumplimiento para que informara sobre el acato de la ejecutoria de amparo. Después, el uno de septiembre del año en curso, la autoridad vinculada allegó constancias con las que refirió haber acatado el fallo en su totalidad, documentales de las que se desprende que la sentencia amparadora aún no ha sido cumplida por completo. En ese tenor, ante la actitud contumaz y omisa de la responsable, y toda vez que este órgano jurisdiccional advierte evasivas por parte de ésta, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los presentes autos a la superioridad para seguir el trámite de inejecución. No obstante, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, informe lo relativo al acato al fallo protector, y en su caso, remita las constancias que así lo acrediten. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Ahora bien, gírese oficio al Fiscal General de la Republica, con sede en Ciudad de México, para que en su carácter de superior jerárquico, constriña a la autoridad vinculada a cumplir con la sentencia de amparo, en los términos del criterio jurisprudencial que se citará a continuación, para lo cual se le remite fotocopia certificada del fallo correspondiente. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 108/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2495, libro 16, agosto de 2022, tomo III, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Criterio jurídico: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Justificación: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos." Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    hago constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa la determinación de diez de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citada para tal efecto; lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo... ijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Glósese el escrito firmado por el autorizado legal del quejoso, mediante el cual se le tiene promoviendo incidente de inejecución de sentencia. Ahora, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede hacer el pronunciamiento respectivo. Al efecto, del estado de autos se advierte que la autoridad vinculada Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México, aún no ha dado debido cumplimiento con la ejecutoria de amparo. En ese tenor, cabe precisar que en el presente asunto, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] para efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de veinte de junio de dos mi siete, dictado en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIS/157/2007, en relación con el aseguramiento del bien inmueble ubicado en calle Privada de Flamingos número 06, colonia Chula Vista, delegación Rubí, en esta ciudad, que en su oportunidad identificó como lote 41, manzana 000, inscrito bajo partida 5427757, sección civil, de seis de julio de dos mil cinco; Ordene la cancelación de la inscripción marginal 6127754 de diecisiete de octubre de dos mil; dieciocho, referente al aseguramiento provisional del inmueble descrito, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California; y, Dicte otra determinación en la que subsane las deficiencias mencionadas, y determine lo que conforme a derecho proceda, en la inteligencia que deberá precisar de manera clara y concreta las razones y motivos que así lo sustenten, estableciendo los preceptos legales aplicables al caso concreto, así como la adecuación entre los fundamentos legales invocados y las razones expuestas." Por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 627 y 628), causó ejecutoria la sentencia y se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento con el fallo protector de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad vinculada emitió resolución de uno de noviembre de dos mil veintiuno, la cual una vez analizada por auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por no cumplida la sentencia de amparo y se requirió de nuevo el cumplimiento. En atención a lo solicitado, mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad informando el cumplimiento con la ejecutoria de amparo, y al efecto remitió la constancia atinente; documental pública a la que se le otorgó valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Luego, del examen de la citada constancia, en proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, se declaró de nueva cuenta no cumplida la ejecutoria de amparo (fojas 859 a 863), virtud que si bien la responsable dictó una nueva determinación en la que decretó de nuevo el aseguramiento del bien raíz de que se trata, por las consideraciones que en ella se sostuvieron, no se consideró que dicho pronunciamiento satisficiera los lineamientos fijados en el inciso iii), de los efectos de la concesión del amparo, pues no se subsana en su totalidad las deficiencias expuestas en la sentencia concesoria. Esto toda vez que en el acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, dictado en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIS/157/2007, en el que se reiteró el aseguramiento del bien raíz de mérito, el agente responsable omitió hacer un pronunciamiento adecuado sobre si contaba o no con facultades para emitir dicho acto, en atención a lo previsto en los numerales 29 y 30 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (vigentes en la época de los hechos), ya que únicamente se limitó a enunciar que el aseguramiento es una medida provisional y que por ese motivo puede ser decretado por el Ministerio Público, sin razonar y fundamentar debidamente tal premisa; menos aún estableció la necesidad de trabar el inmueble sin considerar que pertenecía a un tercero extraño a la indagatoria, pues sólo dispuso que debía descartarse la participación del aquí quejoso en la comisión del hecho delictivo; motivos por los que no cumplió con fijar de forma detallada y razonada, el por qué del aseguramiento. Por tanto, se requirió nuevamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, diera cumplimiento total con el fallo protector; asimismo, se le indicó que debería dejar sin efectos la resolución emitida el dos de enero de dos mil veintitrés, y sus consecuencias (oficio que se envió al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California), virtud que, como se apuntó, no atendió de manera íntegra lo ordenado en el inciso iii), del considerando sexto de la sentencia dictada por este juzgado. Ahora, del estado procesal se colige que por oficio de veintiséis de julio del año en curso, la autoridad solicitó una prórroga para dar cumplimiento, la cual le fue otorgada de conformidad, no obstante se insistió en requerirle el cumplimiento para que informara sobre el acato de la ejecutoria de amparo. Después, el uno de septiembre del año en curso, la autoridad vinculada allegó constancias con las que refirió haber acatado el fallo en su totalidad, documentales de las que se desprende que la sentencia amparadora aún no ha sido cumplida por completo. En ese tenor, ante la actitud contumaz y omisa de la responsable, y toda vez que este órgano jurisdiccional advierte evasivas por parte de ésta, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los presentes autos a la superioridad para seguir el trámite de inejecución. No obstante, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, informe lo relativo al acato al fallo protector, y en su caso, remita las constancias que así lo acrediten. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Ahora bien, gírese oficio al Fiscal General de la Republica, con sede en Ciudad de México, para que en su carácter de superior jerárquico, constriña a la autoridad vinculada a cumplir con la sentencia de amparo, en los términos del criterio jurisprudencial que se citará a continuación, para lo cual se le remite fotocopia certificada del fallo correspondiente. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 108/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2495, libro 16, agosto de 2022, tomo III, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Criterio jurídico: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Justificación: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos." Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio y anexos enviados por la autoridad responsable, quien en alcance al comunicado mediante el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, allega las constancias con las que refiere acreditar su aserto. Por tanto, con el contenido de tales documentales, dese nuevamente vista al quejoso por el plazo de tres días, legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad oficiante; lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el comunicado remitido por la autoridad vinculada, en atención a su contenido, se le concede -por única ocasión- la prórroga solicitada a efecto de dar cumplimiento con la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 193, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. En ese tenor, se le requiere para que una vez transcurrida la dilación otorgada, informe de inmediato sobre el acato del fallo protector, y en su caso, allegue las constancias atinentes. Asimismo, hágase de su conocimiento que subsisten los apercibimientos de multa, separación de puesto y consignación correspondientes al incumplimiento de la sentencia amparadora. Notifíquese.

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