César Eduardo Hank Inzunza

Expediente 508/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 28 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
508/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
  • César Eduardo Hank Inzunza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que la totalidad de las partes se encuentran debidamente notificadas de la sentencia y del auto por el que se tuvo interpuesto el recurso de revisión hecho valer en su contra; en consecuencia, remítanse a la superioridad el expediente de este juicio, escrito de agravios y fotocopia del mismo, para la sustanciación del aludido medio impugnativo; por lo cual, se ordena formar el cuaderno de antecedentes que corresponda. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    Agréguese a los autos el ocurso firmado electrónicamente por el autorizado del quejoso; se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada; por tanto, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase el ocurso exhibido y previa constancia de esto último, dentro del término de tres días, contado a partir de que se integre debidamente el expediente, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en turno del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, para su sustanciación, acompañándole la misiva original de expresión de agravios y fotocopia correspondiente. Se solicita a las autoridades responsables acusen recibo de los oficios que deriven del presente proveído.

  3. Principal

    SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 508/2021, promovido por César Eduardo Hank Inzunza, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en Ciudad de México, y de otras autoridades; por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 1°, 4°, 73 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito depositado el ocho de julio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, César Eduardo Hank Inzunza, de propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en Ciudad de México, y de otras autoridades, que hizo consistir en: "1.- Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación y orden de publicación de la Ley General de Salud, en específico de los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 Bis, 237, 245, fracciones II, IV y V, 247, último párrafo, 248, 290, 368 y 479, así como cualquier otra normativa adyacente, accesoria y/o secundarias [.]." 2.- De la Cámara de Diputados, La iniciativa, discusión, aprobación y expedición de la Ley General de Salud, en específico de los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 Bis 237, 245, fracciones II, IV y V, 247, último párrafo 248, 290, 368 y 479, si como cualquier otra normativa adyacente, accesoria y/o secundarias [.]." 3.- De la Cámara de Senadores, la iniciativa, discusión, aprobación y expedición de la Ley General de Salud, en específico de los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 Bis, 237, 245, fracciones II, IV y V, 247, último párrafo, 248, 290, 368 y 479, así como cualquier otra normativa adyacente, accesoria y/o secundarias [.]." 4.- De la Secretaría de Salud; la aplicación en perjuicio del quejoso de los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 Bis, 237, 245, fracciones II, IV y V, 247, último párrafo, 248, 290, 368 y 479 de la Ley General de Salud, así como cualquier otra normativa adyacente, accesoria y/o secundarias [.]." SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, registrándose bajo partida 508/2021; mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que se reclaman normas generales, cuyos alegados efectos y consecuencias acontecerían en la demarcación territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda de derechos fundamentales, se precisa que la materia de reclamo destacada consiste en: La sedicente inconstitucionalidad de los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 bis, 237, 245, fracciones II, IV y V, 247, último párrafo, 248, 290, 368 y 479 de la Ley General de Salud, al estimar que configuran, como unidad normativa, un sistema de prohibiciones administrativas, cuya vigencia trae como efecto la imposibilidad de que el quejoso pueda acceder a una autorización sanitaria que eventualmente le permita realizar actividades relacionadas con el consumo personal y recreativo de mariguana, así como la aplicación de dicha normativa. TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, consistente en la aplicación de los numerales invocados, pues la presunción de certeza derivada de la omisión de rendir su informe justificado -a pesar de encontrarse notificado del acuerdo en el que se le requirió- quedó desvirtuada con la confesión expresa realizada por el quejoso en su escrito inicial de demanda. Esto es así, debido a que en dicho ocurso, el promovente, bajo protesta de decir verdad, manifestó no haber formulado alguna solicitud para obtener autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el consumo de marihuana con fines recreativos, de modo que tal reconocimiento tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 199 y 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y es suficiente para acreditar que la autoridad responsable de mérito no ha aplicado en perjuicio del quejoso los numerales de referencia, pues éstos prevén, precisamente, la procedencia de la autorización sanitaria para actividades relacionadas con estupefacientes; de ahí que no resulte cierto el acto que se le atribuye. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad responsable antes precisada, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Debe tenerse por cierta la materia de reproche atribuida a las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, respecto de su intervención en el proceso legislativo por el cual se crearon las normas tildadas de inconstitucionales, pues así lo indicaron en sus respectivos informes justificados. Además, al combatirse normas de carácter general, su existencia no está sujeta a prueba, ya que desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es presupuesto y materia propia de conocimiento de este juzgado. QUINTO. Las causas de improcedencia son de orden público y de estudio preferente, aun cuando las partes lo aleguen o no, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este tribunal advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, en relación con el Capítulo VI del Título Cuarto, ambos de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [.]." TÍTULO CUARTO Jurisprudencia y Declaratoria General de Inconstitucionalidad [.] CAPÍTULO VI Declaratoria General de Inconstitucionalidad "Artículo 231. Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o en distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma. Lo dispuesto en el presente Capítulo no será aplicable a normas en materia tributaria." "Artículo 232. Cuando el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad de la misma norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos. Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo anterior se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinadosen la Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local,según corresponda." "Artículo 233. Los plenos de circuito, conforme a los acuerdos generales que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán solicitar a ésta, por mayoría de sus integrantes, que inicie el procedimientode declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad de una norma general." "Artículo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá: I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 235. La declaratoria general de inconstitucionalidad se remitirá al Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en el que se hubiera publicado la norma declarada inconstitucional para su publicación dentro del plazo de siete días hábiles." [Énfasis añadido] De los preceptos transcritos, en lo que aquí interesa, se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el capítulo VI del título cuarto de la ley que reglamenta los artículos 103 y 107 constitucionales, esto es, que dicha declaratoria aprobada con al menos ocho votos, se origine con motivo de la jurisprudencia por reiteración que establezca el más alto tribunal del país, funcionando en pleno o en sala, en los juicios de amparo indirecto en revisión, a través de la cual se determine la inconstitucionalidad de las mismas normas y el órgano legislativo emisor sea omiso en realizar oportunamente las adecuaciones legales correspondientes. Declaratoria que será obligatoria y con efectos generales, la cual establecerá la fecha de su vigencia, así como sus alcances y condiciones; además, tales efectos no serán retroactivos salvo en materia penal. Sentado lo anterior, se colige que en el presente juicio de amparo se actualiza dicha causal de improcedencia, por las consideraciones siguientes. El quejoso reclama destacadamente la sedicente inconstitucionalidad de los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 bis, 237, 245, fracciones II, IV y V, 247, último párrafo, 248, 290, 368 y 479 de la Ley General de Salud. Dispositivos legales que no se reprochan de manera aislada, sino en su conjunto, al estimar el peticionario que funcionan como unidad normativa que establece un sistema de prohibiciones administrativas, cuya sola vigencia [forma autoaplicativa] trae como efecto la imposibilidad de acceder a una autorización sanitaria que eventualmente le permita realizar actividades relacionadas con el consumo personal y recreativo de mariguana, afectando su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad contenido en el artículo 1° constitucional. Por lo que es menester resaltar que la materia de reclamo efectivamente planteada, se hace consistir en la alegada inconstitucionalidad de esa normativa que se encuentra en una porción de la Ley General de Salud, y que representa la prohibición administrativa absoluta para el uso personal y lúdico de mariguana. Ahora bien, este tribunal de amparo determina que el presente juicio es improcedente, en razón de que el reclamo aquí formulado, se relaciona con la pretensión del quejoso de que se declare inconstitucional el sistema normativo que envuelve el articulado señalado, con el propósito de que sea expulsado de su esfera jurídica y no le siga causando perjuicio en su contra por su sola vigencia. Sin embargo, la declaración de inconstitucionalidad pretendida, ya se encuentra realizada en favor del impetrante, virtud de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del mismo sistema normativo aquí reclamado, la cual precisamente tiene efectos generales, esto es, deviene innecesario el estudio de fondo del presente juicio de amparo, cuenta habida que ya fue expulsada del ordenamiento jurídico -de manera generalizada y no sólo para quienes hayan obtenido amparos de forma particular- la prohibición administrativa absoluta para el otorgamiento de autorizaciones sanitarias que permitan la realización de actividades relacionadas con el autoconsumo recreativo de mariguana, misma que se contenía en el articulado condigno. Circunstancia en la que radica la improcedencia de este juicio, pues la afectación que dice el quejoso resentía de forma automática con la sola vigencia del sistema de prohibición administrativa absoluta, previsto en la normativa reclamada, dejó de existir a través de la invalidez de aquel sistema que produjo la declaratoria general de inconstitucionalidad en comento, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno, previa notificación a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión. Cabe mencionar que en la declaratoria de mérito, se estableció que ésta "surtirá efectos generales a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y no podrá tener efectos retroactivos". De ahí que sea dable concluir que a la fecha del dictado de este fallo, la declaratoria general de inconstitucionalidad esté surtiendo efectos generales, pues de los portales oficiales de internet correspondientes a los órganos legislativos federales, se advierte el oficio de notificación al primero de ellos mencionado de fecha veintinueve de junio pasado, así como una ficha técnica de propuesta de punto de acuerdo por el que se reconoce a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la aprobación de la declaratoria 1/2018, contenida en la Gaceta del Senado de data treinta de junio de dos mil veintiuno; a más, que dicha declaratoria ya se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el quince de julio del año próximo pasado. Además, en este asunto, la referida declaratoria general de inconstitucionalidad no tiene efectos retroactivos, pues la vulneración a la esfera jurídica del peticionario no se dio a través de un acto material y concreto ubicable en un determinado espacio temporal anterior a la vigencia de dicha declaratoria, como en el caso de alguna negativa de autorización sanitaria emitida en un tiempo pasado, sino que la presente demanda de amparo se planteó tomando en consideración el reclamo de las normas impugnadas en su vertiente autoaplicativa, esto es, actualizándose automáticamente la afectación de momento a momento, durante toda su observancia general y por su sola entrada en vigor. Ahora bien, no se inadvierte que en la resolución plenaria 1/2018 de mérito, se declaró "la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa 'sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y', y 247, último párrafo, en su porción normativa 'sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y', de la Ley General de Salud", y no en relación con el texto completo de esos numerales ni del resto de los preceptos que fueron declarados inconstitucionales en la jurisprudencia de la primera sala del máximo tribunal federal, que originó la solicitud de dicha declaratoria general, pues al respecto, el Tribunal Pleno estableció lo siguiente: "[.] En consecuencia, este Tribunal Pleno estima que el problema de constitucionalidad advertido en la jurisprudencia de la Primera Sala, consistente en la prohibición absoluta para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, prevista en el sistema de prohibiciones administrativas establecido en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, no ha sido superado mediante las reformas a la Ley General de Salud publicadas el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Y, si bien es un hecho notorio para este Tribunal Pleno que el Congreso de la Unión está considerando una serie de cambios legales para superar el sistema de prohibiciones que dio lugar a la jurisprudencia precisada, hasta este momento no ha concluido el proceso legislativo. [.] Este Tribunal Pleno considera que, para precisar adecuadamente los efectos de esta declaratoria general, se debe tener en cuenta que la jurisprudencia de la Primera Sala declaró la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, en su texto previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, por considerarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, como se expuso en las consideraciones de esta resolución, los artículos 237, 245, fracción I, e implícitamente, el 248 (que remite expresamente a la fracción I del artículo 245) fueron modificados en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. La reforma consistió en eliminar de la prohibición prevista en el artículo 237 la referencia a la cannabis sativa, índica y americana, así como en eliminar la prohibición implícita prevista en el artículo 248, al eliminar el THC de la fracción I, del artículo 245, al que remite. Sin embargo, como se justificó previamente, la prohibición para autorizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, persiste en la Ley General de Salud, en los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, que no fueron modificados. [.] En consecuencia, a juicio de este Tribunal Pleno, el problema de inconstitucionalidad advertido se superará limitando la declaratoria general de inconstitucionalidad a las porciones normativas en las que subsiste la prohibición en cuestión, previstas en los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, que no fueron modificados. Luego, este Tribunal emite la declaratoria general, únicamente, de las porciones normativas que indican "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y" de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, vigente, resaltadas a continuación: 'ARTÍCULO 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: I.- Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; (REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) II.- Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III.- Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V.- (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997) VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud. [.] (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) ARTÍCULO 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. [.] (REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1987) ARTICULO 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: (REFORMADA, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son: [.] [YA NO SE INCLUYE AL THC EN LA LISTA] Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga. [...] ARTÍCULO 247.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a: I.- Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; (REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) II.- Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III.- Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V.- (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997) VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud.' [.]." De ahí que la citada declaratoria general no radica simplemente en la identificación de una numeración de artículos, sino que se centra en expulsar el problema de inconstitucionalidad advertido en el sistema normativo impugnado, representado en la prohibición administrativa absoluta para autorizar el autoconsumo lúdico de mariguana. Por lo que si bien el quejoso basa su reclamo en el señalamiento de los artículos 194, 234, 235, último párrafo, 235 bis, 237, 245, fracciones II, IV y V, 247, último párrafo, 248, 290, 368 y 479 de la Ley General de Salud, y no obstante éstos no se encuentran declarados inconstitucionales de forma literal y en su totalidad, lo cierto es que su reproche se relaciona con la normativa materia de la declaratoria 1/2018, en tanto que se trata de la impugnación del "obstáculo legal" contenido en ese mismo sistema de normas, el cual ya fue eliminado de manera generalizada, y con los alcances siguientes: "Es importante enfatizar, ante todo, que los alcances de esta declaratoria general de inconstitucionalidad se limitan a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". Por lo tanto, esta declaratoria general de inconstitucionalidad no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana. En efecto, con la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas, se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se estima necesario ordenar la notificación de la misma también a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS. En la inteligencia de que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Así mismo, la COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. Además, al emitir las autorizaciones la COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. De esta manera, invalidando las porciones normativas precisadas y vinculando a la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas, este Tribunal Pleno considera que se supera el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala. Por último, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación exhorta al Congreso de la Unión a legislar respecto del derecho al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceras personas, así como las condiciones de información necesarias para ejercerlo responsablemente; a tomar las medidas que estime pertinentes para tratar esta cuestión como un problema de salud pública; y para brindar a las autoridades de Salud un marco normativo que les permita delimitar adecuadamente el ejercicio de ese derecho para evitar daños a terceros, sin que corresponda a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dar mayores lineamientos respecto de las políticas que el legislador, en uso de su libertad política, decida tomar al respecto. [.]." A más, que el propio quejoso expone en su demanda que solicita el amparo para el efecto de que las normas reclamadas le sean expulsadas de su esfera jurídica bajo los parámetros contenidos en las ejecutorias que sirvieron de base para que la primera sala solicitara la declaratoria general, al haber integrado jurisprudencia por reiteración sobre la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, por considerarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, toda vez que el sistema normativo reclamado destacadamente en este asunto, se trata del mismo por el cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente, por tanto, éste ya fue expulsado del ordenamiento legal con efectos generales, esto es, que alcanza también frente a la situación jurídica del quejoso. En consecuencia, se tiene por actualizada la causa de improcedencia invocada al inicio de este considerando, por lo que se sobresee en el presente juicio, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracciones I y II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción VIII, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 508/2021, promovido por César Eduardo Hank Inzunza, contra los actos que reclamó del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México, y de otras autoridades, precisados en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    R e s u e l v e Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por César Eduardo Hank Inzunza, contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerativo tercero de la presente resolución. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por César Eduardo Hank Inzunza, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, para los efectos señalados en el considerativo cuarto de la presente interlocutoria. Notifíquese.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,757 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano