Celso Velázquez Arenas
Expediente 1630/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 31 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1630/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 13/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Celso Velázquez Arenas
- Lerdi Saúl Bonilla Farfan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Incidental
Visto el estado procesal de autos, y específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer el recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201, fracción I, de la ley en comento, contra el auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis; por tanto, se declara que el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo promovido por Lerdi Saúl Bonilla Farfán y otros ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ... Ahora, en atención a que en la caja de valores de este juzgado federal, se encuentran los billetes de depósitos N 499595, N 499596, N 499597, N 499598, N 499599, N 499600, N 745221, N 745222, N 745223, N 745224 y N 745225, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $ 1, 500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100), exhibidos por los quejosos LERDI SAUL BONILLA FARFAN, CELSO VELÁZQUEZ, ARENAS. RAFAEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ LOAIZA. LETICIA VELÁZQUEZ BAUTISTA, JULIO HÉCTOR FILOMENO ROJAS. JOSÉ CARLOS VÁZQUEZ ROMERO, TERESA LOZADA CRUZ, ALFREDO MARTÍNEZ JUÁREZ, HÉCTOR SÁNCHEZ ÁVILA y JORGE ÁVILA FLORES, a efecto de garantizar la suspensión definitiva concedida en los autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio; en consecuencia, requiérase a los citados quejosos para que comparezcan a este órgano jurisdiccional para la devolución del referidos billetes de depósitos, lo que deberá realizar dentro de un plazo de dos años contados a partir de que se encuentren notificados de este proveído, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo -dos años- se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en el artículo citado.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, y específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer el recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201, fracción I, de la ley en comento, contra el auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis; por tanto, se declara que el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo promovido por Lerdi Saúl Bonilla Farfán y otros ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ... Ahora, en atención a que en la caja de valores de este juzgado federal, se encuentran los billetes de depósitos N 499595, N 499596, N 499597, N 499598, N 499599, N 499600, N 745221, N 745222, N 745223, N 745224 y N 745225, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $ 1, 500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100), exhibidos por los quejosos LERDI SAUL BONILLA FARFAN, CELSO VELÁZQUEZ, ARENAS. RAFAEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ LOAIZA. LETICIA VELÁZQUEZ BAUTISTA, JULIO HÉCTOR FILOMENO ROJAS. JOSÉ CARLOS VÁZQUEZ ROMERO, TERESA LOZADA CRUZ, ALFREDO MARTÍNEZ JUÁREZ, HÉCTOR SÁNCHEZ ÁVILA y JORGE ÁVILA FLORES, a efecto de garantizar la suspensión definitiva concedida en los autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio; en consecuencia, requiérase a los citados quejosos para que comparezcan a este órgano jurisdiccional para la devolución del referidos billetes de depósitos, lo que deberá realizar dentro de un plazo de dos años contados a partir de que se encuentren notificados de este proveído, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo -dos años- se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en el artículo citado.
- Principal
El artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la sentencia dictada en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: Transcurrido el término legal, sin que las partes hubieran promovido recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, por auto de veintiséis de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria la referida sentencia y se pidió su cumplimiento.(fojas 1225 y 1226). Mediante proveído de primero de agosto de dos mil dieciséis, (foja 1235), se tuvo al superior jerárquico del Director del Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala, Inspector P.F., Comisionado Estatal de Seguridad, informando que había despachado instrucciones para el cumplimiento del fallo protector. Por proveído de diez de agosto de dos mil dieciséis, (foja 1252), se tuvo informando el cumplimiento del Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala y se dio vista a las partes con el mismo y con el diverso oficio con anexo recibido por acuerdo tres de agosto de la presente anualidad con el cumplimiento dado por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala, actuando en auxilio de las labores del Juzgado Primero Penal de ese mismo Distrito Judicial, para que manifestaran lo que a su interés convenga. A tales documentos -cumplimiento de autoridades- se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia de lo anterior, y con apoyo en las constancias de autos, y datos aportados por las autoridades responsables, y considerando que los quejosos y terceros interesados no desahogaron la vista de mérito, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora bien, de la copia certificada que acompañó el juez responsable consistente en la resolución de treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, (fojas 1237 a 1245) se desprende que en acatamiento al fallo protector dictó una nueva resolución en la que realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el siete de diciembre de dos mil quince. b) Precisó que el representante social fue omiso en señalar de manera clara y precisa en el escrito de consignación con la averiguación previa, las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de los elementos del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad de los inculpados, por ende, no había culpabilidad que analizar en la comisión del delito que se les imputa a los quejosos y su grado de participación. d) Señaló que considerar lo contrario a lo antes señalado, implicaría que el Juzgador actuara como un juez inquisidor, analizando oficiosamente las pruebas para acreditar la existencia probable de cierto hecho catalogado como un delito, máxime que del escrito de consignación debe encontrarse sustentando por los hechos y pruebas que fueron materia de la averiguación previa. e) Por lo anterior, y ante la omisión del representante social de señalar las circunstancia de modo, tiempo y lugar en que se habría realizado la conducta que se atribuyó a los inculpados, el mismo se encuentra impedido para constatar si se satisfacen los presupuestos jurídico de tipo penal y la probable autoría y participación de los indiciados para estar en condiciones de decretar un auto de formal prisión o de sujeción a proceso, por lo que, decretó la no sujeción a proceso de los indiciados Lerdi Saúl Bonilla Farfán, Rafael Hernández Rodríguez, José Guadalupe Gutiérrez Loaiza, Leticia Velázquez Bautista, Julio Héctor Filomeno Rojas, José Carlos Vázquez Romero, Teresa Lozada Cruz, Alfredo Martínez Juárez, Héctor Sánchez Ávila y Jorge Ávila Flores. f) Por otra parte, la autoridad responsable relata lo relativo a la improcedencia del juicio de amparo respecto de Celso Velázquez Arenas, por actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, atendiendo a que cesaron los efectos del acto reclamado debido a que la resolución dictada el siete de diciembre de dos mil quince, se sustituyó por la resolución dictada en catorce de diciembre de la misma anualidad, continuando el proceso por ese quejoso. g) Asimismo, ante la imposibilidad de emitir pronunciamiento respecto a la responsabilidad de los quejosos, ordenó la devolución del duplicado de la averiguación previa al Agente del Ministerio Público Investigador. h) Finalmente, mediante oficio de ocho de agosto de dos mil dieciséis, el Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala manifestó: "2. Por lo que en estricto cumplimiento a la determinación antes citada, esta Dirección a mi cargo a tomado (sic) conocimiento de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no omito manifestar que los impetrantes de garantías no registran ingreso alguno en este Centro Carcelario a mi cargo." Por lo anterior, es evidente que las autoridades responsables acreditaron haber dado cumplimiento con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, pueden interponer recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días.
- Incidental
Visto el escrito presentado por Israel Durán Vázquez, autorizado en términos amplios de los quejosos, mediante el cual solicita la devolución de los billetes de depósito que exhibió para que surtiera efectos la suspensión definitiva; dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, dado que los billetes de depósito se devolverán hasta que cause estado el auto por el cual tenga por cumplida la sentencia dictada en el juicio principal y se ordene su archivo.
Quedan 27 actuaciones en este expediente
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