César Camacho Gatica
Expediente 776/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- César Camacho Gatica
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca
Actuaciones
- Principal
PRAL. 776/2020 2 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil veinte. 1. Precisión previa para continuar con el trámite de este asunto. Como se hizo constar en la certificación que antecede, en este asunto la parte quejosa reclama una orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución; de ahí que, atendiendo la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal" (aprobada en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal), en estricta relación con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena continuar el trámite de este juicio de amparo sin suspensión de plazos ni términos procesales. 2. Causa estado resolución. Por otra parte, visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de catorce de diciembre del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ***, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de esas determinaciones se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino: Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda). 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 776/2020 2 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido al quejoso ****, mediante proveído de dos de diciembre del año en curso, a efecto de que aclarara su instancia constitucional, sin que hubiere realizado manifestación al respecto, no obstante su notificación el tres de diciembre siguiente. Por no presentada. En consecuencia, como la parte quejosa no aclaró la demanda de amparo en el plazo concedido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y, ante el incumplimiento de dicha parte procesal a la prevención formulada, que repercute determinantemente en la acción de amparo por vía de parte agraviada y legitimada, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de mérito. Tiene aplicación al respecto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LI, Quinta época, página 208 de rubro y siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE ACLARACION DE LA". Notifíquese por lista de acuerdos al quejoso, por así solicitarlo expresamente en la demanda. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 776/2020 2-A [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veinte. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del juez Primero de lo Penal del distrito judicial del centro y de otras autoridades, recibida el uno de diciembre del año en curso en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; fórmese expediente impreso y electrónico y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 776/2020. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención. A fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso numeral 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de su legal notificación, por escrito, con las copias necesarias del mismo y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente. a. En primer término, del contenido total de la demanda de amparo no se advierte el capítulo relativo del acto reclamado, por el cual se especifique, concretamente, ese acto. Sin embargo, del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado se aprecia que la parte quejosa refiere que elementos de la policía ministerial dependientes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se presentaron en su domicilio con la finalidad de ejecutar una orden de aprehensión. En esas condiciones, deberá señalar: PRIMERO. Si reclama la orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. De señalarlos como actos reclamados, deberá precisar a qué autoridades les atribuye. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la parte quejosa haya expresado en los antecedentes del acto reclamado esa orden y su ejecución; sin embargo, los mismos fueron mencionados a manera de antecedentes, sin que se advierta concretamente si señalan tales actos como destacados. b. En segundo lugar, el quejoso señala como autoridad responsable, entre otras, al juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales; sin embargo, de la página oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca se advierte que en el Estado de Oaxaca, los Juzgados de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales se encuentran distribuidos en diversas sedes, a saber, Tanivet, Ixcotel, Ejutla y Etla. Sin que se advierta la existencia de la autoridad señalada por el quejoso como "juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales". Por ello, deberá: TERCERO. Aclarar la denominación correcta de la autoridad que señala como "juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales". En el entendido que el correcto señalamiento de la autoridad responsable corresponde a la parte quejosa, sin que ello pueda subsanarse a través de la suplencia de la queja; como así lo ilustra la tesis XI.20.36K del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, agosto de 2004, página 1556, registro 180950, del rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVENCIÓN AL QUEJOSO CUANDO SU DENOMINACIÓN ES INCORRECTA". c. En tercer término, una vez aclarados los puntos anteriormente señalados, deberá: CUARTO. Precisar el carácter con el que señala a cada una de las autoridades responsables; es decir, a quién o quiénes le(s) atribuye el carácter de ordenadoras y ejecutoras. Esto, dado que el capítulo relativo al señalamiento de las autoridades responsables no precisó tal carácter; además, como ya se mencionó con anterioridad, no se precisaron concretamente los actos reclamados. d. Finalmente, en cuarto lugar, de la demanda de amparo tampoco se advierte el domicilio particular del quejoso; lugar en el que, bajo protesta de decir verdad, asevera que los elementos de la Fiscalía General del Estado trataron de ejecutar la orden de aprehensión reclamada, por ello, a efecto de precisar la competencia de este Juzgado, deberá indicar: QUINTO: Su domicilio particular (lugar en donde se pretendió ejecutar el acto reclamado); ya que en los hechos narrados en la demanda aseguró que el personal de la Fiscalía General del Estado se presentó en dicho lugar; no obstante, en el apartado referente a su domicilio dijo que lo señaló al inicio de su escrito inicial de demanda, pero en el proemio únicamente señaló los estrados del Juzgado para oír y recibir notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Irregularidades que deberá subsanar la parte quejosa, a fin de estar en aptitud de entablar correctamente la litis en este expediente, pues aunque este órgano jurisdiccional realizara una interpretación íntegra de la demanda de amparo, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar, con claridad, cuál o cuáles son las autoridades responsables a quienes se atribuyen los actos reclamados; ello, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, entre ellas, a las autoridades responsables, con la finalidad de que defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al rendir su informe justificado, y se integre la litis de manera correcta. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXV, foja 3192, registro 329080, que refiere: "ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL. Los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, indican que el legislador no quiso dar intervención alguna al juzgador, para interpretar la intención del quejoso, respecto de los actos reclamados, sino que al exigir que con toda precisión y exactitud se señalaran por el reclamante, no da lugar a que independientemente del texto de la demanda, el juzgador determine dichos actos". Así como la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CVIII, página 393, registro 368564, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento." Y la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, noviembre de 1999, tomo X, foja 32, registro 192843, cuyo rubro es el siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD.ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUISTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." 3.1. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con el requerimiento formulado dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 4. Domicilio. Como la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado; en consecuencia, con fundamento en el numeral 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones aun las que resulten personales en este juicio, hágasele mediante lista de acuerdos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXII,1o.22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, diciembre de 1998, tomo VIII, página 1067, registro 195064, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". 5. Autorización de correo electrónico. El correo personal proporcionado en la demanda de amparo, no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la situación de contingencia en que se encuentra el país, se autoriza dicho medio únicamente para que el actuario tenga comunicación con la parte quejosa y, en su caso, sirva como auxiliar para lograr las notificaciones personales, esto, solo para el caso de que se llegue a señalar un domicilio diverso al de los estrados de este Juzgado. 6. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Seguridad (actuario -a-). Para el desahogo de alguna actuación personal, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese en los términos ordenados. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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