César Buenrostro López
Expediente 19/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/05/2022
Partes del expediente
- César Buenrostro López
- Juez Cuarto de lo Civil, Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido al quejoso y tercero interesado para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el pretendido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en el expediente para determinar si el fallo protector se encuentra cumplido o no. En el presente asunto se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] lo conducente es conceder la protección constitucional peticionada, para el efecto de que la Juez Cuarto Civil, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario de desahucio 1357/2020, a partir de la diligencia de emplazamiento que se practicó al demandado aquí quejoso, y la ordene nuevamente. Concesión que deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución, virtud que se combatieron en vía de consecuencia." Posteriormente, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad vinculada su cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, quien informó lo conducente y remitió las constancias atinentes; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Informes y documentales eficaces para acreditar que se han acatado los efectos de la sentencia de amparo, pues mediante proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, la juez responsable dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio de desahucio 1357/2020, a partir del emplazamiento del demandado, aquí quejoso, César Buenrostro López, y ordenó lo conducente para llamarlo a juicio; por lo que resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimento al artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de depuración, por haberse concedido el amparo y la protección de la Justicia Federal, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el tres de junio de dos mil veinticinco. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable, al encuadrar en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el tres de junio de dos mil veinticinco, debiéndose conservar únicamente la determinación por la cual se concedió la suspensión definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en comento, por lo que se señala como fecha para tal efecto el tres de junio de dos mil veintidós. En su oportunidad, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. Sin que sea el caso requerir al quejoso para que realice las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese personalmente. , hago constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, emitida en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 19/2022-F El veintidós de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al juez, con la certificación secretarial y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: "[.] lo conducente es conceder la protección constitucional peticionada, para el efecto de que la Juez Cuarto Civil, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario de desahucio 1357/2020, a partir de la diligencia de emplazamiento que se practicó al demandado aquí quejoso, y la ordene nuevamente. Concesión que deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución, virtud que se combatieron en vía de consecuencia." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, den cumplimiento con el fallo protector. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Asimismo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la ley de la materia, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez que transcurra el término concedido a las responsables, dese nueva cuenta para acordar lo conducente. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 19/2022, promovido por César Buenrostro López, contra actos de la Juez Cuarto Civil, de esta ciudad, y de otra autoridad; por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO Primero. Por escrito depositado el seis de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, César Buenrostro López, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Cuarto Civil, de esta ciudad, y de otra autoridad, que hizo consistir en: "[.] la falta de emplazamiento al Juicio d Terminación de Contrato de Arrendamiento [.]. [.] la nulidad de todas y cada una de las actuaciones practicadas en el expediente número 1357/2020 [.]." Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, registrándola con el número de expediente 19/2022; mediante auto de diez de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, así como emplazamiento de la parte tercero interesada, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y,CONSIDERANDO Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados podrían tener ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que los actos reclamados destacados son el defectuoso llamamiento al juicio sumario de desahucio 1357/2020 del índice del Juzgado Cuarto Civil, de esta ciudad, así como sus consecuencias jurídicas. Tercero. Debe tenerse por cierta la materia de reproche atribuida a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de sus informes justificados; lo que además se corrobora con las constancias allegadas a juicio, relativas al expediente de origen. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuarto. Las causas de improcedencia son de orden público y de estudio preferente, aun cuando las partes lo aleguen o no, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, ya que las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni este juzgado de distrito advierte de oficio que en el caso se actualice alguna, lo procedente es examinar los motivos de disenso propuestos. Quinto. Son fundados los motivos de inconformidad que hace valer el impetrante, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que se exponen enseguida. El quejoso argumenta que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se le pretende privar de la posesión y derechos con los que cuenta respecto del inmueble materia de la litis, virtud que no fue oído ni vencido en juicio, además que la diligencia de emplazamiento se llevó a cabo en contravención con las formalidades que establecen los artículos 476 y 477 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. En principio, cabe señalar que los numerales 476 y 477 del código procesal civil para la entidad, establecen los lineamientos que deben invariablemente observarse al momento de llevarse a cabo el llamamiento a juicio ?de desahucio? de la parte demandada. Al efecto, tiene aplicación la tesis XV.1o.56 C del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible en la página 1439, junio de 2004, tomo XIX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO. NO LE SON APLICABLES LAS REGLAS PREVISTAS PARA EL EMPLAZAMIENTO EN GENERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). De una nueva reflexión sobre el tema, este Tribunal Colegiado se aparta del criterio que sostuvo al emitir la tesis aislada de rubro: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO. ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE SUS REGLAS ESPECÍFICAS, DEBEN APLICARSE TAMBIÉN LAS PREVISTAS PARA EL EMPLAZAMIENTO EN GENERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, julio de 1999, Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, página 859, porque tratándose de juicios sumarios de desahucio, existe un capítulo especial en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, para normar el procedimiento, y específicamente en su artículo 477, que en lo conducente, establece: "Será domicilio legal para hacer el requerimiento y traslado a que se refiere el artículo anterior, la finca o departamento de cuya desocupación se trate. La diligencia se entenderá con el demandado, o en su defecto con cualquier persona de su familia, domésticos o porteros, excepto si fueren empleados o dependientes del propietario. Si el local se encuentra cerrado, podrá entenderse con el agente de la policía o vecinos, fijándose en la puerta, además, en este último caso un instructivo, haciendo saber el objeto de la diligencia ...", por lo que en estos casos no debe atenderse a las reglas de las notificaciones para la realización de los emplazamientos en lo general, que prevé el artículo 117 del citado ordenamiento legal, pues es un principio jurídico de que la regla especial excluye a la norma genérica, por lo que únicamente debe ser complementaria de aquélla en las cuestiones que no prevea o sean deficientes o imperfectas, lo que en este caso no acontece, por lo que si el actuario acudió al domicilio señalado para realizar la diligencia de emplazamiento a la demandada y asentó que el local comercial se encontraba cerrado y, por ello, procedió a entenderla con el vecino (del local comercial contiguo), entregándole la cédula de notificación correspondiente, resulta claro que no existía obligación para el actuario de dejar citatorio previamente al demandado siguiendo las reglas generales de las notificaciones, porque se ciñó a lo estrictamente establecido para llevar a cabo el emplazamiento en los juicios sumarios de desahucio; por tanto, no puede considerarse que dicho llamamiento a juicio haya sido violatorio de las garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República." Así como la tesis XV.2o.17 C del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, página 1752, marzo de 2001, tomo XIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EMPLAZAMIENTO, REGLAS QUE RIGEN EL, TRATÁNDOSE DEL JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Tratándose de los juicios sumarios de desahucio, el artículo 477 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, establece en la parte conducente que: "Será domicilio legal para hacer el requerimiento y traslado a que se refiere el artículo anterior, la finca o departamento de cuya desocupación se trate. La diligencia se entenderá con el demandado, o en su defecto con cualquier persona de su familia, domésticos o porteros, excepto si fueren empleados o dependientes del propietario. Si el local se encuentra cerrado, podrá entenderse con el agente de la policía o vecinos, fijándose en la puerta, además, en este último caso, un instructivo, haciendo saber el objeto de la diligencia.", advirtiéndose que este primer párrafo fija las reglas específicas que el actuario debe acatar en la práctica de esas diligencias, sin que resulten aplicables a esta clase especial de juicios las reglas generales contenidas en los artículos 114 y 117 del ordenamiento legal citado." Precisado lo anterior, conviene transcribir los preceptos 476 y 477 en comento, que son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 476.- Presentada la demanda con el documento o la justificación correspondiente, dictará auto el Juez mandando requerir al inquilino, para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas, y no haciéndolo, se le prevenga que dentro de veinte días si la finca sirve para habitación; dentro de cuarenta días si sirve para giro mercantil o industrial, o dentro de noventa días si fuere rústica, proceda a desocuparla, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. Si lo pidiere el actor, en el mismo auto, mandará que se embarguen y depositen bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Mandará que en el mismo acto se le emplace para que dentro de cinco días ocurra a oponer las excepciones que tuviere, corriéndole traslado de la demanda, con entrega de las copias de Ley. El emplazamiento en el juicio de desahucio solo se apegara a las reglas del artículo subsiguiente." [Énfasis añadido] "ARTÍCULO 477.- Será domicilio legal para hacer el requerimiento y traslado a que se refiere el Artículo anterior, la finca o departamento de cuya desocupación se trate. La diligencia se entenderá con el demandado, o en su defecto con cualquier persona de su familia, domésticos o porteros, excepto si fueren empleados o dependientes del propietario. Si el local se encuentra cerrado, podrá entenderse con el agente de la policía o vecinos, fijándose en la puerta, además, en este último caso, un instructivo, haciendo saber el objeto de la diligencia. [.]." De los normativos transcritos, se advierte que la diligencia de emplazamiento a un juicio de desahucio, será practicada en el domicilio donde se encuentre la finca o departamento de cuya desocupación se trate; se entenderá con el demandado o, en su defecto, con cualquier persona de su familia, domésticos o porteros, excepto si fueren empleados o dependientes del propietario; si el local está cerrado, podrá llevarse a cabo con el agente de la policía o vecinos, en este caso, además se fijará un instructivo en la puerta, haciendo saber el objeto de dicha diligencia. Asimismo, se le mandará notificar al pasivo procesal que contará con cinco días para ocurrir a oponer las excepciones que tenga en su defensa, y para tal efecto, el actuario le correrá traslado de la demanda, con entrega de las copias de ley. En el particular, como se adelantó, son sustancialmente fundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en la demanda, suplidos en su deficiencia, al advertir de las constancias del juicio de origen, que el emplazamiento que se le practicó resulta ilegal, porque no reúne los requisitos que prevén los artículos 476 y 477 en cita, específicamente, el correcto traslado de la demanda y las copias correspondientes. En efecto, de la razón relativa a la diligencia de emplazamiento del quejoso al juicio de desahucio primigenio, se aprecia meridianamente que el actuario adscrito al Juzgado Cuarto Civil, de esta ciudad, no dio cabal cumplimiento con las formalidades esenciales que establece la codificación procesal civil local, debido a lo siguiente: El diligenciario manifestó haber corrido traslado a la persona con la que se entendió la diligencia con copias simples de ley, debidamente selladas y cotejadas, por el conducto habido; empero, no detalló de qué documentos se trataba. Asimismo, respecto del tópico reseñado, tal exigencia se desprende de una interpretación conforme del numeral 14 de la Carta Magna, de manera que esa formalidad tiene como propósito brindar a la parte demandada una completa información que le permita ejercer plenamente su derecho a la defensa. Lo anterior, se desprende de los razonamientos plasmados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), visible en la página 204, libro 78, septiembre de 2020, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que se lee: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." Similares consideraciones adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 83/2020 de su índice. En esa guisa, el fedatario responsable no satisfizo los requisitos establecidos en los artículos 476 y 477 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, que tienen como objeto que la persona a emplazar tenga conocimiento pleno de los datos necesarios que le permitan acudir ante el órgano judicial que emite el acto que se le notifica, a defender sus derechos, con lo cual dejó a la impetrante en estado de indefensión. Así, es indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que la parte demandada tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse; y como quedó precisado, el actuario responsable no cumplió con esas formalidades. Por último, cabe resaltar que si bien la responsable refiere que el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el quejoso se apersonó a juicio señalando domicilio procesal y autorizando abogados, más cierto es que por determinación de treinta de ese mismo mes y año, la responsable declaró nulo el emplazamiento que se le practicó al impetrante, y turnó los autos al actuario de su adscripción a efecto de que emplazara al demandado; diligencia que se llevó a cabo el seis de octubre de la referida anualidad, con el vicio de legalidad antes denotado. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo conducente es conceder la protección constitucional peticionada, para el efecto de que la Juez Cuarto Civil, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario de desahucio 1357/2020, a partir de la diligencia de emplazamiento que se practicó al demandado aquí quejoso, y la ordene nuevamente. Concesión que deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución, virtud que se combatieron en vía de consecuencia. No pasan inadvertidas las manifestaciones de la tercero interesada respecto a que el treinta de enero del año en curso, el quejoso desocupó el inmueble materia de juicio, con la puerta abierta y totalmente deshabitado, empero, no anexó medio de convicción alguno para acreditar tal circunstancia; además, que de las constancias que remitió la responsable se pone en relieve que si bien en la sentencia emitida se condenó al aquí quejoso a desocupar y entregar a la parte actora la casa-habitación sujeta a controversia, no se desprende que -a la fecha en que se emite el presente fallo- dicha resolución haya causado ejecutoria. Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 77, fracción I, 79, fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Para los efectos apuntados en la parte final del considerando quinto del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a César Buenrostro López, contra los actos que reclamó de la Juez Cuarto Civil, de esta ciudad, y de otra autoridad, precisados en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito firmado por la tercero interesada; con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase apersonándose al juicio. Asimismo, se le tiene designando autorizadas y señalando domicilio procesal. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se le tiene formulando alegatos. Finalmente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase las fotocopias que solicita. Por tanto, dígase a la ocursante que deberá generar la cita respectiva a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ" para el trámite correspondiente. Notifíquese.
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