César Alejandro Sánchez Mendoza

Expediente 472/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
472/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • César Alejandro Sánchez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    A sus autos el escrito de cuenta suscrito por el quejoso ****, por medio del cual solicita copias certificadas de todo lo actuado dentro del juicio en que se actúa; por tanto, dígasele al ocursante, que queda a su disposición el presente juicio de amparo, para efectos de que reproduzca a través de los medios digitales de su elección, las constancias que sean necesarias, previa razón que se levante en autos y se autoriza a recibirlas a las personas que menciona. En el entendido de que, para la consulta física de expedientes, la parte quejosa o en su caso sus autorizados, deberán realizar una cita a través de la página correspondiente, ello en términos del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia. Lo anterior, pues debido a la pandemia generada por el virus COVID-19, el edificio donde este órgano jurisdiccional se encuentra ubicado, no se cuenta actualmente con servicio de fotocopiadora, aunado a que este juzgado no cuenta con los recursos materiales para proporcionar las copias solicitadas por la parte quejosa. Finalmente, dígasele que también se encuentran a su alcance la herramientas del denominado "juicio en línea" para así, electrónicamente, acceder a la totalidad de constancias que integran el presente asunto.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al que adjunta testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 103/2020 de la estadística de dicho órgano colegiado, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto." Acúsese recibo mediante oficio que se remita vía electrónica; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se desechó de plano la demanda de amparo.

  3. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta suscrito por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que ese tribunal por auto de veintidós de octubre del presente año, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ********************, apoderado legal del quejoso ********************, contra el acuerdo de treinta de septiembre del año en curso, correspondiéndole el recurso de queja número de 103/2020.Así lo proveyó y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido de José Manuel Sánchez Acosta, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Arturo Oliveros Grajales, apoderado legal de César Alejandro Sánchez Mendoza, personalidad que acredita en términos de la escritura pública número 6345; en contra de actos atribuidos del juez penal de Partido de Apaseo El Grande, Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 472/2020-VI. b) Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En el caso, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda (manifestación que adquiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2), se desprende como antecedentes del acto reclamado: El dieciocho de junio de dos mil catorce, el juez penal de Partido de Apaseo El Grande, Guanajuato, dictó orden de aprehensión, en contra del quejoso, dentro de la causa penal 80/2014. En contra de dicha orden, promovió amparo indirecto radicado en este juzgado con el número 571/2014, el cual se tiene a la vista al constituir un hecho notorio para el suscrito. El cinco de diciembre de dos mil catorce, se emitió el fallo respectivo, en el que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo. En cumplimiento a dicho fallo, el juez responsable emitió una nueva orden de aprehensión el veinte de junio de dos mil dieciséis. (acto reclamado) De lo anterior, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley adjetiva. El precepto citado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo en contra de actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Sobre los plazos, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales transcritos establecen lo siguiente: a. Por regla general, el término para la promoción del juicio de amparo es de quince días, excepto cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, cuando se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b. El término de quince días para la presentación de la demanda de amparo que se menciona en el párrafo anterior, se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo en que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el caso, los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional no son de aquellos que se enumeran en el ordinal 17 de la ley de la materia, ya que consisten en la orden de aprehensión librada el veinte de junio de dos mil dieciséis, por el juez Penal de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, dentro de la causa penal 80/2014; la cual fue dictada en cumplimiento a la sentencia pronunciada dentro del juicio de amparo 571/2014 del índice de este juzgado. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo 571/2014; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se evidencia que mediante proveído de veintidós de junio de dos mil dieciséis, se dio vista, al aquí quejoso con la orden de aprehensión dictada en su contra el veinte de junio de esa anualidad (orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo en que se actúa), determinación que le fue notificada el veintitrés de junio de dos mil dieciséis; de ahí que, desde tal fecha, tuvo conocimiento del acto que ahora reclama, inclusive tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado. Ello pues incluso la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad en contra de la resolución emitida por este juzgado en el que se declaró cumplido el fallo protector. Por ende, es evidente que dada la naturaleza del acto, la parte quejosa debió sujetarse al plazo genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda, esto es, al de quince días, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento y acceso al acto reclamado (veinticuatro de junio de dos mil dieciséis). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la 1 Novena Época, número de registro 163172, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 5. demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva2 ". Entonces, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato, hasta el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, como se evidencia de la papeleta de registro, foja 1, es inconcuso que resulta notoriamente extemporánea su presentación; por tanto, se considera que fueron tácitamente consentidos los actos reclamados en esta vía constitucional. De ahí que, se actualiza en forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61, fracción XIV, con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de dicho ordenamiento, se desecha de plano la demanda. c) Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte quejosa como domicilio para recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación con el usuario "xxxxx", por lo que se insta al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, para que dé de alta en el expediente electrónico en línea al citado usuario, a quien se autoriza para el acceso y consulta vía remota del presente asunto. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a xxxxxxxxx, en razón de que de la certificación de 2 Época: Décima Época; Registro: 2010666; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 40/2015 (10.); Página: cuenta se advierte que sí tiene inscrita cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que a la persona restante que menciona, únicamente en términos restringidos del citado numeral, en virtud de no encontrase en ese supuesto; lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. d) Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. e) Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano