Cervando Colula Sánchez

Expediente 183/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
183/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Cervando Colula Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, quince de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de ********************, en el que desechó la demanda de amparo promovida por********************; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.ajb

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. ? Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Cervando Colula Sánchez, contra actos del Agente del Ministerio Público Militar Judicializador del Estado de Puebla y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 183/2023-II. ? Acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa Cervando Colula Sánchez, reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: Del Agente del Ministerio Público Militar Judicializador del Estado de Puebla: a)La solicitud de audiencia inicial para formulación de imputación, relativo a la carpeta de investigación CI/FGJM/PUEBLA/16/2022; así como que haya integrado la misma. Del Juez Segundo del Juzgado Militar de Control de la Ciudad de México: 1 Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 ??????????????? b) El acuerdo por el que fija fecha y hora para el desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación referente a la carpeta de investigación CI/FGJM/PUEBLA/16/2022 y ordenar girar citatorio al quejoso. ? Desechamiento de demanda. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 JUICIO DE AMPARO 183/2023-II Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13o.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente DE IMPROCEDENCIA, EN 3 Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 ??????????????? práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". I. Falta de interés jurídico. En efecto, este juzgador considera que contra el acto reclamado al Agente del Ministerio Público Militar, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 61, fracción XII, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que señalan: Constitución Federal "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;...". Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 JUICIO DE AMPARO 183/2023-II "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [...] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [...]". El primero de los preceptos transcritos establece uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de instancia de parte agraviada, el cual implica que el acto reclamado debe causar un perjuicio a quien solicita la protección constitucional. Tal principio está estrechamente vinculado con el concepto de interés jurídico, que consiste en la titularidad de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, mientras que la afectación a dicho interés se presenta cuando la autoridad produce un menoscabo en ese derecho subjetivo; afectación que debe ser real, susceptible de apreciarse objetivamente. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido qué debe entenderse por interés jurídico en el amparo, según se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 168/20071, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS 1 Publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, tomo XXVII de enero de dos mil ocho, página 225. 5 Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 ??????????????? CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, de lo que se colige lo siguiente: a). El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. b). El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. c). No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 JUICIO DE AMPARO 183/2023-II En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Sin embargo, no cualquier acto es susceptible de legitimar al inconforme para accionar el juicio de amparo con base en dicho numeral, pues atendiendo a los principios rectores del juicio, es menester que se resienta un agravio personal y directo. En ese orden, al acudir al juicio de amparo en su calidad de posesionarias que aducen tener, tienen la obligación de acreditar su interés jurídico, esto es, evidenciar de manera fehaciente que los actos reclamados afectan sus derechos. En el caso, la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Agente del Ministerio Público Militar Judicializador del Estado de Puebla: a) La solicitud de audiencia inicial para formulación de imputación, relativo a la carpeta de investigación CI/FGJM/PUEBLA/16/2022; así como que haya integrado la misma. No obstante, como se adelantó, por sí mismo, dicho acto no le causa una afectación real, actual y directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, es oportuno señalar que la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, de acuerdo a 7 Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 ??????????????? lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2; por tanto, su función investigadora no puede ser obstaculizada, al constituir dicha función un derecho social y no un derecho privado de los particulares. Lo anterior es así, ya que la investigación en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesario para el ejercicio de la acción penal, por lo que, atendiendo a su naturaleza jurídica, no puede suspenderse o paralizarse, ni aun mediante el juicio de amparo. En efecto, la integración de la carpeta de investigación por parte de la autoridad ministerial no ocasiona a los quejosos perjuicio alguno, pues no trasciende de manera irreparable en su esfera jurídica, ya que los datos verificados en esa etapa son susceptibles de anularse cuando el fiscal investigador formule su imputación ante el juez de control, y se inicie así la etapa de investigación complementaria o formalizada, o en su caso, determine el no ejercicio de la acción penal. Se dice lo anterior, ya que de considerar que los actos dictados durante la tramitación de la investigación inicial, afectan la esfera jurídica o legítima de los quejosos y con ello la procedencia del juicio de amparo, se afectaría injustificadamente la potestad-deber del Agente del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un delito y que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por tanto, se reitera, que el acto reclamado, no irroga 2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. (...)". Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 JUICIO DE AMPARO 183/2023-II perjuicio alguno a la esfera jurídica de los quejosos al no ocasionarles un daño real, actual y directo, presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional. Es aplicable la tesis (X Región) 2o. 1 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Santillo, Coahuila, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en la página 2592, del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de 9 Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 ??????????????? investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. Así como la diversa tesis III.2o.P.91 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que comparte este órgano jurisdiccional, visible en la página 3529, del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, Décima Época, cuyo título y contenido es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE INVESTIGACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. De conformidad con los artículos 5o., fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como de la naturaleza y fines del juicio constitucional, se colige que es insuficiente que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que dicha violación produzca afectación a su esfera jurídica. En ese tenor, cuando el acto reclamado Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 JUICIO DE AMPARO 183/2023-II consiste en una orden de investigación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa, se actualiza la causa de improcedencia por falta de interés jurídico prevista en el mencionado artículo 61, fracción XII, ya que la persecución de los delitos es facultad exclusiva de esa autoridad, en representación de la sociedad, según el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido constitucionalmente en exclusiva a esa institución ministerial; por ello, la citada orden no irroga afectación a la esfera jurídica del particular, al no ocasionarle un daño real y actual, presupuesto indispensable para ejercer la acción constitucional. Por consiguiente, cuando se impugna una determinación de esta naturaleza, debe desecharse de plano la demanda de amparo, por actualizarse esa causa manifiesta e indudable de improcedencia. En razón de lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, respecto al citado acto reclamado. II. No es acto fuera de juicio de imposible reparación. Como se dejó asentado con anterioridad, la parte quejosa reclama del Juez Segundo del Juzgado Militar de Control de la Ciudad de México: b) El acuerdo por el que fija fecha y hora para el desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación referente a la carpeta de investigación CI/FGJM/PUEBLA/16/2022 y ordenar girar citatorio al quejoso. 11 Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 ??????????????? Este resolutor constitucional estima que en el caso se actualiza la causa improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII3, con el diverso 107, fracción IV, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, puesto que el acuerdo impugnados no constituyen la última resolución en actos emitidos fuera de juicio. Las disposiciones invocadas estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [...]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento 3 Conviene precisar que dicha hipótesis de improcedencia debe complementarse con otras disposiciones de la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXVI/99 -por redacción similar del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo al del 61, fracción XXIII, de la vigente-, visible en el Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página trescientos setenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 JUICIO DE AMPARO 183/2023-II de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [...]" El segundo de los numerales reproducidos establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos ocurridos fuera de juicio o después de concluido; este último supuesto contiene dos reglas especiales, a saber: a) Tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procede el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; la cual debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla y las que ordenen el archivo definitivo del expediente. b) Cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento de remate, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra la resolución definitiva en que se ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de bienes rematados. Para efectos de este fallo, cobra relevancia el supuesto de los actos fuera de juicio. Al respecto, conviene señalar que el Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94, estableció que de las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo (criterio aplicable por redacción similar al artículo 107, fracciones II, III y IV, de la ley vigente) se advertía que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos por regla general, solo se admite la acción de 13 Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 ??????????????? amparo contra las resoluciones que las terminan, esto es, con las que terminan las actuaciones realizadas por las autoridades. Asimismo -señaló-, que dicho principio rige en los actos viciados provenientes de autoridades administrativas, ya que si los mismos se dictan dentro de procedimientos seguidos en forma de juicio deben reclamarse junto con la resolución que pongan fin; lo que sucede de manera similar con los actos provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo emitidos dentro de juicio o después de concluido. De ahí que, con la finalidad de evitar promociones de juicios de amparo contra todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia de la acción constitucional para combatir aquellos actos. Principio en tratándose de actos de autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, dictados en juicio y después de éste, que debe regir por razones de congruencia y unidad para los actos fuera de juicio. Por tanto -concluyó-, que los actos fuera de juicio que provengan de procedimientos breves o sumarísimos, el juicio de amparo solo procedía contra la resolución que pone fin al mismo. Dichas consideraciones sustentan la jurisprudencia P./J. 1/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, página 45, de rubro: "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 JUICIO DE AMPARO 183/2023-II PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.". Además, conviene señalar que como excepción a dicha regla la Primera Sala del Máximo Tribunal del País al resolver la contradicción de tesis 338/20124, estableció que en los procedimientos fuera de juicio procede la acción constitucional cuando se trate de actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación en términos del artículo 114 fracción IV de la ley de Amparo (actualmente V del numeral 107). Como se dijo, el acto reclamado consiste en el acuerdo por el que fija fecha y hora para el desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación referente a la carpeta de investigación CI/FGJM/PUEBLA/16/2022 y ordenar girar citatorio al quejoso. Cabe destacar, que la parte quejosa en su capítulo de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado mismo que manifestó bajo protesta de decir verdad, refiere que el dieciséis de febrero del año en curso, le fue entregado el oficio STJ/821, de trece de febrero del año que transcurre, signado por el COR. J.M. y el Juez Segundo del Juzgado Militar de Control de la Ciudad de México, por el cual informa y/o cita para que el quejoso se presente en las instalaciones que ocupa el Segundo Juzgado Militar de Control, ubicado en el campo militar número uno de la Ciudad de México, 4 Que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, página 744, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." 15 Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 ??????????????? por su probable participación en el delito de Infracción de Deberes Militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, así como el delito por infracción de los deberes de vigilante. Ahora, sobre dicho tema (citación a audiencia inicial), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, sostuvo, como premisa fundamental, que dicho acto se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones de dicha contradicción de tesis quedaron sintetizadas en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, del siguiente rubor y texto: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 JUICIO DE AMPARO 183/2023-II criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así, es incuestionable que no se colman los supuestos establecidos en el artículo 107, fracción IV, en concordancia con la fracción III de dicho precepto legal, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, ya que el acto impugnado no constituye un acto de imposible reparación emitido fuera de juicio, motivo por el cual, se insiste, se actualiza la causa improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII5, con el 5 Conviene precisar que dicha hipótesis de improcedencia debe complementarse con otras disposiciones de la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXVI/99 -por redacción similar del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo al del 61, fracción XXIII, de la vigente-, visible en el Tomo IX, 17 Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 ??????????????? diverso 107, fracción IV, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se debe desechar la demanda de amparo respecto a dicho acto reclamado. En corolario de lo anterior, ante la actualización de las causas de improcedencias analizadas, procede a desechar de plano la demanda de amparo. ? Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. ? Autorizados Por otra parte, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Gerardo Sostenes Rodríguez Martínez y Kennedy Rodríguez Rodríguez, por así haberlo solicitado. ? Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que junio de mil novecientos noventa y nueve, página trescientos setenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 JUICIO DE AMPARO 183/2023-II se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ? Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. ? De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a. /J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE 19 Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 ??????????????? AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". ? Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Librado Antonio Gómez Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b7.2f 26/08/23 15:22:10 JUICIO DE AMPARO 183/2023-II Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano