César Armando Tijerina Bustamante
Expediente 755/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- César Armando Tijerina Bustamante
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA (AVISO) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. 1. Se acepta competencia. Visto el oficio suscrito por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, se advierte que dicho órgano jurisdiccional declina competencia a favor de este Juzgado para conocer la demanda de amparo promovida por César Armando Tijerina Bustamante, contra actos del director de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Delegación Oaxaca, y de otras autoridades. Lo anterior, debido a que en este órgano jurisdiccional se radicó el juicio de amparo 503/2019, promovido por el mismo quejoso y contra los mismos actos reclamados (orden de embargo de depósitos bancarios y retención de saldos); lo que actualiza el supuesto previsto en el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintidós de junio de dos mil quince. En ese sentido, toda vez que este Juzgado comparte las consideraciones de la autoridad oficiante, se acepta la competencia planteada y, con las constancias recibidas, se ordena formar el expediente impreso y electrónico bajo el registro 755/2019; acúsese el recibo correspondiente. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Compensación. Envíese atento oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, para que este asunto sea contabilizado y realice la compensación correspondiente; solicítese la boleta respectiva. 4. Desechamiento de la demanda de amparo. a) Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; lo anterior, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , de rubro:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo se advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los artículos transcritos refieren que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general); asimismo, que ese lapso debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es importante reiterar que el inicio del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, debe partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de esas hipótesis; por tanto, esos supuestos son excluyentes, pues no guardan orden de prelación . Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17 prevén las excepciones a la regla general, esto es, cuando: a) Se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) El amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) El acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Caso concreto. En la especie, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: 1.- La orden de embargo de depósitos bancarios en moneda nacional o extranjera o cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre en las entidades financieras o sociedades cooperativas y préstamo o de inversiones y valores. 2.- La retención de saldos de la cuenta individual 0366225875 y de la cuenta de inversión vista 0366226694, por la cantidad de treinta y dos mil setecientos siete pesos 55/100 M.N. ($32,707.55). Acto que no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17; por ende, para la promoción de la demanda de amparo, debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del citado artículo (quince días). Bajo ese tenor, el quejoso manifiesta en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente -foja 8-: "El día 04 de marzo del presente año. me percaté que mi cuenta no tenía saldo y que no podía realizar pagos y al tratar de retirar efectivo en el cajero, indicaba que estaban retenidos mis saldos, por lo que me presenté a mi sucursal bancaria de plaza Oaxaca a preguntar porque no podía utilizar mi tarjeta y me informaron que existía una orden de embargo y retención de saldos por parte del INFONAVIT. por lo que me presenté a las oficinas del (INFONAVIT). me entrevisté con el área de Recaudación Fiscal, del Instituto del fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el mismo 05 de marzo de este año y les solicité por escrito copias simples de las ordenes y los motivos de dichos embargos porque a mí no me habían comunicado nada para no estar en estado de indefensión, así el día 02 de mayo del presenta (sic) año me dieron contestación a mi escrito y ahí me enteré que habían ordenado el embargo de todas mis cuentas que pudieran existir a mi favor..." De lo anterior se advierte que, en el caso, se actualiza el tercer supuesto del primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa refiere haber tenido conocimiento de los actos reclamados el dos de mayo de dos mil diecinueve, ya que, según su dicho, en esa fecha recibió la contestación del escrito que presentó el cinco de marzo del mismo año ante el Área de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y fue justamente en ese momento (02/mayo/2019) en el que se enteró que las autoridades responsables habían ordenado el embargo de sus cuentas bancarias, lo que originó la retención de los saldos -acto reclamado-. Dicha situación, además, se corrobora con la copia del oficio DR/OAXACA/ARF/083/2019, signado por el gerente del Área de Recaudación Fiscal, Delegación Oaxaca, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores -foja 14-, en el que consta la respuesta que se le dio al escrito presentado por el quejoso el cinco de marzo de dos mil diecinueve; aunado a ello, el gerente del Área de Recaudación Fiscal anexó a dicho oficio diversas constancias relacionadas con el adeudo del que deriva el embargo reclamado en este juicio de amparo; constancias que se entregaron al quejoso conjuntamente con el oficio por el que se le notificó el dos de mayo de dos mil diecinueve que las autoridades responsables habían ordenado el embargo de sus cuentas bancarias, lo que originó la retención de los saldos. Sin que obste que de la copia simple del oficio exhibido con la demanda no se advierta la fecha de notificación -foja 14-; pues fue exhibido como prueba por el quejoso precisamente para acreditar los antecedentes del acto reclamado, en los que expuso que por conducto del Área de Recaudación Fiscal del INFONAVIT se enteró el dos de mayo de dos mil diecinueve de la respuesta que recayó al escrito que presentó el cinco de marzo de dos mil dieciséis -foja 8-. Con base en lo anterior, se puede advertir que el plazo de quince días que tuvo César Armando Tijerina Bustamante para presentar la demanda de amparo, ha fenecido en exceso, pues transcurrió del tres al veintitrés de mayo de dos mil diecinueve . Así, si de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, se aprecia que la demanda fue presentada el veintitrés de agosto de este año -foja 3-; es decir, fuera del plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo; es inconcuso que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias P./J.115/2010 y P./J.11/2017 (10ª) de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas". Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda promovida por César Armando Tijerina Bustamante, ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia. 3. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda; y por autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Alejandro Lázaro Mateos (cédula 3792110, registro 61710), por encontrarse registrada su cédula en el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Y, en términos del precepto 24 de la referida ley, a 1) Jaciel R. Juárez Bermúdez, 2) Mijail Alejandro Lázaro Santiago, 3) Leopoldo Espina López, 4) Citlalli Vásquez Vásquez y 5) Conrado Robles Quero, por no encontrarse registradas sus cédulas profesionales en dicho registro; sin embargo, una vez que acrediten tal carácter con la documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se les tendrá por autorizados en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. 4. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se habilita, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que lo haga en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. 5. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución dictada en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente.
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PRLA.755/29-5A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. ... Notifíquese personalmente. ...
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