Celvia Oneyda Chable Cach

Expediente 974/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
974/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
25/09/2019

Partes del expediente

  • Celvia Oneyda Chable Cach

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: CELVIA ONEYDA CHABLE CACH. Firme desechamiento Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda promovida por Celvia Oneyda Chable Cach; sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Archivo Como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible

  2. Principal

    Firme desechamiento Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda promovida por Celvia Oneyda Chable Cach; sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Archivo Como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto DÉCIMO PRIMERO del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse anotaciones en el libro de gobierno respectivo y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Documentos De conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificado del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Integración del expediente electrónico. Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Celvia Oneyda Chable Cach, por propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1" con sede en Michoacán del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número III-974/2019. Consideraciones previas. Ahora, el artículo 114 de la Ley de Amparo, vigente, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda". Por su parte, el diverso 108 de la ley en la materia en su fracción IV, dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.]. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Ahora, conforme al sistema de impugnación que rige en el juicio de amparo indirecto resulta necesario que la parte quejosa señale en el escrito de demanda en forma precisa cuál es el acto u omisión que reclama de las autoridades que señale como responsables. A ese respecto es necesario señalar que por acto reclamado debe entenderse cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo, imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o fácticas dadas, y que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. De tal manera que los actos reclamados en el Juicio de Amparo pueden ser de índole positivo, consistente en una decisión o ejecución; o de índole negativo, que pueden traducirse ya sea en determinaciones negativas que implican una manifestación unilateral de la autoridad en donde expresamente no accede a las pretensiones del gobernado, o en omisiones, mismas que, conforme su naturaleza, son aquellas que implican un no hacer y a través de las cuales la autoridad rehúsa a acceder a las pretensiones de los gobernados o a un deber que la ley le obliga a realizar; esto es, los actos reclamados ya sean positivos o negativos, siempre se tratan de cuestiones fácticas concretas. Cabe referir, que conforme lo ha sostenido el Alto Tribunal de la Nación, el acto reclamado debe precisarse en forma objetiva y no sólo constituir una expresión verbal sin un sentido real, esto es, debe expresarse con un contenido real y objetivo en torno a un acto positivo o negativo de los que puedan dar origen al juicio de amparo. En ese tenor, la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1" con sede en Michoacán del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de quien reclama en forma expresa el acto siguiente: "IV.- Acto reclamado A la autoridad le atribuyo el acto reclamado consistente en: CANCELACIÓN DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES." De la transcripción literal se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, en apariencia, una determinación de carácter positivo, ya que se duele de la "cancelación de certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales" Luego, del apartado de antecedentes del acto reclamado, se advierte lo siguiente: La quejosa directa, por sus actividades comerciales, tramitó ante el Servicio de Administración Tributaria el correspondiente Certificado para el uso de Sellos Digitales (CSD), cumpliendo -según refiere- cabalmente con los requisitos necesarios para obtener dicho certificado, sin embargo, el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se canceló el Certificado de Sello Digital, sin ninguna notificación previa, o requerimiento alguno al respecto; posteriormente, al intentar emitir un comprobante fiscal, se dio cuenta que no podía utilizar el Certificado de Sello Digital. Atento a lo anterior, acudió a presentar una aclaración en el portal electrónico del SAT, donde le requirieron -a su decir- "un archivo digitalizado con la resolución administrativa en la que se ordena revocar el Certificado", así como las acciones y procedimientos realizados de su parte, para desvirtuar las causas por las que fue revocado; obteniendo la siguiente respuesta: ". ha cumplido con las omisiones contenidas en el oficio toda vez 400-39-00-02-00-2018-3011, motivo por el que fue dejado sin efectos su certificado de sello digital. Podrá obtener uno nuevo accediendo al portal de internet del SAT, www.sat.gob.mx/información/Factura Electrónica/¿Necesitas factura?/Tramita un certificado de sello digital, utilizando su certificado de FIEL vigente." Acto seguido acudió por diversos medios solicitar a la autoridad responsable obtener un nuevo certificado, encontrándose hasta la fecha con el impedimento de poder realizarlo, sin tener respuesta alguna. Posteriormente, el quince de abril de dos mil diecinueve presentó una queja fundamentada de la anterior situación ante la Procuradoría Federal de la Defensa del Contribuyente, la cual se admitió a trámite; y el doce de agosto del presente año, se emitió acuerdo donde ordena acciones de investigación. El veintidós de junio del año en curso, presentó vía aclaración por medio del portal web del SAT, solicitud de la resolución así como la notificación debidamente fundada y motivada, donde la autoridad emite la orden de cancelación del certificado, esto con la modalidad de escrito digitalizado, ya que físicamente se negaron a recibirle el escrito en las oficinas administrativas del SAT, llamada Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1" con sede en Michoacán; donde hasta la fecha de presentación del presente ocurso, no ha dado respuesta aún la autoridad a dicho requerimiento. De lo anterior se desprende que de un análisis integral al escrito inicial de demanda y en atención a la causa de pedir, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es el siguiente: La omisión de proveer respecto al escrito presentado vía electrónica el veintidós de junio del año en curso. Sin embargo, aun cuando este juzgado federal interprete cuál es el acto reclamado, constituye una carga procesal mínima de la parte quejosa señalarlo con precisión, en términos del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, este Juzgador considera realizar la siguiente: Prevención Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Deberá señalar con precisión el acto reclamado, esto es: 1.a) Aclarar si el acto reclamado en el presente juicio de amparo es el siguiente: La omisión de proveer respecto al escrito presentado vía electrónica el veintidós de junio del año en curso; La cancelación de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales; o, ambos actos citados con antelación. SEGUNDO. Señalar, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento de cada acto que reclame. Ello, tomando en cuenta que -refirió- dicha cancelación fue emitida el veinticinco de junio de dos mil dieciocho; sin embargo, no señala con exactitud la fecha que tuvo conocimiento de dicha cancelación. Apercibimientos. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido, se procederá conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 114 de la ley en la materia aplicable, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable". Se hace saber a la promovente que el artículo 261 de la Ley de Amparo, establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, o presenten documentos falsos. Domicilio procesal y autorizados Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizadas para tal efecto a las personas que menciona, mientras que Héctor Omar Mena Hernández gozará de todas las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se obtiene de la certificación secretarial de cuenta. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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