Cenovio Paniagua Mendoza

Expediente 62/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
62/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Cenovio Paniagua Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a las partes.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: CENOVIO PANIAGUA MENDOZA. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el dos de abril de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Cenovio Paniagua Mendoza, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 77, último párrafo, de la ley en consulta, 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la citada ley, se declara firme para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables pues de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ellas se haya reclamado y, en el caso, se determinó sobreseer en el juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables antes precisadas puedan recurrir la sentencia de que se trata. Por tanto, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este órgano jurisdiccional este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser trasferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otro lado, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el juicio, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se dio apertura al incidente de suspensión correspondiente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Recepción de escritos. Vistos los escritos del quejoso Cenovio Paniagua Mendoza, por los cuales solicita lo siguiente: 1) Copias simples de todo lo actuado en el sumario; y, 2) Se atienda el punto número dos del escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecinueve. Al respecto, se provee lo siguiente. Expedición de copias certificadas. En atención al primero de ellos, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2, expídase a su costa copia certificada de todas las constancias que hasta este momento obran en autos, sin que obste el hecho de que las haya solicitado simples dado que el referido precepto legal únicamente permite la expedición de copias certificadas; facultándose al personal de este órgano jurisdiccional para que se traslade con el expediente al sistema de fotocopiado y una vez recabadas las copias solicitadas se devuelva a la secretaría; previa identificación y recibo que de su entrega obre en autos. Petición de requerimiento de informe. Ahora, respecto del segundo de los ocursos, por el cual solicita se atienda el punto número dos del escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecinueve, al respecto se provee lo siguiente. Consideraciones previas. Primeramente, conviene tener en cuenta lo estipulado por los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, así como el numeral 79 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, los cuales indican lo siguiente: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. (.) Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. (.) Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes.". Así, de la transcripción de los numerales se obtiene que cuando en el juicio de amparo, el acto reclamado se deberá estudiar tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no se podrá tomar en consideración las pruebas que no hayan sido ofrecidas ante dicha autoridad; salvo aquellos casos en que el quejoso no haya tenido la oportunidad de ofrecer pruebas ante la autoridad. Ahora, en el caso concreto, el quejoso reclama un acto de naturaleza negativa -omisivo-, ya que se duele de la omisión de dar contestación al escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil diecinueve. De lo que se sigue que la parte quejosa ataca la inconstitucionalidad de la omisión en que incurre la autoridad responsable, puesto que ello infringe el artículo 8 constitucional. Los medios probatorios son improcedentes. Una vez analizada la petición, se aprecia que la misma deviene improcedente. Lo anterior, ya que de la lectura de dicha petición se aprecia que el quejoso insiste en ofrecer como prueba de su parte el informe que tenga a bien rendir el Secretario del Ayuntamiento de Jungapeo, Michoacán, respecto a las copias certificadas del pago de nómina del quejoso del periodo comprendido del quince de junio de dos mil dieciséis al quince de junio de dos mil diecisiete. Petición que se reitera en atención al escrito presentado el quince de febrero de este año. En ese orden de ideas, se aprecia que las pruebas que ofrece el quejoso las realiza en atención al sentido en que fue atendida la solicitud de diecisiete de enero de dos mil diecinueve -cuya omisión en contestar es el acto reclamado-; es decir, con la prueba que pretende ofrecer el quejoso quiere desvirtuar el sentido en que fue contestada la petición. Sin embargo, no es posible solicitar dichas constancias, puesto que, hasta este momento, no se ha señalado como acto reclamado la contestación. Tan es así que por tal circunstancia se le dio vista para que manifestara, si era su deseo, ampliar la demanda de amparo, como se aprecia del auto de veinticinco de febrero del año en curso. Lo anterior, dado que no es posible analizar, hasta este momento, la constitucionalidad del oficio de trece de febrero de dos mil diecinueve -por el que se atiende la petición de diecisiete de enero que es el acto reclamado-, puesto que no fue señalado como acto reclamado. Así, no es posible requerir tales medios de convicción, dado que ello acarrearía tomar en consideración pruebas que no tienen que ver con la Litis constitucional fijada hasta este momento. Improcedencia de solicitud de documentos. Atento a ello, por lo antes expuesto y atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, así como el diverso numeral 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, resulta improcedente la solicitud del informe que tenga a bien rendir el Secretario del Ayuntamiento de Jungapeo, Michoacán, respecto a las copias certificadas del pago de nómina del quejoso del periodo comprendido del quince de junio de dos mil dieciséis al quince de junio de dos mil diecisiete. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: CENOVIO PANIAGUA MENDOZA. Recepción de escritos. Vistos los escritos del quejoso Cenovio Paniagua Mendoza, por los cuales solicita lo siguiente: 1) Copias simples de todo lo actuado en el sumario; y, 2) Se atienda el punto número dos del escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecinueve. Al respecto, se provee lo siguiente. Expedición de copias certificadas. En atención al primero de ellos, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2, expídase a su costa copia certificada de todas las constancias que hasta este momento obran en autos, sin que obste el hecho de que las haya solicitado simples dado que el referido precepto legal únicamente permite la expedición de copias certificadas; facultándose al personal de este órgano jurisdiccional para que se traslade con el expediente al sistema de fotocopiado y una vez recabadas las copias solicitadas se devuelva a la secretaría; previa identificación y recibo que de su entrega obre en autos. Petición de requerimiento de informe. Ahora, respecto del segundo de los ocursos, por el cual solicita se atienda el punto número dos del escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecinueve, al respecto se provee lo siguiente. Consideraciones previas. Primeramente, conviene tener en cuenta lo estipulado por los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, así como el numeral 79 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, los cuales indican lo siguiente: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. (.) Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. (.) Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes.". Así, de la transcripción de los numerales se obtiene que cuando en el juicio de amparo, el acto reclamado se deberá estudiar tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no se podrá tomar en consideración las pruebas que no hayan sido ofrecidas ante dicha autoridad; salvo aquellos casos en que el quejoso no haya tenido la oportunidad de ofrecer pruebas ante la autoridad. Ahora, en el caso concreto, el quejoso reclama un acto de naturaleza negativa -omisivo-, ya que se duele de la omisión de dar contestación al escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil diecinueve. De lo que se sigue que la parte quejosa ataca la inconstitucionalidad de la omisión en que incurre la autoridad responsable, puesto que ello infringe el artículo 8 constitucional. Los medios probatorios son improcedentes. Una vez analizada la petición, se aprecia que la misma deviene improcedente. Lo anterior, ya que de la lectura de dicha petición se aprecia que el quejoso insiste en ofrecer como prueba de su parte el informe que tenga a bien rendir el Secretario del Ayuntamiento de Jungapeo, Michoacán, respecto a las copias certificadas del pago de nómina del quejoso del periodo comprendido del quince de junio de dos mil dieciséis al quince de junio de dos mil diecisiete. Petición que se reitera en atención al escrito presentado el quince de febrero de este año. En ese orden de ideas, se aprecia que las pruebas que ofrece el quejoso las realiza en atención al sentido en que fue atendida la solicitud de diecisiete de enero de dos mil diecinueve -cuya omisión en contestar es el acto reclamado-; es decir, con la prueba que pretende ofrecer el quejoso quiere desvirtuar el sentido en que fue contestada la petición. Sin embargo, no es posible solicitar dichas constancias, puesto que, hasta este momento, no se ha señalado como acto reclamado la contestación. Tan es así que por tal circunstancia se le dio vista para que manifestara, si era su deseo, ampliar la demanda de amparo, como se aprecia del auto de veinticinco de febrero del año en curso. Lo anterior, dado que no es posible analizar, hasta este momento, la constitucionalidad del oficio de trece de febrero de dos mil diecinueve -por el que se atiende la petición de diecisiete de enero que es el acto reclamado-, puesto que no fue señalado como acto reclamado. Así, no es posible requerir tales medios de convicción, dado que ello acarrearía tomar en consideración pruebas que no tienen que ver con la Litis constitucional fijada hasta este momento. Improcedencia de solicitud de documentos. Atento a ello, por lo antes expuesto y atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, así como el diverso numeral 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, resulta improcedente la solicitud del informe que tenga a bien rendir el Secretario del Ayuntamiento de Jungapeo, Michoacán, respecto a las copias certificadas del pago de nómina del quejoso del periodo comprendido del quince de junio de dos mil dieciséis al quince de junio de dos mil diecisiete. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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