Centro Escolar Mogaan Sc

Expediente 429/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
429/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • Centro Escolar Mogaan Sc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Llegada de autos. Por recibido el oficio de la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 429/2020, así como resolución del testimonio dictada en el amparo en revisión administrativa 58/2021, que en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Es infundado el recurso de revisión. SEGUNDO. Se confirma la sentencia pronunciada por el juez Octavo de Distrito en el Estado, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo indirecto 429/2020-II, promovido por "******, que sobreseyó y negó el amparo en términos de los resolutivos primero y segundo de ese fallo." Acúsese recibo vía electrónica y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno de este Juzgado. Archivo y clasificación. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración; de igual forma, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del propio acuerdo, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción; ambos supuestos, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó por una parte, y por otra, se negó la protección constitucional, así también, se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Debiéndose conservar en su caso, la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada el presente auto que ordena el archivo como asunto concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Por otra parte, se ordena la devolución de los documentos que en copia certificada, la parte quejosa allegó con su demanda de amparo, previa cita que gestione para tal fin.

  2. Principal

    Visto el estado de autos del juicio de amparo en que se actúa se advierte que ya obran las constancias de notificación realizadas a las partes de la sentencia y del recurso de revisión interpuesto por *******, autorizado de las personas morales quejosas *******, en contra de la sentencia dictada en autos; por tanto, como se encuentra ordenado en proveído de diecinueve de abril actual, remítanse los presentes autos y el escrito de expresión de agravios recibido vía línea, al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa en Turno del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, para la substanciación del medio de impugnación de mérito. Fórmese el cuaderno de antecedentes que corresponda.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito presentado electrónicamente el dieciséis de abril de la presente anualidad, signado por *****, autorizado de las personas morales quejosas *******, y *****; por el cual, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. Distribúyase entre las partes copia del escrito de agravios. En cuanto obre la totalidad de las constancias de notificación correspondientes, remítase el original del escrito de cuenta, conjuntamente con el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, para la substanciación del recurso de mérito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 429/2020-II; y VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 429/2020-II; y R E S U L T A N D OPRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte (fojas 2 a 231), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, xxxxx por su propio derecho y en representación de xxxxx, quien aduce utiliza los nombres comerciales xxxx, y de la diversa persona moral xxxx; solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, en contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: "III. Autoridades responsables: 1. C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; y 2. H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato". "IV. Actos reclamados: 1. Del C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, se reclama el decreto de 22 de julio del presente año, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el mismo día, que promulga y manda publicar la Ley de Educación del Estado de Guanajuato. 2. Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, reclamamos la expedición de la Ley de Educación de dicha entidad federativa, cuyo decreto promulgatorio fue publicado en el Periódico Oficial de dicho estado, en la fecha que ha sido referida, en relación con los artículos 37, fracción XV (incorporación de inmuebles) en relación con el 3, fracción VIII: concepto de infraestructura educativa, 42, fracción XXXVII, Actos que estimaron violatorios de las garantías y derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 2o, 3o fracción VI, 4o, 5o, 11 párrafo 4, 14, 16, 25, 27, 39, 40, 41, 49, 73 fracción XXV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 26 párrafo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 21 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 30 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; el artículo 13, párrafos 4 y 5 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo de mérito, la cual registró con el número 429/2020; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento ministerial. Finalmente, se señaló fecha para la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N SI D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse normas de observancia general, con motivo de su entrada en vigor, las cuales tendrán ejecución en donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: La expedición, promulgación y orden de publicación del decreto 203, por el que se expidió la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el veintidós de julio de dos mil veinte, y de manera específica los artículos 37, fracción XV (incorporación de inmuebles) en relación con el 3, fracción VIII (concepto de infraestructura educativa); 42, fracción XXXVII, 101, 222, 245, fracción III (becas), 247, 256 párrafos 2 y 3; 262, fracción XI; 263, 264 fracción VIII, 267, 268, 275, fracciones IV y VIII, y 279. Actos reclamados en el ámbito de sus respectivas facultades las autoridades responsables: 1. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. 2. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Ambos con residencia en la ciudad de Guanajuato capital. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a Congreso del Estado de Guanajuato (fojas 262 a 281) y Gobernador del Estado de Guanajuato (fojas 243 a 259), consistentes en el ámbito de su respectiva competencia, en la expedición, promulgación y orden de publicación del decreto 203, por el que se expidió la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el veintidós de julio de dos mil veinte, en específico los artículos 37, fracción XV (incorporación de inmuebles) en relación con el 3, fracción VIII: concepto de infraestructura educativa, 42, fracción XXXVII, 101, 222, 245 fracción III (becas), 247, 256, párrafos 2 y 3, 262, fracción XI; 263; 264 fracción VIII, 267, 268, 275, fracciones IV y VIII, y 279. A lo que se suma que la certeza de los actos atribuidos a las referidas autoridades es evidente, atendiendo al principio de derecho que establece que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2° y, además, con apoyo en la tesis que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 65/20003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." CUARTO. Análisis de la causal de improcedencia invocada por el gobernador del Estado de Guanajuato. Este órgano jurisdiccional, por ser una cuestión de orden público, procede a examinar la causa de improcedencia que hace valer la coordinadora General y representante del gobernador del Estado de Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En principio se destaca que la parte quejosa reclama la expedición, promulgación y orden de publicación del decreto 203, por el que se expidió la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el veintidós de julio de dos mil veinte, específicamente los artículos 37, fracción XV (incorporación de inmuebles) en relación con el 3, fracción VIII: concepto de infraestructura educativa, 42, fracción XXXVII, 101, 222, 245 fracción III (becas), 247, 256, párrafos 2 y 3, 262, fracción XI; 263; 264 fracción VIII, 267, 268, 275, fracciones IV y VIII, y 279, por su sola entrada en vigor; aduce que acude al juicio constitucional dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de los preceptos impugnados. Ahora bien, la autoridad responsable gobernador del Estado de Guanajuato señala que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior -refiere-, porque la norma reclamada consistente en el decreto por el que se expide la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial de dicho estado, el veintidós de julio de dos mil veinte, específicamente los artículos 37, fracción XV (incorporación de inmuebles) en relación con el 3, fracción VIII: concepto de infraestructura educativa, 42, fracción XXXVII, 101, 222, 245 fracción III (becas), 247, 256, párrafos 2 y 3, 262, fracción XI; 263; 264 fracción VIII, 267, 268, 275, fracciones IV y VIII, y 279, tiene el carácter de heteroaplicativa, sin que acreditaran un acto concreto de aplicación de los preceptos reclamados, por lo que no afectan los intereses jurídicos de las quejosas. La causal de improcedencia invocada por la responsable es parcialmente fundada, como enseguida se verá. QUINTO. Causal de improcedencia fundada respecto de las quejosas xxxxx y xxxxx. Las quejosas xxxxx y xxxxx, reclaman la expedición, promulgación y orden de publicación del decreto 203, por el que se expidió la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el veintidós de julio de dos mil veinte, específicamente los artículos 37, fracción XV (incorporación de inmuebles) en relación con el 3, fracción VIII: concepto de infraestructura educativa, 42, fracción XXXVII, 101, 222, 245 fracción III (becas), 247, 256, párrafos 2 y 3, 262, fracción XI; 263; 264 fracción VIII, 267, 268, 275, fracciones IV y VIII, y 279, por su sola entrada en vigor; aducen que acuden al juicio constitucional dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de los preceptos impugnados. Al respecto, la autoridad responsable gobernador del Estado de Guanajuato señala que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud que la norma reclamada -precisada en el párrafo anterior-, tiene el carácter de heteroaplicativa, sin que acreditaran un acto concreto de aplicación de los preceptos reclamados, por lo que no afecta los intereses jurídicos de las aquí quejosas. Es fundada la causal de improcedencia invocada. Para corroborar lo antes expuesto, resulta necesario traer a colación el artículo 61, fracción XII y el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley..." De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Al respecto, cabe destacar que la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [...]" De los preceptos anteriores, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En ese contexto, para que se justifique el interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el gobernado debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses, con motivo de un acto de autoridad, lo que puede ocurrir de dos formas, a saber: Que se afecte la esfera jurídica del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía, o Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. Asimismo, el Alto Tribunal puntualizó que el interés legítimo se acredita cuando: a) Existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, entonces éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Además, los elementos constitutivos destacados son concurrentes; por lo tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Las anotadas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.)4, cuyo rubro y texto establecen: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Luego, en términos de lo hasta aquí razonado es viable concluir que la procedencia del juicio constitucional se encuentra condicionada a que el acto reclamado afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa y esa necesidad (existencia de un agravio) deriva de que el amparo -en caso de ser otorgado- debe tener un efecto práctico que se refleje en la esfera de derechos de la parte quejosa. Ahora bien, de conformidad con el precepto 61, fracciones XII y XIV, de la Ley de Amparo, la procedencia del amparo contra normas generales que se estimen inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, para poder determinar el momento oportuno de su impugnación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas a través de la jurisprudencia P./J. 55/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 123, tomo VI, julio de 1997, página 5, cuyo rubro y contenido son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." La jurisprudencia reproducida sustenta los supuestos para la impugnación de ordenamientos generales atendiendo a su propia naturaleza; si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Expuesto el sistema de impugnación de las normas en el juicio de amparo atendiendo a su naturaleza jurídica, debe ahora tratarse con mayor detalle la diferenciación existente entre una ley autoaplicativa y una heteroaplicativa porque, como se dijo, de esa especificación surge la oportunidad del gobernado para promover el juicio de amparo, en donde el particular agraviado requiere acreditar que esas normas afectan su esfera jurídica, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con la prescripción legal combatida, por actualizarse sus supuestos. Así, las características de las leyes autoaplicativas son las siguientes: a) No requerir de un acto de ejecución para que se motive un perjuicio y pueda ejercitarse la acción constitucional de amparo; b) En virtud de su sola expedición causa perjuicio a la persona física o moral que sea sujeto del impuesto, quedando obligada esta a satisfacer la carga desde la fecha de su vigencia legal, sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad para que se origine el mismo perjuicio o tenga lugar su actualización, pues se trata de una norma coercitiva; y c) Que por sí misma y desde el momento en que entra en vigor cause perjuicio, sin que se requiera, para ello, de la eficacia de un acto concreto del poder público administrativo. Mientras que, las leyes heteroaplicativas: 1) Se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. 2) Pueden reclamarse solo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación, ya que solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones. Como se ve, la individualización de la norma es el principio que distingue su naturaleza jurídica pues, conforme a la jurisprudencia citada, tal razón constituye un elemento de referencia objetivo, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o no. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general:  Son inevitables desde que entran en vigor.  Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho.  Nacen con ella misma.  No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, de normas de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador:  Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular.  No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Es importante precisar que en tanto el interés jurídico, así como el interés legítimo, suponen un agravio en la esfera jurídica de quien acude al juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta indispensable examinar, como presupuesto procesal, si las normas generales reclamadas tienen naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, puesto que sólo con ese análisis se puede identificar si las normas generan o no una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa. Sentado lo anterior, y al margen de la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de los preceptos impugandos, se estima fundada la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable gobernador del Estado de Guanajuato, en torno a que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud que la norma reclamada, no afecta los intereses jurídicos de la aquí quejosa. Lo anterior, dado que las quejosas María Mónica Enriqueta Arroyo Esquivias y Conty sociedad civil, no acreditaron contar con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios para prestar el servicio de educación privada, de manera que los preceptos impugnados no afectan su esfera de derechos al no ubicarse en el supuesto de las normas que tildan de inconstitucionales. En efecto, los preceptos reclamados disponen: "Artículo 3. Para la aplicación de esta ley se entiende por: [...] VIII. Infraestructura física educativa: los muebles e inmuebles destinados a la educación que se imparte por el Estado, los municipios, los organismos públicos descentralizados y los particulares, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación, en el marco del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación, la presente Ley y demás disposiciones normativas; [...]". "Artículo 37. Integran el Sistema Educativo Estatal: [...] XV. La infraestructura física educativa; y XVI. En general, todos aquellos actores que participen en la prestación del servicio de educación de la Entidad". "Artículo 42. Corresponden a la Secretaría, además de las atribuciones previstas en la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato y demás disposiciones normativas aplicables, las siguientes: [...] XXXVII. Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, a efecto de que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel; [...]". "Artículo 101. Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado serán los autorizados por la autoridad educativa federal en los términos de la Ley General de Educación". "Artículo 222. El uso y destino de los inmuebles escolares será exclusivo para la prestación de los servicios educativos y actividades relacionadas con los mismos, sin que puedan ingresar a aquellos, personas ajenas a la comunidad educativa. Lo anterior con excepción de lo que establezcan las leyes generales y las leyes estatales". "Artículo 245. Los particulares que impartan educación con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios deberán: [...] III. Proporcionar becas en cada ciclo o periodo escolar, en un porcentaje mínimo del cinco por ciento de la matrícula autorizada y registrada, en los términos de los lineamientos emitidos por la Secretaría, otorgando preferencia a víctimas de violación de derechos humanos o por la comisión de un delito; [...]". "Artículo 247. La asignación de becas, a que se refiere el artículo 245 fracción III de esta Ley, se realizará de conformidad con las disposiciones normativas aplicables". "Artículo 256. Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla con los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable, las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito de su competencia, acciones de vigilancia por lo menos una vez al año, a las instituciones que imparten servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos, o que, sin estar incorporadas al Sistema Educativo Nacional, deban cumplir con las disposiciones de la presente Ley; además podrán requerir en cualquier momento información o documentación relacionada con la prestación u oferta del servicio educativo. Para efectos del presente artículo, las personas usuarias de estos servicios prestados por particulares podrán solicitar a las autoridades educativas correspondientes, la realización de acciones de vigilancia con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación en los términos de este Título, incluido el aumento de los costos que carezcan de justificación y fundamentación conforme a las disposiciones legales aplicables o que hayan sido establecidos en los instrumentos jurídicos que rigen las relaciones para la prestación de ese servicio. Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar". "Artículo 262. En el acta de la visita se hará constar lo siguiente: XI. La mención de los instrumentos utilizados para realizar la visita, entrevistas, filmación, entre otros; [...]". "Artículo 263. La autoridad educativa, a través de los servidores públicos que realicen la visita, podrá utilizar, previa notificación al particular, mecanismos de video filmación, fotografía y entrevistas, u otro que permita el avance tecnológico para la obtención de cualquier información o dato derivado de la visita; en cuyo caso, deberán tornarse (sic) las medidas pertinentes para la utilización y protección de los datos personales de quienes participen en dichos mecanismos. Además de constar de manera expresa en la orden de visita indicando los datos que podrán recabarse con ellos". "Artículo 264. Son obligaciones del visitado: [...] VIII. Proporcionar las facilidades necesarias al servidor público comisionado y a sus auxiliares para llevar a cabo el uso de los instrumentos tecnológicos requeridos durante el desarrollo de la visita, así como, las entrevistas a las personas usuarias del servicio educativo o cualquier otra requerida para la obtención de la información, conforme al alcance y objeto de la visita". "Artículo 267. De la información contenida en el acta correspondiente, así como la documental relacionada y la recabada por la Secretaría, que en su caso presenten los particulares, las autoridades educativas podrán formular medidas precautorias y correctivas, mismas que harán del conocimiento de los particulares en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de que se tuvo por concluida la visita o se presentó la información respectiva. Para el desahogo del procedimiento de vigilancia se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento respectivo y demás disposiciones normativas aplicables". "Artículo 268. Las medidas precautorias y correctivas a que se refiere el artículo anterior consistirán en las siguientes: I. La suspensión temporal o definitiva del servicio educativo; II. Ordenar la suspensión de información o publicidad que no cumpla con lo previsto en esta Ley; o III. Colocar sellos e información de advertencia en el plantel educativo". "Artículo 275. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: [...] IV. No utilizar los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y secundaria; V. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica; VI. Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos; VII. Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables; VIII. Realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar que no fomente la promoción de estilos de vida saludables en alimentación, así como la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de alimentos; [...]." "Artículo 279. La Secretaría a través de la autoridad educativa competente podrá formular medidas de seguridad, mismas que se harán del conocimiento de los particulares en el acuerdo de inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario siendo las siguientes: I. La suspensión total o parcial de la prestación de servicio prestado; II. La clausura temporal, total o parcial de las instalaciones donde se oferta el servicio; III. Determinar la suspensión de publicidad que no cumpla con lo previsto en esta Ley; y IV. Las demás que se determinen de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables tendientes a evitar que se genere algún riesgo a la comunidad educativa". De los preceptos transcritos se advierte: - Que regulan la competencia de la autoridad educativa del estado de Guanajuato, de manera concurrente con la federal, para promover la transparencia en las escuelas públicas y privadas, vigilando que se rinda anualmente un informe de actividades y de rendición de cuentas, ante todo el plantel, a cargo de su director. - Que con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla con los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable, las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito de su competencia, acciones de vigilancia. - Que las personas usuarias de los servicios prestados por particulares que tengan una autorización, podrán solicitar a las autoridades educativas correspondientes, la realización de acciones de vigilancia con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación, incluido el aumento de los costos que carezcan de justificación y fundamentación conforme a las disposiciones legales aplicables o que hayan sido establecidos en los instrumentos jurídicos que rigen las relaciones para la prestación de ese servicio. - También se desprende que las autoridades educativas podrán formular medidas precautorias, correctivas e imponer sanciones derivado del incumplimiento de la normatividad aplicable. Como se ve, los preceptos reproducidos norman la forma en cómo las instituciones públicas y particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, prestarán el servicio de educación acorde a los planes y programas a que hace referencia la Ley General de Educación; por consiguiente, es indispensable que la parte quejosa demuestre fehacientemente que las normas reclamadas, con su sola entrada en vigor, le generan un perjuicio en su esfera jurídica. Al respecto, xxxxx y durante el juicio de amparo no acreditaron ser destinatarias de los los artículos 37, fracción XV (incorporación de inmuebles) en relación con el 3, fracción VIII: concepto de infraestructura educativa, 42, fracción XXXVII, 101, 222, 245 fracción III (becas), 247, 256, párrafos 2 y 3, 262, fracción XI; 263; 264 fracción VIII, 267, 268, 275, fracciones IV y VIII, y 279, de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, expedida mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el veintidós de julio de dos mil veinte, pues no obstante que en los antecedentes de los actos reclamados señalaron ser destinatarias de las normas reclamadas y que las mismas les generaban un perjuicio en su esfera jurídica desde su inicio de vigencia, porque tienen como actividad la prestación del servicio educativo, lo cierto es que no acreditaron contar con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, para la impartición de educación, y por tanto, debe considerarse que no acreditó su interés jurídico ni legítimo. Ello, en virtud de que no exhibieron medio probatorio idóneo con el que efectivamente acreditaran la circunstancia que afirman (tener autorización para impartir educación en el ámbito territorial de validez de la norma), para así poderlas considerar destinatarias de los preceptos legales reclamados. En efecto, xxxxx y xxxxx, para acreditar su interés jurídico y legítimo señalaron, que la primera es una persona física y la segunda una personal moral mexicana que se dedican a brindar educación privada, que la segunda en mención está constituida y organizada conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y su objeto social está referido a la prestación del servicio educativo; que xxxxx cuenta con autorización para prestar el servicio de educación preescolar número 362/2006, y que los bienes inmuebles ubicados en xxxx número xxxx yxxxx colonia xxxx en Celaya, Guanajuato, donde se presta el servicio de educación preescolar, primaria y secundaria, son de su propiedad en la forma siguiente: Refieren que lo anterior lo acreditan, con las documentales siguientes: 1. Copia certificada de la escritura pública número treinta mil ochocientos cincuenta y siete (30,857), pasada ante la fe del notario público número treinta y nueve, con ejercicio en esta ciudad, relativa al contrato de compraventa celebrado por el apoderado legal de xxxxx., como vendedora y xxxxx, como compradora, respecto del inmueble identificado como lote rústico ubicado en xxxxx, inscrito bajo el folio real xxxx. 2. Copia certificada de la escritura pública número treinta mil ochocientos cincuenta y ocho (30,858), pasada ante la fe del notario público número treinta y nueve, con ejercicio en esta ciudad, relativa al contrato de compraventa celebrado por el apoderado legal de xxxxx., como vendedora y xxxxx, como compradora, respecto del lote de terreno del xxxx , inscrito bajo el folio real xxxxx. 3. Copia certificada de la escritura pública número veintiún mil quinientos treinta y siete (21,537), pasada ante la fe del notario público número treinta y ocho, con ejercicio en esta ciudad, relativa al contrato de compraventa celebrado por xxxx, como vendedora y xxxxx, como compradora, respecto del lote de terreno marcado con el número xxxxx, inscrito bajo el folio real xxxxx. 4. Copia certificada de la escritura pública número diecinueve mil novecientos setenta y ocho (17,833), pasada ante la fe del notario público número treinta y nueve, con ejercicio en esta ciudad, relativa al acta constitutiva de Conty, sociedad civil. 5. Copia certificada de la escritura pública número diecisiete mil ochocientos treinta y cinco (17,835), pasada ante la fe del notario público número treinta y nueve, con ejercicio en esta ciudad, relativa al contrato de compraventa celebrado por xxxxx, como vendedores y xxxxx, como compradora, respecto del resto del predio rústico que formó parte de las xxxxx de la denominada ex-hacienda de xxxxx, fracción conocida actualmente con el nombre de xxxxx, con sede en este municipio. 6. Copia certificada de la escritura pública número diecinueve mil novecientos setenta y ocho (19,978), pasada ante la fe del notario público número veintinueve, con ejercicio en esta ciudad, relativa a la rectificación de superficie, medidas y colindancias respecto del inmueble detallado en el punto anterior. 7. Copia certificada de la escritura pública número doce mil ciento cuarenta y uno (12,141), pasada ante la fe del notario público número veinticinco, con ejercicio en esta ciudad, relativa al contrato de compraventa celebrado por el apoderado de xxxx, como vendedora y xxxxx, como compradora, respecto de una fracción del predio registrado bajo el folio real xxxx cuatro hectáreas, cero áreas nueve punto setecientos veintisiete centiáreas del predio rústico formado con la fracción X de la ex- hacienda de xxxx, con sede en este municipio. 8. Copia certificada de la resolución emitida el diecisiete de agosto de dos mil seis, por el director General de Profesiones y Servicios Escolares, relativa al dictamen 362/2006, donde se aprueba el cambio de domicilio de la institución educativa xxxx, para ubicarse en xxxxx. 9. Copia certificada de la resolución emitida el ocho de mayo de dos mil diecisiete, por el director General de Profesiones, Servicios Escolares e Incorporaciones, relativa al dictamen xxxx, donde se aprueba el cambio de domicilio de la institución educativa particular xxxx, para ubicarse en xxxxx. 10. Copia certificada del oficio xxxxx, suscrito por la directora de Incorporaciones, donde considera factible la actualización del domicilio que ocupa la institución educativa particular xxxx, para quedar ubicado en xxxxx. 11. Copia certificada de la resolución emitida el diez de mayo de dos mil diecisiete, por el director General de Profesiones, Servicios Escolares e Incorporaciones, relativa al dictamen xxxxx, donde se aprueba el cambio de domicilio de la institución educativa particular xxxx. Documentales que adquieren eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, y sirven para acreditar: - La existencia de la persona moral xxxx; - Que xxxxx y xxxx se dedican al ramo de la educación; - Que cada una de las aludidas quejosas detentan la propiedad, respectivamente, de los inmuebles donde se presta el servicio de educación. Sin embargo, con tales documentales no se demuestra que cuenten con permiso o autorización para prestar ese servicio como lo exigen el numeral 241 de la la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. Así, es insuficiente la exhibición de los instrumentos notariales donde consta la propiedad de los inmuebles que las quejosas defienden, pues estas no acreditan que tengan alguna autorización para impartir educación en el Estado de Guanajuato como lo afirman. De igual forma, respecto de xxxxx, no obsta que en el acta constitutiva de la sociedad civil de referencia se advierta que su objeto social será:...] a).- El ejercicio de la actividad educativa por cada uno de los socios, uniendo para dicho efecto sus esfuerzos y recursos presentando atención a los clientes de la sociedad de manera conjunta o individual. b).- La ejecución de todos los estudios y trabajos propios de la actividad educativa y la prestación de toda clase de servicios que tengan relación directa o indirecta con dicha profesión. c).- Los servicios de consultoría de cuestiones educativas. d).- La adquisición por cualquier título legal de toda clase de bienes muebles e inmuebles y servicios que los socios necesiten en relación con sus actividades y la realización de todas las operaciones, actos y contratos necesarios para la consecución de sus actividades. e).- La realización de todas las actividades relacionadas con los objetos antes mencionados y su intervención ante las autoridades Civiles y Administrativas, pudiendo llevar a cabo la construcción de Instituciones Educativas su arrendamiento y la realización de todos los eventos necesarios para apoyar el crecimiento y la superación educativa de la Zona. [...]". (Fojas 110 y 111 de autos). Ello, porque tal documento solo sienta las bases del objeto y la finalidad de la empresa en cuestión, pero no constituye un documento que acredite que tiene el permiso o autorización para impartir educación en el ámbito territorial de validez de la norma impugnada. De igual forma, respecto de la quejosa xxxxx, resulta insuficiente la exhibición de la copia certificada de la resolución emitida el diecisiete de agosto de dos mil seis, que contiene el dictamen 362/2006 relativo al cambio de domicilio de la institución educativa xxxx, donde se señala que la aludida quejosa, cuenta con autorización para impartir educación del tipo básico nivel preescolar en la aludida institución, en virtud de que, en principio, tal documento no constituye propiamente la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, a que se refiere el numeral 2415 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, y en segundo lugar, aun cuando se considerara que esa resolución reconoce que la citada accionante constitucional tiene autorización oficial para prestar ese servicio, lo cierto es que solo se podría contar que es a partir de la fecha de la resolución en cita, es decir, diecisiete de agosto de dos mil seis, siendo que conforme al numeral 2486 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, se requiere que el particular que cuente con una autorización, como la aquí quejosa, la refrende cada diez años, lapso que concluyó en el año de dos mil dieciséis, sin que haya exhibido el refrendo correspondiente. En resumen, las quejosas no justifican contar con las autorizaciones correspondientes, y por ende su interés jurídico para impugnar los preceptos reclamados. En tanto que es principio inexcusable para la procedencia del juicio de amparo que, la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente acreditado y no se infiera con base en presunciones, tal y como se desprende de la jurisprudencia siguiente. "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Tampoco acreditaron su interés legítimo para impugnar los preceptos que señalan. Lo anterior, en virtud de que tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas disposiciones que acorde al imperativo que contienen, vinculan a su destinatario directo a su observancia, desde el inicio de su vigencia, lo que produce efectos que trascienden en una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, sobre quien tiene el carácter de parte quejosa en el juicio de amparo -sujeto indirecto de la norma o tercero-; afectación que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que esté garantizada por un derecho objetivo y, que pueda traducirse, en caso de obtener el amparo, en un beneficio jurídico para el promovente; de ahí que se encuentre en aptitud legal de impugnar esa disposición a través del juicio constitucional. En la especie, las quejosas no demuestran tener interés legítimo para controvertir las normas de la Ley de Educación de Guanajuato, pues aun cuando estas van dirigidas a los prestadores de servicios de educación, lo cierto es que no acreditaron contar con el permiso o autorización correspondiente, de ahí que, no les causa perjuicio alguno para reclamar la constitucionalidad de las porciones normativas que han quedado transcritas. Luego, la manifestación de las quejosas en torno a que tienen como actividad, entre otras, prestar el servicio de educación, es insuficiente para acreditar el interés legítimo necesario para impugnar en el juicio de amparo las normas reclamadas, pues tal manifestación por sí sola no las pone en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante con relación a su esfera jurídica. Lo anterior, pues para poder considerarlas destinatarias de las normas que reclaman, debieron acreditar ser un particular autorizado para impartir educación en el Estado de Guanajuato. Sin que se soslaye que señalan que dos de los inmuebles donde se presta el servicio de educación, son de su respectiva propiedad; sin embargo, tal cuestión es insuficiente para acreditar la afectación a su esfera de sus derechos, en tanto, que los preceptos impugnados solo regulan la prestación del servicio de educación pública y privada a quienes se ha otorgado una autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, condición que no acreditaron, como tampoco que los artículos tildados de inconstitucionales dispongan la afectación a la propiedad que las quejosas detentan. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO DE ASOCIACIONES CIVILES EN DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR EL DERECHO CUESTIONADO A LA LUZ DE LA AFECTACIÓN RECLAMADA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), de título y subtítulo: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UUNIDOS MEXICANOS).", para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en cuenta la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, la cual no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sino de la aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, por medio del cual pueda reclamar a los poderes públicos que actúen acorde con el ordenamiento; de ahí que con la concesión del amparo debe lograrse un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Así, tratándose del interés legítimo de asociaciones civiles en defensa de derechos colectivos, el juzgador debe realizar un estudio integral de la naturaleza del derecho, el objeto social de la asociación y la afectación que se alega. Por tanto, cuando una persona jurídica alega la transgresión del derecho a la educación por parte de las autoridades estatales, no procede sobreseer en el juicio por considerar exclusivamente que los reclamos tienen por efecto salvaguardar la constitucionalidad y la legalidad del ordenamiento, sino que es necesario analizar la pretensión aducida a la luz del derecho cuestionado, para determinar la forma en la que dicho reclamo trasciende a la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de que el amparo tendrá por objeto reparar la violación a su esfera jurídica" Conclusión Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, respecto de las normas señaladas, en relación con las quejosas xxxxx y xxxx, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 5099, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Enseguida, se analizará la causa de improcedencia invocada respecto de la diversa quejosa xxxxx. SEXTO. Causal de improcedencia fundada respecto de los artículos 42, fracción XXXVII, 256 párrafos 2 y 3; 222, 262, fracción XI; 263, 264 fracción VIII, 267, 268, 275, fracciones IV y VIII, y 279, de la Ley de Educación para el estado de Guanajuato, en relación con la quejosa xxxxx. La autoridad responsable gobernador del Estado de Guanajuato, manifiesta que el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es fundada la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, respecto de la persona moral quejosa xxxx, con relación a los artículos 42, fracción XXXVII, 256 párrafos 2 y 3; 222, 262, fracción XI; 263, 264 fracción VIII, 267, 268, 275, fracciones IV y VIII, y 279, de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, expedida mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el veintidós de julio de dos mil veinte. En tanto que se coincide con la responsable en torno a que tales preceptos son de naturaleza heteroaplicativa, por lo que para su actualización se requiere un acto concreto de aplicación, sin que se acreditara su existencia, de ahí que no se afecta la esfera de derechos de la citada persona moral quejosa. En la especie, la aludida quejosa señala que cuenta con autorización para prestar el servicio de educación primaria, secundaria y educación media superior, y que uno de los bienes inmuebles donde se presta ese servicio es de su propiedad, conforme a lo siguiente: Refiere que lo anterior lo acredita, con las documentales siguientes: 1. Copia certificada de la escritura pública número doce mil ciento cuarenta y uno (12,141), pasada ante la fe del notario público número veinticinco, con ejercicio en esta ciudad, relativa al contrato de compraventa celebrado por el apoderado de María del Carmen Gutiérrez Quintanilla, como vendedores y María Mónica Enriqueta Arroyo Esquivias, como compradora, respecto de una fracción del predio registrado bajo el folio real R7*043523, con una superficie de 4-00-09.727 cuatro hectáreas, cero áreas nueve punto setecientos veintisiete centiáreas del predio rústico formado con la fracción X de la ex- hacienda de Silva, con sede en este municipio. 2. Copia certificada de la resolución emitida el ocho de mayo de dos mil diecisiete, por el director General de Profesiones, Servicios Escolares e Incorporaciones, relativa al dictamen 088/2017, donde se aprueba el cambio de domicilio de la institución educativa particular Instituto Bilingüe Andersen, para ubicarse en Prolongación Irrigación número 500, colonia Los Tules, en Celaya, Guanajuato. 3. Copia certificada del oficio DI-7683/2017, suscrito por la directora de Incorporaciones, donde considera factible la actualización del domicilio que ocupa la institución educativa particular Centro Escolar Mogaan, S.C., secundaria "Instituto Andersen", para quedar ubicado en Prolongación Irrigación número 500, colonia Los Tules, en Celaya, Guanajuato. 4. Copia certificada de la resolución emitida el diez de mayo de dos mil diecisiete, por el director General de Profesiones, Servicios Escolares e Incorporaciones, relativa al dictamen 096/2017, donde se aprueba el cambio de domicilio de la institución educativa particular Hans Christian Andersen. Documentales que adquieren eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, y sirven para acreditar la persona moral quejosa Centro Escolar Mogaan, Sociedad Civil, cuenta con autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios para impartir educación del tipo básico, secudaria y educación tipo medio superior, nivel bachillerato, en los inmuebles ubicados en Prolongación Irrigación, número 500, colonia Los Tules y calle Anastacio Bustamante, número 206 Sur, Ex hacienda de Silva, ambos en Celaya, Guanajuato; con lo cual la citada quejosa acredita su interés jurídico para impugnar los preceptos en mención. Ahora bien, los preceptos en mención disponen: "Artículo 42. Corresponden a la Secretaría, además de las atribuciones previstas en la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato y demás disposiciones normativas aplicables, las siguientes: [...] XXXVII. Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, a efecto de que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel; [...]". "Artículo 222. El uso y destino de los inmuebles escolares será exclusivo para la prestación de los servicios educativos y actividades relacionadas con los mismos, sin que puedan ingresar a aquellos, personas ajenas a la comunidad educativa. Lo anterior con excepción de lo que establezcan las leyes generales y las leyes estatales". "Artículo 256. Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla con los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable, las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán acabo, dentro del ámbito de su competencia, acciones de vigilancia por lo menos una vez al año, a las instituciones que imparten servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos, o que, sin estar incorporadas al Sistema Educativo Nacional, deban cumplir con las disposiciones de la presente Ley; además podrán requerir en cualquier momento información o documentación relacionada con la prestación u oferta del servicio educativo. Para efectos del presente artículo, las personas usuarias de estos servicios prestados por particulares podrán solicitar a las autoridades educativas correspondientes, la realización de acciones de vigilancia con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación en los términos de este Título, incluido el aumento de los costos que carezcan de justificación y fundamentación conforme a las disposiciones legales aplicables o que hayan sido establecidos en los instrumentos jurídicos que rigen las relaciones para la prestación de ese servicio. Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar". "Artículo 262. En el acta de la visita se hará constar lo siguiente: [...] XI. La mención de los instrumentos utilizados para realizar la visita, entrevistas, filmación, entre otros; [...]". "Artículo 263. La autoridad educativa, a través de los servidores públicos que realicen la visita, podrá utilizar, previa notificación al particular, mecanismos de video filmación, fotografía y entrevistas, u otro que permita el avance tecnológico para la obtención de cualquier información o dato derivado de la visita; en cuyo caso, deberán tornarse (sic) las medidas pertinentes para la utilización y protección de los datos personales de quienes participen en dichos mecanismos. Además de constar de manera expresa en la orden de visita indicando los datos que podrán recabarse con ellos". "Artículo 264. Son obligaciones del visitado: [...] VIII. Proporcionar las facilidades necesarias al servidor público comisionado y a sus auxiliares para llevar a cabo el uso de los instrumentos tecnológicos requeridos durante el desarrollo de la visita, así como, las entrevistas a las personas usuarias del servicio educativo o cualquier otra requerida para la obtención de la información, conforme al alcance y objeto de la visita". "Artículo 267. De la información contenida en el acta correspondiente, así como la documental relacionada y la recabada por la Secretaría, que en su caso presenten los particulares, las autoridades educativas podrán formular medidas precautorias y correctivas, mismas que harán del conocimiento de los particulares en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de que se tuvo por concluida la visita o se presentó la información respectiva. Para el desahogo del procedimiento de vigilancia se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento respectivo y demás disposiciones normativas aplicables". "Artículo 268. Las medidas precautorias y correctivas a que se refiere el artículo anterior consistirán en las siguientes: I. La suspensión temporal o definitiva del servicio educativo; II. Ordenar la suspensión de información o publicidad que no cumpla con lo previsto en esta Ley; o III. Colocar sellos e información de advertencia en el plantel educativo". "Artículo 275. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: [...] IV. No utilizar los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y secundaria; V. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica; VI. Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos; VII. Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables; VIII. Realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar que no fomente la promoción de estilos de vida saludables en alimentación, así como la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de alimentos; "Artículo 279. La Secretaría a través de la autoridad educativa competente podrá formular medidas de seguridad, mismas que se harán del conocimiento de los particulares en el acuerdo de inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario siendo las siguientes: I. La suspensión total o parcial de la prestación de servicio prestado; II. La clausura temporal, total o parcial de las instalaciones donde se oferta el servicio; III. Determinar la suspensión de publicidad que no cumpla con lo previsto en esta Ley; y IV. Las demás que se determinen de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables tendientes a evitar que se genere algún riesgo a la comunidad educativa". El artículo 42, fracción XXXVII, de la norma impugnada, prevé la competencia de la autoridad educativa del estado de Guanajuato, de manera concurrente con la federal, para promover la transparencia en las escuelas públicas y privadas, vigilando que se rinda anualmente un informe de actividades y de rendición de cuentas, ante todo el plantel, a cargo de su director. En ese sentido, se advierte que la anterior disposición, que prevé la competencia concurrente de las autoridades educativas estatal y federal, para vigilar que se rinda un informe anual de actividades y rendición de cuentas por el director del plantel educativo, no ocasiona perjuicio a la aludida quejosa con motivo de su sola entrada en vigor, en tanto el perjuicio de dicha disposición en la esfera jurídica de aquellas se verificará hasta que las autoridades ejerzan esa facultad concurrente en alguno de los planteles en los que imparten la educación que tienen autorizada; es decir, para considerar que la mencionada accionante de la tutela federal se ubicó en el supuesto que prevé la norma reclamada la autoridad educativa debe ejercer sus facultades de vigilancia en relación con el informe de referencia; por lo que, la sola vigencia de dicha disposición legal no le ocasiona un perjuicio real, actual e inminente en su esfera jurídica. El artículo 222 transcrito prevé que el uso y destino de los inmuebles escolares será exclusivo para la prestación de los servicios educativos y actividades relacionadas con los mismos, sin que puedan ingresar a aquellos, personas ajenas a la comunidad educativa. De esta manera, el precepto en mención, solo podrá actualizarse cuando alguna persona ajena al plantel educativo pretenda ingresar y prestar servicios o realizar actividades que no estén relacionados con la actividad educativa, de ahí que la sola vigencia de dicha disposición legal no le ocasiona un perjuicio real, actual e inminente en su esfera jurídica. En otro aspecto, el numeral 256, párrafos segundo y tercero, de la legislación controvertida, establece los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los particulares y dispone que las personas usuarias de los servicios prestados por particulares podrán solicitar a las autoridades educativas que realicen acciones de vigilancia para verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación. Luego, en los artículos 262 fracción XI, 263 y 264 fracción VIII, antes transcritos, se establece un sistema de visitas de vigilancia, los supuestos en que deberán practicarse, la implementación de tecnología en la visita, los requisitos formales para su desarrollo, validez y los derechos y obligaciones del visitado. Esto es, los supuestos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 256 aquí reclamados no se actualizan en la esfera jurídica de las quejosas en mención, con su sola entrada en vigor, en virtud de que las acciones de vigilancia que prevé no son inmediatas, sino que se encuentran sujetas a que algún usuario del servicio solicite a las autoridades educativas correspondientes la realización de las aludidas acciones de vigilancia, de ahí que, en todo caso, las quejosas se colocarán en dichos supuestos, hasta que se ejerza alguna acción de vigilancia por parte de las autoridades competentes, y podrá ser hasta ese momento cuando se puedan actualizar las diversas hipótesis normativas de los numerales 262 fracción XI, 263 y 264 fracción VIII, por tratar específicamente de las acciones de vigilancia antes mencionadas, consistentes en: El acta de visita deberá tener la mención de los instrumentos utilizados para realizar la visita, entrevistas, filmación, entre otros;  La facultad de la autoridad educativa de podrá utilizar, previa notificación al particular, mecanismos de video filmación, fotografía y entrevistas, u otro que permita el avance tecnológico para la obtención de cualquier información o dato derivado de la visita;  Así como la obligación del visitado de proporcionar las facilidades necesarias al servidor público comisionado y a sus auxiliares para llevar a cabo el uso de los instrumentos tecnológicos requeridos durante el desarrollo de la visita, así como, las entrevistas a las personas usuarias del servicio educativo o cualquier otra requerida para la obtención de la información, conforme al alcance y objeto de la visita. De igual forma, los artículos 267, 268, 275 fracciones IV y VIII, y 279 de la Ley de Educación impugnada, en lo que interesa disponen, en su orden: Que de la información contenida en el acta correspondiente, así como la documental relacionada y la recabada por la Secretaría, que en su caso presenten los particulares, las autoridades educativas podrán formular medidas precautorias y correctivas; Que las medidas precautorias y correctivas consistirán en la suspensión temporal o definitiva del servicio educativo; ordenar la suspensión de información o publicidad que no cumpla con lo previsto en esta Ley; o colocar sellos e información de advertencia en el plantel educativo; Que son infracciones de quienes prestan servicios educativos, no utilizar los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y secundaria; realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar que no fomente la promoción de estilos de vida saludables en alimentación, así como la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de alimentos; Que la Secretaría a través de la autoridad educativa competente podrá formular medidas de seguridad, consistentes en la suspensión total o parcial de la prestación de servicio prestado; la clausura temporal, total o parcial de las instalaciones donde se oferta el servicio; determinar la suspensión de publicidad que no cumpla con lo previsto en esta Ley; y las demás que se determinen de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables tendientes a evitar que se genere algún riesgo a la comunidad educativa. Así de los citados preceptos se obtiene que de la información contenidas en las visitas, las autoridades educativas podrán formular medidas precautorias y correctivas; también se prevé un catálogo de acciones que constituyen infracciones que pueden ser cometidas por quien presta los servicios educativos (como las aquí quejosas); así como la facultad de la autoridad educativa de imponer medidas de seguridad. De lo anterior, se desprende que tales preceptos también son de naturaleza heteroaplicativa, pues aun cuando los prestadores de los servicios educativos quedan sujetos a cumplir con dichas disposiciones desde el instante mismo de la entrada en vigor de la ley, lo cierto es que si se detectara la comisión de esas conductas (esto es, que la autoridad educativa en ejercicio de acciones de vigilancia detectara el no empleo de los libros de texto que la autoridad educativa federal determine y autorice, o que se realice o permite la difusión de publicidad dentro de sus planteles que no fomente la promoción de estilos de vida saludables en alimentación, o bien que se comercializan bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo que no son alimentos), resulta indudable que la infracción no tendría efectos a partir del inicio de la vigencia de la ley, es decir, no se consideraría cometida desde su entrada en vigor, sino únicamente en el momento en el que la autoridad se percatara de ella, lo que consideraría a fin de fijar la sanción correspondiente, y sólo cuando con motivo de ello se imponga al plantel una medida precautoria o correctiva, es cuando se estará ante el acto de aplicación de las fracciones y artículos antes citados. Explicado lo anterior y contrario a lo alegado por la accionante de la tutela federal, los artículos 42, fracción XXXVII, 222, 256 párrafos 2 y 3; 262, fracción XI; 263, 264 fracción VIII, 267, 268, 275, fracciones IV y VIII, y 279, de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, expedida mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el veintidós de julio de dos mil veinte, no tienen la naturaleza autoaplicativa, sino de heteroaplicativa; luego, era necesario, como ya se dijo, demostrar la realización de un acto de aplicación de los artículos impugnados en perjuicio de la sociedad civil quejosa para que se encontrara en aptitud de promover el juicio de amparo. Sin embargo, en el caso no se demuestra que los artículos reclamados hayan producido, al momento en que se promovió la presente acción constitucional, alguna afectación a la esfera jurídica de la persona moral quejosa. Conclusión Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, respecto de las normas señaladas, en relación con la quejosa xxxxx, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 50910, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Corresponde ahora analizar en el siguiente apartado la naturaleza de los restantes preceptos tildados de inconstitucionales, respecto de la quejosa xxxx. SÉPTIMO. Causal de improcedencia infundada respecto de los artículos 37, fracción XV (incorporación de inmuebles) en relación con el 3, fracción VIII: concepto de infraestructura educativa, 101, 245 fracción III (becas) y 247, de la Ley de Educación para el estado de Guanajuato, en relación con las quejosa xxxxx. La autoridad responsable gobernador del Estado de Guanajuato, señala que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es infundada la citada causal de improcedencia, respecto de los artículos 37, fracción XV (incorporación de inmuebles) en relación con el 3, fracción VIII: concepto de infraestructura educativa, 101, 245 fracción III (becas) y 247, de la Ley de Educación para el estado de Guanajuato. Ello en atención que en forma contraria a lo expuesto por la citada autoridad, tales preceptos tienen el carácter de autoaplicativas, en virtud de que acorde con el imperativo que contienen vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En efecto, los numerales en cuestión disponen: "Artículo 3. Para la aplicación de esta ley se entiende por: [...] VIII. Infraestructura física educativa: los muebles e inmuebles destinados a la educación que se imparte por el Estado, los municipios, los organismos públicos descentralizados y los particulares, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación, en el marco del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación, la presente Ley y demás disposiciones normativas; [...]". "Artículo 37. Integran el Sistema Educativo Estatal: [...] XV. La infraestructura física educativa; y XVI. En general, todos aquellos actores que participen en la prestación del servicio de educación de la Entidad". "Artículo 101. Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado serán los autorizados por la autoridad educativa federal en los términos de la Ley General de Educación". "Artículo 245. Los particulares que impartan educación con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios deberán: [...] III. Proporcionar becas en cada ciclo o periodo escolar, en un porcentaje mínimo del cinco por ciento de la matrícula autorizada y registrada, en los términos de los lineamientos emitidos por la Secretaría, otorgando preferencia a víctimas de violación de derechos humanos o por la comisión de un delito; [...]". "Artículo 247. La asignación de becas, a que se refiere el artículo 245 fracción III de esta Ley, se realizará de conformidad con las disposiciones normativas aplicables". De las porciones normativas aludidas se obtiene que los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación forman parte del sistema educativo estatal; que los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado serán los autorizados por la autoridad educativa federal en los términos de la Ley General de Educación; que los particulares que impartan educación con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios deberán proporcionar becas en cada ciclo o periodo escolar, en un porcentaje mínimo del cinco por ciento de la matrícula autorizada y registrada, en los términos de los lineamientos emitidos por la Secretaría, otorgando preferencia a víctimas de violación de derechos humanos o por la comisión de un delito. De lo que se sigue que tales preceptos son de naturaleza autoaplicativa, en tanto que las obligaciones de hacer o de no hacer, así como los principios que establecen en general no requieren de un acto de aplicación, ya que su contenido se actualiza con su sola vigencia. En efecto, los referidos preceptos impugnados, no requieren para su actualización de un acto de ejecución para que se motive un perjuicio y pueda ejercitarse la acción constitucional de amparo; en virtud de que prevén que debe entenderse por infraestructura educativa, que esta integra el Sistema Educativo Estatal, que los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado serán los autorizados por la autoridad educativa federal en los términos de la Ley General de Educación; que los particulares que impartan educación con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios deberán proporcionar becas en cada ciclo o periodo escolar, en un porcentaje mínimo del cinco por ciento de la matrícula autorizada y registrada, en los términos de los lineamientos emitidos por la Secretaría, otorgando preferencia a víctimas de violación de derechos humanos o por la comisión de un delito y que esa asignación de becas se realizará de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. De lo que se sigue que su sola expedición obliga a su destinatario a acatarla, sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad para que se origine el perjuicio o tenga lugar su actualización, pues se trata de una norma coercitiva Ahora bien, la accionante constitucional Centro Escolar Mogaan, sociedad civil, señala que cuenta con autorización para prestar el servicio de educación primaria, secundaria y educación media superior, y que uno de los bienes inmuebles donde se presta ese servicio es de su propiedad como quedó demostrado en el considerando anterior. Así, contrario a lo alegado por la responsable, con las probanzas referidas, la quejosa en mención acreditó ubicarse como destinataria de la norma tildada de inconstitucional, esto es, ser la titular de una autorización o permiso para la prestación de servicios educativos a nivel de primaria a medio superior, de ahí que cuenta con interés para reclamar los referidos preceptos impugnados. En ese sentido, no se actualiza la causal de improcedencia por lo que ve a la citada quejosa y preceptos señalados. Agotado el estudio de la causal de improcedencia invocada por el gobernador del Estado de Guanajuato y al no advertirse de oficio alguna diversa que analizar, o que la aleguen las partes, se procede a realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción. OCTAVO. Estudio de fondo respecto de los artículos 3o fracción VIII, 37 fracción XV, 101, 245 fracción III y 247 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, en relación con la quejosa Centro Escolar Mogaan, sociedad civil. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación esgrimidos, sin que se advierta queja que suplir en su deficiencia, dado que no se surte ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En el primer concepto de violación (fojas 22 a 44 de autos) relativo al tema sobre la incorporación de los bienes muebles e inmuebles de los particulares al denominado Sistema Educativo Estatal, a que se refieren los artículos 37, fracción XV, y 3o fracción VIII de la Ley de Educación para el estado de Guanajuato, la quejosa Centro Escolar Mogaan, sociedad civil, expuso en lo esencial:  Dichos artículos vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica, en su faceta de interdicción de la arbitrariedad, pues generan incertidumbre jurídica, ya que no está definido el alcance de la frase "forman parte del Sistema Educativo Estatal", ni existe claridad en cuanto al destino de los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por los particulares.  Son violatorios incluso del derecho a la propiedad privada, ya que los bienes destinados para la prestación del servicio educativo son propiedad de quienes tienen autorización para prestarlo o incluso, de terceros; así como de la supremacía constitucional, ya que no es competencia del Congreso del Estado de Guanajuato imponer una modalidad a la propiedad, sino del Congreso de la Unión.  Al disponer que los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por los particulares formen parte del sistema educativo estatal, se está concediendo a la Secretaría de Educación la atribución de emitir normas de carácter general para verificar la seguridad e idoneidad de tales bienes, cuando eso es una facultad distinta de los servicios educativos.  Son violatorios de los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, fundamentación y motivación de los actos de la autoridad legislativa, al imponer modalidades a la propiedad privada. Son infundados en una parte e inoperante en otra, los conceptos de violación esgrimidos. Para atender los argumentos anteriores, es necesario transcribir el contenido de dichos numerales: "Artículo 3. Para la aplicación de esta ley se entiende por: [...] VIII. Infraestructura física educativa: los muebles e inmuebles destinados a la educación que se imparte por el Estado, los municipios, los organismos públicos descentralizados y los particulares, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación, en el marco del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación, la presente Ley y demás disposiciones normativas; [...]". "Artículo 37. Integran el Sistema Educativo Estatal: [...] XV. La infraestructura física educativa; y XVI. En general, todos aquellos actores que participen en la prestación del servicio de educación de la Entidad". De los numerales anteriores se obtiene que los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación forman parte del sistema educativo estatal. Ahora, para dotar de contenido a esa porción normativa, es necesario referir que, en lo que interesa, los artículos 36 a 40 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, definen al sistema educativo estatal y establecen sus objetivos primordiales en los siguientes términos: "Artículo 36. El Sistema Educativo Estatal se integra por el conjunto de actores, instituciones, elementos y procesos para la prestación del servicio público de la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. El personal que labore para las autoridades educativas deberá reunir el perfil requerido para el adecuado cumplimiento de sus funciones, con la finalidad de que se preste un servicio satisfactorio y de calidad en el ámbito educativo". "Artículo 37. Integran el Sistema Educativo Estatal: I. Los educandos; II. Las maestras y los maestros; III. Los padres de familia y sus asociaciones; IV. Las autoridades educativas; V. Las autoridades escolares, entendidas como el personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares; VI. Las y los servidores públicos que tengan relación laboral con las autoridades educativas en la prestación del servicio educativo; VII. Las instituciones públicas educativas, así como los sistemas y subsistemas reconocidos en las disposiciones normativas aplicables; VIII. Las instituciones educativas particulares que cuenten con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; IX. Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía; X. Los Consejos Técnicos u órganos equivalentes; XI. Los Consejos de Participación Escolar o sus equivalentes, creados conforme a esta Ley; XII. Los Comités Escolares de Administración Participativa; XIII. Las instancias de apoyo a la educación; XIV. Los planes y programas de estudio; XV. La infraestructura física educativa; y XVI. En general, todos aquellos actores que participen en la prestación del servicio de educación de la Entidad. "Artículo 38. El Sistema Educativo Estatal deberá asegurar la participación activa de todos los actores e instituciones involucrados en el proceso educativo, con estrategias transversales, con sentido de responsabilidad social y privilegiando la participación de los educandos y padres de familia, para alcanzar los fines de la educación". "Artículo 39. El Sistema Educativo Estatal participará en la programación estratégica que se realice en el marco del Sistema Educativo Nacional, procurando que la formación docente y directiva, la infraestructura, así como los medios, métodos y materiales educativos, sean acordes con las necesidades de la prestación del servicio de educación y contribuyan a su mejora continua en la Entidad. "Artículo 40. El Sistema Educativo Estatal deberá vincular los tipos y niveles educativos que lo integren, el aprendizaje progresivo, la innovación, la investigación científica y tecnológica, además de vincular la interrelación en todos los niveles con la vida social y productiva, así como alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura estatal, nacional y universal". Los artículos transcritos disponen que el sistema educativo estatal es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que se imparta en el Estado de Guanajuato, desde la educación básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad, los centros de población, sus organizaciones, sectores y familias. Asimismo, que a través del sistema educativo estatal se articularán y coordinarán los esfuerzos de las autoridades educativas, así como de los sectores social y privado para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación establecidos en dicha legislación. De manera que, contrariamente a lo referido por la parte quejosa, lo dispuesto en los artículos 3o fracción VIII y 37 fracción XV de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, en el sentido de que los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por los particulares, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación forman parte del sistema educativo estatal, no significa que el Estado se apropie de dichos bienes ni turbe la propiedad que legalmente detentan los particulares. Se afirma lo anterior, ya que la finalidad que persigue la norma radica exclusivamente en que los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado participen en la programación estratégica que se realice en el marco del sistema educativo estatal, para que la formación docente y directiva, la infraestructura, así como los métodos y materiales educativos, se armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público de educación y se contribuya a su mejora continua. En otras palabras, el hecho de que los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por los particulares en el Estado de Guanajuato, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación formen parte del sistema educativo estatal, no significa que el Estado se apropie de dichos bienes o turbe la propiedad que legalmente detentan los particulares, ya que tan sólo se les considera como actores de ese sistema para articular, así como para coordinar los esfuerzos de las autoridades educativas para el cumplimiento de los principios, fines y criterios establecidos en la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. Por lo que tratándose de los muebles e inmuebles utilizados por los particulares para impartir el servicio educativo con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Guanajuato, sólo formarán parte del Sistema Educativo Estatal durante el tiempo que se destinen a tal actividad y sin restricción a la propiedad alguna, de ahí resulten infundados los conceptos de violación aludidos. En ese sentido, los conceptos de violación planteados por la persona moral quejosa (fojas 23 a 44 de autos), también son inoperantes, ya que parten de una premisa falsa en torno a que los preceptos impugnados afectan su propiedad privada, cuando de la literalidad de los citados artículos, no se desprende en modo alguno que se establezca la apropiación de la propiedad privada, ni que se le esté imponiendo modalidades, o bien que faculte a las autoridades educativas a la intromisión en el uso, destino o aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles donde se presta el servicio de educación, por lo que no existe la vulneración a los principios invocados. Luego, si los argumentos que propone la justiciable parten de una afirmación que no resultó verdadera; entonces, no es posible abordar su análisis. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 108/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1326, libro XIII, octubre de 2012, tomo 3, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." En otro aspecto, la quejosa reclama los artículos 245 fracción III y 247 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, señalando en el séptimo concepto de violación que:  Los citados preceptos vulneran los principios de igualdad y equidad, ya que la obligación de otorgar becas se traduce en una carga impositiva que recae sobre las instituciones educativas privadas que prestan un servicio público, sin que otros sectores productivos privados que igual prestan un servicio público, estén compelidos de igual manera; además de que impone a los particulares que prestan un servicio público la obligación de realizar aportaciones en especie y gratuitas.  Permite a la Secretaría de Educación del Estado que intervenga y disponga de los ingresos y recursos lícitos a que tienen derecho las instituciones de educación, además de que resulta excesivo que se deban otorgar becas equivalentes al cinco por ciento del total de los alumnos inscritos en cada plan y programa de estudio, sin que exista un análisis de impacto regulatorio que regule el plan obligatorio de becas, lo que incide en el aumento del costo de las colegiaturas, vulnerando los principios de legalidad y supremacía constitucional.  Esa norma elimina la posibilidad de que sean las instituciones particulares quienes decidan a qué personas en concreto se le otorgan las becas correspondientes, pues se pretende que la asignación de becas sea una atribución de dicha dependencia pública, a pesar de que eso le debe corresponder a las instituciones particulares, ya que son quienes obtienen los recursos y deben estar en aptitud de asignarlas atendiendo a los valores y el perfil de cada estudiante.  Tal precepto violenta lo dispuesto por el principio de legalidad y supremacía constitucional establecido en los artículos 14, 16 y 133 de la constitución federal, ya que obliga a los particulares a otorgar becas a un determinado porcentaje de sus alumnos inscritos en cada plan programa de estudios con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, pero que tal disposición va más allá del marco constitucional, ya que de la lectura del artículo 3o constitucional, de ninguna de sus partes se desprende que se deba obligar a las instituciones particulares a otorgar becas y menos que a la autoridad educativa le corresponda su asignación, por lo que, para imponer cargas, contribuciones u obligaciones a los particulares, es menester que estén establecidas en la ley, que a su vez tenga un fundamento constitucional, lo que no sucede en la especie, lo que además constituye una franca intromisión, porque a quien corresponde asignar la becas es a la propia institución educativa. Los anteriores argumentos, vertidos a manera de conceptos de violación son infundados. Para arribar a la anterior conclusión, resulta pertinente transcribir los preceptos tildados de inconstitucionales, los cuales disponen: "Artículo 245. Los particulares que impartan educación con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios deberán: [...] III. Proporcionar becas en cada ciclo o periodo escolar, en un porcentaje mínimo del cinco por ciento de la matrícula autorizada y registrada, en los términos de los lineamientos emitidos por la Secretaría, otorgando preferencia a víctimas de violación de derechos humanos o por la comisión de un delito; [...]". "Artículo 247. La asignación de becas, a que se refiere el artículo 245 fracción III de esta Ley, se realizará de conformidad con las disposiciones normativas aplicables". De lo transcrito se obtiene, esencialmente, que los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las cuales no podrán ser inferiores al cinco por ciento del total de alumnos inscritos en cada plan y programa de estudios con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Además de que la asignación de las becas a las que se refiere el artículo 245 fracción III de la citada ley, se realizará de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. De ahí que, contrario a lo argumentado por la quejosa, dicha norma no tiene el alcance de facultar a la Secretaría para intervenir y disponer de los ingresos y recursos lícitos a que tienen derecho las instituciones de educación privada, violando así su derecho a la propiedad, pues la disposición en análisis únicamente prevé la asignación de becas con la finalidad de contribuir al logro de la equidad educativa, pero atendiendo a las disposiciones normativas aplicables. Asimismo, debe destacarse que, adverso a lo invocado por la parte quejosa, los preceptos que se analizan no infringen lo establecido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, toda vez que la condición a que se refiere el artículo 245 fracción III, de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, no se trata de una contribución; por ende, no es posible que transgreda la disposición constitucional aludida que únicamente se concreta en establecer los principios que regulan los tributos, de ahí que resulten infundados todos los argumentos tendentes a evidenciar la transgresión a los principios de equidad, igualdad, proporcionalidad, así como los argumentos relacionados con el tema de que se trata de la imposición de aportaciones gratuitas en especie (fojas 31 a 37 de autos). Apoyan lo expuesto, por las consideraciones que las integran, las tesis siguientes: "EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE ESTABLECE QUE LOS PARTICULARES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN, PARA OBTENER O CONSERVAR LA AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DEBERÁN PROPORCIONAR BECAS PARA LOS EDUCANDOS DESTACADOS ACADÉMICAMENTE Y LOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, NO INFRINGE a LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2004). El artículo 96 de la Ley de Educación del Estado de Chiapas que exige que los particulares que impartan educación, para obtener o conservar la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios deberán, entre otras cosas, proporcionar becas para los educandos destacados académicamente y los de escasos recursos económicos, en un porcentaje que no sea inferior al cinco por ciento del total de la matrícula de la institución educativa del ciclo escolar de que se trate y que podrá ampliarse de acuerdo a la capacidad económica de la misma, no infringe lo establecido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, toda vez que la condición a que se refiere el precepto legal, no se trata de una contribución; por ende, no es posible que transgreda la disposición constitucional aludida que únicamente se concreta en establecer los principios que regulan los tributos". EDUCACIÓN. LOS ARTÍCULOS 50, 93, 96 Y 97 DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE EN SU CONJUNTO REGULAN ASPECTOS QUE DEBEN SATISFACER LOS PARTICULARES QUE PRESTEN SERVICIOS EN MATERIA EDUCATIVA, NO INFRINGEN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2004). Los artículos 50, 93, 96 y 97 de la Ley de Educación del Estado de Chiapas que en esencia regulan aspectos que deben satisfacer los particulares que presten servicios en materia educativa, así como proteger y defender los derechos e intereses de los educandos, no infringen lo dispuesto por el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que ello de ninguna forma impide o limita a los particulares el libre ejercicio de su libertad de trabajo, ya que se trata de la regulación de un servicio público cuya prestación requiere de la autorización del Estado, por ende, legitima a éste para establecer los términos y condiciones en que dicha prestación debe desarrollarse dentro del marco de la Ley General de Educación, como reglamentaria del artículo 3o. constitucional". servicios en materia educativa, así como proteger y defender los derechos e intereses de los educandos, no infringen lo dispuesto por el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que ello de ninguna forma impide o limita a los particulares el libre ejercicio de su libertad de trabajo, ya que se trata de la regulación de un servicio público cuya prestación requiere de la autorización del Estado, por ende, legitima a éste para establecer los términos y condiciones en que dicha prestación debe desarrollarse dentro del marco de la Ley General de Educación, como reglamentaria del artículo 3o. constitucional". De manera que si uno de los ejes rectores establecidos en el citado precepto constitucional es la equidad y la inclusión en el sistema educativo, al prever los preceptos cuestionados que las instituciones privadas deberán otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo en un cinco por ciento del total de alumnos inscritos en cada plan y programa de estudios con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, no puede decirse que excedan del marco constitucional, de ahí que tampoco transgredan el principio de legalidad y supremacía constitucional establecido en los artículos 14, 16 y 133 de la constitución federal. Además, en forma contraria a lo que sostiene, aun cuando en este momento no se especifica la forma de implementación de la norma, ya que el artículo 247 en estudio, dispone que la asignación de becas, a que se refiere el artículo 245 fracción III de esta Ley, se realizará de conformidad con las disposiciones normativas aplicables; lo cierto es que de la literalidad de los aludidos preceptos impugnados, no se desprende que a la autoridad educativa le corresponda la asignación de las citadas becas, de ahí que no le asista la razón, y en todo caso, se deberán atender a las disposiciones normativas aplicables, tal como lo exige la fracción VI del citado precepto constitucional13, de ahí que su argumento en torno a que los citados preceptos le impiden que la quejosa sea quien realice la asignación de becas resulta infundado. En otro aspecto, la parte quejosa reclama el artículo 101 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato y en el octavo concepto de violación, alega:  Que la citada norma dispone que los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado serán los autorizados por la autoridad educativa federal en los términos de la Ley General de Educación, por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión o utilización de los que no cumplan con este requisito. Que vulnera el derecho a la libre personalidad, a la libertad de cátedra, a la libertad de enseñanza y aprendizaje, así como a proporcionar educación con libertad. Lo así aducido resulta infundado, por lo siguiente. El precepto impugnado dispone: "Artículo 101. Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado serán los autorizados por la autoridad educativa federal en los términos de la Ley General de Educación". Como se observa, contrario a lo afirmado, lo establecido en el precepto transcrito, no constituye una vulneración a la libre personalidad, a la libertad de cátedra, a la libertad de enseñanza y aprendizaje, porque la intención del legislador fue que los libros de texto utilizados para impartir educación cumplan con la unidad que a ellos les rige como parte integrante del sistema educativo nacional, pues es un derecho de los menores el recibir educación en los planteles de su elección (sujetos a la modalidad privada o pública); luego, para poder transitar en el sistema educativo nacional, la totalidad de los alumnos, con independencia del plantel y entidad federativa de donde provengan, deben contar con un conocimiento mínimo y unificado que les permita tener igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Por lo que, se concluye, que el artículo 101 de la norma controvertida cumple con ese mandato que, a su vez, está adoptado por el diverso 22, cuarto párrafo, de la Ley General de Educación, reglamentaria del artículo 3° constitucional, de ahí que todos los argumentos en los que se sostiene que el precepto reclamado contraviene el derecho a la libre personalidad, a la libertad de cátedra, a la libertad de enseñanza y aprendizaje, así como a proporcionar educación con libertad, son infundados. Por ende, lo que la legislación local hizo fue reiterar el empleo de los libros de texto autorizados por la autoridad educativa federal, dentro del sistema educativo estatal, con la finalidad unificar y coordinar la impartición de educación en toda la República Mexicana, por tanto, la referida incorporación no implica una cuestión novedosa, toda vez que ya pertenecía al mencionado sistema, ni rebasa lo establecido en el precepto constitucional citado, sino que, se insiste, se ajusta a él, tan es así que en su texto se hace referencia a la propia norma educativa general. Apoya lo expuesto, en lo conducente, la tesis siguiente: "EDUCACIÓN. LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE PREVÉN LA CONCENTRACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL DE LOS PLANTELES OFICIALES Y PARTICULARES Y QUE LA EDUCACIÓN IMPARTIDA ES UN SERVICIO PÚBLICO, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2004). Los artículos 10 y 11 de la Ley de Educación del Estado de Chiapas que establecen la concentración al sistema educativo estatal de los planteles educativos oficiales y particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios expedidos por la autoridad federal o estatal, así como que la educación que imparte el Estado, los organismos descentralizados, órganos desconcentrados y los particulares con la autorización respectiva es un servicio público, no transgreden el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Ley General de Educación, en su artículo 10, dispone que todos los planteleseducativos, entre ellos, los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, están integrados al sistema educativo nacional, por ende, lo que la legislación local hizo fue reiterar esa incorporación pero al sistema educativo estatal, con la finalidad de contar con un sistema local y así unificar y coordinar la educación en toda la República mexicana, por tanto, la referida incorporación no implica una cuestión novedosa, toda vez que ya pertenecía al mencionado sistema, ni rebasa lo establecido en el precepto constitucional citado, sino que se ajusta a él". Conclusión Al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación esgrimidos, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. OCTAVO. Notificación a las partes. En términos del artículo 11, fracción I del ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19, al no clasificarse el presente asunto como urgente, notifíquese personalmente esta sentencia, una vez que se normalicen las actividades, de manera escalonada y conforme a las funciones del juzgado lo permitan. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por xxxxx por su propio derecho y en representación de xxxxx, quien aduce utiliza los nombres comerciales xxxxx, y de la diversa persona moral xxxxx; en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia constitucional. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a la persona moral quejosa xxxxx, quien aduce utiliza los nombres comerciales xxxxx, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando octavo de este fallo, por los motivos ahí expuestos.

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