Cesar Armando Tijerina Bustamante

Expediente 649/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
649/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • Cesar Armando Tijerina Bustamante

Actuaciones

  1. Principal

    pral.649/2020 mesa 5 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ****, interpusiera recurso de queja contra la resolución de veintitrés de noviembre de este año, por la cual se desechó su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha resolución. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo. Considerando que en proveído de veintitrés de noviembre de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme tal resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese.

  2. Principal

    PRAL.649/2020 MESA 5 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el escrito firmado por *** mediante el cual cumple con la prevención formulada en auto de veintinueve de octubre de este año, reiterada en acuerdo de doce de este mes; y de su análisis integral, en relación con el primer escrito aclaratorio y la demanda de amparo, precisa que: Ante el agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (denominación correcta) se radicó la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0002455/2017 en su contra, por un supuesto delito fiscal. En dicha carpeta de investigación ya se le dio intervención, en su carácter de imputado. El seis de junio de dos mil diecinueve presentó ante dicha autoridad ministerial un escrito de cinco del mismo mes, dirigido a la carpeta de investigación citada. El agente del Ministerio Público no ha atendido su escrito, en el que le solicitó que recabe actos de investigación consistentes en un informe del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de Vivienda, y entrevistas. No reclama la violación a un derecho de petición, sino la omisión del Ministerio Público de cumplir su función de investigación en la carpeta de investigación mencionada. Precisión del acto reclamado. Ahora, a efecto de emitir el pronunciamiento que corresponda en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, es menester precisar que, del análisis integral de la demanda de amparo y sus dos escritos aclaratorios, se aprecia que *** afirma acudir a esta instancia constitucional, bajo protesta de decir verdad, en su carácter de imputado dentro de la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0002455/2017, y reclama de la agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca: La omisión de recabar los actos de investigación consistentes en: a) informes del IMSS e INFONAVIT para que manifiesten si se encuentra dado de alta como patrón y si tiene registrados como trabajadores físicos a Jesús García Morales, Ausencio Sergio Avendaño y Selene Ivonne Nolasco Aguilar, así como b) las entrevistas de dichas personas. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en la carga procesal para la parte quejosa de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación. El referido principio encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es necesario que la parte quejosa acuda a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa perjuicio. 3.1. Marco legal aplicable. El artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 6. Además, la finalidad de que el juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, es con el fin de garantizar los derechos tanto del imputado como de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. Expuesto lo anterior, se reitera que César Armando Tijerina Bustamante afirma acudir a esta instancia constitucional, bajo protesta de decir verdad, en su carácter de imputado dentro de la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0002455/2017, y reclama de la agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca: La omisión de recabar los actos de investigación consistentes en: a) informes del IMSS e INFONAVIT para que manifiesten si se encuentra dado de alta como patrón y si tiene registrados como trabajadores físicos a Jesús García Morales, Ausencio Sergio Avendaño y Selene Ivonne Nolasco Aguilar, así como b) las entrevistas de dichas personas. De ahí que, por las consideraciones expuestas con anterioridad, es inconcuso que el quejoso puede impugnar la omisión del Ministerio Público a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que, previamente a promover la acción de amparo, debió agotar ese medio de impugnación. Sin que sea obstáculo que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponga, literalmente, que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el juez de control; sin embargo, como ya se mencionó, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha disposición también le es aplicable al quejoso, en su carácter de imputado en la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0002455/2017. Ello, debido a que de la interpretación conjunta de dichos numerales, con los artículos 1° y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de los razonamientos plasmados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dictó al resolver la contradicción de tesis 233/2017, se advierte que las determinaciones u omisiones del Ministerio Público en la investigaciones de los delitos también afectan la esfera jurídica del inculpado, al dejarlo en estado de incertidumbre sobre su situación jurídica respecto de los resultados arrojados por la investigación realizada por la representante social. Es así, porque desconoce si las conductas realizadas por el Ministerio Público se adecuan a algún tipo penal establecido en la ley o si, por el contrario, no hay elementos suficientes que acrediten el hecho que la ley cataloga como delito y su presunta responsabilidad en los hechos denunciados. Además, de acuerdo con la interpretación conjunta de los artículos 1º, 20, apartado A, fracción V, de la Carta Magna y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagran el principio de igualdad entre las partes en el proceso penal y el derecho de igualdad ante la ley, se obtiene que se encuentran equiparados en un mismo plano, con rango constitucional, por lo que el derecho a impugnar ante el juez de Control las determinaciones del Ministerio Público también corresponde al inculpado, en razón que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal tendrán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. Entonces, en el caso, de acuerdo con el principio de igualdad procesal, en términos del artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido, al igual que el imputado, tienen el derecho y obligación de impugnar ante el juez de Control las omisiones y determinaciones del fiscal investigador en el ejercicio de sus funciones. Es decir, de acuerdo con las consideraciones apuntadas por la Primera Sala del máximo Tribunal del país, en la ejecutoria de contradicción de tesis 233/2017, no existe una razonabilidad lógico-jurídica que permita establecer de innecesario agotar por parte del inculpado el recurso innominado previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto del cual conoce el juez de Control, previo a acudir al juicio de amparo a reclamar una actuación del agente del Ministerio Público, pues de aceptarse esta excepción se originaría un desequilibrio procesal, ya que las partes no se encontrarían en igualdad de condiciones procesales. De no entenderlo así, se desconocería el espíritu de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, respecto del nuevo sistema de justicia penal, con el surgimiento de los jueces de control; lo que implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación o emita alguna determinación, el ofendido o víctima e imputado acudirían al juicio de amparo a hacer valer aspectos de mera legalidad; y, por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría el control estatuido por dicha reforma, colocando al juez de Distrito en la realización de funciones originarias constitucional y legalmente reservadas al juez de Control. A lo que se suma que, establecer que el juicio de amparo indirecto sea procedente respecto de actos u omisiones de la representación social en la fase de investigación, sin pasar por el escrutinio del juez de control, impondría a la víctima u ofendido e imputado un mayor gravamen y dilación; pues en la forma propuesta, luego de una audiencia, el juez de control resolvería de inmediato lo conducente; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, en el que no rigen los principios de inmediación, publicidad, continuidad, contradicción y oralidad que caracterizan al nuevo sistema de justicia penal. Así, en relación al principio de igualdad procesal, en el proceso penal el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues debe concedérseles iguales condiciones, de manera que ninguno quede en estado de indefensión o que se tenga ventaja uno sobre otro, en cuanto a los medios de control a su alcance defensa, siendo inadmisible que solo la parte ofendida tenga a su alcance el recurso que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la obligación de agotarlo, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, pues ello atentaría contra los derechos de justicia imparcial (igualdad), de equidad procesal. Se invoca como apoyo, por las consideraciones relativas a la igualdad procesal referida, la jurisprudencia 1a./J. 141/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro III, diciembre de 2011, tomo 3, registro 160513, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE. En el proceso penal, el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles iguales condiciones, de manera que ninguno quede en estado de indefensión; y si bien es cierto que este principio no está previsto expresamente en algún numeral concreto del Código Federal de Procedimientos Penales, también lo es que se consigna implícitamente en su artículo 206, en cuanto prevé que todo aquello que se ofrezca como prueba -en términos del artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- debe admitirse, siempre y cuando sea conducente y no vaya contra el derecho a juicio del juez o del tribunal, lo que significa que los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales deben valorarse con el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. Así, cuando la información que brinda un medio probatorio es imprecisa, parcial o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que el juez le reste valor, no es válido que tal estándar sólo aplique para una de las partes, ya que el mérito o valor de convicción del medio probatorio está sujeto a la libre apreciación del juez, pero es inadmisible que los medios de prueba de la misma índole -ofrecidos por ambas partes- tengan un estándar de valoración distinto, según se trate del actor o del demandado, del órgano ministerial o del acusado, pues ello atentaría contra las garantías de justicia imparcial, de equidad procesal y de correcta fundamentación y motivación." 3.3. Determinación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, la demanda de amparo promovida por ***, por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. 3.4. Precisiones finales. 1° No se soslaya que para que se configure la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la ley que rige el acto reclamado debe prever la suspensión de su ejecución, independientemente que el acto sea o no susceptible de ser suspendido; pues ese aspecto también fue abordado por la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis ya mencionada, al determinar que las omisiones y resoluciones emitidas por el agente del Ministerio Público en la etapa de investigación, deben ser revisadas por el juez de control, en cuyo caso, la autoridad judicial debe citar a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Es decir, que cuando se solicite una audiencia ante el juez de control, para que revise alguna determinación u omisión del Ministerio Público concerniente a su actividad investigadora; dicho juzgador deberá llevar a cabo una audiencia en la que, en forma inmediata, esto es, en la propia audiencia, resolverá sobre el acto u omisión del Ministerio Público. De modo que no es necesario siquiera establecer un mecanismo legal de suspensión del acto omisión sometido a la revisión del juez de control, pues será en la propia audiencia donde, atendiendo a los argumentos de las partes, dicho juzgador tendrá que resolver inmediatamente. 2° Por otra parte, conforme al segundo párrafo del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se prevé que no existe obligación de agotar los recursos, si el acto reclamado carece de fundamentación; pero ese supuesto no es aplicable en el caso concreto, porque la parte quejosa reclamó una omisión, no actos positivos a los que pudiera atribuirse falta de fundamentación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    pral.649/2020 mesa 5 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veinte. Subsiste prevención. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ** por el cual pretende cumplir con la prevención formulada en proveído de veintinueve de octubre de este año, en el que se le previno para que, bajo protesta de decir verdad, aclarara la demanda de amparo en los términos siguientes: ". 1.- Deberá manifestar los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, de manera completa, coherente y clara. Ello implica que, al menos, señale: 2.- Qué carácter tiene en la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0002455/2017. 3.- Si ya se le dio intervención en la misma, pues aduce desconocer los delitos por los que se instruye dicha carpeta. 4.- Qué actuación fue la que llevó a cabo el seis de junio de este año, porque solamente refirió que en esa fecha "ante la autoridad responsable recabar los actos de investigación..."; esto es, no existe claridad en la idea expuesta, lo que impide a este órgano jurisdiccional conocer con exactitud su intención. .". Al respecto, del estudio integral del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso cumple con lo solicitado en los puntos 2) y 3) de la prevención formulada, pues refiere, bajo protesta de decir verdad, que ante el agente del Ministerio Público de la Federación de la Segunda Agencia Investigadora en la Unidad de Investigación y Litigación se inició la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0002455/2017, en su contra, de ahí que, afirma, le asiste el carácter de imputado y ya se le dio intervención en la misma. No obstante, se estima que el quejoso no cumple en sus términos con las prevenciones contenidas en los puntos 1) y 4), en los que se le solicitó que narrara los antecedentes del acto reclamado de manera completa, coherente y clara, y que precisara qué actuación fue la que llevó a cabo el seis de junio de este año (sic). Incumplimiento que deriva, esencialmente, en razón de la falta de información sobre el acto reclamado y la discrepancia relativa a las fechas en que, alude, presentó un escrito ante la autoridad responsable; ya que en el escrito aclaratorio manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el seis de junio de dos mil diecinueve, solicitó por escrito a la agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Segunda Investigadora en la Unidad de Investigación y Litigación, recabara actos de investigación. Sin embargo, en la demanda de amparo, también bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa refirió como tal fecha, el seis de junio del año dos mil veinte; lo cual evidencia la incongruencia respecto a la fecha de presentación del escrito que motivó la omisión reclamada en este juicio de amparo. Aunado a ello, y justamente en relación con la omisión reclamada, en la prevención inicial se le requirió para que narrara los antecedentes del reclamado bajo protesta de decir verdad, de manera completa, coherente y clara, pero únicamente expone que existe la carpeta de investigación, que él es imputado con intervención en la misma y que presentó un escrito ante la autoridad que señala como responsable; pero no da mayor información relacionada con la omisión que reclama de "recabar actos de investigación". Máxime que señala que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 5°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; pero no se aprecia con claridad ni en la demanda de amparo ni en el escrito aclaratorio si lo que reclama es o no la violación al derecho de petición, en su caso, si la autoridad responsable contestó o no su escrito, ni el sentido de la respuesta. Por ello, subsiste la prevención de la demanda de amparo, y se requiere al quejoso para que, por escrito y con las copias necesarias, bajo protesta de decir verdad: I) Precise la fecha correcta del escrito presentado ante la autoridad señalada como responsable. II) Diga si la autoridad contestó o no dicho escrito, dentro de la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0002455/2017. III) En caso de no existir respuesta, precise si lo que reclama es la violación al derecho de petición, previsto en el artículo 8° de la Constitución Federal. IV) De haber obtenido respuesta a su escrito, diga el sentido de la misma; es decir, qué determinó la autoridad ministerial a la que atribuye el carácter de responsable. V) En ese supuesto, dirá si lo que reclama es la determinación ministerial emitida en la carpeta de investigación y. 2. Precisión sobre plazo. Es menester referir que, como se hizo constar en la certificación de cuenta, la parte quejosa quedó notificada de la prevención de veintinueve de octubre de este año, el treinta siguiente, de ahí que el plazo de cinco días que tenía para cumplirla transcurrió del cuatro al diez del actual. Entonces, si el quejoso presentó el escrito de cuenta el diez de noviembre de este año en la Oficialía de Partes Común, con sede en este municipio, es decir, el último día de los cinco que se concedieron, la presentación del escrito interrumpió el plazo otorgado; de ahí que el día que le resta para cumplir con la prevención efectuada será el siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta determinación. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis XXII.1o.8 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Acuérdese lo conducente una vez que se cumplan las prevenciones puntualizadas o, en su caso, fenezca el plazo concedido a la parte quejosa para ello. 3. Suspensión de oficio. Finalmente, debe destacarse que en el acuerdo de veintinueve de octubre de este año se requirió a la parte quejosa para que también aclarara aspectos relacionados con una aparente falta de atención médica; y se señaló que, una vez cumplida la prevención, se tendrían elementos suficientes para determinar si era procedente pronunciarse sobre la suspensión de plano. En ese sentido, en el escrito de cuenta, el quejoso manifiesta que en relación a los aspectos de atención médica que aludió en la demanda de amparo, los hará valer en un diverso juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. Por ende, no ha lugar a emitir algún pronunciamiento referente a la suspensión de plano. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    pral.649/2020San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el veintisiete de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada el veintiocho siguiente a este órgano jurisdiccional, promovida por *****, por propio derecho, contra un acto del agente del Ministerio Público de la Federación de la Segunda Investigadora (sic) en la Unidad de Investigación y Litigación, en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro respectivo con el número 649/2020. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Prevención. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierten inconsistencias que generan incertidumbre respecto a 1) los actos reclamados, 2) autoridades responsables, 3) los antecedentes de aquéllos y 4) la situación jurídica del quejoso con relación a la carpeta de investigación que menciona en su ocurso; por lo que, a fin de proveer lo procedente con relación a la admisión de la demanda y se pueda entablar, en su caso, correctamente la litis constitucional, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, en relación con el 108, fracciones III, IV y V, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, por escrito que formará parte de su demanda, con las copias necesarias para el traslado, y bajo protesta de decir verdad, la aclare en los términos siguientes: PRIMERO. El quejoso señala como acto reclamado del agente del Ministerio Público de la Federación de la Segunda Investigadora (sic) en la Unidad de Investigación y Litigación, de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, la omisión de recabar los actos de investigación consistentes en informes del IMSS e INFONAVIT para que manifiesten si se encuentra dado de alta como patrón y si tiene registrados trabajadores físicos, de igual forma, las entrevistas de ******* dentro de la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0002455/2017. Y en los antecedentes de dicho acto reclamado únicamente refiere, textualmente, que ".el día 06 de junio del año 2020, ante la autoridad responsable, recabar (sic) los actos de investigación en el que se solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto Fondo Nacional de Vivienda (INFONAVIT), para que informen si el suscrito se encuentra dado de alta como patrón, si el quejoso tiene registrados trabajadores físicos...; de igual forma que recabara las entrevistas de ****** todo en la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0002455/2017. En dicha carpeta tengo el carácter de inocente y estoy aportando pruebas para que no se me impute de alguna falsedad...". Asimismo, dice desconocer los delitos por los cuales se tramita la carpeta de investigación. Como se ve, en el apartado de antecedentes del acto reclamado el quejoso se limitó a reiterar sustancialmente el acto reclamado e hizo someramente alusión a la existencia de una carpeta de investigación en la que está ofreciendo pruebas. Por ello, como es omiso en señalar de manera clara, completa y coherente los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, requisito previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo: 1.- Deberá manifestar los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, de manera completa, coherente y clara. Ello implica que, al menos, señale: 2.- Qué carácter tiene en la carpeta de investigación ****. 3.- Si ya se le dio intervención en la misma, pues aduce desconocer los delitos por los que se instruye dicha carpeta. 4.- Qué actuación fue la que llevó a cabo el seis de junio de este año, porque solamente refirió que en esa fecha "ante la autoridad responsable recabar los actos de investigación..."; esto es, no existe claridad en la idea expuesta, lo que impide a este órgano jurisdiccional conocer con exactitud su intención. Por las razones que expone, en relación a los antecedentes del acto reclamado que, en su momento, pudieran advertirse de los informes que rindan las autoridades, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. SEGUNDO. Por otra parte, en el proemio de la demanda de amparo el quejoso menciona que padece ceguera visual, sordera por periodos y enfermedades del corazón; además, entre los conceptos de violación menciona en un renglón, sin mayor contexto ni datos de referencia, literalmente, "mi derecho a la salud por falta de acceso a mis medicamentos", y en el capítulo X de la demanda pide la suspensión del acto reclamado, pero, además, solicita la medida cautelar de plano "para no morir por falta de medicamentos". Exposiciones que no guardan relación alguna con el acto reclamado destacado en la demanda de amparo, ni se aprecia información relativa, permitiendo suponer que es un error de formato del escrito de cuenta. De ahí que dirá: 1.- Si también reclama una omisión o negativa de suministro de medicamentos, respecto de los padecimientos que aduce en el proemio de la demanda. 2.- De ser así, a qué autoridad(es) le(s) atribuye la omisión o negativa de proporcionárselos. 3. En ese caso, narrará los antecedentes del acto bajo protesta de decir verdad. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CVIII, página 393, registro 368564, aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento." 4. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de incumplir con la prevención dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. 5. Suspensión de oficio. Sin que por el momento haya lugar a proveer sobre la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, dado el sentido de la prevención formulada; es decir, debido a que las manifestaciones que efectúa la parte quejosa sobre la falta de medicamentos las realiza con total independencia del acto reclamado en la demanda y la autoridad a la que lo atribuye, pareciendo que es solo un error de formato de un diverso escrito, por lo que será hasta que se cumpla con la prevención formulada cuando se obtengan mayores datos para establecer si es procedente pronunciarse sobre la suspensión de plano. 6. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda; y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, sin las facultades amplias a que alude el precepto 12 de la misma ley, a ******, por no encontrarse cédula profesional a su favor que los faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, como se hizo constar en la certificación de cuenta. Aunado a que en la demanda tampoco se señalaron datos con los que tales personas acrediten su profesión de licenciados en derecho o abogados. Sin embargo, una vez que acrediten tal carácter con la información o documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se les tendrá por autorizados en los términos amplios que establece el numeral indicado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 77, agosto de 2020, tomo V, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con registro 2021840, de rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. 7. Requerimiento para establecer canales de comunicación. Se requiere a la parte quejosa para que proporcione un correo electrónico y número telefónico, a fin de poder entablar comunicaciones no procesales, y cuando se requiera llevar a cabo la notificación personal de alguna resolución o práctica de diligencias, se esté en posibilidades de acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma, como lo establece el párrafo segundo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 invocado; sin que lo anterior implique la práctica de notificaciones por esos medios. 8. Exhortación para continuar la tramitación del incidente en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en los artículos 22, 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este incidente en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 9. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 11. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia sanitaria en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial). 12. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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