César Aguilar González
Expediente 311/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- César Aguilar González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los artículos 21, incisos a) y c) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el principal se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y se negó a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, toda vez que el presente juicio se encuentra concluido y resulta innecesaria la retención de las copias certificadas relativas al juicio sumario civil número C462/2015 constante de cuatro tomos, de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad; en razón de lo anterior, devuélvansele. Sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que el mismo será recabado por el actuario de la adscripción al momento de la entrega del oficio respectivo.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 311/2020-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada a este juzgado al siguiente día, César Aguilar González, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato y otras autoridades, que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMDO. DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS: La ilegal orden de acto de autoridad que pueda consistir en orden de embargo precautorio, embargo definitivo, orden de desalojo, orden de ejecución de sentencia, u otro acto de autoridad consistente en molestarme en mis papeles y posesiones y en el domicilio de mi despacho jurídico ubicado en calle María Chávez número 243 de la colonia Las Insurgentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, sin que exista mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su proceder, además de que no se me ha notificado documento alguno en que se funde la causa legal del proceder y del o los actos de molestia aquí citados, por lo que se me deja en estado de indefensión jurídica. Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de diez de agosto de dos mil veinte, esta potestad registró la demanda con el número 311/2020-I, la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues lo reclamado es un acto que tendrá ejecución en esta ciudad de Celaya; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como acto reclamado: La orden de embargo a ejecutarse en el domicilio ubicado en calle María Chávez número 243, colonia Las Insurgentes, de Celaya, Guanajuato; así como la ejecución da tal proveído. Las autoridades señaladas como responsables son: 1. Juez Primero Menor Civil, con sede en Celaya, Guanajuato. 2. Juez Segundo Menor Civil, con sede en Celaya, Guanajuato. 3. Juez Tercero Menor Civil, con sede en Celaya, Guanajuato. 4. Juez Cuarto Menor Civil, con sede en Celaya, Guanajuato. 5. Juez Quinto Menor Civil, con sede en Celaya, Guanajuato. 6. Juez Sexto Menor Civil, con sede en Celaya, Guanajuato. 7. Juez Primero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato. 8. Juez Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato. 9. Juez Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato. 10. Juez Cuarto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato. 11. Juez Quinto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato. 12. Notificadores de los juzgados adscritos a la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de Celaya, Guanajuato. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto menores civiles; así como los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Civiles de Partido, todos de esta ciudad de Celaya, Guanajuato (fojas 23, 66, 24, 25,26, 62, 67, 73, 63 y 70, respectivamente), al rendir su respectivo informe justificado, negaron los actos reclamados; sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, por inexistencia del acto reclamado a tales autoridades. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, materia común, correspondiente a la Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La juez Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato (fojas 27 y 28 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, después de dicha afirmación sostiene: "No obstante lo anterior, se hace de su superior conocimiento que en el índice del juzgado se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil M1821/2019, promovido por la licenciada MA ARACELY VÁZQUEZ CAZARES en contra de LILIA MARTHA AGUILAR GONZÁLEZ, en su carácter de deudora principal, sobre pago de pesos, juicio en el que la actora manifestó como domicilio de la demandada el ubicado en calle María Chávez número 243 de la colonia Insurgentes de esta ciudad, por lo que se despachó auto de radicación para ejecutarse en el domicilio de referencia, sin que al día de hoy se haya cumplimentado (.)" Manifestación, la transcrita, que entraña un reconocimiento de los actos reclamados; de ahí que la negativa expresa de la responsable quede desvirtuada con su propia manifestación; por ende, se tienen por ciertos los actos reclamados, para efectos del presente amparo. Es aplicable, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 391, tomo XIV, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1994, que expresa: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por otra parte, el director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, en representación de los notificadores adscritos a la citada oficina, negó el acto reclamado; sin embargo, tal negativa se desvirtúa en virtud de que se trata de la autoridad ejecutora; por lo que al existir la orden de embargo reclamada, es evidente que la autoridad ejecutora corresponde efectuarla. Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que acompañó a su informe de ley el juez Sexto Menor civil responsable, consistentes en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil M1821/2019 de su índice; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y tratarse de constancias relativas a un juicio civil tramitado ante autoridad jurisdiccional. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, Ma. Aracely Vázquez Cazares, en su carácter de endosataria en procuración de Caja Popular Mexicana, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable, demandó en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, a Aguilar González Lilia Martha, de quien reclamó, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de $113,672.82 (ciento trece mil seiscientos setenta y dos pesos 82/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal (fojas 31 a 34). 2. El siete de noviembre de dos mil diecinueve, la jueza Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato, admitió a trámite la demanda, la cual registró con el número M-1821/2019, y dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, en contra de la demandada, para que se le requiriera de pago, de no hacerlo señale bienes de su propiedad para garantizar el monto de lo reclamado (foja 40 y 41). 3. Después de varios intentos, el veinte de marzo de dos mil veinte, al actuario designado se constituyó en el domicilio ubicado en calle María Chávez número 243, colonia Los Insurgentes, de esta ciudad, una vez que le fue informada que ahí es el domicilio de la demandada, le dejó citatorio para que lo esperara a las catorce horas con diez minutos de ese mismo día, en virtud de no haberla encontrado (foja 29). 4. A las catorce horas con diez minutos del veinte de marzo, se volvió a constituir el actuario designado en el domicilio ubicado en calle María Chávez número 243, colonia Los Insurgentes, de esta ciudad, señalado como de la parte demandada Lilia Martha Aguilar González, y al nadie atender a su llamado se abstuvo de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento; solicitando la parte actora el uso de la fuerza pública y cerrajero, así como rompimiento de chapas a efecto de poder llevar a cabo la diligencia ordenada (foja 59). 5. Por auto de dieciséis de junio de dos mil veinte, la jueza responsable autorizó el uso de cerrajero y fuerza pública para la cumplimentación del auto de exequendo (foja 60). El auto de exequendo y su ejecución en el domicilio señalado por el quejoso, constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. SEXTO. Causales de improcedencia. En ese contexto, este juzgado federal considera que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no demostró su interés jurídico. Ahora bien, para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Por su parte, los artículos 61 fracción XII, 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De los preceptos citados se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que la parte quejosa cuente con interés jurídico o interés legítimo. Así en el interés jurídico, que es lo que aquí nos interesa, el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta. En ese orden de ideas, tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales, como sucede en el caso, para la procedencia del amparo se requiere que la parte quejosa, al momento de su presentación, cuente con interés jurídico, entendido este como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia 1a/J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Por otra parte, es necesario precisar que la posesión que puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio en estricto sentido, como lo es el quejoso César Aguilar González, es la que deriva de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. En efecto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sirve de apoyo a lo precedente, la jurisprudencia P/J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Además, debe precisarse que una orden de embargo decretada por un órgano judicial, por sí sola, no genera perjuicio a quien no va dirigida, sino hasta el momento en el que existe certeza de que recaerá sobre algún bien determinado, ya sea porque se encuentra dirigida en contra de alguno en particular o porque las circunstancias en las que se practicará tal diligencia permitan delimitar qué objetos se van a embargar, de manera que se pueda saber, en concreto, a qué persona se afecta con la ejecución de dicho embargo. Por esa razón, para acreditar el interés jurídico respecto de una orden de embargo a ejecutarse en el domicilio del demandado dentro del juicio de origen, el quejoso tercero extraño al juicio natural deberá acreditar durante la secuela del juicio de amparo, que dicha orden habrá de ejecutarse en su domicilio y que sobre este ejerce dominio exclusivo. Lo anterior, porque de solo demostrarse que la orden de embargo recae en el domicilio del quejoso, no se tendría la certeza de que se lesione su interés jurídico, ya que ello solamente dependerá del resultado de la diligencia que practique el actuario, esto es, que el embargo recaiga sobre bienes de su exclusiva propiedad y dominio, pues bien puede ocurrir que el fedatario se limite a secuestrar bienes de diversas personas con quienes comparte el domicilio. De ahí que para acreditar el interés jurídico tratándose de una orden de embargo, es necesario que la parte quejosa acredite que dicho embargo reclamado recaerá sobre su domicilio y también que ejerce exclusivo dominio de este. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del siguiente tenor: "INTERÉS JURÍDICO. DOMICILIO DEL TERCER EXTRAÑO. Cuando en un juicio de amparo se reclama de alguna autoridad una orden de cateo y de embargo ostentándose el quejoso como tercero extraño al procedimiento de donde aquélla deriva y durante la secuela del procedimiento de amparo no acredita que el domicilio en donde habrá de ejecutarse la referida orden de cateo y de embargo, sea de su exclusivo dominio y si por el contrario, se acreditó que el citado domicilio lo comparte el quejoso con el depositario depuesto en el juicio de origen, y con el propio demandado en el juicio mercantil es claro inferir que el acto reclamado, por sí mismo, no lesiona el interés jurídico del quejoso, porque ello dependerá sólo del resultado de la diligencia que practique el actuario en cuanto afecten bienes de su exclusiva propiedad y dominio y el juez de los autos apruebe la correspondiente diligencia, pues bien puede ocurrir que el actuario respectivo se limite a secuestrar bienes de las personas con quienes comparte el domicilio de referencia." La actualización de la causal de improcedencia de que se trata deriva de las siguientes circunstancias: a) En el contradictorio de origen la parte quejosa no resiente la calidad de parte, por ende, no integra la relación jurídico procesal que al efecto se instauró; y b) No se advierte que las actuaciones derivadas del juicio de origen del que deriva el acto reclamado vinculen al peticionario de amparo, de modo que su sola emisión no lo agravia. En efecto, en el juicio de origen Ma. Aracely Vázquez Cázares, en su carácter de endosataria en procuración de Caja Popular Mexicana, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable, demandó en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, a Aguilar González Lilia Martha, de quien reclamó, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de $113,672.82 (ciento trece mil seiscientos setenta y dos pesos 82/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal. Además destaca que es contra Lilia Martha Aguilar González que se emitió el auto de exequendo reclamado; actuación procesal que no genera agravio personal y directo alguno al inconforme, toda vez que merced a ella no sufre afectación o menoscabo en la esfera de derechos que le es propio, y menos aún, le impone carga u obligación que lo vincule, pues, se insiste dicho procedimiento vincula a las partes citadas no así al promovente del amparo. Es de invocarse por analogía, la tesis número VI.2o.C.297 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." De igual modo, cobra aplicación por analogía, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO DEBE SOBRESEERSE. Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74, de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución." No se soslaya por este juzgador federal que el quejoso aduce que en el domicilio ubicado en calle María Chávez número 243, de la colonia Las Insurgentes en Celaya, Guanajuato, tiene su despacho jurídico, para lo cual exhibe copia simple de la cédula de identificación fiscal, así como una notificación por instructivo llevada a cabo en un juicio civil de regulación de predios rústicos. Sin embargo, dichas probanzas no son aptas para acreditar el interés jurídico del quejoso, dado que con las mismas solo se prueba que la parte quejosa tiene señalado tal domicilio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que en el juicio civil respectivo lo señalado para oír y recibir notificaciones; empero dichas documentales no acreditan plenamente que efectivamente el quejoso tiene su despacho en el domicilio que cita, lugar donde se ejecutará el auto reclamado, pues los datos que contiene la cédula de identificación fiscal son proporcionados por el propio contribuyente o beneficiario del servicio, al igual que los proporcionados ante autoridades jurisdiccionales. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia III.1o.C J/7, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dispone: "POSESION, DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA. Las licencias expedidas por el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara; los recibos oficiales de inscripción al padrón de contribuyentes, emitidos por la Tesorería General del Estado de Jalisco; las solicitudes de inscripción para personas no asalariadas, presentadas al Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, los avisos de iniciación o movimientos posteriores que, en relación al impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, se presentan a la Dirección de Ingresos de la mencionada Tesorería General de la entidad, son documentos que sólo generan presunciones sobre los hechos que contienen, pero de ninguna manera pueden, en forma aislada, comprobar que la persona a la que se refieren posee el inmueble que se asienta como su domicilio; debido a que si ese dato aparece en tales documentos es precisamente porque la misma persona los proporcionó; pues con independencia de que son documentos expedidos por orden o petición suya, con los datos aportados por ella, en dichos documentos sólo se alude al domicilio mas no a la posesión; además para que pudiesen probar la posesión, requerían de estar apoyados por algún otro medio de convicción, fundamentalmente con la testimonial, que es la prueba idónea al efecto." Máxime que en autos del juicio ejecutivo mercantil de origen no obra constancia de la que se advierta que se hayan embargado bienes muebles en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento reclamado, propiedad del quejoso. En ese contexto y en la medida de que es necesario tener presente que la acción de amparo exige, como presupuesto de su procedencia, que el acto reclamado cause un perjuicio a la parte quejosa, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados a efecto de que cuente con interés jurídico para efectos del juicio constitucional, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha afectación es la que faculta a cualquier gobernado para intentar la acción reparadora de derechos fundamentales ante los tribunales de la federación. Aunado a que el artículo 107, fracción I, de nuestra carta magna, señala que el juicio de amparo solo procede a instancia de parte, lo que significa que únicamente quien resiente la afectación a su esfera jurídica es quien puede incoar la protección constitucional. Por lo expuesto se concluye que el quejoso carece de interés jurídico para instar la acción constitucional, pues este debe acreditarse fehacientemente. Entonces, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Sobreseimiento decretado, que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado de los actuarios adscritos a la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, en virtud de que no se impugnó por vicios propios, lo que encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que establece: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No es óbice a lo anterior que aún no se haya emplazado a la tercera interesada a este juicio, en virtud de que el sobreseimiento decretado no le causa ningún perjuicio. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 556, libro 39, febrero de 2017, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por César Aguilar González, en contra del acto de las autoridades que se precisó en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veinte, que dice: ""Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 311/2020-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada a este juzgado al siguiente día, César Aguilar González, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato y otras autoridades, que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMDO. DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS: La ilegal orden de acto de autoridad que pueda consistir en orden de embargo precautorio, embargo definitivo, orden de desalojo, orden de ejecución de sentencia, u otro acto de autoridad consistente en molestarme en mis papeles y posesiones y en el domicilio de mi despacho jurídico ubicado en calle María Chávez número 243 de la colonia Las Insurgentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, sin que exista mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su proceder, además de que no se me ha notificado documento alguno en que se funde la causa legal del proceder y del o los actos de molestia aquí citados, por lo que se me deja en estado de indefensión jurídica. Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de diez de agosto de dos mil veinte, esta potestad registró la demanda con el número 311/2020-I, la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues lo reclamado es un acto que tendrá ejecución en esta ciudad de Celaya; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como acto reclamado: La orden de embargo a ejecutarse en el domicilio ubicado en calle María Chávez número 243, colonia Las Insurgentes, de Celaya, Guanajuato; así como la ejecución da tal proveído. Las autoridades señaladas como responsables son: 1. Juez Primero Menor Civil, con sede en Celaya, Guanajuato. 2. Juez Segundo Menor Civil, con sede en Celaya, Guanajuato. 3. Juez Tercero Menor Civil, con sede en Celaya, Guanajuato. 4. Juez Cuarto Menor Civil, con sede en Celaya, Guanajuato. 5. Juez Quinto Menor Civil, con sede en Celaya, Guanajuato. 6. Juez Sexto Menor Civil, con sede en Celaya, Guanajuato. 7. Juez Primero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato. 8. Juez Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato. 9. Juez Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato. 10. Juez Cuarto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato. 11. Juez Quinto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato. 12. Notificadores de los juzgados adscritos a la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de Celaya, Guanajuato. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto menores civiles; así como los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Civiles de Partido, todos de esta ciudad de Celaya, Guanajuato (fojas 23, 66, 24, 25,26, 62, 67, 73, 63 y 70, respectivamente), al rendir su respectivo informe justificado, negaron los actos reclamados; sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, por inexistencia del acto reclamado a tales autoridades. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, materia común, correspondiente a la Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La juez Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato (fojas 27 y 28 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, después de dicha afirmación sostiene: "No obstante lo anterior, se hace de su superior conocimiento que en el índice del juzgado se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil M1821/2019, promovido por la licenciada MA ARACELY VÁZQUEZ CAZARES en contra de LILIA MARTHA AGUILAR GONZÁLEZ, en su carácter de deudora principal, sobre pago de pesos, juicio en el que la actora manifestó como domicilio de la demandada el ubicado en calle María Chávez número 243 de la colonia Insurgentes de esta ciudad, por lo que se despachó auto de radicación para ejecutarse en el domicilio de referencia, sin que al día de hoy se haya cumplimentado (.)" Manifestación, la transcrita, que entraña un reconocimiento de los actos reclamados; de ahí que la negativa expresa de la responsable quede desvirtuada con su propia manifestación; por ende, se tienen por ciertos los actos reclamados, para efectos del presente amparo. Es aplicable, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 391, tomo XIV, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1994, que expresa: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por otra parte, el director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, en representación de los notificadores adscritos a la citada oficina, negó el acto reclamado; sin embargo, tal negativa se desvirtúa en virtud de que se trata de la autoridad ejecutora; por lo que al existir la orden de embargo reclamada, es evidente que la autoridad ejecutora corresponde efectuarla. Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que acompañó a su informe de ley el juez Sexto Menor civil responsable, consistentes en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil M1821/2019 de su índice; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y tratarse de constancias relativas a un juicio civil tramitado ante autoridad jurisdiccional. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, Ma. Aracely Vázquez Cazares, en su carácter de endosataria en procuración de Caja Popular Mexicana, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable, demandó en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, a Aguilar González Lilia Martha, de quien reclamó, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de $113,672.82 (ciento trece mil seiscientos setenta y dos pesos 82/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal (fojas 31 a 34). 2. El siete de noviembre de dos mil diecinueve, la jueza Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato, admitió a trámite la demanda, la cual registró con el número M-1821/2019, y dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, en contra de la demandada, para que se le requiriera de pago, de no hacerlo señale bienes de su propiedad para garantizar el monto de lo reclamado (foja 40 y 41). 3. Después de varios intentos, el veinte de marzo de dos mil veinte, al actuario designado se constituyó en el domicilio ubicado en calle María Chávez número 243, colonia Los Insurgentes, de esta ciudad, una vez que le fue informada que ahí es el domicilio de la demandada, le dejó citatorio para que lo esperara a las catorce horas con diez minutos de ese mismo día, en virtud de no haberla encontrado (foja 29). 4. A las catorce horas con diez minutos del veinte de marzo, se volvió a constituir el actuario designado en el domicilio ubicado en calle María Chávez número 243, colonia Los Insurgentes, de esta ciudad, señalado como de la parte demandada Lilia Martha Aguilar González, y al nadie atender a su llamado se abstuvo de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento; solicitando la parte actora el uso de la fuerza pública y cerrajero, así como rompimiento de chapas a efecto de poder llevar a cabo la diligencia ordenada (foja 59). 5. Por auto de dieciséis de junio de dos mil veinte, la jueza responsable autorizó el uso de cerrajero y fuerza pública para la cumplimentación del auto de exequendo (foja 60). El auto de exequendo y su ejecución en el domicilio señalado por el quejoso, constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. SEXTO. Causales de improcedencia. En ese contexto, este juzgado federal considera que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no demostró su interés jurídico. Ahora bien, para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Por su parte, los artículos 61 fracción XII, 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De los preceptos citados se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que la parte quejosa cuente con interés jurídico o interés legítimo. Así en el interés jurídico, que es lo que aquí nos interesa, el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta. En ese orden de ideas, tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales, como sucede en el caso, para la procedencia del amparo se requiere que la parte quejosa, al momento de su presentación, cuente con interés jurídico, entendido este como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia 1a/J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Por otra parte, es necesario precisar que la posesión que puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio en estricto sentido, como lo es el quejoso César Aguilar González, es la que deriva de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. En efecto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sirve de apoyo a lo precedente, la jurisprudencia P/J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Además, debe precisarse que una orden de embargo decretada por un órgano judicial, por sí sola, no genera perjuicio a quien no va dirigida, sino hasta el momento en el que existe certeza de que recaerá sobre algún bien determinado, ya sea porque se encuentra dirigida en contra de alguno en particular o porque las circunstancias en las que se practicará tal diligencia permitan delimitar qué objetos se van a embargar, de manera que se pueda saber, en concreto, a qué persona se afecta con la ejecución de dicho embargo. Por esa razón, para acreditar el interés jurídico respecto de una orden de embargo a ejecutarse en el domicilio del demandado dentro del juicio de origen, el quejoso tercero extraño al juicio natural deberá acreditar durante la secuela del juicio de amparo, que dicha orden habrá de ejecutarse en su domicilio y que sobre este ejerce dominio exclusivo. Lo anterior, porque de solo demostrarse que la orden de embargo recae en el domicilio del quejoso, no se tendría la certeza de que se lesione su interés jurídico, ya que ello solamente dependerá del resultado de la diligencia que practique el actuario, esto es, que el embargo recaiga sobre bienes de su exclusiva propiedad y dominio, pues bien puede ocurrir que el fedatario se limite a secuestrar bienes de diversas personas con quienes comparte el domicilio. De ahí que para acreditar el interés jurídico tratándose de una orden de embargo, es necesario que la parte quejosa acredite que dicho embargo reclamado recaerá sobre su domicilio y también que ejerce exclusivo dominio de este. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del siguiente tenor: "INTERÉS JURÍDICO. DOMICILIO DEL TERCER EXTRAÑO. Cuando en un juicio de amparo se reclama de alguna autoridad una orden de cateo y de embargo ostentándose el quejoso como tercero extraño al procedimiento de donde aquélla deriva y durante la secuela del procedimiento de amparo no acredita que el domicilio en donde habrá de ejecutarse la referida orden de cateo y de embargo, sea de su exclusivo dominio y si por el contrario, se acreditó que el citado domicilio lo comparte el quejoso con el depositario depuesto en el juicio de origen, y con el propio demandado en el juicio mercantil es claro inferir que el acto reclamado, por sí mismo, no lesiona el interés jurídico del quejoso, porque ello dependerá sólo del resultado de la diligencia que practique el actuario en cuanto afecten bienes de su exclusiva propiedad y dominio y el juez de los autos apruebe la correspondiente diligencia, pues bien puede ocurrir que el actuario respectivo se limite a secuestrar bienes de las personas con quienes comparte el domicilio de referencia." La actualización de la causal de improcedencia de que se trata deriva de las siguientes circunstancias: a) En el contradictorio de origen la parte quejosa no resiente la calidad de parte, por ende, no integra la relación jurídico procesal que al efecto se instauró; y b) No se advierte que las actuaciones derivadas del juicio de origen del que deriva el acto reclamado vinculen al peticionario de amparo, de modo que su sola emisión no lo agravia. En efecto, en el juicio de origen Ma. Aracely Vázquez Cázares, en su carácter de endosataria en procuración de Caja Popular Mexicana, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable, demandó en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, a Aguilar González Lilia Martha, de quien reclamó, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de $113,672.82 (ciento trece mil seiscientos setenta y dos pesos 82/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal. Además destaca que es contra Lilia Martha Aguilar González que se emitió el auto de exequendo reclamado; actuación procesal que no genera agravio personal y directo alguno al inconforme, toda vez que merced a ella no sufre afectación o menoscabo en la esfera de derechos que le es propio, y menos aún, le impone carga u obligación que lo vincule, pues, se insiste dicho procedimiento vincula a las partes citadas no así al promovente del amparo. Es de invocarse por analogía, la tesis número VI.2o.C.297 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." De igual modo, cobra aplicación por analogía, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO DEBE SOBRESEERSE. Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74, de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución." No se soslaya por este juzgador federal que el quejoso aduce que en el domicilio ubicado en calle María Chávez número 243, de la colonia Las Insurgentes en Celaya, Guanajuato, tiene su despacho jurídico, para lo cual exhibe copia simple de la cédula de identificación fiscal, así como una notificación por instructivo llevada a cabo en un juicio civil de regulación de predios rústicos. Sin embargo, dichas probanzas no son aptas para acreditar el interés jurídico del quejoso, dado que con las mismas solo se prueba que la parte quejosa tiene señalado tal domicilio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que en el juicio civil respectivo lo señalado para oír y recibir notificaciones; empero dichas documentales no acreditan plenamente que efectivamente el quejoso tiene su despacho en el domicilio que cita, lugar donde se ejecutará el auto reclamado, pues los datos que contiene la cédula de identificación fiscal son proporcionados por el propio contribuyente o beneficiario del servicio, al igual que los proporcionados ante autoridades jurisdiccionales. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia III.1o.C J/7, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dispone: "POSESION, DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA. Las licencias expedidas por el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara; los recibos oficiales de inscripción al padrón de contribuyentes, emitidos por la Tesorería General del Estado de Jalisco; las solicitudes de inscripción para personas no asalariadas, presentadas al Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, los avisos de iniciación o movimientos posteriores que, en relación al impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, se presentan a la Dirección de Ingresos de la mencionada Tesorería General de la entidad, son documentos que sólo generan presunciones sobre los hechos que contienen, pero de ninguna manera pueden, en forma aislada, comprobar que la persona a la que se refieren posee el inmueble que se asienta como su domicilio; debido a que si ese dato aparece en tales documentos es precisamente porque la misma persona los proporcionó; pues con independencia de que son documentos expedidos por orden o petición suya, con los datos aportados por ella, en dichos documentos sólo se alude al domicilio mas no a la posesión; además para que pudiesen probar la posesión, requerían de estar apoyados por algún otro medio de convicción, fundamentalmente con la testimonial, que es la prueba idónea al efecto." Máxime que en autos del juicio ejecutivo mercantil de origen no obra constancia de la que se advierta que se hayan embargado bienes muebles en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento reclamado, propiedad del quejoso. En ese contexto y en la medida de que es necesario tener presente que la acción de amparo exige, como presupuesto de su procedencia, que el acto reclamado cause un perjuicio a la parte quejosa, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados a efecto de que cuente con interés jurídico para efectos del juicio constitucional, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha afectación es la que faculta a cualquier gobernado para intentar la acción reparadora de derechos fundamentales ante los tribunales de la federación. Aunado a que el artículo 107, fracción I, de nuestra carta magna, señala que el juicio de amparo solo procede a instancia de parte, lo que significa que únicamente quien resiente la afectación a su esfera jurídica es quien puede incoar la protección constitucional. Por lo expuesto se concluye que el quejoso carece de interés jurídico para instar la acción constitucional, pues este debe acreditarse fehacientemente. Entonces, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Sobreseimiento decretado, que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado de los actuarios adscritos a la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, en virtud de que no se impugnó por vicios propios, lo que encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que establece: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No es óbice a lo anterior que aún no se haya emplazado a la tercera interesada a este juicio, en virtud de que el sobreseimiento decretado no le causa ningún perjuicio. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 556, libro 39, febrero de 2017, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por César Aguilar González, en contra del acto de las autoridades que se precisó en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia."
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