Celina Ceballos Magaña

Expediente 353/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
353/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Celina Ceballos Magaña

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, el presente asunto es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Cumplimiento de prevención. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito firmado por la quejosa Celina Ceballos Magaña, a través del cual, en cumplimiento a la prevención que se le formuló en acuerdo de veintisiete de abril pasado, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: De lo que se infiere que en auto de catorce de agosto de dos mil veinte, el juez responsable requirió a la peticionaria, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de ese proveído, entregara al coheredero Jesús Manuel Ceballos Magaña, la parte proporcional del haber hereditario que le corresponde y le rindiera cuentas; asimismo, que dicha determinación le fue notificada el dieciocho del mismo mes y año. Cuestiones preliminares Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de ésta. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Análisis integral de la demanda de amparo y fijación del acto reclamado Del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: La sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación número I-37/2021, que confirmó el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitido dentro del juicio sucesorio intestamentario número 424/2008 y su ejecución. Actualización de la causal de improcedencia consistente en litispendencia. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Ley. Concomitante con lo anterior, el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo del ordenamiento legal antes invocado establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De lo anterior, tenemos que tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo biinstancial contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, otorgando la oportunidad a la parte quejosa de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante esa etapa que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. En esa línea de pensamiento, es conviene tener en cuenta algunas premisas en torno a la procedencia de la acción constitucional indirecta, contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido; asimismo, distinguir los supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido; y 2. Los supuestos específicos, siguientes: Actos de ejecución de sentencia; y, b) Actos en la etapa de remate. Sin embargo, toda vez que la moral quejosa es parte demandada en el juicio de origen, los actos reclamado no se emitieron dentro de la etapa de remate, ni gozan de autonomía procesal, en el presente caso únicamente abordaremos la hipótesis plasmada en el inciso a), consistente en los actos dictados en ejecución de sentencia -virtud a que los actos reclamados se realizaron en dicho procedimiento-; en esta fase, se destacan tres situaciones que hacen procedente la acción constitucional, las cuales a continuación se enumeran: La resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; Aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, La que ordena el archivo definitivo del expediente. Es decir, para los actos dictados después de concluido el juicio, pero en ejecución de la sentencia, la procedencia del amparo en su contra, se posterga hasta que se dicta la resolución final del procedimiento relativo. Dicha regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto tiene como finalidad evitar su abuso, es decir, impedir que el juicio de amparo se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que constituye verdad legal. Lo anterior, derivado de que la sociedad está interesada en la ejecución de sentencias firmes, sin que múltiples amparos las obstaculicen; motivo por el cual el constituyente permanente limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se emitiera la resolución que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante esa fase ejecutiva que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En consecuencia, contra las resoluciones intermedias en la fase ejecutiva no procede el juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues será hasta que se dicte la resolución terminal, con la que culmine el procedimiento de ejecución; esto es, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o, bien, la que ordene el archivo del expediente, el momento en el que la quejosa estará en condiciones de promover demanda de amparo indirecto, en la cual podrá reclamar todas las violaciones que estime se le dejaron sin defensa. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 230, de rubro y texto: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.", la cual continúa en vigor en tanto que no se opone a lo establecido en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de conformidad con lo previsto en el artículo sexto transitorio del invocado ordenamiento legal". Anotado lo anterior, en el caso que nos ocupa, la moral quejosa señaló como acto reclamado: La sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación número I-37/2021, que confirmó el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitido dentro del juicio sucesorio intestamentario número 424/2008emitido dentro del juicio ordinario laboral con expediente número 677/15. De donde que se advierte, que el acto reclamado tiene lugar en el procedimiento de ejecución y, dada su naturaleza jurídica no goza de autonomía con relación a dicha etapa, puesto que tiene como finalidad directa e inmediata la ejecución del fallo dictado en el juicio natural, veamos. En el apartado de antecedentes de su escrito de demanda, la parte quejosa manifestó literalmente y bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: El veintitrés de abril de dos mil ocho, denunció la sucesión intestamentaria a bienes de Josefina Ceballos Magaña, registrándose con el número 424/2008, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de este Distrito Judicial. En resolución interlocutoria de ocho de octubre de dos mil ocho, se declaró a la peticionaria como única y universal heredera de los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejó la de cujus. El diez de junio de dos mil ocho, por comparecencia de la quejosa se inició la segunda sección en la referida sucesión intestamentaria, enlistándose el bien raíz que en vida perteneció a autora de la sucesión. El veinte de marzo de dos mil nueve, se dictó sentencia interlocutoria en la citada sección, en la cual se aprobó el inventario y avalúo presentado por la actora, resolución que causó firmeza por auto de catorce de abril del mismo año. En acuerdo de veintiuno de abril de dos mil nueve, se declaró firme la resolución dictada en la primera sección, y se tuvo a la quejosa separándose de la prosecución del juicio sucesorio natural, a fin de que se realizaran los trámites de protocolización de la escrituración del bien inmueble que integró la masa hereditaria. Posteriormente, el ahora tercero afectado J. Jesús Ceballos Magaña promovió petición de herencia en su contra, motivo por el cual se radicó el juicio ordinario civil 840/2018 ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, en el que una vez que se dictó sentencia definitiva, se decretó procedente la pretensión formulada, declarándose como heredero de los bienes que en vida pertenecieron a Josefina Ceballos Magaña, fallo que fue confirmado en apelación. El catorce de agosto de dos mil veinte, el aludido coheredero se apersonó en el juicio sucesorio intestamentario 424/2008, donde se conminó a la quejosa Celina Ceballos Magaña para que en el plazo de tres días, entregara voluntariamente a J. Jesús Ceballos Magaña la parte proporcional del haber hereditario que le corresponde y le rindiera cuenta de su administración. Transcurrido dicho plazo, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dictó el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el cual, proveyó, entre otras cosas, lo siguiente: Determinación que fue recurrida en apelación y confirmada en ejecutoria pronunciada el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-37/2021, sustentándose básicamente en la consideración que la quejosa inserto en la foja siete de su escrito de demanda, de la que se advierte que en ad quem consideró que el indicado juicio sucesorio estaba concluido, por lo que era innecesaria la apertura de la tercera y cuarta sección y únicamente determinó la valuación del inmueble que conformó el acervo hereditario para que se diera cumplimiento al fallo de petición de herencia emitido en favor de J. Jesús Manuel Ceballos Magaña, como se advierte de las imagen siguiente: Siendo este último acto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Los referidos antecedentes revelan que la resolución impugnada en esta instancia constitucional tiene como objetivo el desahogo de una prueba pericial en valuación del inmueble que constituyó la masa hereditaria en el juicio de origen, a fin de proceder a la liquidación y partición de la masa hereditaria entre los herederos Celina Ceballos Magaña -quejosa- y J. Jesús Ceballos Magaña. De ahí que el acto reclamado en esta instancia constitucional surja precisamente en la etapa de ejecución de sentencia, dado que el juicio sucesorio intestamentario se encontraba agotado, después de haber acabado la primera y segunda sección, pues como lo señala la parte quejosa, ésta se apartó de la prosecución del juicio a fin de protocolizar ante notario público la emisión de la escritura pública respecto del único bien materia de la litis, lo que resulta indicativo de que el juicio sucesorio concluyó como si se tratara la cuarta sección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1016, 1089 y 1102 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, como en el caso ya ocurrió. Ahora, se estima que con el auto de catorce de agosto dos mil veinte, el juez primigenio reabrió -volvió a aperturar- el juicio sucesorio en su etapa de ejecución, pues mediante dicho acuerdo reconoció al tercero y requirió a la quejosa Celina Ceballos Magaña para que, en el plazo de tres días siguiente a la notificación de ese acuerdo, entregara al coheredero Jesús Manuel Ceballos Magaña, la parte proporcional del inmueble que en vida perteneció a la de cujus Josefina Ceballos Magaña y se le rindieran cuentas; determinación que, al margen de que sea legal o no, lo cierto es que la quejosa no la impugnó mediante recurso ordinario, ni constituye el acto reclamado en el presente asunto, según las manifestaciones de la agraviada. Entonces, si se reabrió -volvió aperturar- el juicio sucesorio en su etapa de ejecución con motivo del auto de catorce de agosto pasado, es inconcuso que el diverso y posterior de dieciséis de diciembre siguiente emergió en la fase procedimental de ejecución y, por ende, al ser éste recurrido mediante apelación, es inconcuso que la sentencia de apelación reclamada tiene su génesis en un acuerdo dictado en fase de ejecución de sentencia. En esa tesitura procesal, resta verificar si la sentencia reclamada en esta instancia constitucional aprueba o no el cumplimiento total de lo sentenciado, si ordena -o no- el archivo definitivo del expediente, o si declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; ello para establecer la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en su contra. Verificación que nos lleva a establecer en sentido negativo que tuviera los alcances anotados, pues el acto reclamado tiene como único objeto lograr el cumplimiento de de una sentencia dictada en el juicio laboral subyacente, lo cual, desde luego, refleja que no tiene el carácter de última resolución dicta en la etapa de ejecución, al no ser la que aprueba o reconoce el total cumplimiento de dicho fallo ni determina su imposibilidad de acatarlo o archivo. Por tanto, se reitera que el acto reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como uno que surge dentro en el procedimiento de ejecución del juicio sucesorio, y no como una determinación que le revista el carácter de última resolución dictada en dicha fase procesal, la cual haría procedente el juicio de amparo, conforme lo establece el artículo 107, en su fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin embargo, al no ubicarse en la hipótesis de procedencia, lo procedente es desecharla. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XIX.1o.P.T.3 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que dispone lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento". No se soslaya el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que, aun en el procedimiento de ejecución existen actos que, per se, generan una afectación de imposible reparación y que si, además, están desvinculados de la cosa juzgada, serán susceptibles de ser analizados en el juicio de amparo. Empero dicho criterio inaplica al caso concreto, porque aun cuando la configuración de la sentencia reclamada -en el marco procesal relatado por la quejosa- pudiera estimarse, prima facie, que no guarda vinculación con el seguimiento del juicio sucesorio, lo cierto es que su vinculación se ajusta y corresponde de manera congruente al auto de catorce de agosto dos mil veinte dictado en dicho sucesorio, en el cual juez primigenio determinó la reapertura de la fase de ejecución para dar cabida a la pretensión del tercero promovente, estableciendo directrices de las cargas procesales a cargo de la quejosa y consecuencias jurídicas. De ahí que si ésta consintió el repetido auto de catorce de agosto pasado (cuya legalidad constituye firmeza procedimental y, por ende, no es discutible jurídicamente), es inconcuso que consintió someterse a la reapertura del procedimiento de ejecución determinado -correctamente o no- por el juzgador primigenio. En esas condiciones, inconcuso resulta que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el diverso 117, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la presente demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, por lo que respecta al acto reclamado a las autoridades responsables: Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Consistente en: La sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación número I-37/2021, que confirmó el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitido dentro del juicio sucesorio intestamentario número 424/2008 y su ejecución. Protesta de ley Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, las narraciones vertidas en la demanda -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Conclusión del estudio Consecuentemente, al actualizarse las hipótesis previstas por el numeral 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217 de la Ley de Amparo, ya que por construcción interpretativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de otros consentidos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No es inadvertido para este juzgador, que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Integración de expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Celina Ceballos Magaña, por derecho propio, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades siguientes: Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. A quienes atribuye: La sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación número I-37/2021, que confirmó el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitido dentro del juicio sucesorio intestamentario número 424/2008 y su ejecución. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese con el número VI-353/2021, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Consideraciones previas. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación número I-37/2021, que confirmó el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitido dentro del juicio sucesorio intestamentario número 424/2008 y su ejecución. Para tal efecto, la parte promovente manifiesta, bajo protesta de decir verdad, como antecedentes del acto reclamado los que enseguida se precisan: El veintitrés de abril de dos mil ocho, denunció la sucesión intestamentaria a bienes de Josefina Ceballos Magaña, registrándose con el número 424/2008, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de este Distrito Judicial. En resolución interlocutoria de ocho de octubre de dos mil ocho, se declaró a la peticionaria como única y universal heredera de los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejó la de cujus. El diez de junio de dos mil ocho, por comparecencia de la quejosa se inició la segunda sección en la referida sucesión intestamentaria, enlistándose el bien raíz que en vida perteneció a autoría de la sucesión. El veinte de marzo de dos mil nueve, se dictó sentencia interlocutoria en la citada sección, en la cual se aprobó el inventario y avalúo presentado por la actora, resolución que causó firmeza por auto de catorce de abril del mismo año. En acuerdo de veintiuno de abril de dos mil nueve, se declaró firme la resolución dictada en la primera sección, y se tuvo a la quejosa separándose de la prosecución del juicio sucesorio natural, a fin de que se realizaran los trámites de protocolización de la escrituración del bien inmueble que integró la masa hereditaria. Posteriormente, el ahora tercero afectado J. Jesús Ceballos Magaña promovió petición de herencia en su contra, motivo por el cual se radicó el juicio ordinario civil 840/2018 ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, en el que una vez que se dictó sentencia definitiva, se decretó procedente la pretensión formulada, declarándose como heredero de los bienes que en vida pertenecieron a Josefina Ceballos Magaña, fallo que fue confirmado en apelación. El catorce de agosto de dos mil veinte, el aludido coheredero se apersonó en el juicio sucesorio intestamentario 424/2008, donde se conminó a la quejosa Celina Ceballos Magaña para que en el plazo de tres días, entregara voluntariamente a J. Jesús Ceballos Magaña la parte proporcional del haber hereditario que le corresponde y le rindiera cuenta de su administración. Transcurrido dicho plazo, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dictó el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el cual, proveyó, entre otras cosas, lo siguiente: La anterior determinación fue recurrida en apelación y confirmada en ejecutoria pronunciada el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-37/2021, siendo éste el acto reclamado. Empero, este órgano jurisdiccional considera que dicha relatoría de antecedentes se encuentra incompleta, dado que, primeramente, la peticionaria sostiene que en el auto emitido el catorce de agosto de dos mil veinte, por el juez responsable virtud a la comparecencia del coheredero J. Jesús Ceballos Magaña en el juicio sucesorio intestamentario 424/2008, se le requirió para que entregara a éste la parte proporcional del haber hereditario que le corresponde y le rindiera cuenta de su administración; empero no expone pormenorizadamente en qué consistieron los lineamientos trazados por dicho primigenio, es decir, si se le atribuyó la realización de acciones específicas o si dicha carga fue de manera genérica; así como tampoco manifiesta la fecha en que tuvo conocimiento de dicho auto. De la imagen inserta relativa al diverso proveído dictado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se advierte que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, adujo que la quejosa incumplió con los requerimientos formulados en acuerdos de catorce de agosto y uno de septiembre, ambos de dos mil veinte, al establecer: Sin embargo, la quejosa es omisa en precisar el contenido del auto de uno de septiembre de dos mil veinte, así como la fecha en que tuvo conocimiento del mismo, pues al efecto nada adujo. Actos que constituyen la génesis del que ahora impugna en esta instancia constitucional. En consecuencia, tomando en consideración que la carga de manifestar con precisión -bajo protesta de decir verdad- los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, corresponde a la propia quejosa, de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, resulta procedente imponer las siguientes: Prevenciones. Con fundamento en los artículos 108, fracción V, así como 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, subsane su demanda de amparo, en los términos siguientes: Bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar en forma pormenorizada cuáles fueron los términos o lineamientos específicos emitidos por el juez responsable en sus autos de catorce de agosto y uno de septiembre, ambos de dos mil veinte, emitidos en el juicio sucesorio intestamentario 424/2008, en la inteligencia que si cuenta con copia de dichas determinaciones podrá exhibirlas, a fin de evitar la narración correspondiente. Precise la fecha en que tuvo conocimiento de los autos dictados el catorce de agosto y uno de septiembre, ambos de dos mil veinte, a que se hizo referencia en el apartado anterior. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con la prevención que antecede, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, deberá dar cumplimiento de manera personal o por conducto de su representante legal y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confiere a éste se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Además, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Domicilio procesal y autorizados. Téngase a la quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en calle Abasolo, número 291 dos noventa y uno, zona Centro de esta ciudad capital y autorizando en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a José Orfeo Cortés Álvarez, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, según se advierte de la certificación de inicio y, a las demás personas únicamente para esos efectos, dado que no justificaron encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Condiciones para llevar a cabo las notificaciones que se entregan. De conformidad con lo establecido en el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios judiciales para que las realicen tomando en consideración las disposiciones de dicho acuerdo plenario contenidas en el artículo 23, que determina lo siguiente: "Artículo 23. Notificaciones. A reserva de que la práctica de notificaciones se rija por las leyes que resulten aplicables a cada materia y tipo de asunto, los órganos jurisdiccionales deberán tomar en cuenta lo siguiente: I. Cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma". Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la salud tanto de las partes, como del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: a. Consultar constancias. b. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. c. Notificarse. d. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía Para el caso de que a las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: a. El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. b. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. c. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. d. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. e. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día de hoy, tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC). Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: 1. El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. 2. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Integración de expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

  4. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Celina Ceballos Magaña, por derecho propio, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades siguientes: Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. A quienes atribuye: La sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación número I-37/2021, que confirmó el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitido dentro del juicio sucesorio intestamentario número 424/2008 y su ejecución. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese con el número VI-353/2021, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Consideraciones previas. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación número I-37/2021, que confirmó el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitido dentro del juicio sucesorio intestamentario número 424/2008 y su ejecución. Para tal efecto, la parte promovente manifiesta, bajo protesta de decir verdad, como antecedentes del acto reclamado los que enseguida se precisan: El veintitrés de abril de dos mil ocho, denunció la sucesión intestamentaria a bienes de Josefina Ceballos Magaña, registrándose con el número 424/2008, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de este Distrito Judicial. En resolución interlocutoria de ocho de octubre de dos mil ocho, se declaró a la peticionaria como única y universal heredera de los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejó la de cujus. El diez de junio de dos mil ocho, por comparecencia de la quejosa se inició la segunda sección en la referida sucesión intestamentaria, enlistándose el bien raíz que en vida perteneció a autoría de la sucesión. El veinte de marzo de dos mil nueve, se dictó sentencia interlocutoria en la citada sección, en la cual se aprobó el inventario y avalúo presentado por la actora, resolución que causó firmeza por auto de catorce de abril del mismo año. En acuerdo de veintiuno de abril de dos mil nueve, se declaró firme la resolución dictada en la primera sección, y se tuvo a la quejosa separándose de la prosecución del juicio sucesorio natural, a fin de que se realizaran los trámites de protocolización de la escrituración del bien inmueble que integró la masa hereditaria. Posteriormente, el ahora tercero afectado J. Jesús Ceballos Magaña promovió petición de herencia en su contra, motivo por el cual se radicó el juicio ordinario civil 840/2018 ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, en el que una vez que se dictó sentencia definitiva, se decretó procedente la pretensión formulada, declarándose como heredero de los bienes que en vida pertenecieron a Josefina Ceballos Magaña, fallo que fue confirmado en apelación. El catorce de agosto de dos mil veinte, el aludido coheredero se apersonó en el juicio sucesorio intestamentario 424/2008, donde se conminó a la quejosa Celina Ceballos Magaña para que en el plazo de tres días, entregara voluntariamente a J. Jesús Ceballos Magaña la parte proporcional del haber hereditario que le corresponde y le rindiera cuenta de su administración. Transcurrido dicho plazo, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dictó el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el cual, proveyó, entre otras cosas, lo siguiente: La anterior determinación fue recurrida en apelación y confirmada en ejecutoria pronunciada el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-37/2021, siendo éste el acto reclamado. Empero, este órgano jurisdiccional considera que dicha relatoría de antecedentes se encuentra incompleta, dado que, primeramente, la peticionaria sostiene que en el auto emitido el catorce de agosto de dos mil veinte, por el juez responsable virtud a la comparecencia del coheredero J. Jesús Ceballos Magaña en el juicio sucesorio intestamentario 424/2008, se le requirió para que entregara a éste la parte proporcional del haber hereditario que le corresponde y le rindiera cuenta de su administración; empero no expone pormenorizadamente en qué consistieron los lineamientos trazados por dicho primigenio, es decir, si se le atribuyó la realización de acciones específicas o si dicha carga fue de manera genérica; así como tampoco manifiesta la fecha en que tuvo conocimiento de dicho auto. De la imagen inserta relativa al diverso proveído dictado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se advierte que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, adujo que la quejosa incumplió con los requerimientos formulados en acuerdos de catorce de agosto y uno de septiembre, ambos de dos mil veinte, al establecer: Sin embargo, la quejosa es omisa en precisar el contenido del auto de uno de septiembre de dos mil veinte, así como la fecha en que tuvo conocimiento del mismo, pues al efecto nada adujo. Actos que constituyen la génesis del que ahora impugna en esta instancia constitucional. En consecuencia, tomando en consideración que la carga de manifestar con precisión -bajo protesta de decir verdad- los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, corresponde a la propia quejosa, de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, resulta procedente imponer las siguientes: Prevenciones. Con fundamento en los artículos 108, fracción V, así como 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, subsane su demanda de amparo, en los términos siguientes: Bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar en forma pormenorizada cuáles fueron los términos o lineamientos específicos emitidos por el juez responsable en sus autos de catorce de agosto y uno de septiembre, ambos de dos mil veinte, emitidos en el juicio sucesorio intestamentario 424/2008, en la inteligencia que si cuenta con copia de dichas determinaciones podrá exhibirlas, a fin de evitar la narración correspondiente. Precise la fecha en que tuvo conocimiento de los autos dictados el catorce de agosto y uno de septiembre, ambos de dos mil veinte, a que se hizo referencia en el apartado anterior. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con la prevención que antecede, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, deberá dar cumplimiento de manera personal o por conducto de su representante legal y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confiere a éste se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Además, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Domicilio procesal y autorizados. Téngase a la quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en calle Abasolo, número 291 dos noventa y uno, zona Centro de esta ciudad capital y autorizando en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a José Orfeo Cortés Álvarez, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, según se advierte de la certificación de inicio y, a las demás personas únicamente para esos efectos, dado que no justificaron encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Condiciones para llevar a cabo las notificaciones que se entregan. De conformidad con lo establecido en el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios judiciales para que las realicen tomando en consideración las disposiciones de dicho acuerdo plenario contenidas en el artículo 23, que determina lo siguiente: "Artículo 23. Notificaciones. A reserva de que la práctica de notificaciones se rija por las leyes que resulten aplicables a cada materia y tipo de asunto, los órganos jurisdiccionales deberán tomar en cuenta lo siguiente: I. Cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma". Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la salud tanto de las partes, como del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: a. Consultar constancias. b. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. c. Notificarse. d. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía Para el caso de que a las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: a. El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. b. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. c. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. d. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. e. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día de hoy, tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC). Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: 1. El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. 2. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Integración de expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

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